Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71982
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.982, "Loveli S.A. contra provincia de Buenos Aires s/ pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Budiño, Maidana.
Este Tribunal, en su sentencia de 28-XII-2016, rechazó —en razón de su insuficiente fundamentación— el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, mediante el cual se confirmó el fallo de grado que, al acoger solo parcialmente la demanda, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1 del decreto 419/71; 1 de la ley 12.239 y 68 de la ley 17.132 y, con ello, ratificó su imposibilidad legal de comerciar determinada clase de anteojos con corrección.
Contra ese pronunciamiento, la actora presentó recurso extraordinario federal y, denegado que fuera este, interpuso el recurso de hecho.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró formalmente admisible el recurso planteado, revocó la sentencia apelada y devolvió los autos para que se dicte un nuevo pronunciamiento que resuelva específicamente el planteo de base constitucional.
Por lo tanto, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La firma Loveli S.A. promovió acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la aplicación, en el territorio provincial, del decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.284/91, ratificado por la ley nacional 24.307, respecto de la comercialización y venta al público de anteojos de sol y anteojos pregraduados para la presbicia simple sin fines terapéuticos.
Fundó su planteo en la coexistencia del decreto nacional mencionado y del provincial 419/71 que, en forma concordante con el art. 68 de la ley nacional 17.132 del arte de curar y los arts. 1 y 2 de la ley provincial 12.239, prohibirían la comercialización de los productos referidos fuera de las casas de óptica, dando origen a diversas ordenanzas municipales restrictivas de su libertad de comercio.
Explicó que, originalmente, la actividad comercial de venta de anteojos en esta Provincia estuvo regulada por el citado art. 68 de la ley nacional 17.132 y por el decreto provincial 419/71, que establecían parejamente la obligatoriedad de que todos aquellos artículos que se interpusieran en el campo visual de las personas debían comercializarse en establecimientos especialmente habilitados como ópticas. Pero que luego, con el dictado del decreto nacional 2.284/91, se dispuso la desregulación del comercio interior de bienes y servicios mediante la eliminación de todas las restricciones a la oferta, tutelando la libre formación de los precios del mercado (art. 1). A su vez, el art. 118 derogó toda disposición normativa que se opusiera a dicha desregulación. De allí que —a su manera de ver las cosas— haya quedado automáticamente derogado el art. 68 de la ley 17.132.
Agregó que la ley provincial 11.463 (de ratificación del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993) adhirió sin reparos al referido sistema de desregulación económica (v. apdo. primero, punto 10 de su Anexo). Sostuvo que esa adhesión importó la vigencia en todo el territorio bonaerense del decreto 2.284/91, sin que se requiriese de una reglamentación adicional para su aplicación. De modo tal que, desde aquel entonces, considera que los anteojos de sol y pregraduados para la presbicia sin fines terapéuticos se pueden vender libremente fuera de casas ópticas, en otros establecimientos (v.gr., farmacias, perfumerías, etc.).
Alertó sobre la renuencia de la Provincia a honrar sus compromisos tendientes a la desregulación del sector —al no adecuar su normativa local—, lo que habría generado una infinidad de multas, libramiento de actas y hasta la confiscación de mercaderías a los locales que comercializaban los productos mencionados.
Como consecuencia de lo expuesto, solicitó un pronunciamiento que se expida acerca de la efectiva aplicación de las normas involucradas en la especie y, eventualmente, resuelva a su favor declarando la inconstitucionalidad del decreto 419/71, como así también, de la posterior ley 12.239, en caso de que se interpreten de manera contraria al decreto 2.284/91, cuya primacía reclama para realizar libremente su actividad comercial.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata admitió parcialmente la acción promovida.
II.1. Advirtió, ante todo, que la suscripción del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento no importó dejar sin efecto la normativa provincial vigente dictada en ejercicio del poder de policía, que constitucionalmente le corresponde a la Provincia.
Teniendo en consideración que tanto la ley 12.239 como el decreto 419/71 persiguen una finalidad de bien común ( i.e., la protección de la salud visual de la población), dijo que sus disposiciones no se hallaban alcanzadas por la desregulación económica del decreto 2.284/91, toda vez que este dejó a salvo la protección de cometidos públicos (arg. art. 1).
II.2. Sentado ello, destacó los informes técnicos agregados a los autos, favorables a la intervención profesional a la hora de recetar anteojos con fines terapéuticos, con la consecuente responsabilidad por la exigencia de la receta y la realización correcta del tratamiento (art. 10 y concs., dec. 419/71). Por lo que mal podría pensarse que ello pudiese tener lugar en una boutique, perfumería, farmacia o en un supermercado.
Por ende, concluyó en este segmento que la restricción establecida por la ley 12.239 y el decreto 419/71 a la comercialización de los accesorios ópticos en cuestión, constituía un medio adecuado y proporcional para satisfacer el fin que se tuvo en miras ( i.e., evitar que su uso derive en eventuales perjuicios para la salud visual de las personas), destacando además la faz preventiva que motiva el ejercicio del poder de policía estatal en materia de salubridad (conf. art. 36 inc. 8, Const. prov.).
II.3. Distinto temperamento siguió para la comercialización de anteojos para sol, la que consideró que no se hallaba alcanzada por la restricción establecida en la ley 12.239 o el decreto 419/71, siendo el único resguardo la inscripción en el registro creado por el decreto 3.630/00.
II.4. De tal manera fue que dispuso de la controversia, aclarando el derecho aplicable y desestimando los planteos de inconstitucionalidad.
Agraviada por la suerte parcial del intento, la firma actora recurrió el pronunciamiento.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó el fallo, considerando la restricción a la venta libre de anteojos terapéuticos un ejercicio legítimo y razonable del poder de policía provincial, sin inobservancia de la supremacía normativa o violación de la cláusula comercial (conf. arts. 31 y 75 inc. 13, Const. nac.).
IV. Nuevamente disconforme, contra dicho pronunciamiento la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
IV.1. Planteó que el poder de policía sobre los productos para la salud se ejerce en forma compartida entre la Nación y las provincias, y que cuando se trata de productos importados, sean medicamentos o productos médicos elaborados industrialmente con destino al comercio interprovincial, dicha circunstancia es de jurisdicción nacional y resulta de aplicación la ley 16.463, destinada a todos los medicamentos. Ello por tratarse un asunto que involucra el comercio exterior.
Además de que un producto aprobado por la ANMAT puede venderse en todo el país, en la condición fijada por este organismo, sin que una norma provincial pueda interferir en ello, pues su poder de policía se limita a los productos fabricados en la provincia y destinados a su mercado interno.
IV.2. Sostuvo que no se puede impedir que los lentes pregraduados o premontados se expendan en farmacias.
En esto hizo referencia a las actuaciones que tramitaron por expediente 2002-13.637/07 del Ministerio de Salud de la Nación, en el que obra el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de fecha 5-XI-2007, del cual se desprende que existen fundamentos técnicos y jurídicos suficientes para dejar sin efecto las trabas al comercio de anteojos pregraduados.
Manifestó que dicho ministerio ratificó que los anteojos premontados o pregraduados son productos médicos que se rigen por la ley 16.463. Que lo hizo a través de la resolución 857/08, reglamentada por la disposición ANMAT 5628/08, que confirmó su condición de producto de venta libre.
Se quejó, por eso, de que la Cámara hubiese entendido que con la restricción no se viola el libre comercio.
IV.3. Culminó su queja restándole eficacia al ejercicio del poder de policía local en la materia, atento a la normativa nacional que reivindica.
V. Este Tribunal, en su sentencia de 28-XII-2016, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora, confirmando así lo resuelto en las instancias de grado. Lo hizo en razón de su insuficiente fundamentación (arg. art. 279 in fine , CPCC).
Contra eso se presentó un recurso extraordinario federal, el que, denegado, dio lugar a una queja que fue finalmente admitida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, hizo lugar al recurso de hecho y revocó nuestro pronunciamiento, devolviéndonos los actuados para que dictemos uno nuevo.
Entendió que aunque en las cuestiones de índole procesal y de derecho público local nos corresponde decidir solo a nosotros, cabía apartarse de esta regla cuando, como aquí y por la manera de resolver, quedó sin respuesta la tacha de inconstitucionalidad alegada respecto de los arts. 1 del decreto 419/71; 1 de la ley 12.239 y 68 de la ley nacional 17.132.
VI. Así las cosas, se debe en esta instancia analizar el argumento de inconstitucionalidad avanzado por la firma actora, en el contexto de la presente acción declarativa a través de la cual se pretende poner fin al estado de incertidumbre que resultaría —esencialmente— de la reputada incompatibilidad entre la legislación local (dec. 419/71 y ley 12.239) con las normas nacionales sobre desregulación económica (dec. 2.284/91, ratificado por ley 24.307). Se entiende que en eso podría haber afectación de varias garantías fundamentales (v. arts. 14, 17, 31 y 75 inc. 13, Const. nac.).
No obstante que ahora estamos obligados a resolver el fondo del reclamo por mandato de la Corte federal (conf. art. 16, ley 48), no puedo dejar de advertir —al igual que en su momento lo hicieron los colegas que intervinieron en el trámite—, que el recurso de inaplicabilidad interpuesto efectivamente exhibe insuficiencia bajo nuestros estándares de apreciación, en tanto que en él no se confrontan directamente los fundamentos esenciales que estructuran la sentencia controvertida, siendo en su mayoría agravios que se distraen con reflexiones y explicaciones alternativas, cuando no son —a mi entender— el fruto de una reflexión tardía. Como fuere, estamos llamados a oír nuevamente el caso.
Por fin, conviene refrescar que la actora ha encontrado respuesta favorable en las instancias anteriores para la comercialización de gafas de sol. De allí que lo único que sigue en tela de juicio es lo referente a la comercialización y venta al público de anteojos pregraduados para la presbicia simple, sin fines terapéuticos, actividad que busca poder realizar quitándole exclusividad a las casas especializadas en óptica, como sigue obligando la normativa provincial atacada.
VII.1. El interés de la demandante por alcanzar un pronunciamiento judicial que defina si el decreto 419/71 y la ley 12.239 contradicen —o no— el decreto nacional 2.284/91 (y por ende, se esclarezca si se pueden comercializar los productos antes referidos fuera de las casas de óptica), ha quedado establecido. Dicha situación se muestra capaz de haber generado un estado de incertidumbre sobre el punto discutido, siendo los supuestos de superposición o aparente contradicción entre las normativas locales, intrafederales y/o nacionales casos típicos en los cuales la acción declarativa prevista en el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo exhibe idoneidad (mi voto en causa A. 75.574, "Supermercados Toledo S.A.", sent. de 27-X-2022).
VII.2. Aclarado eso y obviando las flaquezas técnicas del recurso —que vuelo a insistir, deberían conducir a su inmediata desestimación—, la cuestión constitucional que se nos deriva, a fin de colmar todas las expectativas, exige determinar: i) si se está frente a un supuesto de primacía del derecho federal por sobre el local y/o el incumplimiento de compromisos asumidos en el marco del federalismo de concertación. En caso negativo: ii) si, a todo evento, la regulación cuestionada se muestra irrazonable y/o efectúa un distingo arbitrario.
Adelanto que la demanda no merece acogida favorable.
Ello, básicamente, en razón de los fundamentos brindados por este Tribunal en la causa A. 73.939, "Farmacity S.A.", sentencia de 22-VI-2016, a la postre confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 30-VI-2021 (Fallos: 344:1557), los cuales —por la similitud de la cuestión planteada— informarán el desarrollo que sigue.
VII.3.a. En cuanto al primer interrogante, la actora fundamenta su postura en el decreto nacional 2.284/91, que estableció la desregulación del comercio interior de bienes y servicios, mediante la eliminación de todas las restricciones a la libre oferta, tutelando la libre formación de los precios del mercado, derogando toda disposición normativa que se opusiera a lo allí instaurado (arts. 1 y 118).
Dice, por otro lado, que la ley provincial 11.463 que ratificó el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993, adhirió lisa y llanamente al referido sistema de desregulación económica (apdo. primero, punto 10 de su Anexo), por lo que se verificaría la falta de adecuación de la normativa local (dec. 419/71 y ley 12.239) a sus grandes principios.
De allí la recurrente extrae su derecho a comercializar libremente, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, anteojos pregraduados para la presbicia de igual grado en ambos ojos (sin fines terapéuticos), algo que considera vulnerado a partir de las normas que prohíben su expendio fuera de casas de ópticas.
Pide entonces su invalidación por oposición al orden superior, las competencias nacionales en la materia y los compromisos interestaduales asumidos (conf. arts. 31 y 75 inc. 13, Const. nac.).
VII.3.b.i. Partiendo por la alegación de que —en la especie— la normativa nacional aquí reivindicada ha de primar y desplazar las regulaciones locales, es necesario recordar que en el régimen institucional diseñado por la Constitución nacional las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. Los poderes de ellas son originarios e indefinidos (art. 121, Const. nac.), en tanto que los delegados a la Nación (art. 75, cit.) son definidos y expresos (CSJN Fallos: 304:1186; 312:1437; 329:976; 332:66; e.o.).
Ello implica que las provincias puedan dictar las leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las prohibiciones enumeradas en el art. 126 de la ley suprema. Ello sumado a la razonabilidad, requisito de todo acto legítimo (Fallos: 7:373; 320:89, 619; 322:2331; 338:1110).
En lo que habrá de interesar al presente caso, a falta de concretas disposiciones al respecto y no obstante haberse concebido históricamente como un resorte preferentemente local (CSJN Fallos: 7:150), el poder de policía sanitario actualmente es mejor entendido como algo ejercido concurrentemente entre los tres órdenes gubernamentales (Nación, provincias y municipios), variando su alcance y contenido dependiendo de los distintos niveles de generalidad e interés correspondientes a cada esfera (conf. mi voto en causa I. 71.435, "Intendente Municipal de Berazategui", sent. de 12-II-2021; CSJN Fallos: 322:2780; 329:2737; 315:1013; 328:1708; 329:2552; 338:1110; 343:283).
VII.3.b.ii. Establecido ese escenario de intervención estatal, cabe reiterar que el decreto provincial 419/71 (reglamentario del decreto ley 7.314/67, sobre habilitación sanitaria de establecimientos asistenciales) aprobó el reglamento para la instalación y funcionamiento de establecimientos de óptica, el que en su art. 1 dispone: "La exhibición y venta al público de armazones o monturas, cristales y en general todo tipo de anteojos o sus componentes, ya sean protectores, filtrantes, lentes de contacto y todo otro elemento destinado a interponerse en el campo visual, ya sea con fines protectores o correctores de las anomalías o vicios del ojo humano, sólo podrá tener lugar en estas casa de óptica habilitadas en concordancia a lo dispuesto en la presente reglamentación".
Tiempo más tarde, la ley 12.239, en sentido semejante, dispuso que "La venta y comercialización al público de anteojos protectores, correctores y/o filtrantes y todo otro elemento que tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus anomalías, sólo podrá tener lugar en las casas de ópticas habilitadas por el Ministerio de Salud de la Provincia".
Por último, el decreto 3.630/00, en la inteligencia de que algunos elementos que se interponen entre los ojos y el campo visual del individuo no requieren mayores precauciones (dada su falta de efecto terapéutico o correctivo, inocuidad, inexigibilidad de receta oftalmológica, etc.), creó para ellos un registro provincial especial a cargo del Ministerio de Salud, debiendo esta autoridad exigir en tales productos la existencia de rótulos por unidad, en el que se destacarán advertencias, riesgos por uso inadecuado y contraindicaciones, entre otras cosas.
VII.3.b.iii. A la luz de lo expuesto, debe concluirse que tanto el decreto 419/71, como la ley 12.239 y su reglamentación, son manifestación de una típica regulación de policía, dictada en ejercicio de poderes locales, mediante la que se persigue una finalidad de protección a la salud visual de la población. Lejos de la suposición, así lo admite el propio decreto 3.630/00 ("que el ejercicio pacífico del poder de policía constituye un imperativo esencial...").
Contra eso, la actora pretende oponer los contenidos genéricos —ninguno específico— del decreto nacional 2.284/91, tendiente a la desregulación de la economía en general, con énfasis en el libre mercado de los distintos productos (art. 1).
Así las cosas, de arranque no se advierte que se esté frente a una colisión de competencias entre la Provincia y la Nación prima facie referentes a la misma materia ( i.e., no es propiamente un conflicto entre dos leyes sanitarias).
Como fuere, se ha sostenido que el simple hecho de que ambas jurisdicciones regulen un asunto de manera diferente no es suficiente para invalidar la norma local (art. 31, Const. nac.), sino que es necesario que haya una "repugnancia efectiva" o un "conflicto irreparable", lo que ocurre cuando la aplicación de la legislación provincial provoca un "óbice al imperio y a los objetivos de la ley nacional" (CSJN Fallos: 3:131; 137:212; 239:343; 300:402; 320:786; 336:1590).
Por eso, el ejercicio del control judicial en tales hipótesis debe conducirse con extrema atención y prudencia, a fin de no perturbar posibles espacios válidos de actuación del margen de configuración local (conf. causa A. 74.595, "Ecoblend SA", sent. de 8-VI-2020; mi voto en causa I. 78.040, "Municipalidad de Mar
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