Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 30380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar in limine la pretensión declarativa de certeza articulada en la demanda.-
Estos autos caratulados "BARSI SA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 30.380, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 295/317 se presenta Héctor Alejandro Tala en carácter de presidente de Barsi S.A. con el patrocinio letrado del Dr. Gonzalo García Delatour, promoviendo acción declarativa de certeza en los términos del art. 12 inc.4 del ritual; y el art. 322 del C.P.C.C, contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, y con el objeto de que se ponga fin a la situación de incertidumbre, respecto de la relación jurídica tributaria que se verifica entre el Fisco y la actora.-
En ese carril, peticiona el dictado de una sentencia que declare inconstitucional la pretensión fiscal consistente en exigir a Barsi S.A el pago del Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario correspondiente a los periodos 2013 en adelante, por las 28 partidas inmobiliarias que posee, como así también, se declare inconstitucional la normativa en que se funda la exigibilidad del tributo para el caso concreto de su representada, por resultar confiscatorio y violatorio de los arts. 14, 17, 28 y 33 de la CN y art.10 y 31 de la constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
Conjuntamente con la demanda solicitó el dictado de una medida cautelar.-
II. Refiere que la empresa se dedica a la actividad agrícola-ganadera y para desarrollar tal actividad posee una única fracción de tierra rural en Carmen de Areco que se encuentra dividida en 28 partidas inmobiliarias.-
Destaca que siempre ha tenido un comportamiento fiscal intachable, hasta que entró en vigencia la ley 14.394 -Ley Impositiva 2013, B.O. 15/11/2012- que implantó en la provincia de Buenos Aires el denominado Impuesto Inmobiliario Complementario, en adelante IIC.-
Relata que en el año 2013 no pudo afrontar el pago del IIC por una suma de $150.430,20 debido a que las utilidades obtenidas durante el periodo anual fueron de $209.388,44.-
Que durante los años 2014 y 2015, quedó amparado por la Ley de Emergencia Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires.-
En cuanto al periodo 2016 afirma que debido a las bajas utilidades obtenidas, también se vio impedida de afrontar el pago de Impuesto Inmobiliario por una suma de $464.139,60 y lo mismo ocurrió para el periodo 2017, debido a que el pago del impuesto hubiera implicado para la empresa la absorción de casi la mitad de su rentabilidad potencial optima.-
De igual modo, sostiene que para el año en curso -2018- la situación se ve agravada por el revalúo fiscal inmobiliario dispuesto por la ARBA y la sequía que atraviesa actualmente la zona.-
Agrega que, ante la falta de cumplimiento del pago del gravamen, la ARBA inició contra Barsi S.A. sendos juicios de apremio en relación con las cuatro partidas inmobiliarias de mayor valuación fiscal, con el objeto de obtener el cobro compulsivo de su pretensión.-
Finalmente, ofrece prueba y peticiona y;
1. Que la actora de autos promueve demanda declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del CPCC, encuadrándose dentro de las previsiones del art.12 inc.4 del CPCA. solicitando se declare expresamente la certeza constitucional respecto de la pretensión fiscal consistente en exigir al actor el pago del Impuesto Inmobiliario Básico y el Impuesto Inmobiliario Complementario, correspondiente a los periodos 2013 en adelante y respecto de la normativa en que esa pretensión se funda para su caso concreto.-
2. Que las pretensiones declarativas -y fundamentalmente la sentencia que se solicita que emita el juez- tienden a obtener un acertamiento, o sea a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho. Se dirigen a remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico (Cfr.: Morello, G.L.Sosa, R.Berizonce; en "Códigos Proc. Civ. y Com. de la Pcia. Bs.As. y de la Nac." 2ª ed. reelaborada y ampliada; T° IV-A, pag.403 y s.s.).-
Asimismo, pone de relieve los maestros de la Escuela Procesal Platense -con cita de Couture- que, por limitarse a un simple pronunciamiento sobre una materia de hecho o de derecho, no produce efectos constitutivos o de condena (cfr. "Códigos ." pag.403).-
Es claro entonces, que la función de la sentencia a dictarse, se agota y cumple íntegramente en la pura declaración de cuál es el derecho existente entre las partes.-
Vale decir que de acogerse la pretensión, la decisión -más allá de la mera declaración- no determinara y fijara un desarrollo ulterior de actividad jurisdiccional, encaminada a realizar en la práctica, el mandato concreto contenido en el derecho declarado. Es decir, carecerá del plus ejecutivo que caracteriza a las sentencias de condena (cfr.: Loreto, Sentencia de declaración simple o de mera certeza, en Estudios en honor de Hugo Alsina, pag.411). En otras palabras, la decisión, de resultar favorable a la actora, no contendrá orden de prestación.-
3. El código contencioso administrativo (ley 12.008 y sus modificatorias) incluye en su art.12 inc.4º, la pretensión que se entabla con el fin de obtener la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo, la cual tramitará con arreglo a lo previsto en el art.322 del CPCC.-
Y aun cuando el referido estado de incertidumbre no ha sido requerido de modo expreso por la citada norma, se ha estimado que en la base de este reclamo, siempre ha de aparecer, con mayor o menor antecedente controversial, la falta de certeza, pues esta se confunde con el interés jurídico en incoar el proceso declarativo (v. Soria, Daniel Fernando, "Aspectos Básicos de las Pretensiones en el Nuevo Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", RAP 244, pag.38).-
En la misma línea que se viene exponiendo, ha transitado la doctrina legal del Máximo Tribunal Provincial, al expresar que: "Que la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor, tal como reza el artículo 322 del C.P.C.C. (por remisión expresa del art. 12 inc. 4º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-). De allí que, como lo ha resuelto este Tribunal, la existencia de una duda acerca de alguno de esos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación (doctr. causas B. 65.445, "Cámara Argentina de Agencias de Turf", res. del 2-IV-03; B. 65.546, "Bingo King S.A.", res. del 20-VIII-03; B. 65.559, "Formatos Eficientes S.A.", res. del 29-IX-2.004; B. 65.721, "Vistamar S.A.", res. del 6-X-04; B. 64.101, "Van Riel", res. del 27-X-04)" (SCBA, causa B 66737 "Spicer Ejes Pesados S.A. s/ Acción meramente declarativa" del 6-7-2005).-
4. El examen de los antecedentes del caso -sobre la base de las coordenadas hermenéuticas precedentemente apuntadas- no permiten extraer, siquiera en grado mínimo, la situación de incertidumbre sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico que alega la accionante.-
Antes bien, esa falta de certeza se advierte disipada con las distintas liquidaciones del impuesto que la propia actora afirma no haber abonado, como así también, con el inicio de las dos ejecuciones tributarias iniciadas por el organismo de aplicación y por vía de Apremio (Expedientes N°27102 y N°25983 los cuales tramitan ante este mismo Juzgado).-
Extremos que evidencian una inequívoca voluntad por parte de la demandada, en el sentido de reclamar las sumas liquidadas por el impuesto en cuestión y una actividad explícita dirigida a la percepción de los mismos.-
Repárese en que es la propia actora quien manifiesta a fs. 309 vta. de su escrito de demanda, que "El Fisco ha dejado en claro su pretensión de exigir a BARSI el pago del Impuesto Inmobiliario".-
En su consecuencia, no se advierte incertidumbre alguna en la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica administrativa entre las partes, sino más bien, la disconformidad de la actora con la concreta decisión fiscal de la provincia, de reclamarle la deuda respecto del pago del Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario, regulado por los arts. 169 y cctes de la Ley 10.397 t.o 2011.-
Nótese que la actora acompaña a fs. 69/97 las boletas emitidas por ARBA liquidando el impuesto Inmobiliario Básico y Complementario correspondiente a la totalidad de las partidas inmobiliarias y correspondientes a la cuota 1 de 4 del año 2018.-
Cabe recordar en la especie, y así lo ha sostenido la Suprema Corte Provincial, que cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea para evitar la promoción de eventuales y futuros conflictos (doctr. SCBA causa B.64.222, "Caja de Previsión Social para Arquitectos, Ingenieros y Técnicos").-
A mayor abundamiento, me permito citar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín, en autos "D. c/ Fisco de la Pcia. de Buenos Aires s/ pretensión Declarativa de Certeza, sentencia del 25/05/2013, en donde queda plasmado, la improcedencia de la vía para casos como el presente.-
Allí queda clara la doctrina de la Alzada, al confirmar rechazos in limine en este tipo de acciones, que es "...un remedio subsidiario que procede solo cuando el actor ...no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente... independientemente de que la vía ordinaria haya sido efectivamente ejercida, siendo suficiente que la misma se encuentre o hubiera encontrado a su disposición ..." (citando entre otras causas nº 172/05 "Colegio de Farmaceuticos", nº 1840/09 "Blufstein", nº 2806/11 "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires-Hospital Italiano", y nº 2967/11 "Lacivita" -de este mismo juzgado a mi cargo-.
De igual modo se ha pronunciado en la causa "Megaflex S.A. c/ Municipalidad de Moreno S/Pretensión Declarativa de Certeza - Otros Juicios", Expediente Nº 14.647, en la cual ha confirmado la improcedencia de la vía para casos como el presente.-
En efecto, ha dicho "..la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor, tal como prevé el artículo 322 del C.P.C.C..", "De allí que, la existencia de una duda acerca de alguno de esos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación".-
5. En razón de lo expuesto, he de concluir que ante la ausencia manifiesta del presupuesto necesario para la admisibilidad de la acción declarativa de certeza intentada -y no verificándose en autos circunstancias de excepción que conduzcan a apartarse de las normas y principios que gobiernan el caso- puede afirmarse con certeza absoluta de que, al momento de decidir en definitiva, no podrá caber más solución que su irremediable rechazo. En su consecuencia, corresponde rechazar in limine la demanda conforme lo autorizado por el art.336 del CPCC (art.77 CPCA), lo que así decido.-
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts.1, 12 inc. 4º, 51 y cctes. del CPCA. (ley 12.008 y sus modif.); arts.163, 336 y 322 CPCC;
1. Rechazar in limine la pretensión declarativa de certeza articulada en la demanda.-
3. Visto que la actuación profesional del Dr. Gonzalo García Delatour (T°XLVII F°98 CASI) -como patrocinante de la actora- alcanzó a cumplimentar únicamente la primera etapa de las dispuestas en el art. 28 inc. a de la Ley 14967 y considerando los mininos establecidos en el art. 44 inc.b último párrafo del mismo cuerpo legal, corresponde regular los honorarios del profesional mencionado, en la cantidad de 10 JUS -Acuerdo SCBA 3869- a la que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts.10, 15, 16, 28, 44 inc.b último párrafo, 51 y 54 Ley 14967).-
NOTIFIQUESE a su beneficiario y al obligado a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia Interlocutoria registrada bajo Nº ......./2018
Honorarios registrados bajo el Nº ......./2018
Fin de la sentencia