Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73186
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.186, "Federación de Educadores Bonaerenses c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Declarativa de Certeza. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley y de Inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda promovida por la Federación de Educadores Bonaerenses "Domingo Faustino Sarmiento" y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y determinó que el beneficio instaurado por la ley 14.196 -retribución especial por egreso prevista en la ley 13.355-, deberá abonarse conforme al monto actualizado al momento del efectivo pago. Las costas de la alzada fueron impuestas a la accionada (v. fs. 321/332).
Disconforme con ese pronunciamiento , la Fiscalía de Estado dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. presentaciones electrónicas de fecha 23-V-2019), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 336/337.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 340/357), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 361) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida por la Federación de Educadores Bonaerenses "Domingo Faustino Sarmiento" (FEB) y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 y determinó, con carácter obligatorio para la demandada, que el beneficio instaurado por la ley 14.196 -retribución especial por egreso prevista en la ley 13.355- deberá abonarse conforme al monto actualizado al momento del efectivo pago, computando como última remuneración mensual total la vigente a ese momento para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese (v. fs. 169/181).
Para así decidir, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, desestimó la defensa de falta de legitimación activa, al ponderar que el interés de la entidad gremial consistía en procurar un pronunciamiento que allane la dificultad interpretativa para la concreción del beneficio otorgado a todos los trabajadores que resulten ser afiliados y abarcados por la normativa en cuestión.
En ese contexto -y siguiendo el criterio esgrimido por la Corte federal en el caso "Halabi"- consideró que se estaba en presencia de derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, donde existía una homogeneidad fáctica y normativa que llevaba a considerar razonable la realización de un solo juicio.
Luego, con cita de la jurisprudencia y doctrina que tiende a facilitar la concreción efectiva del acceso irrestricto a la justicia y tutela judicial efectiva del art. 15 de la Constitución provincial, concluyó que tratándose de una federación con personería gremial (cfr. art. 34, ley 23.551), podía ejercer los derechos que dicha ley le acuerda, entre ellos, la defensa y representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (cfr. art. 31 inc. "a", ley 23.551).
I.2. En cuanto a la vía intentada, consideró admisible la pretensión declarativa de certeza, al meritar la efectiva existencia de incertidumbre en torno a la interpretación y aplicación del beneficio instaurado, en razón de las diferencias existentes entre los textos normativos involucrados, dado que la ley 14.196 determina que la retribución que fija la ley 13.355 se abonará con el monto actualizado al momento del efectivo pago y el decreto 683/11 remite al sueldo del momento del cese en la actividad con más intereses computados desde entonces.
I.3. Finalmente se pronunció sobre la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, pues consideró que la confrontación entre las dos normas involucradas exhibía una disparidad de criterios que hacía imposible conciliarlas y armonizarlas, por lo cual consideró que el decreto -al establecer un derecho más acotado en detrimento de los trabajadores y lesionar su derecho de propiedad- debía ceder por su inferior jerarquía normativa ante lo que resultaba del texto expreso y claro de la ley.
Adunó que la interpretación del texto legal, en el sentido de que consagra el derecho a percibir la retribución especial sobre el monto actualizado al momento del pago, era la única forma en que no aparecía necesaria una operación de actualización prohibida por las leyes 23.928 y 25.561.
Por último, destacó como pauta de interpretación en el sentido descripto, el Acuerdo 3560/11 de esta Suprema Corte.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata dictó un primer pronunciamiento, por el cual revocó la sentencia apelada y rechazó la pretensión declarativa de certeza (v. fs. 229/241).
III. Contra ese decisorio, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, sobre los que se expidió esta Suprema Corte mediante sentencia de fecha 15 de agosto de 2018, donde resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad, al advertir que la sentencia impugnada carecía de la necesaria mayoría de opiniones respecto de la cuestión de fondo debatida.
En consecuencia, se anuló la sentencia de Cámara y se devolvieron los autos al tribunal de origen para que, integrado como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento (v. fs. 301/307).
IV. En cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte, la Cámara del fuero debidamente integrada, dictó nueva sentencia mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia e impuso las costas de esa alzada a la demandada vencida (v. fs. 321/332).
Para así decidir, consideró ajustado a derecho el pronunciamiento de grado y juzgó que los agravios esgrimidos por la demandada no podían prosperar.
IV.1. Liminarmente, desestimó la pretendida competencia originaria de esta Suprema Corte, que la recurrente fundara en las causas B. 72.012, "Ferrari", sentencia de 3-X-2012 y B. 71.959, "Turchi", sentencia de 4-VII-2012.
Al respecto, señaló que la jurisprudencia invocada no se ajustaba a las circunstancias de autos, ya que tales precedentes tramitaron como procesos sumarios de ilegitimidad, encaminados a la directa declaración de inconstitucionalidad del decreto 683/11, mientras que la presente causa tramitó como declarativa de certeza de las discrepancias existentes entre la ley 14.196 y su decreto reglamentario, donde -según afirmó- el planteo de inconstitucionalidad del segundo emergía como una cuestión anexa.
En virtud de la diferenciación contextual apuntada -y con base en la jurisprudencia de este Tribunal- sostuvo que el presente caso era ajeno a la competencia originaria de la Suprema Corte por involucrar -la acción entablada- una serie de cuestiones concretas generadas por normas pretendidamente discrepantes.
IV.2. Seguidamente, rechazó el agravio referido a la falta de legitimación de la actora para promover la presente acción.
Para ello, refirió que la doctrina legal imperante reconocía la legitimación activa de las asociaciones profesionales ante situaciones que afectaran de manera actual y concreta derechos de incidencia colectiva del sector que representan, como así también la efectiva vigencia del principio constitucional de acceso irrestricto a la justicia, consagrado en el art. 15 de la Constitución provincial (cfr. causa B. 62.986, "Quintana", sent. de 5-XII-2001).
En ese contexto consideró que, de conformidad con la índole de la pretensión deducida, la actora poseía la representación que le otorgaba la ley, máxime cuando había cumplido con el requisito de inscripción ante la autoridad nacional competente y se trataba de una federación con personería gremial que, conforme el art. 34 de la ley 23.551, se encontraba autorizada para obrar.
Finalmente, en aval de su postura, adunó cita de fallos de la Corte de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte sobre la materia, que consideró aplicables al sub lite .
IV.3. Luego, descartó el agravio tendiente a descalificar la vía procesal elegida y cuestionar la efectiva existencia de incertidumbre, que encontró configurada a partir de la confrontación del texto del decreto 683/11 con el de la ley 14.196.
Sostuvo que ello tornaba necesario esclarecer, mediante un pronunciamiento judicial, cuál era la conducta debida por la administración frente a la ley y el comportamiento a seguir luego de la eliminación de la incerteza, por lo cual -afirmó- la vía procesal escogida por la accionante se hallaba habilitada.
Desde otroángulo -y con cita de jurisprudencia de esta Suprema Corte- señaló que tampoco resultaban atendibles las quejas según las cuales la actora contaba a su disposición con otras vías procesales aptas para hacer valer sus derechos pues -según sostuvo- la recurrente no demostró la existencia de medios alternativos que hubieran podido emplearse para poner término a la situación de incertidumbre verificada.
IV.4. Finalmente, se abocó al tratamiento del planteo subsidiario de inconstitucionalidad del decreto 683/11 formulado por la actora.
En dicha faena, efectuó consideraciones sobre la atribución que tienen los tribunales de justicia para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, y destacó los parámetros establecidos en la materia por esta Suprema Corte y la Corte nacional en diversos fallos que citó al efecto.
Luego, se enfocó en el caso bajo análisis y ponderó que la fórmula de cómputo escogida por el decreto reglamentario 683/11 para liquidar el beneficio en cuestión -sueldo al momento del cese en la actividad más intereses desde entonces- en su confronte con lo dispuesto por la ley 14.196 -monto actualizado al momento del efectivo pago-, perjudicaba económicamente a sus beneficiarios y contradecía las prescripciones claras y precisas de la ley a la que reglamentaba.
Tras lo expuesto, consideró que la inconstitucionalidad del decreto 683/11 era palmaria porque: i) alteraba el espíritu y la letra de la ley 14.196 a la cual reglamentaba, violentando la manda contenida en el art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial y ii) proponía un método de liquidación que operaba en detrimento del derecho de propiedad de sus destinatarios (art. 17, Const. nac.).
Por su parte, consideró inaudible el argumento de la demandada, por el cual aducía que el decreto reglamentario 683/11 se encontraba en sintonía con los requerimientos de la ley nacional 23.928 y su modificatoria 25.561. En ese sentido, señaló que lo prohibido por dichas normas es la actualización monetaria por indexación o cualquier otra forma de repotenciación de una deuda dineraria ya determinada, pero no la utilización de un valor de referencia para el propio acto de determinación de una deuda dineraria.
V. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia: i) violación y errónea interpretación del art. 43 de la Constitución nacional; 144 inc. 2, 161 inc. 1 y 166 último párrafo de la Constitución provincial; 1 y 2 del Código Civil y Comercial; 322, 384, 386 y 683 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 12 inc. 4 y 13 del Código Contencioso Administrativo; 2 de la ley 12.074; 2 del decreto 683/11 (reglamentario de la ley 14.196); 22 del decreto 467/88 (reglamentario de la ley 23.551); leyes 23.928 y 25.561. Asimismo, denuncia absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal que cita.
Básicamente, desarrolla sus agravios en torno a cuatro cuestiones, sobre las que denuncia error de juzgamiento por parte del Tribunal de Alzada, a saber: i) violación o desplazamiento de la acción originaria de inconstitucionalidad; ii) falta de legitimación activa; iii) inadmisibilidad de la vía elegida y iv) compatibilidad constitucional del decreto 683/11 con la ley 14.196.
V.1. En primer lugar, manifiesta que la acción originaria de inconstitucionalidad, que corresponde a la competencia exclusiva de esta Suprema Corte, ha sido indebidamente desplazada a raíz de una errada utilización de la vía declarativa de certeza, circunstancia que violenta el art. 161 inc. 1 de la Constitución local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial.
Al efecto, aduce que la cuestión planteada en autos tiene por objeto exclusivo un pronunciamiento de invalidez de una norma local (art. 2, dec. 683/11) que reglamenta la ley 14.196, sobre la cual se alega exceso reglamentario y afectación del derecho de propiedad (arts. 144 inc. 2 y 31, respectivamente, Const. prov.).
Sostiene que la Cámara evade el encuadre procesal correspondiente con fundamento en que el tema planteado involucra una serie de cuestiones concretas, cuando -según manifiesta- del objeto de la demanda y de la sentencia, surge que su único contenido es la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11, por su supuesta contradicción con la Constitución provincial y la ley a la que reglamenta.
Cita en su aval doctrina legal donde esta Suprema Corte asumió la competencia originaria de los planteos de inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 683/11 por las mismas razones que las tratadas en autos. Acota que no resulta relevante -para desplazar la competencia originaria de la Suprema Corte- la distinción de las vías elegidas en dichos precedentes, ya que la materia constitucional tratada es la misma.
V.2. Seguidamente, reprocha a la Cámara haber reconocido legitimación activa a la FEB para ejercer la tutela colectiva de los derechos individuales homogéneos, puramente patrimoniales y disponibles, de sus afiliados.
Al respecto, manifiesta que no se han acreditado los presupuestos de procedencia de la legitimación colectiva exigidos por la consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puntualmente, una grave afectación del acceso individual a la justicia, definida por la escasa significación económica del reclamo (cfr. arts. 19 y 43, Const. nac. y CSJN "Halabi", fallos 332:111; "Padec", fallos 336:1236; e.o.).
A partir de allí, sostiene que la afirmación de la Cámara, en cuanto aduce que resulta injustificable el ejercicio individual de la acción, es absurda, dogmática y arbitraria. Agrega que tampoco se acreditó un supuesto desborde ocasionado por una avalancha de acciones individuales que pudiera poner en riesgo el regular funcionamiento del servicio de justicia.
Considera inoponibles los precedentes citados en el fallo en crisis (causas B. 62.986, "Quintana", sent. de 5-XII-2001 e I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008) en virtud de las notorias diferencias con el presente caso y porque luego de su dictado han sobrevenido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impusieron especiales exigencias en torno a la legitimación colectiva, que no se verifican en autos, a saber, la insignificancia económica individual del reclamo.
Agrega que tampoco se acreditó la autorización o consentimiento de cada interesado a fin de que el gremio pueda arrogarse la tutela colectiva de los derechos en juego (cfr. art. 22, dec. 467/88).
En subsidio, propone el alcance que debe darse a una eventual sentencia de condena.
V.3. Luego, sostiene que es inadmisible la vía procesal elegida y que su utilización ha tenido por efecto violar o desplazar la acción de inconstitucionalidad que le corresponde en forma originaria a esta Suprema Corte.
Manifiesta que en el presente caso no se verifica ningún estado de incertidumbre o duda interpretativa acerca de los términos, el contenido o alcance del art. 2 del decreto 683/11, sino una mera discrepancia subjetiva con el criterio regulatorio allí plasmado, lo cual -a su entender- no encuentra cabida dentro de la pretensión declarativa de certeza deducida, que requiere ineludiblemente para su viabilidad de un halo de incerteza (cfr. arts. 12 inc. 4, CCA; 322, CPCC y doctrina legal que cita).
V.4. Finalmente, argumenta en favor de la compatibilidad constitucional del decreto 683/11 con la ley 14.196.
En ese sentido, efectúa consideraciones sobre los antecedentes que llevaron al dictado de la normativa en cuestión y postula que el decreto es un producto legítimo del ejercicio de la potestad reglamentaria que emerge del art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial, que impone el limite al Poder Ejecutivo de no alterar el espíritu de la ley a la que reglamenta, pero que jamás delimita un seguimiento literal o textual de la misma.
En esa línea, indica que la ley 14.196 al expresar "monto actualizado al momento del efectivo pago", dejó un margen de actuación a la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo a fin de que éste establezca cómo se obtiene dicho monto, extremo cumplido razonablemente por el decreto 683/11 a través de la fijación de intereses, mecanismo que considera respetuoso de la ley provincial 14.196, de las leyes nacionales que prohíben la actualización e indexación de deudas (leyes 23.928 y 25.561) y de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte en el ámbito del empleo público.
A mayor abundamiento brinda los fundamentos por los cuales considera que el Acuerdo 3560/11 de esta Suprema Corte no va en desmedro de la compatibilidad constitucional del decreto 683/11 con la ley a la que reglamenta.
VI. El recurso no prospera.
VI.1. En primer lugar, corresponde desestimar el agravio por el cual el Fisco recurrente insiste en alegar un indebido desplazamiento de la acción originaria de inconstitucionalidad, provocado por una errada utilización de la vía declarativa de certeza ya que -a su entender- no existe duda o incerteza a disipar, ni resulta el carril apto para declarar -como objeto exclusivo- la inconstitucionalidad del decreto 683/11.
VI.1.a. Al pronunciarme en la causa A. 72.526, "Hernández", sentencia de 15-VIII-2018, adherí al voto del doctor Soria, quien puntualizó que el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo, norma específicamente aplicable a la materia que nos ocupa, menciona, como una de las pretensiones que pueden articularse en el marco regido por dicho cuerpo legal, la tendiente a obtener "la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el Derecho Administrativo". Seguidamente el precepto aclara que ésta "tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial". Por esa razón, en la oportunidad referida el colega advirtió que la remisión efectuada apunta sólo al trámite aplicable y que no se deriva de allí que en el proceso administrativo rijan todos los requisitos de admisibilidad establecidos por el ordenamiento procesal civil. Sin perjuicio de lo indicado, más adelante consideró que la vía reglada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo no se encuentra exenta de lógicos condicionamientos procesales, entre ellos la existencia de un estado de incertidumbre acerca de una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo. Aclaró que dicho requisito se confunde con el interés jurídico en obtener la declaración de certeza perseguida (criterio que ratificara en la causa A. 73.330, "Luis Solimeno e Hijos S.A.", sent. de 16-XII-2020).
En el caso, el juez de grado adoptó un temperamento similar al recién expuesto, pues también identificó la exigencia de un estado de incertidumbre que autorice a promov
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