Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn atención a la falta de sustancialidad o trascendencia de la cuestión traída a debate, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.79.002 "JUARA WALTER ADRIAN C/ DGCyE S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - EMPL. PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron :
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, confirmó la resolución de primera instancia que declaró la inadmisibilidad de la pretensión declarativa de certeza que había sido promovida por el señor Juara contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), persiguiendo –en apretada síntesis- que se subsanara la contradicción entre la ley 14.600 y el calendario escolar pues esto le generaba inseguridad jurídica, afectando además su relación de empleo público e impactando en su derecho a gozar del descanso previsto en esa norma, contraponiéndola a la resolución 1/23 dictada por la demandada (v. resol. de fecha 24-IV-2023).
Cabe señalar que la mencionada ley 14.600 estableció el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la Administración Pública Provincial, asimilándolo a lo feriados nacionales a todos los efectos legales. El actor afirma que el 27 de junio del año anterior al que promovió la demanda no concurrió a trabajar, se lo consideró ausente y se le descontó el día de su remuneración y que, como se aproxima nuevamente esa fecha -se refiere al año 2023-, estima necesario que se despeje el estado de incertidumbre en el que se encuentra como dependiente de la autoridad educativa provincial.
El Tribunal de Alzada recordó que, en diversos precedentes, había expresado que la pretensión aquí intentada tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica, en aquellos casos en los que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor (conf. arts. 322, CPCC aplicable por remisión expresa del 12 inc. 4, CCA).
Afirmó que la existencia de duda acerca de alguno de esos extremos es un requisito esencial para la procedencia de la acción, siendo menester, además, que quien la promueva no cuente con otro medio legal más apto para poner término a esa situación, pues ella trata de un remedio subsidiario. Esto mismo, independientemente de que la vía ordinaria hubiera sido efectivamente ejercida, siendo suficiente que esta se encuentre o se hubiere encontrado a su disposición, ya que la pretensión en estudio no puede ser utilizada como un medio que permita superar los obstáculos procesales que planteen las vías legales específicamente previstas para cada caso por el legislador.
En tal contexto, consideró que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora no podía prosperar, pues dados los términos en que había sido planteada la acción y de acuerdo a la doctrina legal de este Tribunal, no se apreciaba en la especie duda alguna en el apelante sobre los alcances de alguna relación o situación jurídica. Incluso se destacaba que obra en la causa una manifestación inequívoca de parte de la DGCyE que se apartaba del supuesto estado de incertidumbre que aquí se pretendía, excediendo el marco ritual que se impone a esta pretensión.
Finalizó aclarando que no resultaba aplicable a este caso la doctrina emanada de las causas A. 73.330, "Solimeno", sent. de 16-XII-2020 y A. 73.108, "Giorno", sent. de 31-V-2021, pues si bien en ellas esta Suprema Corte había desestimado el agravio esgrimido en torno a la procedencia de la vía intentada, mediante una argumentación que podría interpretarse como un viraje hacia una mirada más flexible y amplia en torno a la viabilidad de la pretensión declarativa de certeza regulada en el Código Contencioso Administrativo, cierto era que allí se remarcó que la acción no puede ser utilizada como un medio omnicomprensivo y versátil que permita superar los obstáculos jurídicos y temporales que puedan plantear las vías legales específicamente previstas para cada caso por el legislador. De lo contrario -subrayó- los requisitos legales establecidos para la promoción de ciertas acciones podrían verse desvirtuados.
Sostuvo que, en el caso, los agravios incoados en torno a la supuesta denegación de justicia tampoco eran de recibo, puesto que el actor contaba con los remedios específicamente previstos para el acceso a la jurisdicción, descartándose la invocada afectación de la tutela judicial efectiva (conf. art. 15, Const. pcial.).
En consecuencia, confirmó lo resuelto en la instancia de origen en todo lo que fue materia de agravio, con costas al actor en su calidad de vencido (conf. art. 51, CCA; v. sent. de 3-VIII-2023).
II. Frente a ello, la parte actora (mediante presentación electrónica de fecha 21-VIII-2023) interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que, básicamente, reedita argumentos vertidos desde el inicio del juicio, denuncia violación de la doctrina legal y a su vez, en el punto VI de su escrito, agrega que la DGCyE dictó la RESOC-2023-2326-GDEBA-DGCYE, cuyo art. 1 establecía que el día 27 de junio del año 2023 debían dictarse clases en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo indicado en el calendario escolar vigente.
El recurso fue concedido por la Cámara (v. resol. de 26-IX-2023).
III. La impugnación no puede prosperar, en atención a la falta de sustancialidad o trascendencia del planteo que contiene (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Es necesario recordar que el legislador ha previsto un trámite especial que le permite a esta Suprema Corte, en cualquier estado y si considera que los recursos extraordinarios locales plantean una cuestión insustancial o carente de trascendencia -entre otros motivos-, rechazarlo con la sola invocación de dicho precepto (art. 31 bis de la ley 5.827).
Y conforme surge del relato de antecedentes, el tema central que se somete a decisión del Tribunal -con independencia de los argumentos expuestos por los jueces de grado-, se vincula con la incertidumbre que aqueja al actor respecto a la existencia, modalidad o alcance del derecho al descanso establecido en la ley 14.600 -es decir, si el 27 de junio de cada año debe o no prestar servicios- en relación al vínculo de empleo público que lo une con la Dirección General de Cultura y Educación provincial.
Así, analizando la naturaleza y entidad del conflicto que llega a esta instancia, este se muestra insustancial o carente de trascendencia para ser abordado por esta Corte, por lo que corresponde la utilización de la facultad prevista en el art. 31 bis citado y desestimar, sin más, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la parte actora (doctr. causas C. 103.088, "Campi", sent. de 13-VIII-2014; A. 73.863, "Rafaniello", sent. de 6-VI-2018; A. 72.794, "Rafaniello", sent. de 13-VI-2018; A. 74.366, "Ates", sent. de 29-V-2019; A. 76.159, "Visir", resol. de 23-X-2019; A. 75.612, "Maldonado", sent. de 26-XII-2019; A. 75.331, "Angelini", sent. de 26-II-2020; A. 76.633, "Dalbón", resol. de 19-III-2021; A. 75.650, "Ramellini", sent. de 1-IV-2022; A. 78.736, "Marciano", resol. de 10-XI-2023, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
En atención a la falta de sustancialidad o trascendencia de la cuestión traída a debate, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2024 13:35:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 10:56:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:22:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 12:20:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2024 14:02:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/05/2024 14:08:37 hs. bajo el número RR-315-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia