Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 23158
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo a mi cargo para intervenir en este juicio, por no encontrarse dentro de la materia que corresponde al mismo (art. 4 inc. 1° ley 12008)..-
II. Atento lo previsto en el art. 8 del C.P.C.A., remítanse sin otra sustanciación las actuaciones a la Receptoría de Expedientes Departamental, a los fines de que proceda a la radicación del expediente en el Juzgado Civil y Comercial que por sorteo corresponda.
Estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO C/ ENCUESTEKS SA S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS" , expediente Nº 23158, ingresados a este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que en escrito inicial de fs. 7/13 se presenta el Dr. Pablo Labourdette en su carácter de apoderado del Municipio de San Antonio de Areco, interponiendo acción declarativa de vacancia en los términos del art. 4° del Decreto 9533/80 y art. 236 inc. "a" del Código Civil, con relación a un inmueble sito en Ruta Provincial n° 41, de esa Ciudad, designado catastramente como : Circ. II, Secc. Rural, Qta. 48, Parc. 48-E.-
II. Manifiesta que el inmueble se encuentra en estado de abandono por parte de su titular registral, manteniendo deuda por impuestos Provinciales y Tasas Municipales, debiendo el Municipio realizar tareas de desmalezamiento, limpieza y mejoras.
III. Afirma que la problemática socio-habitacional que padece la comunidad de San Antonio de Areco, hace que sea una oportunidad para incorporar al Municipio este tipo de terrenos. Poniendo de relieve que se ha dictado en tal sentido la Ordenanza n° 200/13, que permite individualizar y llevar adelante las medidas pertinentes para la toma de posesión, de aquellos inmuebles que se encuentren en estado de abandono y afectan la seguridad e higiene de la población, en consonancia con la Ordenanza General n° 38/69; y
PRIMERO: Que en atención a lo previsto en el art. 8 del C.P.C.A. se impone al suscripto en este estadio procesal, analizar los hechos expuestos en la demanda a los fines de determinar la competencia para conocer en autos.-
SEGUNDO: Que a los efectos de establecer los límites de la competencia del fuero, luego de abordarse el contenido de la cláusula de la Constitución Provincial determinante de la materia (art.166 5º párrafo), ha de volcarse principalmente la atención a las previsiones de la cláusula general establecidas en el art. 1º del C.P.C.A. (ley 12.008 y modif..), la que se complementa con los arts. 2º (casos expresamente incluidos) y 4º (casos expresamente excluidos) del mismo ritual.-
TERCERO: Que sentado lo expuesto y examinada la demanda, se descubre en la especie que el caso planteado en aquella no compete al fuero contencioso administrativo.-
En autos, la parte actora, pretende una declaración de vacancia del inmueble antes citado, para incorporar al mismo al dominio del Municipio, lo cual no se puede producir -mas allá de la propia argumentación que esboza- inaudita parte; esto, nos lleva inexorablemente a un contradictorio para salvaguardar el derecho de defensa del propietario, y que por ende se rige por las normas civiles de la materia (arts. 913 en función del art. 2342 inc. 3° y ccts. del C.C.; y arts. 236, 1907 y ccts. Código Civil y Comercial); en consecuencia no corresponde que el caso, conforme lo determina el art. 4º inc. 1° del C.P.C.A. arriba citado, sea residenciado en el fuero contencioso administrativo.
La propia cita que realiza la actora del dictámen -no vinculante- de la Asesoría General de Gobierno, deja en claro el tema, ya que refiere que es necesario configurar el abandono por parte del dueño, sin dejar de lado la posibilidad que exista posesión de terceros; es decir, condiciones de desamparo sumada a la clara intención de abandonar el dominio, y la exclusión de terceros interesados en una eventual usucapión.
Y todo ello requiere, como bien deja asentado el dictámen, una declaración judicial. Declaración judicial que exige un proceso que asegure el debido derecho de defensa que solo se puede lograr mediante la aplicación de normas del derecho privado.
Porque incluso tomando la cita doctrinaria de Alberto Spota que cita la actora en el escrito postulatorio, en la que los bienes vacantes o los bienes mostrencos pertenecen al Estado, pues conforme a ese criterio asume la titularidad por carácter extensivo respecto a lo previsto en el viejo inc.1° del art. 2342, lo cierto es que ello se contrapone con normas de jerarquía superior como la del art. 15 de la Const. Provincial; ello sin dejar de citar, que también desde antaño se ha dicho que "...en nuestro sistema jurídico es inadmisible la tesis de que el simple abandono de un inmueble por su propietario, importa que la propiedad sea adquirida por el estado...la vacancia, según el C.C. supone un abandono calificado, un acto de renuncia a la propiedad; el estado puede poseer como los particulares, pero no adquiere el dominio ministerio legis e instantáneamente (Cam. Nac. de Apelac. en lo Civil de Cap. Federal, citada en J.A. 1947-IV, secc. leg., p.110).
Ello sin soslayar la doctrina del Superior Tribunal Provincial, que plasma un criterio también disimil con el que cita el actor, al exponer que: "...puede deducirse sin esfuerzo de lo expuesto, que la norma mencionada impide que el simple abandono material del inmueble traiga aparejada la titularidad del Estado prevista en el inc. 3° del art. 2342 del C.C...." (SCBA, Ac. 55135 "Municipalidad de Merlo", del 28/05/96).
También vale recordar a efectos de definir la competencia material del fuero -amén de que en el conflicto intervenga uno de los órganos de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas en el ejercicio de funciones administrativas-, la necesidad de que la controversia este regida por el derecho administrativo (cfme. art. 2º C.P.C.A. ult. parte) o al menos por el Derecho Público, cobrando preeminencia en el presente, la exclusión enunciada en el indicado art. 4º inc. 1° del C.P.C.A. en cuanto el caso se encuentra regido por normas de derecho común.-
CUARTO: En efecto, en la litis planteada, no se trata ya de la invocación o aplicación analógica de normas de derecho privado en un conflicto suscitado en ejercicio de funciones administrativas -casos en que no queda desplazada la competencia del fuero (cfr. art.1 inc.1º y art. inc.4º C.P.C.C.)-, sino que se verifica una vinculación o relación entre las partes que se rige directamente por normas de derecho civil y que no manifiesta el ejercicio de función administrativa alguna (cfr. doctrina legal SCBA causa B.68.093 "Tres Comas S.A." res. del 22-XII-04, editado en RAP Pcia. de Bs. As., año II, Nº 22, pag.33), es decir, que a los fines de resolver la pretensión esgrimida la autoridad pública se encuentra sometida a las normas comunes de igual forma que los particulares, y por ello queda desplazada la competencia del fuero especializado (art. 4 inc.1º del C.P.C.A.).-
QUINTO: Que la competencia en razón de la materia, de orden público y absoluta, impone la declaración de incompetencia de oficio, cuando el juez verifica a través de la demanda que no es competente (arts. 6, 8 y 77 C.P.C.A.; art. 4 C.P.C.C. y su doctrina: Morello-Sosa-Berizonce; "Códigos...", t.II-A, pág.10, parag. C. Caracteres).-
Por lo cual, excluida la intervención del fuero contencioso administrativo, y en atención a lo dispuesto en los arts. 50 de la ley 5.827 y 679 y sigtes. del C.P.C.C., entiendo que la causa debe radicarse en el fuero Civil y Comercial.-
Por ello, en atención a lo expuesto, lo dispuesto en el art. 171 de la Constitución Provincial; arts. 6, 8 y cctes. del C.P.C.A.; art. 161 del C.P.C.C.; y demás citas legales dadas,
I. Declarar la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo a mi cargo para intervenir en este juicio, por no encontrarse dentro de la materia que corresponde al mismo (art. 4 inc. 1° ley 12008)..-
II. Atento lo previsto en el art. 8 del C.P.C.A., remítanse sin otra sustanciación las actuaciones a la Receptoría de Expedientes Departamental, a los fines de que proceda a la radicación del expediente en el Juzgado Civil y Comercial que por sorteo corresponda.
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el N° ........./2019.-
Fin de la sentencia