Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80974
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
II. Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata, ante el cual se radicará la causa para la prosecución de su trámite.
B.80.974 "ASOCIACION DE INSTITUTOS DE ENSENANZA PRIVADA ARGENTINA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (en adelante, AIUPA) promueve la presente acción declarativa de certeza contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), a fin de que se esclarezca su situación jurídica respecto de los alcances de las modificaciones introducidas por el art. 59 de la ley 15.557 al régimen previsional aplicable al personal no docente y extracurricular de establecimientos educativos de gestión privada.
Asimismo, solicita que se declare que, respecto del personal mencionado, corresponde continuar aplicando el régimen previsional nacional previsto en la ley 24.241 y que, como corolario de ello, el IPS deberá abstenerse de exigir el ingreso de aportes con fundamento en la normativa provincial.
Por último, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se ordene al IPS abstenerse, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones, de liquidar o exigir deudas previsionales fundadas en la aplicación de la norma local, así como de imponer sanciones con motivo de su eventual incumplimiento.
II. En cuanto a los argumentos de su pretensión, sostiene que el estado de incertidumbre jurídica y económica en el que se encuentran los colegios privados —agravado por la inminencia del vencimiento de la prórroga concedida por el IPS para el pago de aportes— genera un riesgo cierto de incurrir en liquidaciones erróneas o de verse expuestos a la "duplicación o superposición de exigencias previsionales". Ello, dado que el personal que no reviste la condición de docente ya se halla comprendido en el ámbito previsional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), de conformidad con lo previsto en el art. 2 inc. a, ap. 5, de la ley 24.241.
En sustento de la solución que pretende, plantea la inconstitucionalidad del art. 59 de la ley 15.557, por considerar que contradice el régimen previsional establecido por la ley 24.241 al disponer la incorporación del universo de trabajadores involucrado a un sistema previsional distinto sin que medie un acuerdo previo entre las jurisdicciones competentes que habilite dicha transferencia.
Por otro lado, destaca que la equiparación en materia de derechos, obligaciones, remuneración y régimen previsional establecida tanto por la ley nacional 13.047 como por la ley provincial 13.688 entre los docentes de establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada no se extiende a otros agrupamientos de personal, como aquellos que desempeñan tareas cuyo ejercicio no requiere título habilitante.
En tal sentido, sostiene que la incorporación de los docentes de escuelas privadas a los sistemas previsionales locales, en las mismas condiciones que los docentes de colegios públicos que prestan servicios en sus respectivas jurisdicciones, constituye una facultad expresamente conferida por el gobierno federal a las provincias que encuentra sustento en el art. 20 bis del citado Estatuto del Docente Privado. Ante ese escenario, afirma que la norma impugnada importa el ejercicio, por parte de las autoridades provinciales, de una atribución que no les ha sido conferida.
Señala, también, que el accionar del IPS da cuenta de las dificultades que conlleva la implementación del nuevo régimen. Con respecto a eso, puntualiza que las prórrogas sucesivas dispuestas por dicho organismo son producto de obstáculos técnicos e informáticos vinculados al deficiente abordaje legal, lo que expone a los empleadores a un estado de incertidumbre jurídica que los perjudica.
Finalmente, afirma que la falta de certeza no constituye un riesgo futuro, sino que ocasiona un efectivo daño pecuniario. En este orden de ideas, pone de relieve que en la órbita del sistema nacional los establecimientos educativos de gestión privada son beneficiarios de una alícuota diferencial en relación a la contribución patronal por la que están obligados (conf. art. 24, ley 27.541; prorrogado por art. 1 del decreto 939/25). En consecuencia, el traspaso del personal no docente al régimen local traería aparejada la pérdida de tal beneficio y generaría un impacto abrupto en la situación financiera y económica de sus asociados.
III. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata.
Su titular se negó a entender en el pleito en la comprensión de que la cuestión planteada en autos era propia de la competencia originaria y exclusiva que a este Máximo Tribunal local le confieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial. Para así decidir, sopesó que, en esencia, el planteo formulado en la demanda es dirige a cuestionar la constitucionalidad en abstracto del art. 59 de la ley 15.557 —sobre todo, teniendo en consideración que, al día de la fecha de la interposición de la demanda, lo allí establecido aún no había comenzado a implementarse—.
En atención a ello, resolvió elevar los obrados a esta sede, a fin de que aquí prosiga su tramitación (v. sent. interloc. de 4-V-2026).
IV.1. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, siempre que la controversia sea promovida por parte interesada. De ello se infiere que el objeto propio de esta acción y, por consiguiente, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, radica en el examen de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, "Falconnat", resol. de 23-II-2022; B. 78.229, "Lallo", resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, "Mutilva", resol. de 23-VI-2023, e.o.).
Asimismo, en principio solo son susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020; e.o.).
IV.2. Bajo esas premisas, de la lectura del escrito de demanda se advierte que la acción promovida no tiene por objeto exclusivo la discusión acerca de la validez constitucional de una norma considerada en abstracto. Por el contrario, la AIUPA acude a la instancia judicial con el concreto propósito de "despejar la incertidumbre actual, concreta y jurídicamente relevante respecto del régimen previsional aplicable al personal no docente y extraprogramático de los establecimientos privados" (v. punto VI del escrito postulatorio, de 26-IV-2026).
Tal incertidumbre se vincula con un nuevo régimen previsional cuya aplicación ya ha sido dispuesta mediante un acto administrativo dictado por la Dirección de Recaudación y Fiscalización del IPS. En efecto, de la pieza documental acompañada surge que dicho organismo no solo impartió las instrucciones que deberán observar los establecimientos educativos privados representados por la entidad que promueve la demanda para adecuarse al sistema previsional provincial, sino que también fijó el plazo para el cumplimiento de las correspondientes obligaciones patronales (v. documental adjunta al escrito de fecha 23-VI-2026, trámite identificado como "hecho nuevo - denuncia").
En ese contexto, si bien la asociación demandante solicita que se declare la inconstitucionalidad de una disposición normativa provincial por reputarla contraria a una ley de orden federal, es claro que dicho planteo no constituye el objeto autónomo de la pretensión, sino que aparece como un argumento instrumental o coadyuvante destinado a sustentar la solución que procura respecto de la controversia suscitada en torno al régimen previsional aplicable.
No huelga recordar que bajo tales condiciones, que no comprometen la competencia originaria de esta Suprema Corte —al no involucrar un conflicto normativo directo con la Constitución bonaerense—, nada impide que el juez interviniente ejerza el control difuso de constitucionalidad, dentro del límite dado por su propia competencia material (art. 57, Const. prov.; doctr. causas B. 73.724, “Calles Añasgo”, resol. de 15-VII-2015; B. 76.707, "Di Scala", resol. de 4-XI-2020 y B. 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", resol. de 16-VI-2021).
V. Por lo expuesto, toda vez que el asunto resulta ajeno a la jurisdicción originaria de este Máximo Tribunal local, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata el que continúe conociendo en la contienda.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
II. Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata, ante el cual se radicará la causa para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:24:52 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:14 hs. bajo el número RR-648-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia