Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 45920
AUTOS
Estos autos caratulados: "MARIO CALANDRI E HIJOS S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS" (Expte. Nº: 45920) que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y; RESULTA: 1.- Que con fecha 17 de octubre de 2023, se presenta el Dr. Juan Daniel Assaf, en su carácter de letrado apoderado de Mario Calandri e Hijos S.A. (CUIT N°: 30-54170647-6) promoviendo acción declarativa de certeza en los términos del art. 12 inc. 4° del CPCA y art. 322 del C.P.C.C, contra la Municipalidad de Mercedes, con el objeto de que se ponga fin a la situación de incertidumbre jurídica en la que dice encontrarse su mandante, respecto de la exigencia de la demandada en la determinación de la Tasa municipal de Seguridad e Higiene de aplicar una alícuota diferente en función del domicilio de la accionante, y de la exigencia de la misma determinación, por períodos que han sido alcanzados por la prescripción liberatoria.
Sostiene que dicho proceder, resulta claro, manifiesto y evidentemente contrario a garantías constitucionales. Solicita entonces, se declare la suspensión de la aplicación del art. 113 de la Ordenanza Municipal N°: 8.962, la inaplicabilidad de la exigencia de presentar documentación para la determinación fiscal de períodos prescriptos, estos son, anteriores al mes de octubre de 2018 como, asimismo, la suspensión de los procedimientos administrativos caratulados "COORDINACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS S/ DETERMINACIÓN DE OFICIO DE TRIBUTOS - COMERCIO" N° 3441/23 y "COORDINACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS S/ FALTA DE DEBERES FORMALES - COMERCIO" N° 3371/23, ambos del registro del Municipio de Mercedes (Bs.
As.). Seguidamente, relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa. 2.- En ese camino, principia por mencionar que su mandante, resulta ser una compañía dedicada al acopio, comercialización de granos, producción, nutrición animal y prestación de servicios agropecuarios, con domicilio social, legal y fiscal en la ciudad de Pergamino y plantas ubicadas en otras localidades de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, entre ellas, Mercedes. En cuanto a los procedimientos iniciados a su representada, refiere que la Municipalidad de Mercedes, notificó a la empresa de la formación de (2) dos Expedientes Administrativos. El primero de ellos, incoado bajo el N° 3441/23 e iniciado a los fines de determinar de oficio la deuda por Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, y por el cual se procedió a intimarla por el plazo de (10) diez días a presentar determinada documentación, por los períodos fiscales comprendidos entre 05/2013 y 05/2023.
En primer lugar, alega que la determinación por dichas Tasas, se rige por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 8.962, que resulta ser el cuerpo normativo impositivo vigente para el ejercicio 2023 y las consecuentes anteriores por los ejercicios pasados. Sostiene que el art. 113 de dicha norma, hace una diferenciación discriminatoria entre los contribuyentes de la aludida tasa, según su domicilio fiscal. En efecto -dice- quienes poseen domicilio fiscal fuera de la localidad de Mercedes, pagan una alícuota superior a quienes se encuentran radicados dentro del citado partido, siendo estos últimos beneficiados por "esa sola circunstancia, descuento Mercedino". Entiende que esa distinción, es claramente incompatible con garantías constitucionales.
Cita los arts. 14, 16 y 18 de la Constitución Nacional como, asimismo, los arts. 11 y 27 de la Constitución Provincial para fundamentar su postura. En segundo lugar, alude a la intimación cursada por la comuna a su mandante, a fin de que presente documentación relativa a períodos alcanzados por la prescripción liberatoria. En esta parcela, señala que la Ord. Mpal. N° 8.961 que establece el Código de Procedimiento Fiscal y Tributario (Partes General y Especial) a partir del 1° de enero de 2023, regula en su art. 71 que: "... conforme lo establecido por la Ley 12.076, modificatoria del Decreto Ley 6769/58, las deudas de los Contribuyentes por tasas, derechos y contribuciones prescriben a los cinco (5) años de la fecha en que debieron pagarse, salvo que medien actos de interrupción" [textual].
De esta manera, sostiene que la intimación cursada por el Municipio es contraria a lo estatuido por la propia normativa comunal y violatoria de la garantía de la propiedad, la que se encuentra amparada por el art. 17 de la Constitución Nacional y los arts. 10 y 31 de la Constitución Provincial. Pero además, dice que se inició otro procedimiento administrativo, el cual tramita bajo el N° 3371/23, mediante el cual se pretende la aplicación de sanciones a su representada, por la supuesta infracción del deber formal de presentar la documentación exigida por períodos -los cuales reitera- se encuentran prescriptos. 3.- Parcela aparte, alude al estado de incertidumbre en el cual dice, se encuentra su mandante.
Manifiesta que de los antecedentes fácticos precedentemente reseñados, surge la incertidumbre suscitada en cuanto al alcance de la relación jurídica en la que se encuentra la firma accionante respecto de la Municipalidad de Mercedes, el cual deviene necesario aclarar, por las consecuencias que acarrea para el patrimonio del contribuyente. En otras palabras, considera que existen dos cuestiones con relación a la situación puntual que se presenta. En primer lugar, por cuanto el municipio dispuso el inicio de un procedimiento de oficio para determinar una tasa cuya alícuota no se avizora nítida, ello a partir de la discriminación entre personas jurídicas con diferente domicilio fiscal, conforme lo establece la Ord.
Mpal. N° 8.962. En segundo lugar, en relación a períodos fiscales, los cuales aduce se encuentran alcanzados por el instituto de la prescripción liberatoria y que se hallan regulados por la Ord. Mpal. N° 8.961. Por ello, entiende que constituye objeto de la presente, esclarecer "si la distinción que instituye el art. 113 de la Ord. Mpal. N° 8.962 es compatible con las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y concordantes" como, asimismo "si las facultades de la Municipalidad de Mercedes pueden extenderse al punto de determinar tasas por períodos alcanzados por la prescripción liberatoria, en detrimento de la manda del art. 71 de la Ord. Mpal. N° 8.961". En cuanto a la procedencia de la acción, considera que, por su carácter preventivo, resulta ser la única vía con aptitud suficiente para poner término inmediatamente al estado en que se encuentra la empresa, con relación a los dos extremos precedentemente fijados.
Cita doctrina y jurisprudencia para fundamentar su postura. Advierte que es inminente la conclusión del trámite del procedimiento determinativo. Entiende que "... el mismo concluirá con un acto administrativo que, a todo evento, deberá impugnarse en la instancia administrativa y luego, en la judicial pero cuya ejecución será difícil de frenar y para lo cual deberá previamente pagarse cualquier importe que pudiera determinar la Municipalidad". Por todo ello, solicita el dictado de una medida cautelar tendiente a que, hasta tanto obre en autos sentencia firme, se suspenda la aplicación a la accionante del art. 113 de la Ord. Mpal. N° 8.962, la suspensión del requerimiento a la accionante de presentar información relativa a períodos anteriores al mes de octubre de 2018 y la suspensión de los procedimientos administrativos, que tramitan bajo los N° 3441/23 y 3371/23.
En cuanto a los requisitos cautelares que hacen a la procedencia de su auxilio, entiende se encuentran reunidos. En lo que respecta a la verosimilitud del derecho, entiende resulta evidente, remitiendo a lo expuesto en acápites anteriores y a la documental arrimada con el escrito inicial (Ordenanzas Fiscal N° 8.961 e Impositiva 8.962).- En lo que respecta al peligro en la demora, refiere que, de no decretarse la medida cautelar que se solicita, se causará a su mandante un perjuicio que transformará en tardío, o frustrará el eventual reconocimiento de los derechos en juego. Por un lado, teniendo en cuenta el posible dictado de un acto administrativo aplicando normas inconstitucionales y, por otro, la exigencia de pago de períodos alcanzados por el instituto de la prescripción.
Como colofón, y a fin de que se le otorgue la cautelar peticionada, propone se tome como contracautela, caución juratoria, la que presta en nombre de su representada. Finalmente ofrece prueba, funda en derecho y peticiona. 4.- Que con fecha 25 de octubre de 2023 se requiere a la Municipalidad de Mercedes accionada, informe acerca de la cautelar solicitada -cfme. art. 23 inc. 1° del CPCA- y proceda a remitir los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida, si los hubiera. 5.- Que mediante presentación electrónica de fecha 09 de noviembre de 2023, se presenta el letrado apoderado de la comuna accionada, Dr. Luis Alberto Costilla, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Eduardo Flores, contestando el informe previo requerido y acompañando las actuaciones administrativas solicitadas.
Liminarmente, advierte acerca de la presunción de legitimidad de los actos de la administración pública. Sostiene entonces, la admisión de medidas cautelares resulta de carácter excepcional y de aplicación restrictiva. En lo que respecta al caso de marras, apontoca que el contribuyente omitió dar cumplimiento a sus deberes formales en tiempo oportuno, por lo que se inició el procedimiento administrativo de determinación de oficio de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. Aduce que tal incumplimiento en este tipo de tributos, pone a la administración municipal en una situación de imposibilidad de percibir sus tributos. Pone de resalto que no existe en la presente, acción u omisión arbitraria o ilegítima alguna, toda vez que el procedimiento administrativo de determinación de oficio de tributos municipales, ha sido llevado a cabo en un todo de acuerdo con la Ord.
Mpal. N° 8.961/22 (Código de Procedimiento Fiscal y Tributario). Que no adolece de vicios y, por lo tanto, lo torna legítimo. Pone especial énfasis en que, a la fecha, no se ha emitido acto administrativo alguno. Por último, y en cuanto al cuestionamiento efectuado respecto de la legitimidad del descuento de la alícuota de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (cfme. art. 113 de la Ordenanza impositiva vigente) hace hincapié en que, a partir de la sanción de la ley N° 13.101, estos cuerpos normativos han sido categorizados como leyes en sentido formal y material, con lo cual su presunción de legitimidad se ha visto reforzada. Consecuentemente, repara en que lo actuado en los expedientes administrativos, se encuentra ajustado al procedimiento previsto a tal fin y a las normas que lo rigen.
Por estas razones, peticiona se rechace la medida cautelar peticionada. 6.- Atento el estado de autos, con fecha 15 de noviembre de 2023 pasan las actuaciones a despacho para resolver y;
1. Que el Código Contencioso Administrativo, señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfme. art. 22 C.P.C.A.). 2.- Que, a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así, cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (cfme.
Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pág. 1163).- En el caso bajo examen, se plantea la suspensión -hasta tanto obre en autos sentencia firme- de la aplicación por parte de la Municipalidad de Mercedes y en detrimento de su mandante, del art. 113 de la Ordenanza Municipal N° 8.962 como, asimismo, la suspensión del requerimiento a su representada de presentar información relativa a períodos anteriores al mes de octubre de 2018 y la suspensión de los procedimientos administrativos, que tramitan bajo los N° 3441/23 y 3371/23. Así entonces, la forma en la que se requiere el auxilio cautelar, conduce a pronunciarse en base a las dos cuestiones precedentemente señaladas.
Ahora bien, si bien es cierto que la medida cautelar pretendida, implicaría ordenar la suspensión del trámite y/o en su caso, el dictado del acto definitivo en ambas causas (lo que justifica someter la solicitud a un examen más riguroso) no pueden desconocerse a su vez, los derechos que se debaten en autos, los que se encuentran bajo la tutela de garantías constitucionales, como lo son la igualdad ante la ley, los derechos de propiedad y a comerciar como, también, el principio de legalidad. 3.- Fijado ello, corresponde abordar los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la accionante. Al respecto, cabe reparar que, en cuanto a la verosimilitud en el derecho, ha reiterado tanto la jurisprudencia como la doctrina, que la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud (CSJN Fallos 306:2060) añadiendo el Máximo Tribunal que: "... el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad".- En este punto, cabe adelantar -siempre dentro del limitado marco cognoscitivo que supone el proceso cautelar- que la medida solicitada por la firma accionante, su sustenta sobre bases -en principio- verosímiles. 3.1.- En primer lugar y en cuanto a la discriminación que la actora entiende manifiesta, trae aparejada la aplicación del art. 113 de la Ordenanza Municipal N° 8.962/22, señalo que el cuerpo normativo del mismo, en lo que aquí interesa, reza: "...
Aquellos Contribuyentes y/o responsables que posean su domicilio fiscal en la ciudad de Mercedes o un solo establecimiento debidamente habilitado por el termino mayor a 10 años, en la Provincia de Buenos Aires y ubicado en este municipio, se les reducirá la alícuota en 0,45 puntos porcentuales. Para aquellas actividades comprendidas entre los códigos 52002 a 52003 detallados en el nomenclador, tendrán una reducción en la alícuota de 1,55 puntos porcentuales. Se entenderá por domicilio fiscal el que surja de la constancia de inscripción de AFIP. La cual deberá ser presentada junto con las Declaraciones Juradas como documentación respaldatoria ...".- Es en virtud de la citada disposición que se alzó la actora, por cuanto entendió que la norma, efectúa una diferenciación discriminatoria entre los contribuyentes de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene según se encuentre su domicilio fiscal.
Liminarmente, dable es de destacar, que de las constancias documentales acompañadas por la accionante en su escrito postulatorio, surge que el domicilio legal y fiscal de la sociedad, se encuentra en la calle Dr. Rodríguez Jáuregui N° 3.480 del partido de Pergamino y que, por dicho motivo -dice- se le atribuiría una alícuota mayor, a imputarse en la determinación de sus obligaciones fiscales, lo que genera ese estado de incertidumbre en el que aduce se encuentra su representada. Esa aseveración, me permito decir, se colige con el informe elaborado por el encargado del área de Coordinación de Ingresos Públicos -Sr. Marcos M. Iglesias- que en este acto tengo a mi vista, y por el cual, luego de transcribir el cuerpo de la norma, sostuviera: "... el artículo lo que hace es ofrecer un descuento sobre la alícuota general aplicable, por lo que la suspensión del artículo no beneficiaría ni afectaría a la actora (...) ni modificaría la situación de Mario Calandri e Hijos S.A. frente a esta comuna" Para más, dijo: "no se encuentra limitada por la norma a gozar del beneficio tributario, pudiendo voluntariamente adecuarse para obtener el mismo (...) y trasladar su domicilio fiscal a esta ciudad...".
Y es justamente por el criterio sostenido por el Fisco local, por el cual la actora peticiona; toda vez que, conforme fuera detallado en apartados precedentes, el domicilio fiscal de la empresa se encuentra constituido en la ciudad de Pergamino, pudiendo verse afectada de la aplicación de este artículo. A su vez, no puedo dejar pasar por alto, que el informe relevado, da cuenta de que la empresa sería beneficiaria del "Descuento Mercedino" en caso de "trasladar su domicilio fiscal a esta ciudad" desprendiéndose así, a todas luces, la incertidumbre a la que refiere la accionante y la posible afectación de su patrimonio, por la aplicación de aquel porcentual mayor determinado en la alícuota. Ante este escenario, cabe recordar la postura reflejada en los antecedentes (CSJN causa CSJ 3992/2015 (48-B) /CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sent. de 23-2-2016) y (CSJN causa CSJ 114/2014 (50-H) /CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/Chaco, Provincia del s/acción declarativa de certeza", sent. 31-10-2017) en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha fijado un estándar interpretativo con relación a la cuestión del domicilio del contribuyente.
En aquellos, ha dicho que: "... al disponer alícuotas diferenciales según el lugar de radicación de la empresa que comercializa el producto, genera una suerte de barrera aduanera, o de medidas proteccionistas, que alteran el concepto orgánico de comercio previsto en la Constitución Nacional". Así las cosas, aun cuando los precedentes indicados vienen dados en el conocimiento de tributos provinciales, los reparos constitucionales que puso la Corte de Nación a normas tributarias de ese estrato estadual, bien pueden alcanzar -en principio- a normas locales como las que aquí se encuentran bajo debate. Ello, entiendo, alcanza un mínimo umbral para tener por configurada la verosimilitud en el derecho, aún cuando la certeza final -claro está- se alcance una vez transitada la etapa de mayor debate y prueba.- 3.2.- En segundo lugar y a los fines de dilucidar la restante cuestión que hace al pedido cautelar, ello respecto a ciertos períodos comprendidos en la determinación del tributo, a los cuales la empresa accionante reputa como prescriptos, nuevamente he de echar mano a la legislación local, a sus efectos.
Así, el art. 71 -Título XI, de la Prescripción- previsto en la Ordenanza Municipal N° 8.961/22 (Código de Procedimiento Fiscal y Tributario) y en lo que aquí interesa, manda: "Conforme lo establecido por la Ley N° 12.076, modificatoria del Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de Municipalidades, las deudas de los Contribuyentes por tasas, derechos y contribuciones prescriben a los CINCO (5) años de la fecha en que debieron pagarse salvo que medien actos de interrupción...". A su vez, el art. 74 del mismo cuerpo legal, establece: "La prescripción de las acciones para exigir el pago de las deudas en favor de la comuna, se interrumpe: a) Por reconocimiento de parte del Contribuyente y/o responsable de su obligación. b) Por cualquier acto administrativo o judicial tendiente a obtener el pago de las deudas tributarias.
El nuevo término comenzará a correr a partir de la fecha en que se produzca el reconocimiento". Y en aquellas disposiciones repara la accionante, por entender que la comuna procedió a intimarla a presentar documentación por períodos fiscales que se encontrarían prescriptos, gen
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.