Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 17454
Expte. Nº 17454.-
Autos: FRIGORIFICO Y MATADERO CHVILCOY S.A. C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, en el día de su firma digital. AC
Estos autos caratulados "FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", expediente Nº 17.454, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
A fs. 77/92 se presenta el Dr. Francisco Falabella en su carácter de letrado apoderado de la firma Frigorífico y Matadero Chivilcoy S.A a promover acción declarativa de certeza contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del artículo 12 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre respecto a la situación tributaria que como contribuyente se le creara, a partir de que la actividad que desarrolla -Matanza de animales y procesamiento de carne- fuera incorporada como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del cual estaba previamente exenta, conforme lo acordado en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento - en adelante Pacto Fiscal II-.
Alega que dicha incertidumbre fue generada a partir de la sanción de las leyes nº 13.003 (arts. 32, 35 y cctes) y nº 13.850 (art. 5 y cctes) y las consecuentes leyes impositivas, y en razón de ello solicita, que se dicte pronunciamiento declarando que la firma mantiene la exención de pago sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. -
En cuanto a los antecedentes facticos y normativos comenta que la firma a la que representa resulta ser titular de un establecimiento frigorífico de ganado vacuno y porcino sito en la ruta 5 km 163 de la Localidad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, siendo su actual presidente el Sr. Hermenegildo Vázquez Estévez.
Comenta a su vez, que la firma se encuentra inscripta como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con motivo del ejercicio de la actividad principal de matanza de animales y procesamiento de carne y a su vez, también se encuentra inscripta en la AFIP bajo la misma numeración.
Al relatar los antecedentes de la causa, comienza a explayarse acerca de todo aquello relacionado con la distribución de potestades tributarias en los distintos niveles de gobierno que realiza la Constitución Nacional, diciendo que dicha distribución, ha dado lugar al llamado "Federalismo de Concertación", a través del cual, los poderes constituidos de los distintos niveles (Nacional y Provincial) acuerdan un ejercicio razonable de potestades tributarias de las que son titulares.
Comenta que ese amplio campo de concurrencias ha sido objeto de concertación, por debajo de la Constitución, mediante los regímenes llamados "de Coparticipación" generales o especiales. -
Refiere que dicha expresión "Federalismo de Concertación" inicialmente acuñada por la doctrina, ha sido también receptada por la CSJN en sentencia del 19- VIII-99 in re "Asociación Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ Provincia de Bs A. y otros s/ Acción Declarativa", Fallos: 322:1781".
En tal sentido dice, nace una experiencia de concertaciones institucionales entre los fiscos de la Nación y de las Provincias, a través de las llamadas Leyes de Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos y sus complementos, las que recibieron reconocimiento expreso con la reforma constitucional del año 1994.-
A continuación, refiere que el 12 de agosto de 1993, la nación y las provincias firmaron el denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el crecimiento (Pacto Federal), en cuyo contexto las provincias asumieron el compromiso de eximir del impuesto a los ingresos brutos a las distintas actividades primarias allí indicadas.-
Comenta que la Provincia de Buenos Aires ratifica normativamente el Pacto Fiscal II, mediante el artículo 1° de la Ley 11.463 del 28/10/1993 (/B. O 7-XII-1993), luego ratificado por Decreto 14/94 del 6 de enero de 1994 del PEN.-
Luego la Provincia de Buenos Aires dando cumplimiento a la obligación asumida en el mencionado pacto sancionó con fecha 17/01/94 la ley 11.490 - Ley Impositiva para el año 1994- que dispuso la exención del impuesto a los ingresos brutos al ejercicio de determinadas actividades, entre ellas la de la actora (actividad Frigoríficos en lo que respecta al abastecimiento de carnes).-
A su vez dice que, con posterioridad en el año 1995, el artículo 1° de la ley 11.518 (B.O 14-IV-94) -Impuesto a los Ingresos Brutos- al establecer las exenciones a dicho impuesto sobre determinadas actividades productivas, liberó del pago del mismo desde el 1 de julio de 1994, con relación al ejercicio de las siguientes actividades (entre otras): Código 310013 Actividad mataderos, Código 310014: Actividad Preparación y conservación de carnes.
Refiere que las sucesivas leyes impositivas, por los ejercicios posteriores mantuvieron esa excepción, mediante la prórroga por el respectivo ejercicio de la expresa exención establecida en el artículo 1° de la ley 11.518.
De esta manera alega que, a partir de dichas normas, dictadas en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia de Buenos Aires en el Pacto Fiscal, su representada quedó exenta del pago del impuesto a los ingresos brutos para las actividades de Frigorífico. -
Continua y dice que dicha situación se modificó a partir de la sanción de la ley 13.003 y 13850. En tal sentido expresa que la Provincia de Buenos Aires, introduciendo modificaciones al régimen tributario vigente, sanciona la ley 13.003 (B.O 15-I.2003) - Ley impositiva ejercicio fiscal 2003- norma que dispone la suspensión de la exención del pago del tributo mencionada para ciertas actividades (entre las que se encuentra la que desarrolla su representada).
Y luego, la legislatura bonaerense en el marco de una amplia reforma tributaria, sanciono la ley 13.850, cuyo artículo 5° suspendió la exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos otrora dispuesta para la actividad de producción de bienes por las leyes 11490 y 11518, en aquellos casos que los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia supere la suma de pesos sesenta millones ($ 60.000,00) situación en la que se encuentra comprendida su representada.
En capítulo aparte y abocado ahora a los requisitos de admisibilidad de la acción que intenta, dice que en el caso de autos concurren todos los requisitos que requiere la pretensión declarativa de certeza.
En cuanto al estado de incertidumbre dice que en el caso de autos, existe una controversia concreta con la demandada, respecto del alcance de una situación derivada de su relación jurídica, y de carácter fiscal como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
que concretamente está relacionada acerca de si su mandante debe tributar o no dicho impuesto o nada adeuda en tal concepto, de manera que, la cuestión a dilucidar gira sobre si la exención otorgada a la firma a partir de las leyes nº 11490 y 11518, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Pacto Federal, quedo sin efecto a partir del dictado de las leyes 13033 y13850.
En cuanto a la jerarquía normativa del Pacto Fiscal II refiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "El Cóndor Empresa de Transporte S.A v. Prov. De Bs As. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" Sent. del 7-XII-2001" destacó que dicho pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intra-federal y se incorpora, una vez ratificado por la legislatura, al derecho público interno de cada estado provincial, aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: Nación y Provincias.
Por lo demás sostiene, que la reforma constitucional de 1994 (art. 75 inc. 2 y 3 cláusula transitoria sexta) además de convalidar en el expreso texto constitucional el derecho de las provincias a participar en el producido de los gravámenes nacionales coparticipables, otorga plena y clara validez a este tipo de convenios entre la Nación y las Provincias. -
Sostiene que el Pacto Fiscal II se encuentra vigente siendo el mismo ratificado por la Provincia de Buenos Aires mediante el dictado de la ley 11.463 del 28/10/1993 y refiere que es a partir de entonces que se incorporó al derecho público interno local, con rango normativo específico dentro del derecho federal.
Y que luego, en cumplimiento de las expresas obligaciones convencionalmente contraídas en el Pacto Fiscal II, la Provincia de Buenos Aires sanciono la ley 11490 y 11518 en virtud de las cuales, dispuso la exención de pago del impuesto a los ingresos brutos para la actividad desempeñada por la parte actora.
En razón de ello sostiene que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires no ha denunciado el convenio inter-federal ni invoco causales en tal sentido, de manera que resulta incuestionable que la Provincia de Buenos Aires, no ha acusado inconveniente en el cumplimiento del pacto, tal cual fuera redactado, así como tampoco ha operado un mutuo consentimiento para dejarlo sin efecto. Por todo ello concluye diciendo, que dicho Pacto Fiscal II sigue vigente en todas sus partes para las provincias que lo han rubricado y así ha sido incorporado a su legislación local.
Conforme ello dice que, habiendo quedado determinado que el pacto mantiene plena vigencia desde su ratificación por la legislatura local, dicha validez no puede verse comprometida o enervada por lo dispuesto en las leyes 13.003 y 13.850.
En capítulo aparte solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts.32 y 35 de la ley 13.003 y 5 de la ley 13.850 por desentenderse del compromiso asumido por la Provincia de Buenos Aires en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y con ello, de la observancia del principio jerárquico normativo establecido por el art.31 de la Constitución Nacional que coloca al derecho infra-federal por encima del derecho local. -
Por último, ofrece prueba y peticiona. -
II. A fs. 167/174 se presenta el Dr. Ricardo G. Uncal en su carácter de letrado apoderado de la Provincia de Buenos Aires, a contestar la demanda.
En primer lugar, y en prieta síntesis fija los términos de la pretensión de la accionante.-
Dice que la pretensión no puede ser propuesta por carecer del requisito sine quo non que justifica su existencia dentro de las pretensiones posibles. En tal sentido, sostiene que en el caso no existe un estado de incertidumbre respecto de un derecho o relación jurídica.
Agrega que la accionante pretende hacer pasar como una situación de incertidumbre jurídica, lo que en realidad es una abierta disconformidad con la solución legislativa que regula el caso concreto.
En tal sentido expresa que fácilmente se advierte, que la obligación de tributar el impuesto a los ingresos brutos, de la que intenta desligarse la actora, surge íntegramente definida en una ley especial que regula la materia, es decir, la ley 13.850 y de las normas del Código Fiscal que tipifican el tributo en cuestión (hecho imponible, sujetos pasivos, alícuotas). De allí, sostiene que mal pueda alegarse incertidumbre jurídica cuando se tiene un marco normativo expreso que regula la relación. -
En otro punto refiere que la cuestión resulta ajena a la justicia provincial y que la materia debatida es de competencia federal.
En tal sentido dice que, para el caso que se considere que existe un estado de incertidumbre que hacer cesar, lo cierto es, que la contribuyente ha planteado en rigor de verdad una acción declarativa de inconstitucionalidad de una ley provincial, por considerarla violatoria del Pacto Federal y del artículo 31 de la Constitución Nacional, propia de la competencia federal que ha eludido.-
Eventualmente sostiene que la demanda resulta inatendible conforme los argumentos que expone a continuación.
En tal sentido dice, que en virtud de lo establecido en el Pacto Federal, la Provincia de Buenos Aires dictó la ley 11.490 por la que consagró exenciones al impuesto sobre los ingresos brutos a la actividad frigorífica y manufacturera y luego, a través de la ley 11.518 eximió del pago del impuesto a diversas actividades que comprenden la producción primaria y la industria manufacturera.
Dice que no obstante ello, dicho pacto no llegó a ser operativo pues su cumplimiento se fue prorrogando por sucesivas leyes a las que la Provincia de Buenos Aires fue adhiriendo, contexto en el cual se fue modificando el sistema de exenciones originariamente previsto para su implementación paulatina en las leyes 11.518 y 11.490 a través de las leyes 13.003 y 13.850.-
Comenta que, sobre la base de ese contexto normativo, la Comisión Federal de Impuestos, en ejercicio de sus competencias de interpretación del pacto en cuestión y a requerimiento de la Suprema Corte de Justicia Provincia, dictó la Resolución n° 35, del 23 de octubre de 2014, mediante la cual sostiene la legitimidad del actuar administrativo y la constitucionalidad de la ley 13.850.
En tal sentido expresa que, desde sus considerandos, la Comisión recordó que la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Pacto Fiscal II, ha comprometido determinadas limitaciones al ejercicio de su poder de imposición, resultando dichos compromisos afectados por las sucesivas prórrogas que se verifican a partir de la ley nacional 24.468 (prórrogas que se extienden hasta el 31-12-2017, según la ley 27.199).-
Dice por ello que la actora no puede invocar como fundamento de su pretensión la aplicación del Pacto Fiscal, sin más, pues dicho instrumento no opero ipso iure como reconocimiento de la exención que el contribuyente invoca a su favor. Refiere que debe ponderarse que, en razón de dichas prórrogas, los estados signatarios no se hallan obligados al cumplimiento actual de los compromisos pactados. -
Por lo demás agrega, que dichos convenios solo generan compromisos entre los estados firmantes, quienes en definitiva son los únicos habilitados para reclamar su cumplimiento a través del organismo competente para ello, la Comisión Federal de Impuestos (v. Ley 23.548). De allí que, si los propios signatarios acordaron mediante el sistema de adhesión legislativa suspender su aplicación, en modo alguno su implementación podría venir impuesta a través de demanda de los contribuyentes.
En suma, dice que queda claro que el Pacto Federal no es operativo, y, por ende, que la Provincia conserva el ejercicio pleno de sus potestades impositivas - en el caso para extinguir, condicionar o redefinir exenciones- sin afectación a la gradación normativa del artículo 31 de la Constitución Nacional ni alteración del reparto de competencias que dichas Carta Magna hace en materia tributaria.
Por otra parte, destaca que la demanda también ha de ser rechazada por ausencia de agravios de los derechos fundamentales. -
En tal sentido sostiene que la actora no argumenta expresamente nada respecto a la afectación de sus derechos y que simplemente funda su acción con la cita de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y que ello no alcanza para conmover la validez de la regulación que según refiere le afecta.
Alega que la accionante intenta restablecer un beneficio - la exención que la favorecía- en contra de la normativa dictada por la legislación local - ley 13.850- en ejercicio de las potestades que le son propias para fijar la política tributaria de la Provincia y las fuentes de recursos para atender los cometidos públicos, diciendo que resulta claro que trata de imponer su interés particular en desmedro del interés general y que ello no resulta suficientes para invalidar constitucionalmente una norma jurídica.
A su vez, niega que en el caso de autos haya una afectación a la propiedad privada y a la regla de tributar según la capacidad contributiva y a la igualdad de trato.
Sobre el caso dice que es preciso recordar, que resulta plenamente razonable y justo que el legislador establezca categorías diferenciadas de contribuyentes, sobre la base de parámetros objetivos y no discriminatorios. En tal aspecto dice, que diferenciar a los obligados a pagar impuestos brutos por actividades como las que realiza la accionante, ponderando el monto de los ingresos del periodo anual anterior, no solo constituye una pauta razonablemente objetiva, sino que incluso, se impone por una razón de justicia distributiva.
Por ultimo ofrece prueba, y peticiona el rechazo de la demanda. -
III. Transitada la etapa de prueba y presentados los alegatos, en fecha 27/05/2021 por la actora y por la demandada con fecha 05/03/2021, se llama en fecha 15/03/2021 autos para sentencia y;
1. Que en lo sustancial la actora, cuestionando la constitucionalidad de la ley 13.850, persigue hacer cesar por el carril de la acción declarativa de certeza el estado de incertidumbre que se habría generado a partir de la sanción de dicha norma, por la cual la legislatura local suspendió la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos otrora dispuesto por la ley 11.518 para - entre otras actividades primarias- la desarrollada por la firma, a saber: Matanza de animales y procesamiento de carne, de manera que solicita se dilucide si la exención otorgada oportunamente, quedo sin efecto a partir del dictado de las ley 13.033 y 13.850.
En concreto, la firma actora pone en crisis el esquema normativo fijado por la ley 13.850 en tanto afirma, importa el apartamiento de la Provincia de Buenos Aires respecto de los compromisos que asumiera en ocasión de suscribir el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, compromiso que reafirmara al sancionar la ley 11.518, la cual lleva a la práctica una de las medidas contempladas en el Pacto Federal.-
2. Por su parte la demandada dice que el Pacto Federal nunca llego a ser operativo pues su cumplimiento se fue prorrogando por las sucesivas leyes a las que se fue adhiriendo la Provincia de Buenos Aires y que en definitiva, la provincia conserva el ejercicio pleno de sus potestades impositivas - en el caso para extinguir, condicionar o redefinir exenciones, sin que por ello, se afecte la gradación normativa dispuesta por el art. 31 de la CN, ni se altere el reparto de competencias en materia tributaria.
3. Fijada las postulaciones de las partes, corresponde atender en primer término los reparos efectuados por la demandada respecto a la acción aquí intentada.-
La demandada argumenta al contestar la demanda, que el suscripto resulta incompetente para conocer en el asunto, diciendo que las normas que se plantean en conflicto desplazan la cuestión al fuero federal.-
Al respecto cabe señalar que la accionada ha introducido dicho planteo fuera del plazo previsto al tal fin por el art.34 del CPCA, de manera que considero resulta impropio su tratamiento en este etapa procesal. (art.31 inc 2 del CPCA), pues si la demandada consideraba que la cuestión a resolver en este proceso estaba fuera de los límites de esta jurisdicción contencioso administrativa, debió articular la excepción en tiempo oportuno.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que la CSJN ha fijado en sus reiterados pronunciamientos, que la ley de coparticipación federal de impuestos y el convenio multilateral forman parte del derecho federal a partir de la nueva jerarquía constitucional que contiene el art. 75 inc. "2" de la CN, mientras que en otra categoría están los pactos fiscales que no formarían parte de los convenios a que alude dicha manda constitucional (conf. CSJN, doct. causa "Matadero y Frigorífico Merlo SA c/Pcia. de Buenos Aires, sent. del 27/5/2004, Fallos 327:1789).
Tengo presente ademá
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.