Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 81077
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial —arts. 683 a 688—, con apercibimiento de tenerla por no presentada (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC). Cumplido, se proveerá lo que corresponda respecto de la medida cautelar solicitada.
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
B.81.077 "DI MATTEO NORBERTO JULIO LUIS Y OTRO/A C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FICALIA DE ESTADO S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Norberto Julio Luis Di Matteo y Marcela Mabel de Sautu promueven acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la validez del artículo 3 inc. "a" de la ley 10.973, que obsta a su matriculación como martilleros y corredores públicos por encontrarse en ejercicio activo de su profesión de arquitectos.
En esa dirección, peticionan que se declare la inconstitucionalidad de la norma en tanto entienden que la restricción allí contenida —en cuanto establece que no podrán ejercer la profesión de martillero y corredor público quienes practiquen de modo regular y permanente otra profesión o cargo para cuyo desempeño se requiera otro título habilitante— vulnera los derechos y garantías previstos en los arts. 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional.
Asimismo, y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito, requieren el dictado de una medida cautelar a través de la cual se decrete la inaplicabilidad de la norma impugnada.
II.1. Las actuaciones se iniciaron ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón, cuyo titular imprimió a la causa trámite sumarísimo y ordenó el traslado de la demanda (v. resol. de 12-XII-2025).
Al presentarse en autos, la Fiscalía de Estado planteó excepción de incompetencia, sosteniendo que la acción articulada —independientemente de su nomen iuris — corresponde a la competencia originaria de este Tribunal (v. presentación electrónica de fecha 2-II-2026). Dicho planteo fue resistido por la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 26-II-2026).
Oportunamente, el magistrado interviniente resolvió hacer lugar a la excepción opuesta, por considerar, en lo sustancial, que el planteo "debe ser articulado mediante la acción específicamente prevista a tal efecto ante el máximo tribunal provincial" (v. resol. de 9-III-2026), decisión que fue apelada por los actores (v. presentación electrónica de fecha 12-III-2026).
II.2. Elevadas las actuaciones, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín consideró que carecía de competencia para resolver la cuestión introducida mediante el recurso incoado, en tanto involucraba un conflicto de competencia cuya decisión corresponde a esta Suprema Corte. En consecuencia, declaró improcedente el recurso y ordenó la remisión directa de las actuaciones a este Tribunal para su consideración (v. resol. de 4-VI-2026).
III. La lectura del escrito inicial da cuenta de un cuestionamiento autónomo y abstracto de la ley impugnada, por reputar los actores que las incompatibilidades allí receptadas resultan inconstitucionales por vulnerar derechos fundamentales garantizados en el texto constitucional.
En relación con este último aspecto, cabe señalar que los reclamantes invocan, en sustento de su pretensión, los derechos fundamentales a la protección de la propiedad privada, además de a la igualdad y a la autonomía personal. Si bien anclan mayoritariamente dichas garantías en normas de la Constitución nacional, se trata de derechos reconocidos de manera coincidente en el texto de la Constitución provincial.
En consecuencia, corresponde declarar que la causa remitida por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín es de la competencia originaria de este Tribunal, radicarla ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a ello, debe conferirse a los actores un plazo de diez (10) días para que adecuen su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial —arts. 683 al 688—, con apercibimiento de tenerla por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC; doctr. causas B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005; B. 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y B. 77.485, "Zacarías", resol. de 10-XII-2021 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial —arts. 683 a 688—, con apercibimiento de tenerla por no presentada (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC). Cumplido, se proveerá lo que corresponda respecto de la medida cautelar solicitada.
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2026 11:58:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2026 10:19:45 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 13:40:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:08:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2026 11:53:32 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2026 11:58:06 hs. bajo el número RR-717-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia