Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76571
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.571, "Farmacia del Puerto S.C.S. contra Municipalidad de Coronel Rosales s/ pretensión declarativa de certeza -otros juicios-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata desestimó el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmó el pronunciamiento de primera instancia, declarando que, por los rubros concernientes a su declarada actividad secundaria de prestación de "servicios de financiación y actividades financieras N.C.P." y "venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería", la sociedad actora resulta sujeto pasivo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por encontrarse alcanzada por el hecho imponible (art. 160 y concs., ordenanza fiscal 2017).
Disconforme con lo decidido, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La firma actora promovió acción declarativa de certeza contra la Municipalidad de Coronel Rosales, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre su obligación de pagar la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene aplicada al ejercicio de la actividad profesional farmacéutica, planteando que la comuna no es titular del poder de policía para gravarla.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la demanda interpuesta.
Sostuvo que la facultad de los municipios de crear y exigir el pago de una tasa de inspección de seguridad e higiene resulta indudable a la luz de lo dispuesto por los arts. 192 incs. 5 y 6 y 193 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 226 incs. 17 y 31 y 227 del decreto ley 6.769/58.
No obstante ello, advirtió que el despliegue de la actividad de comercialización farmacéutica en el marco de las específicas incumbencias profesionales resulta ajena a la potestad tributaria municipal (arg. arts. 42, 191 y 192, Const. prov.), en tanto ha sido la Provincia la que se ha reservado la organización y la prestación del servicio de inspección de las farmacias, tal lo que se desprende del juego del art. 42 de la Constitución local y de las leyes 6.682 y 10.606. Y siendo que las atribuciones reglamentarias que competen a la función deliberativa local hallan límite en la normativa que le atribuya competencia a los organismos provinciales (cfr. art. 27 inc. 1, decreto ley 6.769/58), concluyó que la ausencia de prerrogativa municipal para imponer el servicio de inspección a la actividad de la actora en cuanto se limite al ejercicio de la incumbencia profesional del farmacéutico constituye un valladar para hacer uso de la potestad tributaria local y, con ello, la posibilidad de convertir en sujeto pasivo de la tasa de seguridad e higiene a este tipo de servicios públicos impropios.
Sin embargo, agregó, el municipio demandado alegó que la tasa reclamada debía ser abonada en atención a las demás actividades comerciales desplegadas por la farmacia, tal como es el caso de la venta de productos de perfumería y artículos de tocador.
Precisó entonces que de las actuaciones administrativas acompañadas en soporte digital (v. presentación electrónica de 24-IX-2018) surge que la actora desarrolla como actividad principal "la venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería", y como actividad secundaria "servicios de financiación y actividades financieras N.C.P." y "venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería".
Conforme ello, concluyó que se evidenciaba en el caso que la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene cuestionada grava la actividad comercial que resulta ajena a la incumbencia profesional del farmacéutico, razón por la que se imponía el rechazo de la demanda.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata resolvió desestimar el recurso de apelación articulado por la parte actora y confirmar el pronunciamiento de grado, declarando que, por los rubros concernientes a su declarada actividad secundaria de prestación de "servicios de financiación y actividades financieras N.C.P." y "venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería", la sociedad actora resulta sujeto pasivo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por encontrarse alcanzada por el hecho imponible (art. 160 y concs., ordenanza fiscal 2017).
Para resolver de ese modo recordó que ese tribunal en la causa "Farmacia Española S.C.S." (sent. de 8-IX-2009), declaró ajena a la potestad tributaria municipal la actividad farmacéutica desarrollada en el marco de las leyes 6.682 y 10.606 en lo que refiere exclusivamente al ejercicio de tal incumbencia profesional.
No obstante, afirmó que —a diferencia de lo pretendido por la apelante— no hay razón para replicar tal juicio en el presente, cuando no se verifica la calidad de servicio público impropio atribuible a la actividad de la actora sobre la que el municipio pretende hacer uso de la potestad tributaria local aquí cuestionada.
Sostuvo que las atribuciones municipales en análisis comprenden, en términos generales, la verificación de lugares públicos con la finalidad de contralor de la salubridad, seguridad e higiene de la población, potestad que está genéricamente reconocida a las autoridades municipales en el ámbito de su competencia (arts. 25, 26, 107, 108 incs. 4 y 5 y 226 inc. 31, decreto ley 6.769/58).
De ese modo, señaló que con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene puede existir una acción concurrente entre distintas jurisdicciones sin que el ejercicio de las funciones de policía de otra jurisdicción releve a la comuna de lo que constituye un deber y una facultad propios emergentes del art. 192 inc. 4 de la Constitución provincial.
A partir de lo expuesto, delimitó el análisis a comprobar si la actora se encuentra —o no— obligada a responder a la pretensión municipal de cobro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por conceptos que no tienen que ver estrictamente con la actividad farmacéutica, tal como se describe en las normas de aplicación, esto es, por la actividad secundaria de "servicios de financiación y actividades financieras N.C.P." y "venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería".
Precisó que la cuestión disputada se concentra en el art. 160 de la ordenanza fiscal para el año 2017, redactado en los siguientes términos: "Por los servicios de inspección realizados por dependencias municipales destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene, zonificación y categorización industrial, control medio ambiental, inspección de obras privadas, controles bromatológicos, inspección y control de habilitación comercial, o asimilables, que se realicen en locales, establecimientos u oficinas donde se desarrollen actividades económicas sujetas al poder de policía municipal como las comerciales, industriales, de locación de bienes, de locaciones de obras y servicios, de oficios o negocios y actividades profesionales que se ejerzan en oficinas, consultorios, estudios o similares, a título oneroso, lucrativas o no realizadas en forma habitual, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas, en todos los casos realizadas en jurisdicción del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales se abonará por cada local la tasa que fije la presente Ordenanza en el modo, forma, plazo y condiciones que se establezcan. La Municipalidad queda facultada asimismo a realizar las verificaciones, inspecciones y fiscalizaciones que resulten menester y solicitar los informes a los entes públicos y privados que sean necesarias con la finalidad de determinar la correcta medida en que debieron tributar la presente tasa los contribuyentes y responsables".
En ese marco señaló que la actora, al fundar su recurso, centró sus impugnaciones en dos aspectos. Primero en la circunstancia de que la ley 10.606 resulta regulatoria de todos los aspectos concernientes a la actividad farmacéutica y, entre ellos, la comercialización de artículos de perfumería y de tocador. Mientras que en segundo lugar planteó que la tasa retributiva en cuestión debe corresponderse con una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente, y no puede imponérsela cuando se trata de la explotación de rubros anexos a la actividad profesional farmacéutica, sujeta a la competencia y control del Ministerio de Salud provincial.
Al respecto señaló que la primera objeción resultó zanjada por esta Suprema Corte de Justicia provincial en las causas B. 58.119, "Pharmaka S.A." (sent. de 5-X-2005) y B. 66.027, "Antigua Farmacia Cravenna S.C.S." (sent. de 10-VII-2013), pudiendo también desprenderse parcialmente de la causa C-1337-BB1 "Farmacia Española S.C.S." (sent. de 8-IX-2009) de ese tribunal, pronunciamientos en los que se tuvo particularmente en cuenta la naturaleza de servicio público impropio atribuible a la actividad farmacéutica para sostener que la competencia a los fines de la íntegra regulación de la actividad corresponde reconocerla al Ministerio de Salud provincial por imperio de lo normado por la ley 10.606.
No obstante, sostuvo que de allí no es posible derivar que otras actividades —secundarias— distintas a las propiamente farmacéuticas, verifiquen la calidad de servicio público impropio sobre la que el municipio pudiera resultar ajeno a los fines de la imposición tributaria.
Consideró así que resultan aplicables a esta cuestión las conclusiones a que se arribara en el voto mayoritario recaído en la citada causa "Antigua Farmacia Cravenna S.C.S.", cuando se afirma que la actividad inherente a la profesión de farmacéutico, que es a la que se le reconoce la calificación de servicio de utilidad pública, es la que se halla bajo el contralor de la autoridad provincial y exenta de la comunal, diferenciándola "...del resto de las actividades desplegadas por aquéllos en las farmacias -como la venta de otros productos- para las cuales no se requiere ninguna capacitación especial ni reciben la protección especial por parte del Estado. En este sentido esas restantes actividades desarrolladas en una farmacia, al no ser los rubros propios de la profesión liberal tenida en cuenta, resultan meros actos de comercio, sin la calificación de servicio público ni por ende encuadrables en la exención tributaria...".
Conforme tales parámetros, concluyó que la pretensión de la recurrente debía ser desestimada, en tanto de los precedentes citados es posible conformar una interpretación plausible en pos de aprobar la procedencia de la potestad tributaria comunal en aquellos aspectos de actividad secundarios de su actividad, no comprendidos expresamente en la ley regulatoria.
En relación con el segundo agravio, recordó que la competencia para ejercer el control de la actividad farmacéutica no resulta única del Ministerio de Salud sino concurrente, en ciertos espacios, con facultades de los municipios expresamente delegadas.
Concluyó entonces que la sociedad actora puede ser considerada —en la especie y por los rubros concernientes a su declarada actividad secundaria de prestación de "servicios de financiación y actividades financieras N.C.P." y "venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería"— sujeto pasivo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por encontrarse alcanzada por el hecho imponible (art. 160 y concs., ordenanza fiscal 2017).
IV. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Planteó que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es la Dirección de Farmacia (arts. 59, 60, 61 y concs., ley 10.606) es quien ejerce la competencia exclusiva y privativa en materia de habilitación, control, inspección y regulación de las oficinas de farmacias, tanto en lo que hace a su actividad principal como a la secundaria, como es el caso del rubro perfumería o artículos de tocador.
Hizo referencia a la causa B. 58.119, "Pharmaka S.A.", en donde se decidió que quedan exceptuadas del hecho imponible determinado por las Ordenanzas Tributarias Municipales para el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a la actividad desarrollada por las farmacias. Sostuvo que allí se reconoció la competencia exclusiva, privativa y excluyente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en materia de habilitación, control, inspección y regulación de las oficinas de farmacias, en cualquiera de sus tipos.
Consideró entonces que resulta evidente que ha sido el Estado provincial el que se ha reservado de manera excluyente la organización y fiscalización del servicio, de manera tal de asegurar que la actividad de comercialización farmacéutica regulada en el art. 1 de la ley 10.606, lo sea en forma adecuada, regular, igualitaria, obligatoria y continua.
Terminó diciendo que la actividad de farmacia —servicio público impropio— comprende también la explotación de perfumería y artículos de tocador, y siendo el Ministerio de Salud de la Provincia quien tiene la competencia exclusiva y privativa en materia de habilitación, control, inspección y regulación de las farmacias en virtud de una norma jerárquicamente superior, se encuentra ausente la potestad del gobierno comunal de imponer una tasa de inspección en seguridad e higiene en tanto la validez del tributo debe sustentarse en la existencia real de una contraprestación o de lo contrario se estaría transformando en un impuesto.
V. El recurso extraordinario no prospera, atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
V.1. Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (cfr. doctr. causas A. 71.297, "Astudillo", sent. de 9-IX-2015; A. 73.246, "Álvarez", sent. de 18-X-2017; e.o.).
En el caso, la recurrente plantea que el pronunciamiento llega a conclusiones inconciliables con la interpretación que debe darse a la normativa que regula un servicio público en el que se encuentra involucrada la salud pública, como es el caso del servicio prestado por las farmacias, el cual es regulado y controlado en forma exclusiva por el Estado provincial mediante el ejercicio del poder de policía sanitario, insistiendo en la existencia de un conflicto de competencia entre la ley 10.606 y la potestad impositiva del municipio demandado que pretende el cobro de una tasa de seguridad e higiene por la referida actividad secundaria de la farmacia.
En apoyo a su postura, remite a la doctrina sentada por este Tribunal en la causa B. 58.119, "Pharmaka S.A.", sentencia de 5-X-2005.
En ese marco, y en lo que constituye el punto central de sus agravios, plantea que la actividad de las farmacias —servicio público impropio— comprende también la explotación de perfumería y artículos de tocador, en tanto la Provincia se ha reservado la organización y prestación del servicio de inspección de aquellas (art. 42, Const. prov. y ley 10.606 —regulatoria de la actividad de farmacia—).
Ahora bien, el Tribunal de Alzada expresamente descartó la postura sostenida por la actora.
Para ello remitió a la doctrina que emana de las causas "Pharmaka" y "Antigua Farmacia Cravenna S.C.S.", con referencia también a la sentencia de ese tribunal dictada en la causa "Farmacia Española S.C.S."; pronunciamientos en los que se tuvo particularmente en cuenta la naturaleza de servicio público impropio atribuible a la actividad farmacéutica para sostener que la competencia a los fines de la íntegra regulación de la actividad, corresponde reconocerla al Ministerio de Salud provincial por imperio de lo normado por la ley 10.606. No obstante, aclaró que no es posible derivar de allí que otras actividades secundarias, distintas a las propiamente farmacéuticas, verifiquen la calidad de servicio público impropio sobre la que el municipio pudiera resultar ajeno a los fines de la imposición tributaria.
En ese sentido concluyó que, más allá de la total ausencia de impugnación respecto de aquella parcela de la actividad secundaria capturada por el hecho imponible de la tasa cuestionada relativa a los "servicios de financiación y actividades financieras N.C.P.", de los precedentes citados resultaba posible conformar una interpretación plausible en pos de aprobar la procedencia de la potestad tributaria comunal en aquellos aspectos de actividad secundarios de su actividad, no comprendidos expresamente en la ley regulatoria.
Esta ponderación de la Cámara llega firme, pues ninguno de los argumentos que expone la recurrente logran conmoverlo, ni configuran el absurdo que dé lugar al remedio intentado, que exige demostrar un error palmario y fundamental en la decisión adoptada por los sentenciantes (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
En rigor, la sustancia de la impugnación gira en torno a la interpretación que la actora efectúa de la doctrina sentada en el precedente "Pharmaka S.A." y el alcance que le otorga a la normativa que regula la contienda, insistiendo en que la actividad de farmacia —servicio público impropio— comprende también la explotación de perfumería y artículos de tocador. Mas en su derrotero soslaya cumplir la carga técnica indicada.
Bajo tales premisas, el recurso extraordinario interpuesto no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara en la medida en que ha limitado su esfuerzo a reiterar los mismos agravios que fueron tratados y respondidos por el Tribunal de Alzada, de modo adverso a su postura, discurriendo exclusivamente en su propia interpretación sobre el alcance de la normativa aplicable al caso.
Esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (conf. doctr. causa A. 78.503, "Traut", sent. de 15-XI-2023).
Así, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (conf. causa A. 78.055, "Telez", sent. de 24-X-2023); toda vez que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. De allí que la insuficiencia recursiva deje incólume la decisión controvertida.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.