Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77376
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.) y ordenar la inmediata radicación del expediente electrónico en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, para la continuación de su trámite.
B.77.376 “MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SAN CLEMENTE S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La Municipalidad de General Lavalle promueve pretensión declarativa de certeza contra la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú Ltda., con el objeto de que se esclarezca a qué partido pertenece el lugar donde se encuentra radicada la planta de tratamiento de líquidos cloacales, propiedad de la demandada.
Al respecto, alega ser titular registral del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción IV; Parcela 34 E, inscripta en la Matrícula Nº 43.197 del Partido de General Lavalle, el cual había sido protocolizado en favor de la comuna mediante escritura pública Nº 14.211.
Relata que a través del decreto ley 9024/78 se creó, entre otros, al municipio urbano de La Costa, dividiéndolo de esta manera de la Municipalidad de General Lavalle. Destaca que en su art. 2 se estableció cómo estaría conformado el nuevo partido y cuál sería su ubicación geográfica. Sin embargo, explica que los organismos provinciales competentes en la materia -Dirección Provincial de Catastro, Dirección Provincial de Geodesia y Dirección Provincial de Hidráulica-, no habrían determinado con exactitud los límites aludidos en el mencionado precepto.
En este contexto, explica que, al perseguirse el cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene que deben abonar todos los contribuyentes que realizan las tareas como las que efectúa la demandada, la cooperativa adujo que toda vez que la planta de tratamiento de desechos no operaría dentro del ámbito territorial del Partido de General Lavalle, no era un sujeto pasivo obligado al pago del mentado tributo, por lo que requirió se deje sin efecto la intimación cursada.
En consecuencia, la actora pretende que se determinen los límites precisos de la división de ambos partidos, como así también, en cuál de ellos está el inmueble donde se encuentra emplazada la planta de tratamientos de residuos de la demandada.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, cuyo magistrado entendió que el caso resultaba prima facie de su competencia, por lo que dispuso que el litigio tramitara bajo las reglas del proceso sumarísimo y ordenó el traslado de la demanda (v. proveído de 9-II-2021).
Es así que la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de San Clemente del Tuyú Ltda. compareció al juicio, contestó la pretensión articulada y, por último, peticionó que se cite a la Municipalidad de La Costa en calidad de tercero (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2021).
En lo que aquí concierne, al presentarse la mencionada comuna denunció la existencia de un conflicto de poderes, alegando que la controversia giraba en torno a determinar los límites intermunicipales y que la actora procuraba invadir las potestades tributarias propias del municipio. En consecuencia, sostuvo que el pleito sólo podría ser resuelto, de manera originaria y exclusiva, por esta Suprema Corte en ejercicio de la competencia que le atribuyen los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución provincial, citando precedentes de este Tribunal en apoyo de su postura (v. presentación electrónica de fecha 13-VI-2021).
Corrido el pertinente traslado, la Cooperativa adhirió a los argumentos vertidos por el tercero (v. presentación electrónica de fecha 5-VII-2021). Por su parte, la Municipalidad de General Lavalle resistió el planteo, manifestando que, de un lado, la situación fáctica que dio sustento al precedente invocado difería de la configurada en esta litis y, de otro, que el objeto del proceso residía en establecer con certeza en territorio de cuál de los dos municipios se asentaba el inmueble propiedad de la cooperativa, quedando con ello zanjada de manera refleja la cuestión impositiva. En este último punto, recordó también jurisprudencia de esta Corte que coadyuvaría a su posición (v. presentación electrónica de fecha 7-VII-2021).
A su turno, el titular del juzgado actuante se inhibió de continuar interviniendo en el asunto. Para así decidir, estimó que de existir incertidumbre lo sería respecto de la relación jurídica tributaria que el supuesto límite territorial impediría a la actora establecer y que estaría siendo ejercida por el municipio de La Costa. Por consiguiente, consideró que el caso se enmarcaba en lo previsto en el art. 196 de la Constitución local, pues implicaba un conflicto entre dos municipios respecto al ámbito de sus competencias (v. resol. de 27-IX-2021).
Así es como llegan los obrados a conocimiento del Tribunal.
III. Los artículos 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia establecen que esta Suprema Corte tiene la atribución de resolver, originaria y exclusivamente, las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y los conflictos que se susciten entre distintas municipalidades ente sí o con alguna autoridad de la Provincia.
En ese marco, se ha señalado que tales supuestos se configuran cuando cada una de las partes en disputa se atribuye la titularidad o el ejercicio de determinada competencia. Lo que esta Corte está llamada a resolver es la efectiva disputa entre dos o más órganos en torno a la específica atribución o competencia que cada uno entiende le corresponde (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.; 261 y concs., LOM; doctr. causas B. 62.826, "Municipalidad de Rivadavia y Carlos Tejedor", sent. de 12-IX-2001; B. 64.293, "Provincia de Buenos Aires", sent. de 18-III-2009; B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 2-V-2013; B. 72.835, “Municipalidad de Tigre”, resol. de 23-XII-2014; B. 74.025, "Fiscal de Estado", resol. de 13-IV-2016; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 y B. 75.122, "Municipalidad del Partido de Escobar", resol. de 28-II-2018, e.o.).
De este modo, se resolvió que existía tal situación de conflicto cuando dos municipalidades se disputaban la potestad tributaria sobre determinada porción de territorio que pasó, por ley, del de una al de la otra ("Acuerdos y Sentencias", 1960-VI-500).
En cambio, se decidió que no se configuraba un caso propio de esa materia si una municipalidad declaró "de interés" la incorporación a su territorio de terrenos aluvionales que otra comuna entendía que le eran propios (causa B. 52.159, "Municipalidad de Tigre", resol. de 9-IV-1991), ni en el supuesto en el que una comuna pretendió que otra se abstenga de realizar cierto tipo de tareas en la vera de un camino que constituye el límite entre ambas (causa B. 56.254, "Municipalidad de Chascomús", resol. de 14-II-1995). Tampoco se consideró que fuera un caso de los previstos en el artículo 196 de la Carta local aquél en el que dos municipios reclamaron, por esta vía, que otro deje de realizar obras de canalización que implicaban el ingreso de agua a sus distritos (causa B. 62.826, "Municipalidades de Rivadavia y Carlos Tejedor", resol. de 12-IX-1991).
Como se advierte de la reseña efectuada en el párrafo anterior, lo que esta Corte está llamada a resolver en el marco de esta competencia, de marcada naturaleza política e institucional, es la efectiva y concreta disputa entre dos o más órganos en torno a determinada atribución o competencia que cada uno entiende que le corresponde (causa B. 76.488, "Municipalidad de Olavarría", resol. de 7-VII-2020).
IV. En la especie, si bien en el desarrollo argumental formulado por la actora se expresa que el estado de incertidumbre se generó a partir de la respuesta brindada por la cooperativa demandada ante la intimación cursada para que abone la Tasa correspondiente al servicio de Inspección, Salud e Higiene que presuntamente sería percibida por la comuna citada como tercero, ello no implica que se trate de un conflicto entre dos municipalidades de los que este Tribunal está llamado a resolver por mandato constitucional.
Como se dijo, para que se configure una causa de competencia entre poderes públicos con motivo de sus respectivas atribuciones o una situación de conflicto municipal, se impone alegar suficientemente que una determinada atribución o competencia de un órgano o entidad -quien promueve la acción- haya sido invadida o directamente reclamada para sí por el otro -el interpelado-.
Ello no sucede en este caso, ya que el objeto principal del juicio se centra en determinar con precisión el límite del territorio de cada uno de los partidos. Lo que la comuna denuncia no es un avasallamiento de las potestades que a ella le competen, sino el estado de incertidumbre que genera, por su imprecisión, la norma de creación de los distintos municipios y la omisión en definir el deslinde de ambos territorios en que incurrieran los organismos provinciales con competencia en la materia.
Para más, cabe señalar que pese a que la actora en su escrito postulatorio refiere al posible daño económico que puede ocasionar la decisión que recaiga en las presentes actuaciones, debe tenerse en cuenta que la facultad o no de recaudar el mencionado gravamen dependerá, ineludiblemente, de la suerte que vaya a correr el planteo sometido a decisión en este caso, en el cual no se hallan en discusión los efectos que la determinación que se adopte puedan llevar aparejados.
V. En razón de lo expuesto, corresponde declarar que el caso no es propio de la competencia originaria y exclusiva que al Tribunal le confieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia, debiendo radicarse inmediatamente las actuaciones ante el órgano que previno para la continuación de su trámite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.) y ordenar la inmediata radicación del expediente electrónico en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, para la continuación de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Se deja constancia de que esta resolución se dicta en sustitución del acto que se registrara automáticamente por error el día 3 de noviembre de 2021, bajo el N° 821, en el Registro Electrónico de Resoluciones correspondiente la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:23:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:21:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 14:53:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2022 19:29:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 08:41:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/09/2022 09:01:43 hs. bajo el número RR-995-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia