Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74913
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de oficio del decisorio de fs.295/311, debiéndose remitir los autos al órgano de origen para que, debidamente conformada, emita un nuevo pronunciamiento. Sin costas atento la forma en que se decide (arts. 168, Const. prov.; y 298, CPCC).
A.74.913 "MARTINEZ ALBERTO OMAR C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPL. MDE LEY—"
La Plata, 08 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata -por mayoría de fundamentos- confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión declarativa de certeza deducida por el señor Alberto Omar Martínez contra la Municipalidad de General Pueyrredon, y declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza 17.907 dictada el día 25 de enero de 2007 por el Concejo Deliberante de ese municipio, por la que se implementó la Tasa por Servicios Urbanos.
Contra dicho pronunciamiento la demandada vencida interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs.322/330), siendo ambos concedidos (v. fs. 331 y vta.).
II. Oído el señor Procurador General en su dictamen de fs.338/340, con independencia de los requisitos de admisibilidad de los remedios extraordinarios deducidos, cabe adelantar que corresponde, de oficio, anular la sentencia recurrida.
II. Cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que -en principio- las decisiones adoptadas sobre recusaciones o excusaciones, además de no constituir sentencia definitiva en el concepto del art. 278 del Código citado, no son susceptibles de ser impugnadas por ante esta instancia extraordinaria ( doctr. causas Ac. 102.380, "Otonello", resol. de 10-VI-2009; Q. 72.882, "Lambardi", resol. de 4-XII-2013; C. 120.454, "Zaccardi", resol. de 6-IV-2016, entre otras).
Sentado ello se impone señalar que en el sub lite se observa que, ante la divergencia de fundamentos para decidir la causa, en el Acuerdo Ordinario del día 14 de febrero de 2017, se procedió a integrar el Tribunal de Alzada con un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del mismo departamento judicial, resultando sorteado el señor juez doctor Ricardo Domingo Monterisi y ante la eventualidad de que este se encontrara imposibilitado de intervenir se procedió a desinsacular el nombre de un segundo magistrado del mismo cuerpo, quedando así designado el señor juez doctor Ramiro Rosales Cuello.
Posteriormente, el doctor Monterisi, se excusó de entender en las actuaciones invocando encontrarse comprendido en la causal prevista en el art. 17 inc. 9 del CPCC en relación al doctor Juan Martín Colombo, quien, si bien había ejercido la representación de la demandada, al momento de producirse la excusación había cesado en la representación (v. fs. 290).
Dicha excusación fue aceptada mediante despacho de fecha 9 de mayo de 2017, firmado por el doctor Mora en ejercicio de la presidencia, disponiéndose al mismo tiempo la integración del órgano con el doctor Rosales Cuello consignándose también que el mencionado magistrado ya había emitido su voto en la causa. Por tal motivo, considerando que se encontraba reunida la mayoría necesaria para dictar sentencia, se procedió a incorporarla al expediente ordenándose su registración y notificación a las partes. (v. fs. 291).
Por su parte obra a fs. 292 copia certificada de un acta datada el 4 de abril del mismo año en la cual se expuso la ausencia de acuerdo de los magistrados titulares y la necesidad de conformar la Cámara con un integrante de su par Civil y Comercial. La misma fue suscripta únicamente por el doctor Mora y se aprecia que, al margen, el doctor Riccitelli formuló de su puño y letra objeciones a la decisión allí plasmada.
Seguidamente se incorporó al expediente otra acta, suscripta en la misma fecha solo por el doctor Ricitelli, en la que expresa las razones por las que no concuerda con lo decidido, que básicamente estriban en el hecho de que considera que, a ese momento, el órgano se encontraba válidamente constituido con el doctor Monterisi en razón de que su excusación no había sido tratada por los restantes integrantes, motivo por el cual se negó a firmar el acta antecedente.
Se agrega posteriormente el pronunciamiento suscripto por los Dres. Mora, Ricitelli y Rosales Cuello fechado el 16 de mayo de 2017 por el que se confirma el decisorio apelado (v. fs. 295/311).
III. Los acontecimientos reseñados resultan suficientes para justificar la anulación de la sentencia recurrida, a la que no cabe considerar como acto jurisdiccional válido en tanto fue dictada por un órgano constituído de forma irregular.
En efecto, tal como se desprende de lo relatado en el considerando anterior, ante la discrepancia en los fundamentos por los que correspondía rechazar la apelación deducida en el caso por la parte demandada, los por entonces dos jueces titulares de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, procedieron, mediante sorteo, a integrar el tribunal con jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial homónimo. El designado en primer término se excusó de intervenir en el asunto y, sin que se adoptara una decisión por el órgano competente para resolver acerca de su procedencia, remitió el expediente al magistrado que había sido designado supletoriamente, quien, de acuerdo a lo expresado por el Presidente de la Cámara, lo devolvió luego de haber votado la cuestión planteada.
Las circunstancias relatadas, en las que se evidencia el incumplimiento por parte del a quo de las formalidades previstas en los arts. 19 del CPCC, 39 y 48 de la ley 5827 imponen la necesidad de descalificar el fallo que arriba a este Tribunal como acto judicial válido en la medida en que con ese proceder se ha infringido la garantía constitucional del juez natural (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nacional y 8 del Pacto de San José de Costa Rica).
Es que la procedencia de la excusación de algún miembro de un tribunal colegiado debe ser resuelta por los restantes integrantes del órgano que queden hábiles, tal como lo ordena el artículo 19 antes citado para el caso en que medie alguna recusación. En este supuesto, los motivos de la excusación del doctor Monterisi debieron ser examinados y, llegado el supuesto, debió ser admitida o rechazada por los doctores Mora y Riccitelli. En cambio, se dictó sentencia con el concurso del voto de otro magistrado -el doctor Rosales Cuello-, sin que mediara una decisión válida acerca de la excusación formulda por el doctor Monterisi. Esta falencia en modo alguno pudo salvarse por el acto plasmado en el acta de fs.292, en tanto, además de dar cuenta de una decisión adoptada después de que el doctor Rosales Cuello emitiera su voto, no puede ser atribuida al órgano competente en la medida en que solo se halla suscripta por el doctor Mora, en ese momento Presidente de la Cámara.
Consecuentemente, haciendo aplicación de la potestad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, frente a las falencias de que adolece el pronunciamiento de grado, cabe declarar su nulidad de oficio, devolviéndose los autos a la Cámara de origen para que, integrada como corresponda, dicte nuevo fallo (doctr. causas C. 66.011, "Castillo o Castillo Pan", sent. de 31-III-1998; C. 121.487, "Intermédicas", resol. de 14-VI-2017 y C. 121.863, "Centro Integral del Computador SRL", resol. de 11-X-2017).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la nulidad de oficio del decisorio de fs.295/311, debiéndose remitir los autos al órgano de origen para que, debidamente conformada, emita un nuevo pronunciamiento. Sin costas atento la forma en que se decide (arts. 168, Const. prov.; y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese con copia del dictamen del Ministerio Público y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 200
Fin de la sentencia