Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77580
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida electrónicamente por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
B.77.580 “COLEGIO DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, a través de su apoderado, promueve pretensión declarativa de certeza contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de que se haga cesar el estado de incertidumbre generado por la ordenanza 12.145 sancionada por la comuna y, en consecuencia, se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de sus arts. 1 y 3 a 14.
Con carácter accesorio, solicita que cautelarmente se ordene al municipio que se abstenga de aplicar las disposiciones del precepto impugnado, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente litigio.
Al respecto, alega que la norma en crisis pretende abordar la problemática referida al control poblacional de perros y gatos, mediante la habilitación de cirugías de esterilización en jardines de infantes, centros de jubilados, entidades religiosas y centros de fomento.
En virtud de ello, sostiene que la ordenanza vulnera las leyes provinciales 10.526, 13.879 y 11.347, los decretos leyes 9686/81, 8056/73 y 6769/59, los decretos 400/11, 154/89, 4669/73 y 450/94, las resoluciones 188/89, 32/19, la ley nacional 14.346 y el decreto 1088/11. Al mismo tiempo, afirma que violenta los arts. 1, 11, 27, 31, 35, 36, 41, 57, 190, 191, 192 inc. 4, 198, 199 y 200 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 18, 28, 121 y 123 de la Carta nacional.
En esta línea, precisa -en suma- que no sólo se encuentra notorio y sensiblemente afectado el ejercicio profesional de la medicina veterinaria en el ámbito municipal sino también la salud pública. A esto añade que se halla comprometido el ejercicio del poder de policía y disciplinario que le compete como ente público no estatal. Finalmente, denuncia el avasallamiento por parte de la comuna de facultades provinciales y nacionales.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata, cuya magistrada se inhibió de intervenir en la inteligencia de que la cuestión planteada era propia de la competencia originaria y exclusiva que a la Suprema Corte le confieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 10-XI-2021).
Al así decidir, remitió las actuaciones a este Tribunal para que se expida al respecto.
III. Es útil comenzar destacando que conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
Por su parte, el art. 12 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- contempla la posibilidad de entablar una demanda ante el fuero especializado tendiente a obtener “la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo”; de lo que se desprende que la pretensión entablada se agota al despejar el estado de incertidumbre planteado.
IV. Sobre tales bases, cabe ponderar que la actora asevera que “resulta nítida la presencia de la incertidumbre en el caso que se examina, debido a que la comuna demandada con el dictado de la ordenanza 12.145 afectó indudablemente el poder de policía y el control disciplinario del Colegio de Veterinarios” y que “la falta de certeza se presente en el sub lite a poco que se repare que se sancionó una normativa municipal que contradice de manera flagrante el ordenamiento jurídico superior vigente”. A la par, manifiesta que “si se cuestiona la legalidad o constitucionalidad de una norma jurídica que contradice expresamente todo un bloque legal vigente de rango superior, queda configurado el estado de incertidumbre sobre una relación jurídica actual y concreta” (v. puntos VI.2 y VI.3 de la presentación electrónica de fecha 2-XI-2021).
Ahora bien, de la mera lectura del escrito inaugural se advierte que el embate principal se dirige a controvertir -sin atacar ningún acto concreto de aplicación- la validez constitucional de los arts. 1 y 3 a 14 de la ordenanza 12.145 de la Municipalidad de La Plata, por entender que se encuentran vulnerados los derechos al trabajo, a la salud, a la igualdad, de propiedad y al desenvolvimiento del colegio profesional; y no, como se intenta esbozar, despejar un estado de incertidumbre.
De esta manera, es dable concluir que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria atribuida a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014; B. 76.801, “Helacor SA”, resol. de 23-XII-2020; B. 77.431, “Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul” y B. 77.461, “Municipalidad de Monte Hermoso”, ambas resol. de 11-XI-2021); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018).
V. En consecuencia, corresponde radicar la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a ello, se conferirá a la actora un plazo de diez (10) días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida electrónicamente por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21). Mediante oficio electrónico, comuníquese lo aquí decidido al juzgado en lo contencioso administrativo que previno.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2021 14:58:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2021 21:12:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2021 23:48:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 07:41:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 08:22:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/12/2021 10:17:51 hs. bajo el número RR-1045-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia