Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77461
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
I.77.461 “MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS. CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La Municipalidad de Monte Hermoso, mediante sus apoderados y en los términos del artículo 12 inciso 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, promueve acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 6 inciso "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incisos 1 y 3 de la ley 14.798, por cuanto, según afirma, aquéllos contrarían el régimen nacional estatuido por la ley 27.551 de "Ejercicio Profesional de Guardavidas".
Esgrime en ese orden, con especial atención en el pronunciamiento de esta Corte en la causa "Asociación Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" del 31 de mayo de corriente año, que la preceptiva provincial vulnera disposiciones de rango constitucional, en tanto, al estar regulando aquellos "preceptos mínimos" en el marco de la relación de empleo que une a la comuna con quienes prestan el servicio de guardavidas (i.e., selección del personal, obligaciones del empleador, extensión del ciclo laboral, habilitación para el ejercicio de la profesión de guardavidas, e.o.), se estarían avasallando competencias delegadas en forma expresa al Congreso de la Nación (arts. 75 inc. 12, 121 y 126, Const. nac. y 1, Const. prov.). Esta circunstancia, según refiere, se desprendería, incluso, del propio decreto 2551/15 que reglamenta la normativa local impugnada.
Entiende, también, que además de las consecuencias patrimoniales que se desprenderían del panorama descripto, la norma impugnada comportaría una afectación directa a la autonomía municipal por sustraer al municipio de "...toda incidencia en la organización del servicio" de guardavidas.
Frente al "...advenimiento de la temporada estival" solicita, en los términos del artículo 22 del Código Contencioso Administrativo, una medida cautelar a los efectos de suspender la aplicación de la normativa lesiva (v. escrito electrónico de fecha 27-IX-2021).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata.
Ello así, habida cuenta de las alegaciones esgrimidas por la actora en su escrito inicial que hablan de una "...típica relación regida por el derecho administrativo".
En lo medular, con base en la doctrina de este Tribunal y ponderando el carácter "abstracto", "preventivo" e "institucional" del planteo de autos, la titular de la dependencia jurisdiccional estimó que la presente acción -que además cuenta con el Estado provincial como única parte demandada- tiene por objeto una materia propia del conocimiento originario que le otorgan los artículos 161 inciso 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial a esta Suprema Corte de Justicia.
Por tal motivo, considerando que resultaba operativa al caso la disposición del artículo 685 del código ritual, remitió -sin expedirse respecto de la medida cautelar solicitada- las actuaciones a este Tribunal (véase resol. de fecha 12-X-2021 obrante en el expediente electrónico).
III. Conforme lo dispone el artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021; B. 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", resol. de 16-VI-2021; B. 77.245, "Cavalli", resol. de 6-IX-2021 y B. 77.296, "Aimar", resol. de 22-X-2021, e.o.).
En la especie, por vía de una acción meramente declarativa, la actora pretende en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la invalidez constitucional de los artículos 6 inciso "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incisos 1 y 3 de la ley 14.798, por entender que estas normas afectan el ejercicio de sus atribuciones municipales inherentes a la relación de empleo público con respecto a la actividad de guardavidas para la inminente temporada estival lo cual, en definitiva, al tiempo de afectar su autonomía, le irrogaría consecuencias patrimoniales.
Siendo así, más allá de la naturaleza que la demandante le pueda imprimir a su presentación postulatoria (cfr. puntos 4 y 5 del apdo. VII), lo cierto es que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria atribuida a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018 y B. 76.801, "Helacor SA", resol. de 23-XII-2020).
En esa tesitura cabe destacar, sin abrir juicio sobre el mérito de la cuestión y en respaldo de la solución propiciada, que esta Corte ha ejercido su competencia originaria en asuntos de similar configuración sobre el tema aquí controvertido (véase causa I. 74.030, "Asociación Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798") que, incluso, es invocada por la propia parte actora en su libelo inicial.
IV. En consecuencia, radícase la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y procédase a la recaratulación de las actuaciones (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a ello, confiérese a la actora un plazo de diez (10) días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:26:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:11:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:48 hs. bajo el número RR-859-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia