Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 28558
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los art. 166 últ. párrafo, 171, 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
AUTOS Y VISTOS: A los fines de resolver la medida cautelar peticionado por el accionante en su escrito postulatorio.-
I. Que a fs.120/171 se presenta el Dr. Dario Di Florio, por derecho propio, iniciando demanda declarativa contra la Municipalidad de Navarro, con el fin de poder determinar con la certeza suficiente, si a los fines de instalar la estación de servicio de GNC, en la zona que indica, se han respetado y cumplido con las disposiciones aplicables en materia de radicación de dicho establecimiento, pues considera que no se han respetado ciertas normativas específicas en cuanto a la ubicación del comercio.-
Relata que el Sr. Carlos Alberto Carli solicitó ante la comuna de Navarro el necesario "Uso Conforme" para instalar una estación de servicio de gas natural comprimido (GNC), solicitud que dio lugar a la formación del expediente interno n° 697/14.-
Alega que dicho emprendimiento comercial se instalaría dentro de la llamada "Zona Banda Comercial", que a su vez integra la "Zona Urbana" del Partido de Navarro.
Continua diciendo - conforme la documental que acompaña- que el pedido formulado por el Sr. Carlos A. Carli, obtuvo en una primera instancia una respuesta negativa desde la Coordinación de Planeamiento Urbano, quien informó al Intendente Municipal que dicho pedido no estaba permitido por la Ordenanza n°751 que regula el uso del suelo, manifestando que ante ello el Intendente elevó una nota al HCD solicitando un pedido de excepción.-
Expresa que desconoce si tanto la Municipalidad como el Honorable Consejo Deliberante de Navarro han tomado pleno conocimiento de lo previsto por la Ordenanza de Zonificación vigente y de las exigencias del ENARGAS, como de todas aquellas exigencias técnicas previstas por la Resolución n° 699/04 de la Dirección de Vialidad Provincial y si aún, con todo ello igualmente han avalado con su autorización la posibilidad de radicar en el lugar tal emprendimiento.-
Por otra parte sostiene que en el caso de haberse otorgado tal autorización, dicha excepción no ha sido debidamente otorgada por el HCD a pesar del requerimiento realizado por el D.E.M, diciendo que dichas dispensas solamente pueden darse por Ordenanza, previo dictamen de la Oficina Técnica y para usos que sean compatibles.-
Al respecto comenta que únicamente tiene conocimiento que el Cuerpo Deliberativo, apoyándose en una sola oración de la Ordenanza n° 751 -extraída del art.41- expidió una comunicación por la cual recomendó al DEM que extienda -a través del área de competencia- el correspondiente "Permiso de Uso del Suelo".-
En capítulo aparte se pronuncia acerca de las cuestiones jurídicas legales que dan sustento a su pretensión diciendo que el predio donde se encuentra la estación de servicio GNC está dentro de la llamada "Zona Banda Comercial" la que a su vez integra el área urbana de la localidad de Navarro.
En tal sentido indica que en dicha zona el art.11 de la Ordenanza n°751 indica entre los usos prohibidos el "...manipuleo o depósito de combustible, materiales tóxicos, inflamables o cualquier sustancia que pueda resultar nociva para la población..."
Asimismo refiere en cuanto a los usos prohibidos, aquello que dispone el art.37 in fine de la Ordenanza n°75, que reza: "...Uso prohibido es la actividad que se considera inaceptable para una zona, y que no puede localizarse en ella bajo ningún concepto...".-
Es por ello que considera que no resultaba viable conceder la excepción y menos en la forma en que fue llevada a cabo.-
Alega que aun cuando entre los fundamentos para aprobar la Comunicación n°656/14 se destacó lo dispuesto por el art.41 de la Ordenanza, el que reza: "...En todas aquellas zonas en las que esta Ordenanza prohíbe el manipuleo o depósito de combustible, exceptuase de la interdicción a las estaciones de servicio, las que no obstante quedarán sujetas a las restricciones que contempla el artículo anterior...", dicha norma remite al articulo anterior.-
En tal sentido explica que el artículo 40 señala respecto a las estaciones de servicio, que podrá admitirse su instalación o su subsistencia, siempre que no afecten el normal desarrollo de los usos predominantes y complementarios, siempre que no resulten molestos, nocivos o peligrosos para la población.-
Y en razón de ello es que refiere, que aun cuando pueda excepcionarse la instalación de una Estación de Servicio, lo cierto es, que la misma resulta indudablemente peligrosa, más aún, si se tiene en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental que habría presentado el Sr. Carli ante la Dirección Municipal de Medio Ambiente y ante el Juzgado de Paz Letrado de Navarro.-
II. Luego de relatar los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento - según su parecer - al planteo que efectúa, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar, tendiente a ordenar la suspensión preventiva de las autorizaciones de obra para construir una estación de servicio de GNC en el lugar solicitado, disponiéndose en su caso la clausura del emprendimiento.-
Alega que dicha medida encuentra sustento en la falta de observancia a lo dispuesto por la Ordenanza n°751 -que regula el ordenamiento territorial de Navarro-, a la Resolución n° 699/04 DVBA que indica las medidas que deben respetar los accesos a las estaciones de servicios con frente a rutas provinciales y a la Resolución GE-N1-118 o NAG 418.-
Que en el caso hipotético que exista un acto administrativo municipal que haya habilitado la instalación de la estación de servicio sin considerar las normas citadas, también solicita la inmediata suspensión del mismo.-
En cuanto a la viabilidad de la medida solicitada, expresa que concurren en el caso los presupuestos de admisibilidad de la misma. Respecto a la verosimilitud del derecho, luego de desarrollar los alcances expresa que conforme todo lo relatado queda demostrada la ilegalidad de la construcción, diciendo que la misma tiene como sustento una actuación administrativa irregular.-
En tal sentido alega que aun cuando se desconoce la existencia del acto administrativo municipal que en su caso autorizó la construcción de la estación de servicio de GNC en el lugar indicado, sabe que ante el supuesto de que exista, de acuerdo a la normativa aplicable, el mismo cae por su ilegitimidad.-
En cuanto al peligro en la demora indica que el perjuicio de terminar de instalar la estación de servicio habrá de repercutir en la seguridad y tranquilidad al vivir muy cerca del establecimiento. Ante ello expresa que existe un temor grave y fundado de que su derecho se deteriore.-
Alega que el daño no resulta probable o inminente, sino más bien cierto, concreto y actual, diciendo que no resulta en vano que según la Ordenanza n°751, en esa zona este prohibido el manipuleo o depósito de combustibles, materiales tóxicos, inflamables u otra sustancia nociva para la población y al ser ellas prohibidas resultan inaceptables para la zona.-
A su vez sostiene que la demora habrá de permitir que la obra avance aún más y ello generará gastos innecesarios a quien pretende instalar la estación de servicio de GNC en donde no puede hacerlo, y en un lugar donde a su vez, no se cumplen con las disposiciones exigidas por la Dirección de Vialidad Provincial.-
Finalmente indica que la medida solicitada no implica ninguna afectación al interés público, sino muy por el contrario.-
III. Con fecha 20/02/2018 y mediante escrito electrónico se presenta el Dr. Marcos Javier Aguilar en carácter de apoderado de la comuna accionada.-
Inicia su responde diciendo que el pedido cautelar resulta improcedente para el tipo de acción intentada por el actor. Cita jurisprudencia en su respaldo.-
Luego en cuanto al planteo de autos refiere que la excepción a la Ordenanza de Zonificación - a los fines de la instalación de una estación de servicio- surge de pleno derecho. En tal sentido refiere que ello surge del art.41 de la Ordenanza n°751/2000.-
En cuanto a lo normado por la Ordenanza dice, que si bien podría cuestionarse la técnica legislativa de la mencionada norma, lo cierto es, que tal circunstancia no resulta ser asuntos de autos y por otra parte la actora no ataca la Ordenanza, sino más bien centra su pretensión en la misma.
Manifiesta que en su caso, lo que pudo haber confundido a la actora fue el pedido de excepción realizado por el D.E.M al HCD, diciendo que en realidad dicho pedido se fundó en la necesidad del Ejecutivo de ejecutar sus acciones en absoluta armonía con el Deliberativo y no en un imperativo legal.
En definitiva sostiene que es la propia Ordenanza de Ordenamiento Territorial la que otorga la excepción a las Estaciones de Servicio.
En cuanto a la peligrosidad de una estación de servicio invocada por el actora, indica que ello no puede ser tomado como fundamento para el dictado de una medida cautelar.-
En tal sentido indica que con tal argumento todas las estaciones de servicio deberán instalarse en zonas aisladas de la urbanidad, cuestión que en los hechos no sucede.-
Que sin perjuicio de ello manifiesta que el análisis de peligrosidad y cumplimiento de todos los recaudos exigidos para su funcionamiento corresponde al Ministerio de Energía de la Nación o en su caso, al Ente Nacional de Regulación del Gas, según se trate del tipo de combustible que se despache.
Por todo ello, entiende que la petición cautelar no reúne los requisitos de admisibilidad necesarios para su progreso, solicitando por ello su rechazo.-
IV. Con fecha 23/02/2018 atento la contestación del informe cautelar, se ordena ingresen los autos a despacho para resolver; ordenándose posteriormente su suspensión -con fecha 05/03/2018- en la necesidad de contar con las actuaciones administrativas en su totalidad, las que fueran indicadas y acompañadas por la actora - en copia simple- junto a su escrito inicial.-
V. Con fecha 05/04/2018 a pedido de la actora y sin que la comuna haya remitido en el plazo indicado la documental requerida, se reanuda el auto para resolver y;
1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
2. Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr.Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
3. Abordado el examen de la petición cautelar bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, no encuentro -en este estadio preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
4. Solicita el actor cautelarmente la suspensión preventiva de las autorizaciones de obra para construir una estación de servicio de GNC en la zona que indica, y que en su caso, se disponga la clausura del emprendimiento.-
Como primera cuestión bien puede deducirse - conforme el relato del accionante - que la Estación de Servicio a la que hace referencia el actor, estaría construida o en plena construcción. No obstante ello, el accionante no ha especificado siquiera el estado de la obra, no la detalla, no describe sus características, lo que tal como será ponderado, no permitiría -en principio- al suscripto, el análisis del riesgo que dicha obra implica -a criterio del actor- para la población.-
Ahora bien, abordando el primer presupuesto de procedencia de la medida cautelar, cabe señalar que, con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por el actor, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega el actor adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa. (Art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.). Siquiera, en un grado mínimo de acreditación, que habilite para hacer jugar la regla hermenéutica de flexibilidad referenciada en el considerando que antecedente.-
5. En tal sentido, a los fines de resolver la medida podemos decir que estamos frente a dos supuestos a considerar, esto es, que se haya otorgado el "permiso de uso" o que la obra este siendo llevada a cabo sin dicho permiso. Todo ello, sin considerar el procedimiento seguido a los fines de instrumentar -en su caso- dicha autorización, pues considero que dicha parcela no es propia de esta etapa.-
Entonces tomando hipotéticamente el primer supuesto, esto es, que efectivamente haya sido otorgado el "permiso de uso del suelo" a quien solicita la instalación de una estación de servicio de GNC en la zona que indica el actor, cabe señalar, que no encuentro que "prima facie" dicha autorización se encuentre reñida con la norma, en principio, aparenta estar en línea con la Ordenanza n° 751.-
En efecto, en una primera interpretación de la Ordenanza n° 751, y en un análisis propio de esta etapa cautelar, no surge expresamente prohibida la instalación de una estación de servicio (GNC) en la zona que indica el actor (Zona Banda Comercial art.11)
Pues si bien, conforme dispone el art.11 Ord. n° 751/16, las estaciones de servicio no están contempladas específicamente dentro de los usos predominantes, lo cierto es, no aparecen expresamente dentro de los usos prohibidos. Luego, aquello normado por el citado artículo -en cuanto a los usos prohibidos- deberá armonizarse con aquello que dispone el art.41 del mismo cuerpo legal.
Es decir, la norma del art.11 indica como uso prohibido para la zona: ".toda clase de planta industrial; manipuleo o depósito de combustible, materiales tóxicos, inflamables o cualquier sustancia que pueda resultar nociva para la población.".-
Luego el art.41 de dicha norma indica que en todas aquellas zonas en las que dicha Ordenanza prohíbe el manipuleo o depósito de combustible, exceptúa de la interdicción a las estaciones de servicios, se deberán contemplar las restricciones que fija el art.40, que habla de los usos condicionados.-
En definitiva y conforme la norma, las estaciones de servicios aparecen exceptuadas de la interdicción, y en principio, a los fines de su instalación, en una zona donde su uso no es el predominante, deberán observar aquello dispuesto por el art.40.-
En torno a lo dispuesto por el artículo 40, que se pronuncia acerca de los usos condicionados, cabe destacar el accionante tampoco ha probado la situación de hecho que enuncia esa norma, es decir, no ha acreditado fehacientemente que la estación de servicio -conforme las condiciones de su instalación- resulte nociva o peligrosa para la población.-
En definitiva, bajo el supuesto fijado, el permiso de uso del suelo para que la estación de servicio funcione en la zona que indica el actor, estaría "prima facie" otorgado en línea con lo que dispone la norma.-
Es decir, no se encuentra acreditado el primer presupuesto de admisibilidad, para acceder al pedido cautelar, restando señalar que el planteo del accionante, no permite avanzar más respecto de la verosimilitud del derecho, toda vez, no se ha impugnado la Ordenanza desde un punto de vista constitucional o infra-constitucional.-
6. Por otra parte, tomando hipotéticamente el segundo supuesto, esto es, considerar que la administración no haya otorgado el permiso de uso y que -en tal caso- estemos ante la presencia de una obra clandestina, cabe señalar que el accionante - tal como fuera adelantado- no ha probado nada acerca de la obra, es decir, no la describe, no la detalla, menos aún acredita cual es la magnitud y el impacto trascendente de la misma en lo particular y en su caso, a la población.-
En síntesis, no explica y menos aún lo acredita - al menos sumariamente- tal como cabe exigir en esta etapa liminar del proceso, cual es la afectación y/o el impacto negativo que la obra -que reitero, no detalla- genera en la zona donde se ubica o pretende ubicarse y en su caso, específicamente cual es la afectación del medio ambiente.-
De esta manera no se verifica conforme las constancias probatorias arrimadas a la causa -con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -de una forma manifiesta y notoria, una demostración que evidencie que la instalación de una Estación servicio en la zona indicada (art.11 Ordenanza n° 751) se encuentre prohibida y que resulte incompatible con los usos allí permitidos o predominantes.-
7. Que por otro lado, sin perjuicio de resultar de aplicación la reiterada doctrina judicial que postula que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (cfr. Cámara Cont. Adm. La Plata, causa Nº 2054 del 08/09/05 "Pyzynsky" y demás allí citadas), destacase en autos -a mayor abundamiento- que el accionante no ha acreditado de modo particularizado el perjuicio o daño inminente -de gravitación particular o ambiental- que el pelicurum in mora involucra a su respecto en el caso.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los art. 166 últ. párrafo, 171, 190 y 192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
2. Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida. (cfme. doctrina causa: "DOMATO" (expte n°26.271) en trámite por este Juzgado y CCASM causa 6480 "RACCO").-
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
Luis Oscar laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo el Nº ............../18.-
Fin de la sentencia