Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77461
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, hacer lugar a la medida cautelar requerida por la parte actora (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello, bajo su responsabilidad, por lo que deberá prestar caución juratoria por medio de una presentación electrónica (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
I.77.461 “MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS. CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Mancini, dijeron:
I. Los apoderados del municipio de Monte Hermoso, en su representación, adecuan el escrito de demanda e interponen acción en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del CPCC, contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. "a", 12, 14, 15, 16, 17, 18 incs. 1 y 3 de la ley 14.798, y en consecuencia, determinar su inaplicabilidad a las relaciones de empleo entre el municipio y quienes prestan el servicio de guardavidas.
Manifiestan que su condición geográfica presupone el impacto directo de la norma en crisis y de allí su interés por establecer su alcance respecto de las relaciones de empleo público municipal con el personal que se desempeña como guardavidas.
Denuncian que al reglamentar la actividad el legislador provincial se ha excedido en sus facultades, invadiendo competencias del Congreso de la Nación (cita art. 75 inc. 12, Const. nac.) y con ello lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la Provincia.
Sostienen que la ley nacional 27.155 -que rige la materia- autoriza a los regímenes de empleo público a regular este tipo de relaciones, siempre y cuando no se alteren los preceptos mínimos allí consagrados y, en consecuencia, una ley provincial como la aquí atacada no se erige como un instrumento válido para regular las relaciones entre el empleador y el personal que ejerce el servicio de guardavidas.
Denuncian distintas disposiciones de la ley 14.798 que a su entender contradicen lo establecido por la norma nacional vigente y destacan especialmente que las municipalidades -en calidad de empleadoras- deben cumplir con las exigencias de la norma nacional por tratarse de una regulación que dispone sobre relaciones laborales.
En consecuencia, señalan que la ley cuestionada avanza sobre materia delegada al gobierno nacional, conducta que impacta en los derechos que le asisten al municipio, entre ellos, participar en la elección del personal con idoneidad para desempeñarse como guardavidas a su cargo. Denuncia que esta última circunstancia afecta, además, el principio de autonomía municipal reconocido en el art. 123 de la Constitución nacional y jurisprudencia de este Tribunal relativa a empleo público (cita causa y arts. 192 y sigs., Const. prov.).
Funda el planteo de inconstitucionalidad en lo resuelto por este Tribunal en la causa "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (causa I. 74.030, sent. 31-V-2021), ocasión en la que se declaró la invalidez constitucional de la norma cuyo cuestionamiento es objeto de este proceso por vulnerar los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12 y 121 de su par nacional.
Finalmente solicitan que se dicte una medida cautelar a su favor. Para así hacerlo, argumentan que se hallaría probada la verosimilitud del derecho invocado con la declaración de inconstitucionalidad que resulta de la sentencia aludida y refuerzan su posición en la doctrina que se desprende de una serie de fallos de este Tribunal. A ello añaden la necesidad de disipar la incertidumbre en la cual se encuentra inmerso el municipio de Monte Hermoso respecto de la norma aplicable y ante la proximidad de la temporada estival 2021-2022, circunstancias que evidenciarían el cumplimiento del requisito de peligro en la demora del código de rito.
II.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (cfr. causas I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e I. 76.127, "Romero", resol. de 12-II-2020, e.o). Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues el instituto cautelar atiende a aquello que no excede del marco de lo probable (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la validez del precepto posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
II.2. En el caso, cabe tener presente que recientemente este Tribunal se ha pronunciado sobre la invalidez constitucional de los preceptos impugnados en autos al dictar sentencia en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798" (sent. de 31-V-2021).
El fallo sostiene que las normas cuestionadas infringen los arts. 1 de la Constitución provincial y 75 inc. 12, 121 y 126 de la Constitución nacional, al regular sobre las relaciones de trabajo, materia esta que las provincias han delegado al Congreso de la Nación.
Dicho antecedente jurisprudencial resulta dirimente a los fines de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocada, pues descalifica por inconstitucional la misma norma que aquí constituye el planteo medular que formula la Municipalidad actora.
Tal circunstancia, por sí sola, acredita el recaudo bajo análisis (art. 230 inc. 1, CPCC).
III. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal tiene dicho que en su evaluación como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168 "Burgués", res. de 30-IV-2003 y posteriores).
En esa inteligencia, los elementos de urgencia y probabilidad de consecuencias graves concurren en la litis en tanto, durante el tiempo que pudiera eventualmente insumir el dictado de la sentencia definitiva y ante la invalidación constitucional antes referida, las partes implicadas no tendrán certeza sobre la norma que debería regir las relaciones de trabajo que las ligan.
Desde esa perspectiva, parece aconsejable suspender los efectos de la norma impugnada durante la tramitación del juicio (art. 230 inc. 2, CPCC).
IV. Por las razones apuntadas, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
El señor juez doctor Soria dijo:
I. Disiento de la solución propiciada por mis colegas.
II. El planteo, tal como es formulado, carece de la contundencia necesaria para instituirse en pilar de la suspensión de los efectos de la ley puesta en crisis en el proceso.
Ello en tanto, aun en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.157, "Leguizamón", resol. de 18-XII-2019; I. 76.127, "Romero", resol. de 12-II-2020; I. 75.986, "Silguero", resol. de 26-II-2020; I. 76.241, "Ojeda", resol. de 23-XII-2020; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A", resol. de 9-IV-2021; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; e.o.).
En el presente, aun cuando se considerara probada la verosimilitud en el derecho del demandante con fundamento en lo resuelto en la causa I. 74.030, "Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas de Pinamar s/ Inconstitucionalidad Ley 14.798", permanecería sin respaldo el recaudo de peligro en la demora; conforme al cual, la comuna debería explicar -al menos mínimamente- las razones por las cuales no podría aguardar al dictado de la sentencia de mérito sin sufrir un menoscabo de difícil o imposible reparación ulterior.
Los argumentos traídos a consideración del Tribunal y que sustentan el pedimento precautorio no se hacen cargo de este aspecto del planteo. Así, las exigencias impuestas por la legislación cuestionada no se presentan, de momento, como capaces de producir un daño grave e irreparable o el agravamiento significativo de la situación imperante, no obstante destacar que la magnitud del perjuicio que la normativa impugnada habría de irrogar a la Municipalidad de Monte Hermoso no se encuentra acreditada, ni se ofrece prueba tendiente a demostrarla.
III. En suma, la nuda invocación del antecedente jurisprudencial de referencia no resulta suficiente a los fines de tener por acreditados los extremos que el código de rito exige para el otorgamiento de este tipo medidas (conf. causas I. 73.699, "Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 22-XII-2015; I. 73.795, "Falco", resol. de 14-VI-2017; e.o.).
En tales circunstancias, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar requerida por la actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
El señor Juez doctor Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, hacer lugar a la medida cautelar requerida por la parte actora (arts. 230, 232 y concs., CPCC). Ello, bajo su responsabilidad, por lo que deberá prestar caución juratoria por medio de una presentación electrónica (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2022 13:42:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2022 20:23:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 01:57:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 08:31:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2022 14:17:57 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2022 14:19:40 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 07:40:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/03/2022 07:41:15 hs. bajo el número RR-271-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia