Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y radicar electrónicamente las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sgts., CPCC).
I. La Municipalidad de Capitán Sarmiento deduce acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de despejar el estado de incertidumbre en que se encuentra el municipio acerca de la compatibilidad de la Tasa por Servicios Asistenciales, creada por sucesivas ordenanzas fiscales e impositivas desde el año 2020 hasta el presente y de la ordenanza 2.917/24 con las disposiciones emitidas por el organismo provincial que determinan el trámite que debe seguir para la renovación de la habilitación del Hospital municipal "San Carlos" para funcionar como tal.
Subsidiariamente, y para el hipotético caso de que se obstaculice su petición en virtud de lo previsto en la resolución ministerial RESO-2022-5365-GDEBA-MSALGP, deja planteada la inconstitucionalidad del precepto, por entender que vulnera las garantías consagradas en los arts. 31 y 123 de la Constitución nacional. Hace extensible su embate a cualquier norma en la que se apoye un eventual rechazo de su petición, en tanto limitaría de forma irrazonable el derecho a la salud de la población y conculcaría los principios de autonomía municipal y de seguridad jurídica.
Por último, requiere el dictado de una medida cautelar innovativa, a fin de que se le conceda la habilitación sanitaria en idénticos términos a la anterior, destacando que el Hospital "San Carlos" es el único centro de salud de la zona.
II. En lo inherente a los hechos, relata que el nosocomio obtuvo su última habilitación para funcionar como establecimiento prestador de servicios de salud en el mes de julio del año 2019, con una vigencia de cuatro años. Explica que al iniciar el procedimiento pertinente para su renovación, se le comunicó a través de la casilla electrónica "[email protected]" que, en virtud de lo dispuesto en la resolución 5.365 del Ministro de Salud, no se le daría curso a la solicitud presentada, en tanto se exigía el pago de un arancel para poder acceder a las prestaciones brindadas en el hospital comunal.
Al respecto, arguye que aunque dicha misiva no importa un formal rechazo al pedido formulado, el criterio que la inspira distorsiona ilegítimamente el obrar de la comuna al estimar que "...el hecho de imponer aranceles a las prestaciones médicas en aquellos pacientes que sí se encuentran en condiciones de poder abonar los gastos inherentes, constituye una restricción para el acceso a la salud de aquellos individuos que no cuentan con los recursos económicos necesarios para sufragar dichos costos...". Contrariamente a ello, puntualiza que la correcta inteligencia de los preceptos en juego determina que "...todos los habitantes que requieran atenciones médicas ingresarán al nosocomio sin límites ni restricciones y serán atendidos, lo cual no debe implicar que mi mandante más tarde se vea impedido de recuperar los gastos médicos respecto de los pacientes que poseen obras sociales o prepagas, o bien están en condiciones económicas de hacer frente a tales gastos" (conf. art. 2, dec. 361/24).
Explica que la resolución 5.365 mencionada, introduce un nuevo requisito para obtener la habilitación de unidades asistenciales municipales, por el cual deben garantizar la exigencia de que "el acceso a sus servicios a todas las personas que lo requieran, independientemente de su domicilio de residencia, de manera no arancelada y en condiciones de igualdad y no discriminación " (art. 1°).
Refiere que la comuna sancionó la ordenanza 2.917/24 para garantizar la prestación del servicio de salud a cualquier persona que lo requiera, eximiendo del pago de la tasa a quienes no pudieran afrontar su costo. Así pues, sostiene que una interpretación restrictiva y literal de la disposición normativa provincial -que eliminaría la posibilidad de percibir cualquier tipo de arancel por los servicios de salud ofrecidos- atentaría contra el principio de autonomía municipal contemplado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional citados. En consecuencia, sostiene que no podría denegarse su pedido con basamento en esa norma.
Siguiendo esta línea argumental, puntualiza que el decreto 3.280/90 -que anteriormente fijaba los requisitos formales para la concesión de habilitación sanitaria a establecimientos asistenciales en la provincia- no establecía ninguna pauta relativa a la prohibición de la fijación de un sistema arancelario para afrontar los costos derivados del servicio. De modo que una decisión del Ministerio de Salud que establezca exigencias sobrevinientes no informadas, introduciría una nota de imprevisibilidad que afectaría seriamente el principio de seguridad jurídica que debe presidir el diseño e implementación de políticas públicas.
Postula que el escenario de incertidumbre descripto -ante un obrar oscilante, inconsistente y dogmático de la provincia y la ausencia de una respuesta formal por parte del ministerio- amenaza seriamente la autonomía municipal, la seguridad jurídica y la previsibilidad del obrar estatal. Concluye, entonces, que a efectos de evitar una grave afectación a principios y derechos constitucionales, deviene necesaria una declaración judicial que aporte la debida certeza al cuadro expuesto.
III. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás. Sin embargo, su titular se inhibió de entender en el asunto tras ponderar que -habida cuenta de los alcances del planteo- el pleito podría comprometer la competencia originaria y exclusiva de este Tribunal (arts. 161 inc. 1 y 166, Const. prov.).
De este modo, dispuso la elevación de los obrados a esta Suprema Corte de Justicia ordenando la radicación de la causa ante estos estrados, con habilitación de días y horas inhábiles, por entender que se encontraban en juego garantías tales como el acceso a la salud pública (v. resol. de 12-VIII-2024).
IV. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021; B. 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", resol. de 16-VI-2021; B. 77.245, "Cavalli", resol. de 6-IX-2021 y B. 77.296, "Aimar", resol. de 22-X-2021, e.o.).
IV.1. En la especie, la actora promueve una pretensión declarativa de certeza a fin de despejar el estado de incertidumbre generado en virtud de la conducta evasiva asumida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires respecto del cumplimiento de los recaudos exigidos para la renovación de la habilitación del Hospital municipal “San Carlos” y de todos los servicios de salud que se prestan en aquel establecimiento. Esto, por cuanto entiende que la ordenanza 2.917/24 se ajusta a lo dispuesto en la Resolución ministerial RESO-2022-5365-GDEBA-MSALGP; la cual no habría sido siquiera evaluada por el organismo competente al momento de informarle vía correo electrónico que no se le daría curso al trámite peticionado.
Si bien es cierto que solicita la declaración de inconstitucionalidad de “toda restricción que limite irrazonablemente el ejercicio del derecho que posee el municipio de Capitán Sarmiento (Hospital “San Carlos") al cobro de tasas de salud por recupero de costos de prestaciones médicas brindadas a pacientes del nosocomio”, la magistrada del fuero contencioso administrativo malinterpreta la intención de la demandante al afirmar que esto constituye el objeto principal del proceso incoado. Por el contrario, de la lectura del escrito inicial se desprende con claridad que se trata de un planteo eventual y subsidiario, cuyo andamiaje dependerá indefectiblemente de la suerte que corra la acción interpuesta en primer término, tendiente a determinar si la norma dictada por la comuna es o no compatible con la dispuesta por el Ministerio de Salud (v. punto VI aps. “b” y “c” de la demanda).
IV.2. En estas condiciones, toda vez que la demanda promovida, en rigor, no tiene por objeto exclusivo y primordial la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos subsidiariamente cuestionados, el presente es un caso ajeno a la competencia originaria de este cuerpo
V. Aunque tal circunstancia bastaría para dirimir la cuestión propuesta, se advierte otro obstáculo insalvable que –a todo evento- impediría igualmente radicar las actuaciones ante esta sede.
V.1. Al examinar el embate articulado en subsidio, se observa que el argumento central en el que se funda el hipotético caso constitucional gira en torno a que en el supuesto de autos se encontraría en juego el resguardo del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 5, 31 y 123 de la Constitución nacional.
Tal es la incidencia que la actora entiende que posee el bloque normativo federal en el asunto, que incluso desliza que “del principio de la primacía de la Constitución nacional (art. 31) y de la adecuación que a ella deben atender las constituciones provinciales (art. 5), es que las leyes fundamentales locales cuyas normativas no establezcan la autonomía de las comunas que la componen, como, por ejemplo, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires –según surge de sus arts. 190 y siguientes- son inconstitucionales, debiendo ser adecuadas a la normativa de la Carta Magna” (v. punto V ap. “a” de la demanda).
V.2. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal en reiteradas oportunidades ha dicho que cuando el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere a la necesidad del planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1.169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1.998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2.027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1.447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019; B. 77.524, "Thomart GNC SA", resol. de 10-XII-2021; e.o.).
De allí que, por regla, no sean admisibles las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional (doctr. causa B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019, e.o.) o a normas legales de rango inferior a la Constitución bonaerense (doctr. causa I. 75.166, "Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata", resol. de 26-XII-2018; e.o.). tal como –ocasionalmente- ocurriría en esta controversia.
También se ha determinado la inviabilidad de controvertir, en este tipo de proceso, una norma de la propia Constitución provincial (doctr. causas I 2077, "Hooft", res. de 30-IX-1997; B 69.149, "Díaz", res. de 2-XI-2011; B.73.095, "Axat Della Croce", resol. de 20-XI-2014; I. 77.988, "Ferraro", 12-VII-2022 y B. 78.391, "Ibarrola", 6-VIII-2024); motivo por el cual -llegado el caso- la demanda resultaría improponible ante esta sede en razón de su objeto.
VI. Por todo lo expuesto, dado que la materia resulta ajena a la jurisdicción originaria de esta Corte, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás el órgano que continúe conociendo en la causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y radicar electrónicamente las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sgts., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/08/2024 12:55:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/08/2024 15:02:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2024 09:42:35 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2024 10:43:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2024 10:52:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/08/2024 10:52:53 hs. bajo el número RR-630-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia