Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40798 2022
Expte. Nº: 40798 .-
Autos: OLIVEIRA MOYANO RICARDO TOMÁS S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS .-
Mercedes, en el día de su firma digital-DM
Estos autos caratulados: "OLIVEIRA MOYANO RICARDO TOMÁS C/ MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y/OTROS S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS", Expte. Nº 40798, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo RESULTA:
I. Que mediante presentación electrónica de fecha 25/02/2022, se presenta el Dr. Ricardo Tomás Oliveira Moyano, abogado en causa propia, interponiendo acción declarativa de certeza, a fin de obtener un pronunciamiento que precise el alcance particular del art. 1 puntos II y III de la Resolución Conjunta 460/2021 "Pase libre Covid", para los casos en que los organismos públicos o entidades privadas no ofrezcan alternativas a la presencialidad para la atención de trámites.
Manifiesta que tiene derecho a realizar dichos trámites, pese a la carencia de "PASE LIBRE COVID", siempre que no existan otras alternativas no (presenciales) para idénticos trámites.
Alega que se encuentra alcanzado por la RC N°: 460/21 "a contrario sensu" y como consecuencia de ello está impedido de realizar todas las actividades enumeradas en el art. 1 de la Resolución citada, en atención a que tampoco se encuentra comprendido por la excepción prevista en el art. 4 de la RC 496/21 segundo párrafo.-
Asegura, conforme lo relatado, no poder realizar trámites en forma presencial ante organismos provinciales y municipales, ni ante establecimientos privados que impliquen aglomeramiento de personas. Pone como ejemplo el depósito de moneda extranjera en el banco y el trámite de renovación de carnet de conducir.
Manifiesta que no cuenta con el pase sanitario, ya que optó por no vacunarse en legítimo ejercicio de un derecho, toda vez que la vacuna no es obligatoria y no se encuentra incorporada al Calendario Nacional de Vacunación conforme lo establecido en la Ley 27491 art. 6.
Expone que la incertidumbre jurídica que motiva el ejercicio de la acción se genera en tanto confluyen: la lícita carencia de "pase libre covid"; la exigencia del "pase libre covid" para hacer trámites presenciales; la falta de alternativas para realizar esos mismos trámites; la imposibilidad material consecuente de ejercer derechos subjetivos de raigambre constitucional.-
Advierte que, la falta de certidumbre que motiva la acción, radica en determinar si es justo que no se le permita realizar los trámites supra referidos.
Expone además, que muchos organismos no tienen previsto ninguna clase de protocolo para garantizar la atención a personas que no tengan el pase sanitario.
Achaca que una incorrecta aplicación del "pase libre Covid" lleva a violaciones de derechos de raigambre constitucional, tales como el derecho a la propiedad (art. 17 de la CN), el derecho al trabajo, el derecho a la salud pública, el derecho a peticionar ante las autoridades.
Menciona que ha aclarado la SCBA que la Res. 460/21 no es -a priori- inconstitucional, en cuanto el Máximo Tribunal provincial entendió que es razonable que quienes no cuentan con "pase libre Covid" deban asumir limitaciones y esfuerzos (caso "Aguirre"). De tal modo, asume que legítimamente ha perdido la posibilidad de concurrir a restaurantes, boliches, etc. También la opción de realizar trámites en forma presencial mientras si ha podido ejercer sus derechos por medios alternativos, ya sea por medios telemáticos o similares.-
Interpreta que la situación es totalmente distinta cuando el trámite solo puede hacerse en forma presencial y asume que es ajeno a la norma bajo estudio vedar derechos, sino que su finalidad es fomentar la vacunación contra el Sars-Cov-2 como una medida de profilaxis comprobada para evitar la propagación del Covid-19.-
Indica que la finalidad de la petición consiste en evitar eventuales injusticias y violaciones de derechos subjetivos que puedan generarse con la aplicación de la norma objeto de la litis.-
Conforme ello, solicita se declare que tiene derecho a realizar todo trámite que solo pueda realizarse en forma presencial en los establecimientos donde no se hayan implementado protocolos de atención adecuados para quienes no cuentan con "pase libre Covid" que compatibilicen la exigencia de las RC 460/21 y 496/21, con los derechos más básicos de cada ciudadano.-
Apartado seguido, ofrece prueba documental (la Resolución Conjunta n° 460/21) plantea caso federal y solicita se haga lugar a la demanda.-
II. Conferido el traslado de demanda, en fecha 29/03/2022 se presenta el Dr. José Martín Torres Delegado de la Fiscalía de Estado, en primer termino señala que la demanda en traslado resulta formalmente improcedente.
Plantea que el actor inicia una acción declarativa de certeza con el claro objeto de obtener una condena a su favor cuestionando solapadamente la constitucionalidad de una norma provincial, pretendiendo obtener una suerte de "eximición" de la exigencia de presentar el pase libre de COVID, en los casos en los que los trámites deban efectuarse en forma presencial.
Agrega que toda la argumentación de la demanda transcurre por la eventual y supuesta vulneración de derechos constitucionales que supondría el requisito de exigir el Pase Libre de COVID en los casos en que los trámites deban ser necesariamente presenciales, sin alegar ni acreditar la existencia de un daño cierto y actual.
Expone que la pretensión en traslado no reúne los presupuestos que autorizan el ejercicio de una acción mera declarativa, ni estamos ante un estado de incertidumbre jurídica que afecte una relación concreta, ni se carece de una vía específica para plantear la controversia.
Arguye que en este proceso no existe una situación de incertidumbre jurídica sobre la existencia, modalidad o alcance de la resolución sobre la exigencia del Pase Libre COVID; mucho menos puede invocarse un estado de duda o ignorancia sobre el tema para justificar la iniciación de esta vía, pues tales aspectos figuran claramente definidos en la norma.
Resalta que la norma es clara y no existe ninguna oscuridad, laguna o superposición normativa que autorice a invocar una incertidumbre. Los agravios dirigidos contra la misma no pueden presentarse como dudas, sino que son una verdadera impugnación a lo previsto en la norma; pero ello no justifica una declarativa, sino una acción de inconstitucionalidad directa. Continuando diciendo que el actor tiene la certeza de que sin el "Pase Libre COVID" no podrá realizar los trámites presenciales y en efecto, el actor pide que VS declare -de oficio- la inconstitucionalidad de la aplicación particular de los puntos II y III del art. 1 de la Resol. Conjunta 460/21 y el art. 4 de la Res. Conjunta 496/21.
De ahí que no hay dudas de que el actor plantea una verdadera confrontación normativa; y no, un caso de incertidumbre como el exigido para promover esta vía procesal.
Menciona que la CCALP. ha señalado en casos similares que "...no se verifica en ciernes estado de incertidumbre alguno sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica, sino (una) mera discrepancia respecto de una opción legislativa...cuestionamiento (que) debe ser ventilado por el carril procesal que se considere idóneo, el cual es menester aducir, no es éste, que requiere ineludiblemente para su viabilidad un halo de incerteza" (in re "Ferrosider", s. 03/02/11).
En consecuencia, existiendo una norma cae la incertidumbre alegada, resultando que la impugnación de ella no puede deducirse por la mera declarativa de certeza.
Por su parte, señala que el "Pase Libre COVID" se ha establecido para los trámites presenciales, es decir, para el desarrollo de aquellas actividades que, por su naturaleza, implican mayor riesgo de contagio para la población, y así minimizar la posibilidad de transmisión del virus, ante el arribo de nuevas variantes y que su implementación se ha adoptado en el marco de las recomendaciones de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
Que por ello, si el trámite no admite otra forma de realización que la presencial, entonces, es justamente una de esas actividades cuyo "mayor riesgo de contagio" pretende evitarse.
De igual modo la presentación del llamado "pase sanitario" no excluye el cumplimiento de las demás medidas sanitarias (la norma dice: "Establecer el "PASE LIBRE COVID". además de cumplir con los protocolos, protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias").
Manifiesta que no se puede hacer pasar como una situación de incertidumbre jurídica, lo que en realidad es una abierta disconformidad con la solución normativa que regula el caso concreto. Por ello, y no existiendo el presupuesto de la incertidumbre al que se supedita la acción declarativa intentada por el actor, corresponde rechazar objetivamente la demanda en todos sus términos.
Agrega a lo expuesto que, a través de esta vía, la parte actora estaría planteando una acción directa de inconstitucionalidad de una norma provincial, eludiendo el carril específico existente al efecto. En este sentido corresponde recordar que en la provincia de Buenos Aires se prevé un control de constitucionalidad concentrado en cabeza de la SCBA., quien entiende con competencia originaria y exclusiva respecto de las acciones de inconstitucionalidad que se entablen -entre otras- contra leyes provinciales (cfr. art. 161 inc. 1 de la CBA. y art. 683 y ss. del CPCC.).
Concluye diciendo que es de público y notorio conocimiento que la pandemia COVID-19 obligó a una gran cantidad de países a adoptar una serie medidas sanitarias que implicaron una prevalencia del interés social sobre el individual; para el resguardo de la salud de todos los seres humanos. Deviene obvio decir que la cuestión de la vacunación no concierne únicamente a los derechos individuales, sino que compromete también los derechos de quienes podrían eventualmente ser contagiados.
Por último, funda en derecho y solicita que, oportunamente, se desestime la demanda.-
III. Visto el estado del trámite y no habiendo hechos controvertidos, se declaró la cuestión de puro derecho -v. providencia de fecha 1°/04/2022- pasando los autos a despacho para dictar sentencia y;
I. Que el actor de autos promueve demanda declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del CPCC, la cual tiene acogida ante este fuero especializado dentro de las previsiones del art. 12 inc. 4 del CPCA.
Que en lo sustancial, el actor inicia la presente acción declarativa de certeza solicitando que se precise el alcance de las normas que establecieron el "Pase Libre COVID" (art. 1 puntos II y III de la Resolución Conjunta 460/2021) para los casos en los que el organismo público o entidad privada no tengan de alternativas a la presencialidad para la atención de trámites.
Asimismo, solicita que se declare su derecho a realizar trámites sin el "Pase Libre COVID" cuando no existan alternativas a la presencialidad a tales efectos o, en su defecto, solicita que se declare una solución jurídica para suprimir el estado de incertidumbre que alega.
II. Por su parte, la Fiscalia de Estado al contestar demanda, entiende que la pretensión en traslado no reúne los presupuestos que autorizan el ejercicio de una acción meramente declarativa, que el actor tiene la certeza de que, sin el "Pase Libre COVID", no podrá realizar los trámites presenciales y existiendo una norma específica, se desmorona la incertidumbre alegada.
III. Que, aunque sea en forma sucinta, debo señalar previamente, cual resulta ser el objeto de la acción declarativa de certeza que regula el art. 322 del CPCC y al que remite el art. 12 inc 4 del CPCA. Digo esto porque por las propias características de la acción declarativa, la misma resulta una vía procedente si se dan los presupuestos que las normas procesales articulan para su viabilidad.-
Es sabido que para que la pretensión declarativa de certeza resulte procedente deben configurarse como recaudos: a) que exista un estado de incertidumbre acerca de una determinada relación o situación jurídica, dicha incertidumbre debe ser objetiva y suficientemente consistente; b) que esa relación o situación jurídica esté regida por el derecho administrativo, consecuencia lógica del carácter de la materia controvertible en el proceso administrativo; c) que la declaración jurisdiccional de certeza sea funcional para satisfacer el interés de quien la postula, en el sentido de la eficacia que ella pueda tener para restablecer la concordancia de los sujetos del pleito (conf. Soria, Daniel "Aspectos básicos de las pretensiones en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", en la obra conjunta "El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires", 2º Edición, Librería Editora Platense, p. 209 y sgtes. y sus notas).
Que las pretensiones declarativas -fundamentalmente la sentencia que se solicita que emita el juez- tienden a obtener un acertamiento, o sea suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho. Se dirigen a remover aquello que actualmente pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico (cfr. Morello, G.L. Sosa, R. Berizonce; en "Códigos Proc. Civ. y Com. De la Pcia de Bs. As. Y de la Nac" 2ª ed. Reelaborada y ampliada; Tº IV- A, pag. 403 y s.s).-
Es claro entonces, que la función de la sentencia a dictarse se agota y cumple íntegramente en la pura declaración de cuál es el derecho existente entre las partes.
Vale decir que, de acogerse la pretensión, la decisión -más allá de la mera declaración- no determina y fija un desarrollo ulterior de actividad jurisdiccional, encaminada a realizar en la práctica, el mandato concreto contenido en el derecho declarado. Es decir, carecerá del plus ejecutivo que caracteriza a las sentencias de condena (cfr.: Loreto, Sentencia de declaración simple o de mera certeza, en Estudios en Honor de Hugo Alsina, pág. 411). En otras palabras, la decisión, de resultar favorable al actor, no contendrá orden de prestación. -
El Código Contencioso Administrativo (Ley 12.008 y sus modificatorias) incluye en su art. 12 inc. 4º, la pretensión que se entabla con el fin de obtener la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo, la cual tramitara con arreglo a lo previsto en el art. 322 del CPCC.-
Y aun cuando el referido estado de incertidumbre no ha sido requerido de modo expreso por la citada norma, se ha estimado que en la base de este reclamo, siempre ha de aparecer, con mayor o menor antecedente controversial, la falta de certeza, pues esta se confunde con el interés jurídico en incoar el proceso declarativo (v. Soria, Daniel Fernando, "Aspectos Básicos de las pretensiones en el Nuevo Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" RAP 244, pag.38).-
En la misma línea que se viene exponiendo, ha transitado la doctrina legal del Máximo Tribunal provincial, al expresar que: " Que la pretensión de sentencia meramente declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidad o alcances de una relación jurídica en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión al actor, tal como reza el artículo 322 del CPCC ( por remisión expresa del art. 12 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-). De allí que, como lo ha resuelto este Tribunal, la existencia de una duda acerca de alguno de esos extremos es un requisito sine qua non para la procedencia de esta acción, siendo menester además, que quien la promueve no cuente con otro medio legal para poner término a esa situación (doctr. causas B. 65.445, " Cámara Argentina de Agencias de Turf", res. del 2-IV-03; B. 65.546, " Bingo King S.A", res. del 20-VIII-03; B. 65.559, "Formatos Eficientes S.A", res. del 29-IX-2004; B. 65.721, "Vistamar S.A", res. del 6-X-04; B.64.101, " Van Riel", res. del 27-X-04") (SCBA, causa B 66737 "Spicer Ejes Pesados S.A s/ Acción meramente declarativa" del 6-7-2005).-
IV. El examen de los antecedentes del caso -sobre la base de las coordenadas hermenéuticas precedentemente apuntadas- no permiten extraer, siquiera en grado mínimo, la situación de incertidumbre sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico que alega el accionante.-
De manera que en este proceso no existe una situación de incertidumbre jurídica sobre la existencia, alcance o modalidad de la resolución N°460/2021, la norma es clara y el mismo actor tiene la certeza de que sin el pase libre COVID no podrá realizar los tramites presenciales. Que en efecto, visto lo expresamente establecido en cuanto a la exigencia del "...PASE LIBRE COVID como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias. El mismo consistirá en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de TRECE (13) años, de al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19...". Todo ello, para asistir a determinados lugares donde se desarrollan distintas actividades, incluyendo tanto organismos públicos, provinciales y/o municipales y entidades privadas (art. 1 Resolución 460/2021).
A su vez, se fija el control de acreditación de dicho "PASE LIBRE COVID" en el acceso de los lugares indicados, por parte de los responsables de los mismos (art. 2 Resolución 460/2021).
Finalmente, en el articulo tercero de la Resolución de mención, se establecen las medidas a las que queda sujeta el incumplimiento.
Cabe referenciar que de la normativa precedentemente dispuesta, surge de forma clara y precisa la restricción, que impone la norma al universo de ciudadanos, que pretendan la realización de las actividades que allí se indican.
Y bajo ese escenario, es claro que lo que agravia al accionante resultan ser esas expresas limitaciones, que de modo alguno se exhiben con un minino grado de ambigüedad, que conduzca la duda y/o incertidumbre que quienes se encuentran sujetos a aquellas.
V. En definitiva, no se advierte un estado de duda o de incertidumbre en la existencia, alcance o modalidad de la relación jurídica entre las partes litigantes.
En su mérito, he de concluir que ante la ausencia del presupuesto necesario para la admisibilidad de la acción declarativa de certeza intentada -y no verificándose circunstancias de excepción que conduzcan a apartarse de las normas y principio que gobiernan al caso -no cabe más que su rechazo-.
En la especie, ha sostenido la Suprema Corte Provincial, que cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica, sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea para evitar la promoción de eventuales y futuros conflictos (doctr. SCBA causa B. 64.222 "Caja de Previsión Social para Arquitectos, Ingenieros y Técnicos" ).-
VI. Respecto a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, no encontrándose determinada base regulatoria alguna en virtud de no contener suma pecuniaria la presente acción, corresponde proceder a la justipreciación de los emolumentos profesionales, de conformidad con lo normado en el art. 44 de la norma arancelaria (Ley 14.967).-
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts.1, 12 inc 4°, 50 inc 5°, 51 y cctes del CPCA (ley 12.008 y sus modificatorias); arts.322 y cctes CPCC;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.