Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78621
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se revoca la resolución impugnada y se declara la nulidad de la notificación del traslado de demanda ordenado por providencia de fecha 28-VI-2021.
En consecuencia, vuelvan los autos a la instancia de grado a fin de que se practique una nueva notificación al domicilio electrónico oportunamente constituido por el letrado apoderado de la comuna (conf. arts. 1 tercer párr., Ac. 3989 SCBA y 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias, en atención a las particularidades del caso, se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 segundo párr. y 274, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.621, "G.M.B.M. S.A. c/ Municipalidad de San Nicolás s/ Pretensión Declarativa de Certeza-Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, por mayoría, modificó parcialmente la resolución del Juzgado de Primera Instancia n° 1 departamental que, a su turno, dio por perdido a la parte demandada, la Municipalidad de San Nicolás, el derecho a contestar la demanda, declarándola finalmente rebelde.
Ante ello, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 22-II-2023) el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 2-III-2023).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 18-IV-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Conforme surge de las constancias electrónicas, la firma GMBM S.A. promovió con fecha 13 de abril de 2020 una pretensión declarativa de certeza contra la Municipalidad de San Nicolás con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 10.028. Asimismo, requirió —en el marco de dicha pretensión— el dictado de una medida cautelar.
Luego del sorteo de rigor, la causa quedó radicada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de San Nicolás.
I.1. Dictada la medida cautelar solicitada y sustanciadas diversas incidencias vinculadas a su cumplimiento, con fecha 28 de junio de 2021, la jueza de grado ordenó el traslado de la demanda al Intendente municipal de San Nicolás y al Presidente del Concejo Deliberante de ese partido.
En cuanto a la notificación, dispuso que al Intendente se le practicara en el domicilio inscripto a tal efecto en el Registro de Domicilios Electrónicos de esta Suprema Corte. Y, respecto del Presidente del Concejo Deliberante, previo instó a la parte actora a denunciar domicilio a tales fines.
I.2. Con fecha 9 de mayo de 2022, la parte actora se presentó y solicitó que en virtud de haber quedado ambos demandados debidamente notificados de la demanda y no habiéndose presentado a contestarla, fueran declarados rebeldes. Tal petición fue acogida mediante resolución de fecha 24-VI-2022.
I.3. En respuesta, con fecha 13 de julio de 2022, el letrado de la comuna interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
En primer término, alegó no haber recibido la cédula electrónica de traslado de demanda en el domicilio electrónico registrado. Argumentó que la notificación en cuestión presentaba un error, al no consignar la hora correspondiente, lo que —a su entender— evidenciaría una falla informática. Asimismo, adujo que en otras oportunidades había respondido en término otras demandas relacionadas con la cuestión debatida, circunstancia que reforzaría la hipótesis planteada.
Finalmente, sostuvo que previo a dicho traslado había constituido domicilio electrónico, el cual —según su criterio— debía prevalecer por sobre el inscripto en el registro.
Por todo lo expuesto, solicitó que se declarara el cese de la rebeldía y se concediera un nuevo traslado de la demanda, notificando en el domicilio electrónico previamente constituido, en resguardo del derecho de defensa y del debido proceso.
I.4. Por resolución de fecha 7-IX-2022, la jueza de grado desestimó el planteo formulado.
En lo sustancial, sostuvo que la cédula estuvo disponible desde el 17 de agosto de 2021 y fue notificada el 20 de agosto de 2021, fecha válida para el inicio del cómputo del plazo. Asimismo, indicó que la notificación se realizó conforme al Registro de Domicilios Electrónicos (Ac. 3989, SCBA).
Finalmente, descartó que se haya constituido previamente un domicilio electrónico en autos. Precisó que nunca se lo tuvo al letrado por presentado y menos aún por constituido su domicilio, señalando que sus presentaciones en todo caso se limitaron al cumplimiento de la medida cautelar decretada.
En tales términos, rechazó la revocatoria y elevó los autos a su superior.
II. Recibidas las actuaciones, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, por mayoría, resolvió confirmar parcialmente la resolución recurrida.
Para así decidir, y en lo que aquí interesa, señaló que resultaba acreditado que, pese a lo sostenido en el escrito recursivo, el municipio había sido debidamente notificado de la demanda en el domicilio constituido ante el Registro de Domicilios Electrónicos (RDE, Ac. 3989). Asimismo, advirtió que lo expresado por la jueza de grado no había sido objeto de impugnación específica por parte de la apelante.
En consecuencia y luego de ponderar que con posterioridad la comuna había comparecido con representación legal, dejó sin efecto el decreto de rebeldía dictado y confirmó la parcela que tuvo por perdido su derecho a contestar la demanda (v. resol. de fecha 14-II-2023).
III. Frente a lo expuesto, la comuna, mediante presentación electrónica de fecha 22 de febrero de 2023, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Sostiene que la resolución dictada por la Cámara resulta lesiva del derecho de defensa y del debido proceso, ambos reconocidos por la Constitución nacional y la Constitución de la Provincia.
Sobre el particular, y reiterando los fundamentos vertidos en el recurso ordinario, afirma que el traslado de la demanda debió ser diligenciado en el domicilio previamente constituido.
En virtud de ello, solicita se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque la resolución recurrida y se ordene la concesión de un nuevo traslado de la demanda, con notificación en el domicilio electrónico previamente constituido.
IV. El recurso prospera.
Antes de abordar el análisis del cuadro fáctico del caso, considero oportuno realizar una revisión del marco regulatorio vigente en la materia, a fin de examinar, bajo dicha perspectiva, los actos procesales cumplidos en el presente proceso y evaluar la validez de la notificación del traslado de demanda.
IV.1. En primer término, corresponde destacar que esta Suprema Corte mediante el Acuerdo 3989/20 y su modificatorio 4000/20 dispuso la creación del Registro de Domicilios Electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
En lo que aquí resulta pertinente, el texto ordenado establece en su art. 1:
"Créase el Registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el que estará integrado por el conjunto de domicilios electrónicos inscriptos en el sistema que se establece en este Acuerdo".
Asimismo, dispone que:
"Los domicilios registrados, así como los previstos en el art. 4°, primer y segundo párrafos del presente Acuerdo, serán utilizados para realizar notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos, incluyendo el traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercero, las diligencias preliminares, las medidas cautelares anticipadas y, en su caso, la sentencia definitiva o equiparable. En general, se aplicará en todos aquellos supuestos en los que, conforme la legislación vigente, las notificaciones deban efectuarse en el domicilio real. Dichos domicilios podrán emplearse también para el diligenciamiento de oficios".
Finalmente, reza que:
"El uso de los referidos domicilios electrónicos será procedente en tanto no se hubiere constituido otro domicilio electrónico en el proceso, en cuyo caso prevalecerá este último".
IV.2. Señalado entonces el marco normativo, corresponde ahora examinar los aspectos procesales del caso bajo estudio. Veamos:
IV.2.a. El 15 de diciembre de 2020 se dictó una medida cautelar, la cual fue notificada a la comuna el 29 de diciembre del mismo año en el domicilio real denunciado (v. informe del oficial notificador adjunto al trámite de fecha 3-II-2021).
IV.2.b. El 18 de mayo de 2021, en el marco del cumplimiento de dicha medida, se ordenó traslado de una petición actoral a la demandada. Dicho trámite fue notificado a la comuna en el domicilio inscripto en el Registro de Domicilios Electrónicos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (v. cédula de fecha 4-VI-2021).
IV.2.c. En respuesta a dicho traslado, se presentó el doctor Sebastián Ferrari por el municipio, constituyendo domicilio legal en calle Rivadavia n° 51 de San Nicolás y electrónico en la casilla [email protected] (v. presentación de fecha 9-VI-2021).
IV.2.d. Acto seguido, por providencia de fecha 28-VI-2021 se decretó el traslado de demanda y se ordenó su notificación al domicilio electrónico inscripto por el municipio en el registro.
IV.2.e. Con posterioridad a ello, constan algunas providencias que fueran notificadas al domicilio constituido por el letrado de la comuna el 9 de junio de 2021 (v. trámites, 6-IX-2021, 14-XII-2021 y 5-IV-2022).
IV.2.f. Finalmente con fecha 9 de mayo de 2022 la actora solicitó se decrete la rebeldía, a lo que la jueza de primera instancia accedió mediante resolución de fecha 24-VI-2022.
IV.3. Ahora bien, en este contexto y en consideración a la discusión suscitada en las instancias de grado respecto de si el demandado fue o no efectivamente notificado de la demanda en el domicilio inscripto en el registro de esta Suprema Corte, corresponde observar que, con antelación a que fuera dispuesto el traslado de la demanda, el apoderado del municipio había constituido domicilio electrónico en el expediente.
Asimismo, que con posterioridad a ello el juzgado libró cédulas tanto a este último domicilio, como al obrante en el Registro de Domicilios Electrónicos del Poder Judicial, como así también se advierte, en alguna de ellas, la existencia de divergencias entre el domicilio del destinatario que fuera consignado en la cédula y el domicilio electrónico al cual fuera efectuado el diligenciamiento, denotando la confusión en la que se habría recaído en el juzgado.
En ese contexto, corresponde recordar el criterio de esta Suprema Corte en cuanto ha establecido que el derecho no puede convalidar las conductas ambiguas y las sorpresas procesales (causas C. 92.780, "Amato", sent. de 13-IV-2011 y A. 78.612 "Messineo", sent. de 2-X-2025).
A lo que se suma, por un lado, que la normativa aplicable en el art. 1 —tercer párrafo— del anexo citado determina que el domicilio electrónico constituido en el proceso prevalece sobre el registrado y, por el otro que, de las constancias obrantes en autos, surge que el domicilio que fuera constituido el 9 de junio de 2021 operó como un canal válido y eficaz para la realización de notificaciones procesales.
En consecuencia, conforme lo actuado en esta causa, resulta atendible que la parte demandada aguardara ser notificada de la demanda en la casilla electrónica que había constituido días antes de que se ordenara el traslado de la demanda (v. trámites de fechas 6-IX-2021, 14-XII-2021 y 5-IV-2022).
La notificación del traslado de demanda es un acto procesal de suma trascendencia que requiere de un marco de certeza que no puede admitir ambivalencia. Y recuerdo que, en todo caso, ante un margen de duda, debe prevalecer el criterio que garantice los derechos de defensa en juicio y debido proceso que se derivan de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial (conf. causa A. 78.612, cit.).
V. Por ello, y si lo que sostengo es compartido, deberá hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocarse la resolución impugnada y declararse la nulidad de la notificación del traslado de demanda ordenado por providencia de fecha 28-VI-2021.
Finalmente, deberán volver los autos a la instancia de grado a fin de que se practique una nueva notificación al domicilio electrónico oportunamente constituido por el letrado apoderado de la comuna (conf. art. 1 tercer párr., Ac. 3989 SCBA). Las costas de todas las instancias, en atención a las particularidades del caso, se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 segundo párr. y 274, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, se revoca la resolución impugnada y se declara la nulidad de la notificación del traslado de demanda ordenado por providencia de fecha 28-VI-2021.
En consecuencia, vuelvan los autos a la instancia de grado a fin de que se practique una nueva notificación al domicilio electrónico oportunamente constituido por el letrado apoderado de la comuna (conf. arts. 1 tercer párr., Ac. 3989 SCBA y 289 inc. 2, CPCC).
Las costas de todas las instancias, en atención a las particularidades del caso, se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 segundo párr. y 274, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:23:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:51:26 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:14:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:18:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:14 hs. bajo el número RS-54-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia