Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 41879
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión declarativa de certeza articulada en la demanda (arts. 12 inc. 4° CPCA, 322 y 336 C.P.C.C.).
2Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida.
3Atento el resultado del pleito corresponde proceder a la regulación de honorarios del letrado de la parte actora, tomando como base regulatoria el monto del tributo que en definitiva, resulta ser el interés económico puesto en juego en la presente.
En razón de ello y al solo efecto regulatorio fijo el monto del asunto (art.23 de la ley 14.967) el que asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC) en la suma de $ 985.292,41 (capital $966.232,60 más la suma de $ 19.059,81 por intereses que se calculan desde la fecha de intimación de pago al presente) todo conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios").
Teniendo en cuenta el referido monto del asunto, el resultado del pleito (art.26 de la ley 14.967) y que solo ha transitado la primer etapa, corresponde regular los honorarios del Dr. Juan Carlos CAPORALE (T° IV F° 331 CADJM) en la cantidad de 5 JUS (arts. 10, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 54 Ley 14.967) con más el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y su modificatorias) y en …
Estos autos caratulados: "CASTROMAN LUCAS MARTIN C/ AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS ", expediente Nº 41879 , que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y ,
I. Con fecha 07/06/2022 se presenta el actor Lucas Martín Castroman, junto al patrocinio letrado del Dr. Juan Carlos Caporale, promoviendo acción declarativa de certeza en los términos del art. 12 inc. 4° del CPCA y art. 322 del C.P.C.C, contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se ponga fin a la situación de incertidumbre respecto a si le corresponde tributar el Impuesto Inmobiliario Complementario, el que sostiene duplica su obligación tributaria, al aplicarse un gravamen local análogo a uno nacional sobre un mismo hecho imponible, solucionando el estado de incertidumbre motivado por el dictado de la Ley Provincial n° 14.394.
Solicita a su vez que se declare expresamente la inconstitucionalidad de los arts. 13, 15, 114 y 115 de la ley provincial 14.394.-
Aclara que el objeto de la pretensión es si debe tributar o no, el Impuesto Inmobiliario Complementario en los términos y con el alcance fijado por la ley 14.394.-
II. Continua su relato detallando en que consiste y como se compone el Impuesto Inmobiliario Complementario y por otra parte, como se compone el Impuesto a los Bienes Personales establecido por la ley 23.966.-
Expresa que resulta contribuyente al Impuesto de Bienes Personales, en su carácter de titular de seis bienes inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, adquiridos oportunamente con el producido de sus ingresos como deportista profesional.-
Comenta que el 1° de junio del año 2022 recibió un mandamiento de intimación de pago el que fuera librado en los autos caratulados: " Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Castroman Lucas Martín s/ Apremio Provincial" Expte n° 41.416, por medio del cual se lo intima al pago del impuesto inmobiliario complementario - por ser titular de 7 inmuebles- por la suma de $ 966.232,60 con más el 50% presupuestado para cubrir intereses y costas de la ejecución.-
Alega que ya ha tributado por esos mismos inmuebles, al abonar el impuesto sobre los Bienes Personales, conforme la alícuota que la ley 23966 determina.
III. En razón de ello afirma, que por un mismo hecho imponible, efectúa una doble tributación, pues se lo intima al pago del impuesto inmobiliario complementario, por el solo hecho de resultar titular de los mismos inmuebles que posee en el territorio provincial y respecto de los cuales reitera, ya abonó el Impuesto de Bienes personales.-
Finalmente ofrece prueba, funda en derecho y peticiona;
1. Que las pretensiones declarativas -y fundamentalmente la sentencia que se solicita que emita el juez- tienden a obtener un acertamiento, o sea a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho. Se dirigen a remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico (Cfr.: Morello, G.L.Sosa, R.Berizonce; en "Códigos Proc. Civ. y Com. de la Pcia. Bs.As. y de la Nac." 2ª ed. reelaborada y ampliada; T° IV-A, pag.403 y s.s.).
Es claro entonces, que la función de la sentencia a dictarse, se agota y se cumple íntegramente en la pura declaración de cuál es el derecho existente entre las partes.
Vale decir que de acogerse la pretensión, la decisión -más allá de la mera declaración- no determinará y fijará un desarrollo ulterior de actividad jurisdiccional, encaminada a realizar en la práctica, el mandato concreto contenido en el derecho declarado. Es decir, carecerá del plus ejecutivo que caracteriza a las sentencias de condena (cfr.: Loreto, Sentencia de declaración simple o de mera certeza, en Estudios en honor de Hugo Alsina, pag.411). En otras palabras, la decisión, de resultar favorable a la actora, no contendrá orden de prestación.
En esta cuestión la Alzada ha expuesto que: "...en tanto la acción meramente declarativa tiene por objeto despejar un estado de incertidumbre y, sus efectos no van más allá de la mera declaración, ergo, por vía de principio carecen de fuerza ejecutoria" (CCASM, causa nº 3831, "Grana").
2. Y si bien el código contencioso administrativo (ley 12.008 y sus modificatorias) incluye en su art. 12 inc.4º la pretensión que se entabla, con el fin de obtener la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo, la cual tramitará con arreglo a lo previsto en el art. 322 del CPCC, aun cuando el referido estado de incertidumbre no ha sido requerido de modo expreso por la citada norma, se ha estimado que en la base de este reclamo, siempre ha de aparecer, con mayor o menor antecedente controversial, la falta de certeza, pues esta se confunde con el interés jurídico en incoar el proceso declarativo (v. Soria, Daniel Fernando, "Aspectos Básicos de las Pretensiones en el Nuevo Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", RAP 244, pag.38).
En la misma línea que se viene exponiendo, ha transitado la doctrina legal del Máximo Tribunal Provincial, al expresar que: " la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor, tal como reza el artículo 322 del C.P.C.C. (por remisión expresa del art. 12 inc. 4º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-). De allí que, como lo ha resuelto este Tribunal, la existencia de una duda acerca de alguno de esos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación (doctr. causas B. 65.445, "Cámara Argentina de Agencias de Turf", res. del 2-IV-03; B. 65.546, "Bingo King S.A.", res. del 20-VIII-03; B. 65.559, "Formatos Eficientes S.A.", res. del 29-IX-2.004; B. 65.721, "Vistamar S.A.", res. del 6-X-04; B. 64.101, "Van Riel", res. del 27-X-04)" (SCBA, causa B 66737 "Spicer Ejes Pesados S.A. s/ Acción meramente declarativa" del 6-7-2005).
3. El examen de los antecedentes del caso -sobre la base de las coordenadas hermenéuticas precedentemente apuntadas - no permiten extraer, siquiera en grado mínimo, la situación de incertidumbre sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de la relación o estado jurídico que alega el accionante. Antes bien, esa falta de certeza se advierte disipada con la emisión de los títulos ejecutivos nº 1255483 y 1255484, respecto del tributo Inmobiliario complementario y la consecuente persecución de cobro, incoada por la aquí accionada mediante el correspondiente juicio de apremio, el que tramita tal como lo expusiera el actor, en este mismo juzgado, bajo el n° 41416.-
En tal inteligencia, en el supuesto de autos, existe una manifestación de inequívoca voluntad por parte de la demandada, de reclamar las sumas en cuestión y una actividad explicita dirigida a la percepción del tributo.-
Es por eso, que la acción declarativa resulta procedente cuando se trata de una duda inicial, previa a la aplicación de alguna norma, o ejecución de algún acto aplicativo, pues cumplido este, toda discusión excede el marco conjetural de la duda y pasa ya a ser una cuestión controversial en su caso.
En su consecuencia, no se advierte incertidumbre alguna en la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica administrativa entre las partes, sino la disconformidad del actor con la concreta pretensión de cobro por parte de ARBA, de manera que ya la duda o el marco conjetural no existe, ello desde el mismo momento en que la agencia de recaudación inicia la ejecución del tributo.-
4. En tal sentido, ha destacado el Alto Tribunal Provincial que, cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea para resolver tal conflicto (conf. SCBA doctr. causa B. 64.222, "Caja de previsión Social para Arquitectos, Ingenieros y Técnicos", res. 17-VII-02).
En un caso que guarda analogía con el bajo examen, en el cual la administración ya se había expedido mediante el dictado de un acto administrativo, la casación bonaerense dejo sentado que el supuesto estado de incertidumbre carece de entidad, como así también que la pretensión declarativa de certeza -tal como lo indica el artículo 322 del C.P.C.C.-, es un remedio subsidiario, que procede sólo cuando el actor no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. Ello pues, la pretensión declarativa de certeza no puede ser utilizada como un medio omnicomprensivo y versátil que permita superar los obstáculos jurídicos y/o temporales que puedan plantear las vías legales específicamente previstas para el caso por el legislador (S.C.B.A., causa B. 66.737, "Spicer", res. 6-VII-2005). Doctrina del Superior Tribunal que cita la Alzada en la causa nº 720 (CCASM, "Danone", entre otras).
Ello pues, tal como lo sostiene el Máximo Tribunal de Justicia Federal, la pretensión declarativa de certeza, no procede cuando la autoridad local ha hecho ya aplicación de las normas cuestionadas que sirvieron de fundamentación para el rechazo de los recursos administrativos interpuestos, habida cuenta que no existe incertidumbre alguna que remediar por la vía intentada. Destaca el Tribunal que, "de lo contrario, las partes podrían, por vía de esta acción suplir sus propias omisiones en la vía recursiva, lo que en modo alguno resulta admisible" (C.S.J.N., Fallos: 312:1003, "Conarpesa" (1989).
Y a mayor abundamiento, me permito citar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín, en autos "D. c/ Fisco de la Pcia. de Buenos Aires s/ pretensión Declarativa de Certeza", sentencia del 25/05/2013, en donde queda plasmado la improcedencia de la vía para casos como el presente.
Allí queda clara la doctrina de la Alzada, al confirmar rechazos in límine en este tipo de acciones, cuando expresa que es "[...] un remedio subsidiario que procede solo cuando el actor [...] no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente [...] independientemente de que la vía ordinaria haya sido efectivamente ejercida, siendo suficiente que la misma se encuentre o hubiera encontrado a su disposición [...]" (citando entre otras causas nº 172/05 "Colegio de Farmaceuticos", nº 1840/09 "Blufstein", nº 2806/11 "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires-Hospital Italiano", y nº 2967/11 "Lacivita" -de este mismo juzgado a mi cargo-).
5. En mérito de lo expuesto, he de concluir que ante la ausencia del presupuesto necesario para la admisibilidad de la acción declarativa de certeza intentada -y no verificándose en autos circunstancias de excepción que conduzcan a apartarse de las normas y principios que gobiernan el caso- no cabe sino su rechazo in límine. No correspondiendo por ello, entrar a analizar la cautelar, ni los demás planteos efectuados en la demanda.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 12 inc. 4º, 51, 77 y cctes. del C.P.C.A.; arts.163, 322 y 336 del C.P.C.C.;
1. Rechazar la pretensión declarativa de certeza articulada en la demanda (arts. 12 inc. 4° CPCA, 322 y 336 C.P.C.C.).
2. Imponer las costas a la actora en su calidad de vencida.
3. Atento el resultado del pleito corresponde proceder a la regulación de honorarios del letrado de la parte actora, tomando como base regulatoria el monto del tributo que en definitiva, resulta ser el interés económico puesto en juego en la presente.
En razón de ello y al solo efecto regulatorio fijo el monto del asunto (art.23 de la ley 14.967) el que asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC) en la suma de $ 985.292,41 (capital $966.232,60 más la suma de $ 19.059,81 por intereses que se calculan desde la fecha de intimación de pago al presente) todo conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios").
Teniendo en cuenta el referido monto del asunto, el resultado del pleito (art.26 de la ley 14.967) y que solo ha transitado la primer etapa, corresponde regular los honorarios del Dr. Juan Carlos CAPORALE (T° IV F° 331 CADJM) en la cantidad de 5 JUS (arts. 10, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 54 Ley 14.967) con más el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y su modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo.-
NOTIFIQUESE a su beneficiario, quedando a cargo del letrado la notificación al obligado a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en el domicilio que corresponda.
Se deja constancia una vez suscripta la presente se notifica electrónicamente a :
A tal fin, se transcribe el art. 54 de la ley 14967.-
ARTICULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación. ----------------
REGISTRESE.-
Fin de la sentencia