Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75153
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.153, "Baez, Francisco Javier contra Provincia de Buenos Aires (ARBA). Pretensión Declarativa de Certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, por mayoría, declaró desierto el recurso interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión declarativa de certeza. Impuso las costas a la recurrente en su calidad de vencida (conf. arts. 51 y 56 inc. 3, CCA, texto según ley 14.437; v. fs. 529/543).
Contra tal pronunciamiento, el Fisco interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 544/554), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 555.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 557) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás, sostuvo que de la demanda surgen los presupuestos para dar curso a la acción meramente declarativa, en tanto el señor Baez denunció un estado de incertidumbre que lo perjudica patrimonialmente, respecto de su condición frente al impuesto inmobiliario.
Indicó que la conducta de la Administración no se ajusta a lo normado por los arts. 48, 54 y 55 -primera parte- del decreto ley 7.647/70 y tuvo así por concretado el recaudo regulado por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable por el art. 77 inc. 1, CCA), atento que el actor debió deducir esta acción ante la incertidumbre respecto del tributo reclamado en la relación jurídica que lo une con la demandada, e indicó que no debe descartarse el inminente perjuicio en su patrimonio, atento que fue intimado a abonar el impuesto bajo apercibimiento de inicio de las acciones judiciales que correspondan.
Manifestó que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) soslayó el texto del instrumento público de la última registración dominial de los bienes (vulnerando los arts. 53, 54 y 58, dec. ley 7.647/70), y que el señor Baez probó que no ostenta la propiedad de los mismos, desde el momento de su compra por que no compró para él (24 de mayo de 1985). Sostuvo que llama la atención que la autoridad administrativa solo intimó al señor Baez al pago del impuesto inmobiliario cuando la escritura n° 87 se hizo a nombre de tres personas (Baez, Ramírez y López), y en su base de datos figura encabezando los "Titulares de Dominio" la Asociación Vecinal del Barrio 9 de Julio y luego los tres mencionados.
Concluyó que la conducta seguida por ARBA al intimar al señor Baez, adolece de legalidad, al no haber tenido en cuenta la manifestación efectuada por tres adquirentes -no sólo Baez- ante el escribano al momento de escriturar la adquisición del inmueble, máxime al no activar el procedimiento administrativo que para la determinación del impuesto inmobiliario prevé el Código Fiscal a partir de su art. 112 (t.o. 2011).
Afirmó que no era aplicable al caso el art. 169 Código Fiscal, porque el señor Baez declaró en la escritura (por la que inscribió el dominio) que el inmueble no era para él, abonándose con dinero de la Asociación (v. fs. 41), como también manifestaron los señores Ramírez y López, quienes firmaron dicho instrumento público ante la presencia del notario que dio fe. Concluyó por ello que no reviste el actor la calidad de contribuyente del impuesto reclamado, siendo esta vía procesal la más idónea para así determinarlo, por no poder llevarse a cabo tal discusión dentro del acotado marco de un juicio de apremio.
Asimismo, indicó que se desprendía de las constancias de autos que el poseedor de las parcelas resulta ser la Comisión Vecinal del Barrio 9 de Julio, y que conociendo tal eventualidad la autoridad de aplicación (por obrar tal información en su base de datos), contando con todos los elementos necesarios para identificar al verdadero contribuyente, debió actuar en consecuencia.
Agregó que el actor acreditó que la posesión la tenía la Comisión Vecinal con claros fines públicos, y sostuvo que, hallándose vigente la nueva normativa de fondo (ley 26.994), por aplicación de los arts. 1.891, 1.909, 1.928 y 1.939, no resultaba válido afirmar que la Asociación tenga solo la tenencia de los inmuebles, sino que ostentaba el animus y el corpus del dominio en titularidad de uso, goce y posesión, por lo que resultaría obligada al pago -conforme art. 1.939-.
Aseveró que el hecho de no haberse acreditado la aceptación de compra a favor de la Asociación (arts. 2.304 y 2.305, Cód. Civ.), no desvirtuaba la eficacia del resto de las probanzas, máxime cuando a la hora de la compra del inmueble, el señor Baez era el tesorero de aquella, habiendo también los integrantes testificado que el inmueble se adquirió en favor de esta, pero no a su nombre porque no tenía personería jurídica para comparecer en instrumento público (conf. arts. 979, Cód. Civ., ley 17.711 y actual 289 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Por lo expuesto, hizo lugar a la pretensión declarativa de certeza y estableció que el actor no resulta sujeto pasivo obligado al pago del impuesto inmobiliario (v. fs. 503).
II. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, a su turno, por mayoría, declaró desierto el recurso interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia.
II.1. Para así decidir, señaló que el intento recursivo de la demandada carecía de una crítica razonada y concreta de las piezas específicas que le generan agravio, puesto que la petición no resultaba un cuestionamiento al decisorio, sino una serie de manifestaciones, a título reiterativo, sin expresión de agravio concreto sobre los puntos abordados en la sentencia de grado.
Indicó que el tribunal de apelación no tiene la función de contralor o de revisión, sino que trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos, por escrito de agravios, debiendo tratarse de alegaciones fundadas, demostrativas de los errores del fallo que se ataca, pues el juicio de apelación comienza con esa pieza que hace las veces de demanda, que se abre después de la sentencia; de allí que el ámbito objetivo de la apelación es el que le proporciona la pretensión del recurrente.
Agregó que de la parcela correspondiente a la "expresión de agravios" en sí, surgía que la accionada no ha especificado el modo y el alcance en que se ve agraviada por la decisión de la a quo , lo que se evidencia de la lectura del escrito de responde (v. fs. 186/192) y del recurso de apelación (v. fs. 507/511), los que se asemejan en su contenido.
Sostuvo que no se ha plasmado una crítica razonada y concreta de las parcelas del decisorio -que se pretende impugnar- que le generan agravio, siendo -en realidad- más asimilable a una insistencia.
Afirmó que la apelación debe poner de resalto los errores del pronunciamiento y demostrar los motivos para considerar que el mismo es injusto o contrario a derecho, y que expresar agravios, en su estricta acepción, significa refutar y poner de manifiesto los errores (de hecho o de derecho) que contenga la sentencia, debiendo la impugnación que se intenta contra ella, hacerse de modo tal que rebata los fundamentos esenciales que le sirvieron de apoyo. Agregó que supone como carga procesal una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia, requiriendo así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (arts. 260 y 261, CPCC).
Apuntó que impuesta la carga de fundamentar la apelación -como lógica consecuencia de la necesidad de proporcionar al Tribunal de Alzada la medida de su actuación-, el incumplimiento respectivo genera la denominada "deserción" del recurso (en el caso, respecto de una suerte de cuestionamiento acerca de lo decidido en la anterior instancia), solución que provoca la pérdida del efecto producido por el cuestionamiento y motiva la condición de firmeza de la resolución apelada.
Concluyó que el apelante no avanzó en el desarrollo de los motivos por los cuales el decisorio de grado le generó agravios, y por ello declaró desierto el recurso intentado por la demandada (arts. 260 y 261, CPCC).
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco denuncia absurda valoración del recurso de apelación, violación y errónea aplicación de los arts. 12 y 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo; 260 y 322 del Código Procesal Civil y Comercial; 2.305 y 2.505 del Código Civil y 169 del Código Fiscal. Acusa también absurda valoración de las circunstancias fácticas del caso y violación del principio de congruencia.
III.1. En primer lugar, se queja de la declaración de deserción del recurso. Denuncia absurdo en tanto el Tribunal de Alzada consideró no apelado lo efectivamente apelado.
Señala que específicamente en dicha oportunidad se distinguieron dos agravios: uno relativo a la improcedencia de la vía procesal intentada en tanto no existe incertidumbre alguna sobre la relación jurídico tributaria, siendo incontrastable el carácter de titular registral del actor, su intervención por su propio derecho en la escritura de comprar y la inoponibilidad de sus manifestaciones acerca de comprar para un tercero ante la falta de aceptación expresa; y otro correspondiente a la irrelevancia del hecho de que las facturas fueran dirigidas a la Asociación, como del estado de ocupación, todo lo que no obsta la condición de titular dominial registralmente inscripto del actor.
Indica que específicamente se agravió de que, tratándose de un vínculo obligacional tributario de solidaridad, no puede alegarse una subsidiaridad que no se desprende del texto de la ley, desde que el fundamento de tal particular forma de responsabilizar a los obligados al pago, responde a la inobjetable finalidad de hacer efectivo su crédito de la manera que resulte más favorable para la eficaz recaudación de la renta pública.
Agrega que resulta lógico que, si el juez de grado acogió la pretensión actora por los argumentos dados por esa, la apelación se asemeje a la contestación de demanda, al verse obligado a reeditar los embates originales que no fueron atendidos por la sentencia recurrida.
Por lo expuesto denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial, que establecen las cargas técnicas de admisión del recurso ordinario de apelación, los que se aplicaron con rigor extremo y exceso ritual manifiesto.
Acusa violada la doctrina legal de esta Corte emergente de los autos C. 119.526, "Kozakiewicz", sentencia de 30-III-2016, en tanto el Tribunal de Alzada descartó el "criterio tolerante" y de "amplia flexibilidad" que se señala respecto de la interpretación de la carga técnica del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (o su equivalente en el CCA, art. 56 inc. 3), denunciando que aplicó un criterio restrictivo de severidad extrema propio de los recursos extraordinarios, privándolo del acceso a la segunda instancia y la pérdida del derecho al recurso, conllevando todo ello la violación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
Recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la indebida privación de la doble instancia recursiva, cuando ella esta legislada, representa una violación de las garantías constitucionales ya referenciadas (CSJN Fallos: 310:1424 y 318:1711); en tanto "La doble instancia no tiene jerarquía constitucional, salvo cuando las leyes específicamente la establezcan".
III.2. Denuncia violación de los arts. 12 del Código Contencioso Administrativo y 322 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto dio curso a una pretensión declarativa de certeza cuando no existía incertidumbre alguna.
Señala que la pretensión representa únicamente su disconformidad con una situación jurídica tributaria concreta y cierta, definida con precisión por el ordenamiento fiscal aplicable.
Cita doctrina de esta Corte por la que se estableció que si el actor persigue que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea para evitar la promoción de eventuales y futuros conflictos; y señala que eso es lo que ocurre en autos (conf. doctr. causas B. 64.222 e I. 66.737).
III.3. Acusa errónea aplicación de las normas del Código Civil, referentes a la compra para terceros (conf. art. 2.305) y sostiene que el sistema registral establece un medio de publicidad único para dar a conocer a los responsables de cada inmueble y que, si el actor consta como titular de la propiedad, debe responder él (conf. art. 2.505).
III.4. Aduce arbitraria interpretación del art. 169 del Código Fiscal. Manifiesta que, si se entendiera que la calidad de contribuyente es impuesta a la Asociación Vecinal, solo por ser poseedora o usufructuaria (y no propietaria) se violaría el artículo citado que sindica como contribuyentes solidarios a los titulares de dominio, los superficiarios, usufructuarios y los poseedores a título de dueño, sin señalar una prelación o exclusión necesaria entre ellos.
III.5. Denuncia absurda valoración de las circunstancias fácticas, en tanto surge de autos que el actor adquirió el inmueble por derecho propio y sin que nadie más reconociera como suya la operación (art. 2.305, Cód. Civ.), estando el inmueble inscripto a su nombre (art. 2.505, Cód. Civ.), por lo que reviste el carácter de "titular de dominio" (art. 169, CF), habiéndose apartado el juez de los preceptos legales aplicables por una serie de hechos circunstanciales vagamente alegados y escasamente acreditados.
III.6. Acusa asimismo violación del principio de congruencia y extralimitación en la jurisdicción, en tanto al resolverse en autos la condición de dueño y contribuyente de una persona que no fue parte del proceso (y por tanto le es inoponible la sentencia), se ha extendido la jurisdicción más allá de las partes, pretendiendo declarar la titularidad de un inmueble y la condición de contribuyente de un tercero ajeno al pleito, contra legem .
IV. Adelanto que el recurso extraordinario interpuesto debe prosperar.
IV.1. El thema decidendum en esta causa se halla vinculado al rechazo del recurso de apelación deducido contra la sentencia de primera instancia, en tanto fue declarado desierto por la Cámara interviniente (conf. arts. 56 inc. 3, CCA y 270, CPCC).
A ese respecto el Tribunal de Alzada sostuvo que el escrito recursivo de la demandada carecía de una crítica razonada y concreta de las piezas específicas que le generan agravio, puesto que la petición no resultaba un cuestionamiento al decisorio, sino una serie de manifestaciones, a título reiterativo, sin expresión de agravio concreto sobre los puntos abordados en la sentencia de grado.
Contra tal pronunciamiento el recurrente denuncia absurdo valorativo en la consideración de que no se apeló lo efectivamente apelado. Agregó que resulta lógico que si el juez de grado acogió la pretensión actora por los argumentos dados por esa parte, la apelación se asemeje a la contestación de demanda, al verse obligado a reeditar los embates originales que no fueron atendidos por la sentencia recurrida, y con ello denunció la violación y errónea aplicación de los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial, los que señaló fueron aplicados con rigor extremo y exceso ritual manifiesto, violándose asimismo la doctrina legal de esta Corte en la materia.
IV.2. En efecto, se advierte una absurda valoración del escrito de apelación, en la medida que soslayó los agravios expuesto por la recurrente al sostener que eran una reproducción de la contestación de demanda, sin apreciar que resultaron una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante consideró equivocadas y que específicamente atacó los argumentos centrales que fundaron esa decisión (v. fs. 507/511); y consideró que esa réplica de fundamentos no obsta a su suficiencia técnica, en tanto fueron descartados por la sentencia de primera instancia y deben ser revisados por la instancia superior.
Manifestó allí el recurrente que: 1. Le genera agravio la sentencia en cuanto admite la pretensión declarativa de certeza cuando, en rigor de verdad, la pretensión refleja la disconformidad del actor con una relación jurídico tributaria concreta y cierta, definida con precisión por el ordenamiento fiscal aplicable; 2. Denunció que está acreditado en autos que el actor es el titular de dominio registral, y que así se inscribió porque es lo que surge de la escritura, careciendo de validez la manifestación unilateral que este efectuara, para adjudicar la adquisición en favor de un tercero (la Asociación Vecinal), y señaló que no le es oponible. 3. Se quejó también de que el juez de grado tuvo en cuenta el domicilio postal al que se envió la liquidación del impuesto, lo que consideró no resulta un elemento decisivo en tanto la dirección de envío puede modificarse telefónicamente, por lo que carece de entidad para atribuirle responsabilidad al titular de ese domicilio. 4. Se agravió de que se tuvo en cuenta el estado de ocupación del inmueble y alegó que dicha circunstancia no trastoca el estado de titularidad dominial asentado en el Registro de la Propiedad; estando Arba normativamente habilitada a cobrar solidariamente el impuesto a quienes resulten titulares de dominio, usufructuarios, poseedores a título de dueño, entre otros (conf. art. 169, Cód. Fiscal, t.o. 2011), por lo que violó el juez de grado el régimen jurídico aplicable al establecer una subsidiaridad no prevista en la ley, desde que el fundamento de tal particular forma de responsabilizar a los obligados al pago responde a la inobjetable finalidad de hacer efectivo su crédito de la manera que resulte más eficaz la recaudación de la renta pública.
Al respecto, si bien esta Corte tiene dicho que la apreciación de la suficiencia de la expresión de agravios constituye una cuestión de hecho privativa de los jueces de grado y, en principio, ajena a esta instancia extraordinaria, se admite su revisión en los casos de denuncia y efectiva demostración de que se ha incurrido en el absurdo (conf. causas C. 91.256, sent. de 13-VI-2007; C. 102.983, sent. de 17-XII-2008; e.o.), como acontece en autos.
En efecto la ley exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de aquellas partes del fallo que el apelante considere equívocas (art. 260, ley ritual); y se ha sostenido que incurre en absurdo el tribunal de apelación cuando descalifica el memorial soslayando que satisface las exigencias del referido art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial.
Encuentro que ese mismo déficit valorativo se ha configurado en el presente, en tanto el pronunciamiento de la Cámara interviniente desestimó la expresión de agravios de fs. 507/511, y aplicó el art. 260 del Código de rito con un excesivo rigor formal, provocando la deserción del recurso (conf. doctr. causa C. 119.526, "Kozakiewicz, Alfredo", sent. de 30-III-2016, doctrina denunciada por el contribuyente), violando el derecho de defensa en juicio (art
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