Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 29074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión declarativa de certeza articulada en la demanda (arts. 12 inc. 4° CPCA, 322 y 336 C.P.C.C.).
2No proceder al archivo del presente juicio, intimándose a la actora -en el marco de su derecho a la tutela judicial continua y efectiva (art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)- para que en su caso, readecue la presente demanda a la pretensión procesal de pleno conocimiento que entienda pertinente entre las admitidas por el art. 12 del CPCA., ello dentro del plazo de 20 días y bajo apercibimiento de considerar desistida su pretensión.
Estos autos caratulados "GERMANO SANTIAGO AGUSTIN C/ A.R.B.A. S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 29074, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
RESULTA: I.- Que a fs. 36/51 vta. se presenta la Dra. Yanina Quevedo, en el carácter de apoderada del Sr. Santiago Agustín Germano, promoviendo acción declarativa de certeza en los términos del art. 12 inc. 4° del CPCA y art. 322 del C.P.C.C, contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se ponga fín a la situación de incertidumbre respecto al alcance de la relación jurídica que pretende esgrimir ARBA, declarándose la no aplicación al caso del impuesto a las embarcaciones deportivas y/o de recreación establecido en el Libro Segundo, Título III Capítulo III del Código Fiscal (ley 10.397).
II. Menciona que con fecha 16 de diciembre de 2016 recibe una comunicación de ARBA donde se le informa que han detectado que posee una embarcación en la Provincia de Buenos Aires y por ello se encuentra obligado a tributar el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación.
Afirma que inició reclamo administrativo vía web, identificado con el n° 447155, donde procedió a detallar los motivos por los cuales se encuentra fuera del supuesto previsto por la norma, pues su embarcación "Don Tiago", matricula Rey 051683 no tiene fondeadero, amarre ni guardería habitual en la Pcia. de Buenos Aires, sino en el Departamento Islas del Ibicuy, Provincia de Entre Ríos.
Refiere que debió realizar, ante el pedido de ARBA, otro descargo bajo n° de Operativo 1600226 y n° de notificación 56390.
Posteriormente mediante cédula de notificación, ARBA le informa que se procedió a dar el alta de oficio bajo el n° de Dominio LH 891 con fecha 24/02/2017.
Recibe luego un aviso de deuda en la que le computan períodos comprendidos entre los años 2012 y 2016, mas la primer cuota de 2017.
Sostiene que en fecha 23 de mayo de 2017 realizó presentación formal ante las oficinas de ARBA, solicitando la baja del impuesto con carácter retroactivo al año 2012, por encontrarse fuera de la hipótesis de incidencia de la norma y la consecuente ausencia del hecho imponible. Lo que tramitara por expediente n° 2360-0466318/2017.
Refiere que en fecha 01/08/17 presentó un pronto despacho, sin respuesta alguna. Por último cita los elementos de admisibilidad de la acción intentada, y solicita una medida cautelar.
1.) Que las pretensiones declarativas -y fundamentalmente la sentencia que se solicita que emita el juez- tienden a obtener un acertamiento, o sea a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho. Se dirigen a remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico (Cfr.: Morello, G.L.Sosa, R.Berizonce; en "Códigos Proc. Civ. y Com. de la Pcia. Bs.As. y de la Nac." 2ª ed. reelaborada y ampliada; T° IV-A, pag.403 y s.s.).
Asimismo, conforme ponen de relieve los maestros de la Escuela Procesal Platense -con cita de Couture- que, por limitarse a un simple pronunciamiento sobre un materia de hecho o de derecho, no produce efectos constitutivos o de condena (cfr. "Códigos ." pag.403).
Es claro entonces, que la función de la sentencia a dictarse, se agota y cumple íntegramente en la pura declaración de cuál es el derecho existente entre las partes.
Vale decir que de acogerse la pretensión, la decisión -más allá de la mera declaración- no determinará y fijará un desarrollo ulterior de actividad jurisdiccional, encaminada a realizar en la práctica, el mandato concreto contenido en el derecho declarado. Es decir, carecerá del plus ejecutivo que caracteriza a las sentencias de condena (cfr.: Loreto, Sentencia de declaración simple o de mera certeza, en Estudios en honor de Hugo Alsina, pag.411). En otras palabras, la decisión, de resultar favorable a la actora, no contendrá orden de prestación.
En esta cuestión la Alzada ha expuesto que: "...en tanto la acción meramente declarativa tiene por objeto despejar un estado de incertidumbre y, sus efectos no van más allá de la mera declaración, ergo, por vía de principio carecen de fuerza ejecutoria (CCASM, causa nº 3831, "Grana").
2.) Y si bien el código contencioso administrativo (ley 12.008 y sus modificatorias) incluye en su art. 12 inc.4º la pretensión que se entabla, con el fin de obtener la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo, la cual tramitará con arreglo a lo previsto en el art. 322 del CPCC, aun cuando el referido estado de incertidumbre no ha sido requerido de modo expreso por la citada norma, se ha estimado que en la base de este reclamo, siempre ha de aparecer, con mayor o menor antecedente controversial, la falta de certeza, pues esta se confunde con el interés jurídico en incoar el proceso declarativo (v. Soria, Daniel Fernando, "Aspectos Básicos de las Pretensiones en el Nuevo Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", RAP 244, pag.38).
En la misma línea que se viene exponiendo, ha transitado la doctrina legal del Máximo Tribunal Provincial, al expresar que: "Que la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor, tal como reza el artículo 322 del C.P.C.C. (por remisión expresa del art. 12 inc. 4º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-). De allí que, como lo ha resuelto este Tribunal, la existencia de una duda acerca de alguno de esos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación (doctr. causas B. 65.445, "Cámara Argentina de Agencias de Turf", res. del 2-IV-03; B. 65.546, "Bingo King S.A.", res. del 20-VIII-03; B. 65.559, "Formatos Eficientes S.A.", res. del 29-IX-2.004; B. 65.721, "Vistamar S.A.", res. del 6-X-04; B. 64.101, "Van Riel", res. del 27-X-04)" (SCBA, causa B 66737 "Spicer Ejes Pesados S.A. s/ Acción meramente declarativa" del 6-7-2005).
3.) El exámen de los antecedentes del caso -sobre la base de las coordenadas hermenéuticas precedentemente apuntadas- no permiten extraer, siquiera en grado mínimo, la situación de incertidumbre sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de la relación o estado jurídico que alega la accionante. Antes bien, esa falta de certeza se advierte disipada con la cédula de notificación obrante a fs. 9, y la emision de las boletas de deuda de fs. 10/11, donde se le hace saber el alta de oficio de la embarcación y el monto que adeuda según ARBA.
En efecto, de las constancias antes reseñadas y las notas de fs. 13/13, se desprende que la controversia que quiere plantear, no radica en la duda acerca de si debe abonar el impuesto, pues precisamente fueron ya reclamados en la faz administrativa -mas allá de que puedan o no tener legitimidad esos reclamos-, pues dicha posible discusión debería transitar por otros andariveles que exceden el marco de la presente.
Es por eso que la acción resulta procedente cuando se trata de una duda inicial, previa a la aplicación de alguna norma, o ejecución de algún acto aplicativo, pues cumplido este toda discusión excede el marco conjetural de la duda, y pasa ya a ser una cuestión controversial en su caso.
En su consecuencia, no se advierte incertidumbre alguna en la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica administrativa entre las partes, sino la disconformidad de la actora con la concreta decisión de ARBA, pues ya la duda o el marco conjetural no existe, ello desde el mismo momento en que la agencia de recaudación se lo reclama.
4. Claro es que, como toda decisión administrativa, puede ser cuestionada desde el marco puramente teórico o desde el práctico, mas no es esta la vía adecuada para realizarlo, una vez que ya el órgano administrativo ha realizado el acto aplicativo del Código Fiscal, al darle de alta de oficio y al emitir las boletas de deuda.
Por ello, se advierte que esta no resulta ser la vía idónea, sino aquellas otras que tiendan a canalizar su oposición en sede administrativa, o la impugnación contra actos administrativos dentro del variado espectro que contiene el mismo art. 12 del C.P.C.A.
En tal sentido, la Casación Bonaerense tiene sentado que la acción meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica, en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor, tal como reza el artículo 322 del C.P.C.C. (por remisión expresa del artículo 12 inc. 4° de la ley 12.008, texto según ley 13.101).
De allí que la existencia de una duda acerca de alguno de estos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester, además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación (S.C.B.A., causas B. 65.445, "Cámara Argentina de Agencias de Turf", res. 2-IV-03; B. 65.546, "Bingo King S.A.", res. 20-VIII-03; B. 65.559, "Formatos Eficientes S.A.", res. 6-X-04; B. 65.721, "Vistamar S.A.", res. 6-X-2004; B. 64.101, "Van Riel", res. 27-X-04; B. 67.480, "Municipalidad de Patagones-Sylpa S.R.L.", res. 27-X-2004; B. 66.737, "Spicer Ejes Pesados S.A.", res. 6-VI-05; B. 68.298, "Colegio Farmacéutico de la Provincia contra Municipalidad de Merlo", res. 10-VIII-05; B. 69.022, "Transporte Santa María", res. del 21-III-2007; B. 69.098, "Municipalidad de La Plata s/ cuestión de competencia", res. del 2-V-2007).
Además, destaca el Alto Tribunal Provincial que, cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea para resolver tal conflicto (conf. doctr. causas B. 64.222, "Caja de previsión Social para Arquitectos, Ingenieros y Técnicos", res. 17-VII-02).
En un caso que guarda analogía con el sub judice, en el cual la administración ya se había expedido mediante el dictado de un acto administrativo, la casación bonaerense dejo sentado que el supuesto estado de incertidumbre carece de entidad, como así también que la pretensión declarativa de certeza -tal como lo indica el artículo 322 del C.P.C.C.-, es un remedio subisidiario, que procede sólo cuando el actor no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Ello pues, la pretensión declarativa de certeza no puede ser utilizada como un medio omnicomprensivo y versátil que permita superar los obstáculos jurídicos y/o temporales que puedan plantear las vías legales específicamente previstas para el caso por el legislador (S.C.B.A., causa B. 66.737, "Spicer", res. 6-VII-2005). Doctrina del Superior Tribunal que cita la Alzada en la causa nº 720 (CCASM, "Danone", entre otras).
Ello pues, tal como lo sostiene el alto Tribunal de Justicia Federal, la pretensión declarativa de certeza, no procede cuando la autoridad local ha hecho ya aplicación de las normas cuestionadas que sirvieron de fundamentación para el rechazo de los recursos administrativos interpuestos, habida cuenta que no existe incertidumbre alguna que remediar por la vía intentada. Destaca el Tribunal que, "de lo contrario, las partes podrían, por vía de esta acción suplir sus propias omisiones en la vía recursiva, lo que en modo alguno resulta admisible" (C.S.J.N., Fallos: 312:1003, "Conarpesa" (1989).
Y a mayor abundamiento, me permito citar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín, en autos " D. c/ Fisco de la Pcia. de Buenos Aires s/ pretensión Declarativa de Certeza, sentencia del 25/05/2013, en donde queda plasmado -obiter dictum- la improcedencia de la vía para casos como el presente.
Allí queda clara la doctrina de la Alzada, al confirmar rechazos in límine en este tipo de acciones, que es "...un remedio subsidiario que procede solo cuando el actor ...no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente... independientemente de que la vía ordinaria haya sido efectivamente ejercida, siendo suficiente que la misma se encuentre o hubiera encontrado a su disposición ..." (citando entre otras causas nº 172/05 "Colegio de Farmaceuticos", nº 1840/09 "Blufstein", nº 2806/11 "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires-Hospital Italiano", y nº 2967/11 "Lacivita" -de este mismo juzgado a mi cargo-.
5. En mérito de lo expuesto, he de concluir que ante la ausencia del presupuesto necesario para la admisibilidad de la acción declarativa de certeza intentada -y no verificándose en autos circunstancias de excepción que conduzcan a apartarse de las normas y principios que gobiernan el caso- no cabe sino su rechazo in límine. No correspondiendo por ello, entrar a analizar la cautelar, ni los demás planteos efectuados en la demanda.
6. Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que no debe procederse al archivo del presente juicio, ya que si bien este proceso no puede continuar bajo la tipología escogida por la parte accionante por las razones expuestas anteriormente, me permito adoptar un criterio similar al de la Alzada (cfrm. CCASM en causa Nº 1.112/07, caratulada "Acción de amparo Víctor Rodríguez c/ Ministerio de Educación Provincia de Buenos Aires", del 2 de octubre de 2.007; causa Nº 1.098, caratulada "Asociación de Beneficencia Dotal San Jor c/ Ministerio de Seguridad Pcia. Bs. As. y otro/a s/ amparo, del 21 de septiembre de 2.007; causa Nº 1.360-SI, caratulada "Monteros Cecilia del Valle y Otros c/ Melthis y Otros s/amparo", del 3 de julio de 2.008; causa Nº 1.635/09, caratulada "Ravaioli, Carlos Alberto c/ Provincia de Bs. As. - Ministerio de Economía s/ Amparo" del 21 de abril de 2.009; Nº 1.717-SM, "Sorrentino, Domingo Vicente c/ Arba Agencia Recaud. de la Prov. de Bs. As. s/ Amparo" del 23 de junio de 2.009; Nº 1.810 "Asociación Civil" del 1 de octubre de 2.009 y causa Nº 2.016/10, caratulada "Di Giano, Iris Mabel S/ AMPARO c/ Municipalidad de Vicente López", del 26 de marzo de 2.010, y mas recientemente en la causa Nº 6334, caratulada "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Materia a Categorizar", registrada bajo el n° 25997 de este Juzgado, sentencia del 31/08/2017, entre otras), teniendo como norte la doctrina sustentada por el Superior Tribunal Provincial (SCBA, causa "Consorcio de Gestión del Puerto de Buenos Aires v. Pentamar S.A." del 23-X-2002), por lo que corresponde que el mismo, en su caso, sea reconducido de conformidad a la Ley Nº 12.008 y, a tales efectos, se deberá intimar a la actora -en el marco de su derecho a la tutela judicial continua y efectiva (art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)- para que readecue la presente demanda a la pretensión procesal de pleno conocimiento que juzgue pertinente entre las admitidas en aquel Código ritual, y a peticionar las medidas cautelares que crea pertinentes en el marco normativo mencionado.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 12 inc. 4º, 51, 77 y cctes. del C.P.C.A.; arts.163, 322 y 336 del C.P.C.C.;
1. Rechazar la pretensión declarativa de certeza articulada en la demanda (arts. 12 inc. 4° CPCA, 322 y 336 C.P.C.C.).
2. No proceder al archivo del presente juicio, intimándose a la actora -en el marco de su derecho a la tutela judicial continua y efectiva (art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)- para que en su caso, readecue la presente demanda a la pretensión procesal de pleno conocimiento que entienda pertinente entre las admitidas por el art. 12 del CPCA., ello dentro del plazo de 20 días y bajo apercibimiento de considerar desistida su pretensión. Notifíquese por cédula -por Secretaría-.
3. Diferir la aplicación de costas y regulación de honorarios para el momento procesal oportuno, atento a como se resuelve la cuestión planteada. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia interlocutoria registrada bajo el Nº ................../2018.-
Fin de la sentencia