Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75502
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.502, "Mascali, Andres Alejandro c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Prov. de Bs. As. s/ Pretensión declarativa de certeza. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión declarativa de certeza deducida por el doctor Andrés Alejandro Mascali contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declaró que la deuda que el actor mantenía con el ente emplazado, en concepto de Cuota Anual Obligatoria (CAO), debía ser actualizada conforme parámetros del art. 24 de la ley 6.716 y la doctrina legal de esta Suprema Corte en lo que hace a la actualización de honorarios a tasa pasiva. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1, CCA).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la entidad previsional accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El doctor Andrés Alejandro Mascali promovió la presente acción declarativa de certeza contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre con relación a la tasa de interés aplicable a las obligaciones previsionales que mantiene con dicho organismo, en virtud de la discrepancia existente entre las previsiones de la normativa y doctrina legal vigente y las pretensiones de cobro de la entidad accionada.
Refirió que la demandada aplica a los créditos impagos de sus afiliados la tasa activa que emplea el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuando -según sostuvo- por imperio del art. 24 de la ley 6.716, la tasa aplicable para la actualización de la deuda en cuestión debía ser la misma que esta Suprema Corte aplica para la actualización de los créditos por honorarios de los afiliados, es decir, la tasa pasiva. En su aval, citó la doctrina sentada por este Superior Tribunal en la causa A. 71.170, "Isla", sentencia de 10-VI-2015.
II. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Pergamino, acogió favorablemente la pretensión y, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, declaró que la deuda mantenida por el actor con el ente emplazado, debía ser actualizada conforme parámetros del art. 24 de la ley 6.716 y la doctrina legal de esta Suprema Corte en lo que hace a la actualización de honorarios a tasa pasiva.
Asimismo, ordenó la comunicación de la sentencia al "Registro de Procesos Colectivos" de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la forma de estilo (cfr. Acordada n° 3660 de la SCBA).
Para así decidir, efectúo las siguientes consideraciones:
II.1. Liminarmente, juzgó abastecidos los requisitos de procedencia de la acción declarativa de certeza entablada (cfr. art. 12 inc. 4, ley 12.008).
II.2. Posteriormente, se abocó a definir y establecer la modalidad de la relación jurídica sobre la cual recayera el estado de incertidumbre, referida al modo de cálculo de los intereses por las deudas del actor con la demandada.
En esa faena, señaló que la normativa aplicable refiere tanto para el caso traído a su conocimiento (deuda de CAO), como para el resto de los mecanismos de actualización de las acreencias a favor de la Caja demandada, al parámetro establecido en relación a los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para actualización de montos de honorarios (cfr. arts. 14 y 24, ley 6.716).
Bajo tales condiciones, sostuvo que el análisis de la presente cuestión consistía en determinar a los fines de despejar el estado de incertidumbre, cuál era la doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia.
A tal efecto, seleccionó la causa L. 118.690, "Vera", sentencia de 11-X-2017, y luego de transcribir partes sustanciales del fallo, concluyó que la doctrina legal vigente, distaba considerablemente de los argumentos de la demandada, y otorgaban debido sustento hermenéutico a la posición argumental del actor, expresada en que sus deudas debían liquidarse conforme la tasa pasiva y no a la tasa activa como pretendía el ente demandado.
Finalmente, destacó que el precedente citado, resultaba no sólo de fecha posterior a los pronunciamientos de las causas "Isla" y "Arriaga" invocados por las partes, sino también a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación alegado por la demandada para argumentar la desarticulación de la doctrina legal de esta Suprema Corte provincial en el tema.
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de grado.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que la recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento denunciado.
III.1. Liminarmente, desestimó el planteo referido a la inadmisibilidad formal de la pretensión, al ponderar:
Que el precedente invocado por la recurrente en aval de su postura (causa n° SM2-6341-2017, "Ramírez, Darío Javier c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia. de Bs. As. s/ pretensión declarativa de certeza"), contenía una plataforma fáctica distinta a la del sub lite , en tanto la conducta de los respectivos litigantes con anterioridad a la promoción de sus demandas, presentaba notorias disimilitudes.
Que la impugnante no atacó los argumentos brindados por el iudex , en cuanto considerara a la vía elegida por el actor como la de mayor idoneidad y, centralmente, por limitarse a insistir en que no existía duda a disipar.
III.2. Posteriormente, y con relación al embate dirigido a la cuestión de fondo, esto es, doctrina legal aplicable para determinar la tasa de interés que percibe la Caja demandada, meritó:
Que el análisis efectuado por el juez de grado sobre la ley 6.716, sólo mereció un rebate tangencial por parte de la recurrente afincado en aspectos procesales, mas no en lo surgente de la citada normativa, en cuanto determina que quién dispone los intereses es la Suprema Corte de Justicia (arts. 14 y 24, ley cit.)
Que tampoco mereció cuestionamiento que el criterio de este Superior Tribunal en la materia era el que surgía de la causa "Vera" (cit.).
Finalmente, descartó el argumento de la recurrente afincado en la falta de valor como doctrina legal del referido precedente que fundara en la circunstancia de no haber considerado la realidad normativa existente al momento de su dictado (ley 23.928) al considerar que, más allá de dicho debate o si se aborda tal o cual argumento, la atribución de la Suprema Corte de fijar la tasa de interés constituye una delegación legislativa en la materia.
A lo expuesto, añadió que no es obligación de los jueces seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del tribunal, sino tan sólo aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a una sentencia válida.
IV. Contra dicho pronunciamiento la Caja demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: i) violación y errónea interpretación de la Ley de Honorarios para Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires 14.967 y del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación; ii) errónea aplicación de la doctrina legal de este Superior Tribunal y iii) gravedad institucional.
IV.1. Básicamente, sostiene que los magistrados de las instancias de grado, al hacer lugar a la demanda a partir de lo dispuesto por esta Suprema Corte en el precedente "Vera" -citado-, omitieron considerar que luego del dictado de esa sentencia, tuvo lugar una modificación legal que hizo perder toda eficacia vinculante a dicha decisión judicial.
En ese cometido, refiere que el día 12 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.967, por la cual se creó un nuevo régimen de honorarios de abogados y procuradores para la Provincia de Buenos Aires, que dispuso aplicar para la actualización de honorarios adeudados el interés previsto en el art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 54 in fine ).
Postula que, con la sanción de dicha ley, el legislador provincial ha decidido ratificar que en materia de honorarios profesionales corresponde aplicar la tasa activa, ello al hacer remisión al Código Civil y Comercial que expresamente admite este tipo de tasas.
Manifiesta que la delegación legislativa que la sentencia impugnada cree ver en el art. 24 de la ley 6.716, ya no existe ni existía al momento de dictar sentencia, por cuanto la remisión que dicha ley realizaba a la Suprema Corte para que fije los intereses fue sustituida por la previsión legal específica de la nueva Ley de Honorarios, la cual reconoció la posibilidad de remitir al Código Civil y Comercial, tal como -aduce- anteriormente lo hiciera su parte amparada en lo previsto por el art. 552 del Código citado.
Señala que la ley 14.967 no puede limitar sus efectos al futuro, ya que implicó un reconocimiento del legislador respecto de la ausencia de todo conflicto entre la aplicación de tasas activas y la prohibición de indexar prevista en la ley 23.928, pues al no haberse modificado esta ley no se entendería como se habría dictado la nueva ley de honorarios.
Como corolario, interpreta que la única forma de tener por válida a la nueva ley es considerando que desde la sanción del Código Civil y Comercial no existen obstáculos para reconocer la aplicación de la tasa activa a las deudas dinerarias.
IV.2. Posteriormente, se refiere a los efectos de la ley de honorarios sobre el carácter colectivo del proceso y señala que, aunque se sostenga que solo tiene efectos hacia el futuro y no modifica la situación concreta decidida respecto de los períodos adeudados por el actor (años 2012, 2013, 2014 y 2015), la ley sí tiene efectos concretos sobre la subsistencia del proceso colectivo.
En este sentido, sostiene que al eliminar la ley 14.967 todo tipo de conflicto o discusión normativa en el presente y también hacia el futuro, se modificó en forma sustancial la situación general que se pretendía establecer y con ello, desapareció también la necesidad de que subsista el presente litigio como un proceso colectivo.
En suma, alega que la sentencia recurrida no solo se ha apartado de la ley 14.967 sino que también, al no considerar a esa ley como una circunstancia sobreviniente con efectos sobre el carácter colectivo del proceso, se apartó de la jurisprudencia inveterada de esta Suprema Corte, según la cual no corresponde el dictado de sentencias abstractas o declarativas allí donde las circunstancias de hecho o jurídicas han extinguido el conflicto.
IV.3. Finalmente, denuncia que en autos se presenta un caso de gravedad institucional evidente y manifiesto, ya que se encuentra en juego la afectación de los recursos propios que posee la Caja previsional de los abogados bonaerenses.
Advierte que en el sub lite , al otorgársele naturaleza de proceso colectivo, la causa ya no recae en el caso específico del actor, sino que el monto pasa a ser de una magnitud inusitada que pone en real peligro la subsistencia de la Caja. Cita al efecto diversos informes contables elaborados por su parte, cuantificando el impacto económico que representaría la aplicación de la tasa pasiva digital en vez de la tasa activa actualmente aplicada, respecto de las cuotas anuales obligatorias (CAO) adeudadas hasta el presente desde el mes en que se dictó el precedente "Isla" –citado-.
V. El recurso no prospera.
V.1. Conforme surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Suprema Corte a través del recurso extraordinario intentado, versa sobre la tasa de interés aplicable a la deuda previsional que el doctor Andrés Alejandro Mascali mantiene con la Caja demandada, en concepto de Cuota Anual Obligatoria correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
En efecto, la demandada persigue la revocación de la sentencia de Cámara que, en virtud de la remisión prevista en el art. 24 de la ley 6.716, aplicó la doctrina legal establecida en la causa L. 118.690, "Vera" (sent. de 11-X-2017) y dispuso que la deuda que el actor mantiene con el ente emplazado debía ser actualizada conforme la tasa pasiva de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires, confirmando de esa manera la sentencia de primera instancia que se había pronunciado en idéntico sentido.
Fundaron los magistrados de ambas instancias su decisión en la doctrina legal que emerge de la mencionada causa.
Esta Corte tiene dicho que si bien la doctrina legal emanada de este Tribunal no es vinculante directamente, lo es en forma "indirecta" a través de los motivos o causales de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad (violación o errónea aplicación de la doctrina legal; art. 279, CPCC), por cuanto la Suprema Corte cuenta con la facultad de casar las sentencias que se aparten de sus pronunciamientos y de dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina que se declare aplicable (art. 289, CPCC; causa C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-VII-2015).
Radica su función en mantener la unidad en la jurisprudencia bonaerense y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio establecido, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- con dejar a salvo sus opiniones personales (doctr. causas A. 71.973, "Dairo", sent. de 13-IV-2016; A. 73.853, "Bahía Petróleo S.A.", sent. de 14-II-2018; e.o.).
De allí que, en principio, no puede ser revocado el pronunciamiento atacado cuando ha hecho aplicación de la doctrina legal.
V.2. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que en el presente caso la cuestión versa sobre la tasa de interés aplicable a los aportes previsionales adeudados en concepto de CAO, cuya disposición legal está contenida en el art. 24 de la ley 6.716, de creación y funcionamiento de la Caja de Previsión Social para Abogados de esta Provincia.
Este último precepto legal dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:
"Todo afiliado que no hubiere cumplimentado antes del 31 de diciembre de cada año el pago de la cuota anual obligatoria prevista en el artículo 12, inc. b) podrá hacerlo hasta el 31 de mayo del año siguiente. A tales efectos, al importe adeudado se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de honorarios hasta el momento del pago.
Vencido este último plazo el afiliado quedará automáticamente en mora, suspendiéndoselo en todos los beneficios a que tuviere derecho que se generen en hechos ocurridos desde la mora hasta la rehabilitación.
Para rehabilitarlo deberá cancelar las cuotas pendientes, abonándolas con los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de los honorarios. La rehabilitación operará efectos con respecto a las contingencias que se generaren después de la misma o a las consecuencias de situaciones preexistentes ocurridas durante la mora, que se extendiesen después de la rehabilitación. En este último supuesto, la prestación que correspondiere se abonará a partir de la rehabilitación".
Del artículo transcripto surge que se ha facultado a este Tribunal a determinar el interés moratorio aplicable a las deudas en concepto de CAO mantenidas con la Caja.
En la citada causa L. 118.690, "Vera" (sent. de 11-X-2017), en la que fundó la Cámara la decisión que ahora se critica, se debatió si era aplicable la tasa activa que establecía el art. 54 del decreto ley 8.904/77, resolviéndose por mayoría en forma negativa, fijándose, entonces, la tasa pasiva más alta que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días, en razón de la doctrina legal sentada en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016).
La doctrina legal que ha fijado la tasa pasiva para los intereses moratorios aplicables a los honorarios judiciales de letrados y procuradores, ha sido reafirmada recientemente en las causas C. 121.040 y C. 121.444, "Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires" (sents. de 27-V-2020), estableciéndose que los mismos debían calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (cfr. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; y 31 bis, ley 5.827), debiendo ser ésta aplicada al presente caso (art. 289, CPCC).
Por lo tanto, con la salvedad expuesta más arriba en cuanto al tipo de tasa de interés a aplicar sobre las sumas debidas, se pone en evidencia la sinrazón de la recurrente, al constatarse la aplicación por parte de la Cámara de la doctrina legal sobre intereses moratorios fijada en los precedentes mencionados.
En el caso, el Tribunal de Alzada no hizo más que respetar el texto expreso de la ley aplicable (art. 24, ley 6.716), que puntualmente establece que los intereses moratorios por "aportes adeudados", se rigen por la tasa que fija esta Suprema Corte para el cálculo de los intereses moratorios por "honorarios adeudados", no existiendo otra doctrina legal en el tema que la que ya fue referenciada, que señala que esos accesorios deben calcularse según la "tasa pasiva" más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos de plazo fijo a treinta días (cfr. causas L. 118.587; C. 119.176 y L. 118.690, cits.).
No ha existido en autos ni violación de la ley, ni de la doctrina legal vigente en la materia, por lo que el recurso extraordinario intentado luce infundado.
V.3. No obsta a lo expuesto la circunstancia adicional que invoca la recurrente por la que señala que la doctrina legal de esta Suprema Corte, aplicada por la Cámara, habría quedado derogada a partir del cambio normativo provocado por la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. ley 26.994, B.O. de 8-X-2014) y de la nueva Ley provincial de Honorarios para Abogados y Procuradores (cfr. ley 14.967, B.O. de 12-X-2017).
A criterio de la impugnante estas nuevas normas habrían derogado la doctrina de la tasa pasiva digital, pues -según entiende- ahora queda claro que los intereses moratorios por "honorarios adeudados" y por añadidura también por "aportes adeudados" a la Caja deben regirse por la "tasa activa", teniendo en cuenta la remisión que la nueva ley arancelaria establece en el tema respecto de la tasa más alta del mercado aplicable para el pago con mora de las obligaciones alimentarias entre parientes (cfr. art. 54 inc. "b", ley 14.967 que remite al art. 552 del Cód. Civ. y Com. de la Nación); remisión qu
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