Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75461
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.461, "Los Cipreses de Bahía S.A. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Pretensión declarativa de Certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el pronunciamiento de primera instancia y -en consecuencia- admitió la demanda entablada (v. fs. 253/269 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 273/283), el que fuera concedido por la Cámara interviniente a fs. 285.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 289 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el pronunciamiento de primera instancia y -en consecuencia- admitió la demanda entablada declarando la inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, regulada en el art. 258 y subsiguientes de la ordenanza fiscal de la Municipalidad de Bahía Blanca del año 2014 y su similar del año 2015. Impuso las costas de ambas instancias a la comuna en su calidad de vencida (conf. arts. 274, CPCC y 51 inc. 1, CCA; v. fs. 253/269 vta.).
I.1. Para así decidir, sostuvo que la tasa siempre se corresponde con una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado que, si bien tiene una estructura jurídica análoga a la del impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado.
Agregó que, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en miras el interés general (CSJN Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; e.o.) y su cobro se debe corresponder siempre a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (cita CSJN Fallos: 236:2; 251:222; 259:413; 312:1575; 329:792 y causa Q.20.XLVII "Quilpe S.A.", sent. de 9-X-2012, entre muchos otros).
Desde esta conceptualización, afirmó que la autoridad municipal necesariamente debe brindar, con relación al sujeto obligado al pago, el servicio por el cual grava la actividad que constituye el hecho imponible descripto en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declamativa de la Administración (tal como sería postular que el servicio se encuentra organizado, pero sin constancia alguna que acredite que efectivamente se prestó al contribuyente reclamante); ni tampoco podría la comuna pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio con relación a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada.
Luego de repasar doctrina de autores coincidente con lo expuesto, distinguió entre dos categorías de tasas, las que se cobran para solventar los servicios que se prestan uti universi y las que se persiguen para retribuir las actividades que se materializan uti singuli . En las primeras -que son aquellas que se brindan a toda la población-, resulta suficiente que el servicio se encuentre organizado y se preste -efectivamente- para que sea exigible el pago de la contraprestación (cita doctr. de esta Suprema Corte in re I. 1.270, "Blanco", sent. de 18-IV-1989; I. 1.286, "Papelera Juan V. F. Serra S.A.C.I.F.", sent. de 18-VI-1991; B. 51.937, "Nobleza Piccardo", sent. de 28-XI-1995 y B. 56.454, "Pecom Energía S.A.", sent. de 17-XII-2003). A diferencia de ello, apuntó que los servicios uti singuli son aquellos que resultan prestados a los sujetos en razón de su requerimiento, como sería el caso de la tasa de actuación administrativa que debe abonar todo aquel que voluntariamente inicie un trámite o gestión ante el ente público; en estos casos la voluntad del sujeto en recibir la prestación es condición sine qua non para el cobro de la tasa.
I.2. A partir de la conceptualización reseñada y con la finalidad de brindar certeza a la relación tributaria que vincula a los actores en su carácter de propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en una urbanización privada con el municipio de Bahía Blanca, en el marco de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, se propuso identificar la estructura de ese tributo, esto es, su hecho imponible y los sujetos obligados a su pago.
Así, adentrado al análisis de la tasa objeto de autos, apuntó que el art. 258 de la ordenanza fiscal 2014 establecía que: "...se abonarán las tasas que fije la Ordenanza Impositiva anual por los servicios prestados por la Municipalidad, de carácter indivisible o indirectos, en particular los destinados al ordenamiento y control del tránsito y señalización vial, promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural, atención a la minoridad y problemática social, defensa civil, atención y resolución de situaciones de emergencia. Comprende también el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación, y su conservación y/o mantenimiento. Asimismo comprende el desarrollo y conservación de la red vial y/o vía pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública".
Explicó que los obligados al pago estaban determinados en el art. 260 de la ordenanza fiscal 2014, el que reseñaba que: "...son contribuyentes y/o responsables de esta tasa las personas físicas o jurídicas con residencia permanente o transitoria en jurisdicción municipal, o que por cualquier circunstancia tengan el uso o goce, real o potencial, de alguno de los servicios directos e indirectos prestados y/o disponibles en el Municipio, o utilice y/o usufructúe infraestructura o bienes municipales o de dominio público situados en jurisdicción municipal que para su existencia, utilidad o mantenimiento demanden la intervención de la Municipalidad. En particular, supone vinculación con el hecho imponible la posesión de bienes registrables radicados en jurisdicción municipal... ".
Descripto el marco normativo, el Tribunal de Alzada identificó los hechos indubitados de la causa: (i) que los actores, por su condición de propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro del barrio cerrado sito en la ciudad de Bahía Blanca, resultan sujetos pasivos de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios; (ii) que los actores, en cambio, no exhiben la condición de sujetos pasivos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública regulada en los arts. 71 a 97 de la ordenanza fiscal 2014 -en tanto tales servicios no son prestados por la comuna dentro del barrio cerrado-; (iii) y que el acceso al barrio cerrado -en el que se encuentran enclavados los inmuebles de los actores- se efectúa por las calles que integran la red vial municipal (ref. calle Rodolfo Kusch).
Así definidos los aspectos jurídicos y fácticos, indicó que lo dirimente para la solución del caso resultaba precisar si la Municipalidad prestaba a los accionantes (en su carácter de propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal) esos servicios a los que refiere el hecho imponible.
A tal fin, examinó en primer lugar el hecho imponible, advirtiendo la existencia de una estructura tributaria en la que el municipio justifica la tasa a partir de "los servicios indivisibles o indirectos" que dice prestar y que luego describe e identifica de manera particular, enumerándolos en la norma.
En el citado contexto, juzgó que la comuna no logró acreditar el aspecto central que justificaría el sometimiento de los actores al pago de la tasa, en tanto no explicó cómo esos servicios se vincularían con una prestación que beneficie directamente al propietario o poseedor del inmueble enclavado en la urbanización cerrada, vínculo jurídico a partir del cual se estructura el tributo (ref. art. 260, ord. fiscal 2014: "...supone vinculación con el hecho imponible la posesión de bienes registrables radicados en jurisdicción municipal").
Sin desconocer que la demandada arguye prestar todos los servicios enumerados en el art. 258 de la ordenanza fiscal 2004, señaló que -para justificar la percepción de una tasa- la autoridad municipal debe necesariamente hacer efectivo con relación al sujeto obligado al pago (en la especie, el propietario o poseedor de un inmueble ubicado en el barrio cerrado o club de campo) el servicio que configura el hecho imponible, no siendo suficiente para validar la pretensión tributaria que dicho servicio se encuentre organizado, ni que se preste con relación a otros contribuyentes, ajenos a la relación tributaria que examina en autos.
En esta línea argumentativa advirtió que no podía inferirse, de las constancias arrimadas al pleito, que los actores sean receptores de las actividades estatales que -de manera genérica- describe el art. 258 de la ordenanza fiscal 2014.
Asimismo, explicó que la técnica legislativa utilizada por la autoridad local al abordar de manera indiscriminada múltiples servicios -todos ellos- constitutivos del hecho imponible, atentaba contra la posibilidad de individualizar con la precisión exigible en la materia, cuál o cuáles de todos ellos se concretaban con relación a los actores.
No obstante haber postulado la demandada que los actores reciben o se benefician de servicios individualizables tales como el mantenimiento, bacheo, señalización y conservación de la calle Kusch al 1.000 -arteria de acceso al barrio privado-, de los servicios de recolección y transporte de residuos, entre otros (v. pto. VI, contestación de demanda, fs. 148/160), y, en general, de servicios indirectos que alcanzan a los actores en su vida diaria cuando salen del barrio privado y se acercan al centro de la ciudad (v. pto. VII, contestación de demanda, fs. 148/160), el Tribunal de Alzada consideró que esas prestaciones no se vinculaban de manera directa e individualizada con relación a los inmuebles registrables en cabeza de los actores.
Por el contrario, sostuvo que esos servicios municipales genéricamente dispuestos, estructurados como indirectos o indivisibles, no habilitaban el cobro de una tasa a los propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal, ni que sean ellos quienes deban costear exclusivamente esa genérica actividad direccionada a toda la población sin distinciones, por cuanto -insiste- no se enlaza de manera directa o concreta con los mentados sujetos pasivos de la gabela -por ser propietarios o poseedores de esos bienes raíces-, lo que daba cuenta de la desnaturalización de la especie tributaria bajo examen.
Estimó que justamente esa falta de vínculo o ligazón entre el sujeto pasivo de la tasa y la prestación estatal con relación a aquel, es lo que pone en evidencia el vicio que exhibe la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios.
No obstante lo expuesto, apuntó que aun cuando ciertamente podría darse el caso de que alguno de los inmuebles ubicados en el interior de un barrio cerrado pudiera beneficiarse, por ejemplo, con alguna tarea de control de plagas (esto es, uno de los hechos imponibles que describe el art. 258 de la ordenanza fiscal 2014) efectuada por la comuna, no resultaba menos cierto que el modo como se estructuró la tasa traducía una elasticidad impropia frente al principio de legalidad tributaria, en tanto no sería la discriminada condición de "propietario o poseedor de un bien inmueble" -tal lo que sucede en la especie- la que autorizaría a facturar la tasa en estudio sino, en todo caso, esa prestación de servicio efectiva e individualizada respecto de alguno de las inmuebles que conforme sus particularidades propias, de zona o región, se viera alcanzado por la actuación pública que se materialice.
En similar línea, indicó que cabía preguntarse si los "...servicios de promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural, de atención a la minoridad y problemática social..." -siguiendo el amplio abanico de servicios constitutivos del hecho imponible descripto por el art. 258 de la ordenanza fiscal 2014- son efectivamente brindados con relación a los actores o si, por el contrario, son dirigidos de manera indiscriminada a la totalidad de los habitantes del municipio, seanéstos propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal, con independencia de si se ubican dentro o fuera de urbanizaciones cerradas, o simple tenedores -inquilinos- u ocasionales visitantes de la ciudad.
Con ello señaló que no existía nota o trazo alguno que diferencie a los actores de los restantes sujetos supuestamente beneficiados por el servicio estatal y afirmó que absolutamente todos, por fuera de ser propietarios o poseedores de un inmueble radicado en esa jurisdicción, son alcanzados por ese genérico servicio, sin caberles distinción alguna que permitan identificar un concreto, individualizado y diferenciado beneficiario, único supuesto en que podría exigírsele su retribución mediante el cobro de una tasa.
Manifestó asimismo que lo expuesto no significaba desfinanciar ni, menos aún, desconocer que tales genéricas prestaciones tienen un costo; empero, estimó que ello no justificaba la desnaturalización de la tasa, indicando que, en todo caso, otra debería ser la fuente de la que provengan los recursos económicos necesarios para solventarlas.
Siguiendo el esquema descripto, advirtió que la tasa en cuestión también comprendía -como hecho imponible- "...el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos, y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación y su conservación y mantenimiento..."; todos servicios que no se vinculaban con los actores, pues nada podía hacer la comuna en el interior de la urbanización privada sobre espacio público alguno, concluyendo -entonces- que los inmuebles a los que se pretendía vincular con el mentado servicio, ninguna mejora del entorno recibían como consecuencia de esa actividad pública local.
Seguidamente indicó que si lo que pretendía la comuna era estructurar una obligación tributaria que retribuya el genérico servicio de conservación de espacio públicos, mal podría valerse de la categoría tributaria "Tasa" cuando no individualiza ni concreta esa prestación con relación a los actores, no obstante que los accionantes decidan -como postula la demandada- utilizar o usufructuar, en ocasión de salir de la urbanización privada, un espacio del dominio público como sería una plaza o un parque, cuyo uso no le está vedado a los meros tenedores de inmuebles ni a los simples transeúntes que ocasionalmente visiten el partido.
Agregó que mención aparte merecían "...los servicios de defensa civil y resoluciones a las situaciones de emergencia...", respecto de los que tampoco resultaba viable el tributo en tanto el municipio no explicó -y menos aún acreditó- cómo o de qué manera esa prestación beneficiaba o se materializaba con relación a los accionantes en su carácter de titulares dominiales o poseedores de una parcela en un barrio privado.
Afirmó que lo dicho no importaba desconocer que tal servicio (defensa civil, resolución de situaciones de emergencia, líneas telefónicas de asistencia) se encontraba organizado y puesto a disposición de toda la población en general; empero insistió que nada permitía visibilizar que se materializara o prestara a los contribuyentes de autos en forma individualizada. Y agregó que si bien era cierto que frente a cualquier contingencia que amerite el auxilio de la autoridad comunal (v.gr. contingencia meteorológica que trasunte inundación y/o vientos que amenacen riesgos) seguramente podrá echarse mano al servicio, no lo es menos que esa prestación se encontraba latente para la totalidad de las personas que residan (sean o no propietarios de inmuebles) o circunstancialmente se encuentren de paso en jurisdicción de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Posteriormente, reseñó que quedaban dentro de esa madeja de servicios que se describen como integrantes del hecho imponible de la tasa los identificados con "...el ordenamiento y control del tránsito y señalización vial [...] el desarrollo y conservación de la red vial y/o pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública...".
Como punto basal para analizar este segmento de servicios advirtió, como un hecho indubitado en autos, que ninguno de ellos se prestaba de manera concreta e individualizada con relación a los inmuebles de ninguno de los actores en tanto, como ya supra lo remarcara, esas primarias tareas del municipio no son ejecutadas puertas adentro del barrio cerrado en el que se enclavan los bienes registrables de los accionantes supuestamente beneficiados con esas actividades. Con ello afirmó que mal cabría predicar la existencia de una vinculación específica entre los accionantes y la actividad pública que autorizaría a viabilizar la pretensión de cobro de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios respecto de los demandantes.
Agregó que ello no importaba desconocer que los actores utilizaban la red vial para acceder al barrio privado ni que el ingreso a la urbanización privada lo era a través de la calle Rodolfo Kusch, lo que de por sí, atendiendo al modo como se describe el hecho imponible de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios, tampoco habilita la pretensión tributaria del municipio.
Indicó que, en todo caso, bien podría la comuna ejercer su indubitable prerrogativa tributaria (cfr. arts. 5, 123 y concs., Const. nac.; 190, 192 inc. 5 y 193 inc. 2, Const. prov.) y, de considerarlo oportuno, crear un tributo específico en el que (tal como sucede con la Tasa por Uso y Conservación de Caminos Rurales, en la que el hecho imponible radica en la apertura y el mantenimiento de un camino público que permite la vinculación con el inmueble del contribuyente) se describa -desplegando una adecuada técnica legislativa- el hecho imponible de modo tal que permita justificar la pretensión de su cobro a los propietarios o poseedores de inmuebles enclavados en los barrios cerrados por el acceso que obtiene el emprendimiento en su conjunto, en forma efectiva e individualizada, al entramado de arterias públicas diagramado, construido y conservado por la autoridad local.
En suma, concluyó que el hecho de que los propietarios o poseedores de inmuebles registrables enclavados en los barrios privados o clubes de campo no deban abonar la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, no justificaba que la comuna persiga respecto de tales sujetos el cobro de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, máxime cuando
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