Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 17579 2019
Expte. Nº 17579.-
Autos: LAGOS CARLOS ALFREDO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Febrero de 2020.-GP
Estos autos caratulados "LAGOS CARLOS ALFREDO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION INDEMINIZATORIA", Expte Nº 17579, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 14/20 se presenta el Dr. Carlos Alfredo Lagos, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Pedro Castello, interponiendo demanda indemnizatoria contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.-
En cuanto a los hechos, relata que se desempeñaba como Policía de la Provincia de Buenos Aires, ejerciendo funciones como Subteniente -siendo esta su última categoría alcanzada- hasta que, tras el inicio de actuaciones sumariales, la administración decreta el dictado de su cesantía por hallarse incurso en transgresión a lo normado en el art. 58 inc. 15 del Decreto Ley 9550/80.-
Agrega que, la sanción estuvo motivada, en la causa penal iniciada en su contra -N°4034/863-06-, por el delito de "Falsedad Ideológica de Instrumento Público" (art. 371 y ccdtes del C.P.P.), en la cual obtuvo finalmente veredicto absolutorio el 31 de agosto de 2012.-
Relata que la sanción impuesta, fue recurrida dentro los plazos legales, mediante recurso de reconsideración, pero, sin embargo, la Auditoria General de Asuntos Internos, resolvió rechazar el mismo. Aclara que la presentación del recurso fue durante la sustanciación de la causa penal, es decir, aun sin veredicto absolutorio.-
Refiere que posteriormente y teniendo en cuenta la absolución, se han sustanciado nuevas actuaciones administrativas, solicitando el levantamiento de la disponibilidad y la reincorporación inmediata a la fuerza, pero ese pedido es rechazado por la Administración, con fundamentos que se apartan de los principios generales del derecho, constituyendo una verdadera injusticia y resultando perjudicado en forma directa por aquel acto administrativo.-
Hace hincapié, en que la jurisprudencia expresa "que la absolución penal hace cosa juzgada en lo civil, cuando excluye completamente el hecho, o declara probado que el acusado no fue su autor, ni participó en él. Si la sentencia lo absuelve por razones diversas a éstas, no hay obstáculo a la acción civil de daños. Es decir, que la Administración no debe desconocer el verdadero sentido del fallo, que resulta vinculante, ya sea para la procedencia de la nulidad del acto administrativo, la reincorporación del agente y del pedido de indemnización correspondiente".-
Continua relatando, que debido a la negativa de la Administración de reincorporarlo, es que solicita la nulidad del acto que determinó la cesantía, por considerarlo ilegitimo y contrario a derecho.-
Dice, que si bien la aplicación de sanciones, por parte de la Administración, es una facultad inherente a la misma, no es menos cierto, que debe imponerse el orden de prelación de las normas en cuyo andamiaje superior se encuentra nuestra Constitución Nacional, la que garantiza la estabilidad del empleado público.-
Y por ello -afirma- es que se lo debe reincorporar en su grado y su empleo, con la antigüedad que habría tenido de no haber sido privado de su investidura, teniendo en cuenta que el agente público ha sido ilegalmente despojado, removido, destituido y más aun teniendo en cuenta el veredicto absolutorio, en sede penal.-
Sostiene que a pesar de haber sido sumariado por la imputación de delito en su contra, la absolución es vinculante para cuestionar la medida impuesta por la propia Administración (cesantía-disponibilidad), pues la resolución administrativa ha sido contraria al principio de inocencia.-
Asimismo considera, que no es culpable de la prolongación en el tiempo del proceso, el cual le ha generado un mayor perjuicio y afirma que la sanción aplicada por la administración, no responde a los antecedentes del caso, motivo por el cual, afirma que la resolución se encuentra viciada en sus elementos "causa", "motivación" y "finalidad" resultando ser nula de nulidad absoluta e insalvable.-
Por los fundamentos expuestos, solicita la nulidad del acto administrativo que impone la baja por cesantía.-
Apartado seguido, plantea la Inconstitucionalidad del art. 58 inc. 15 del Decreto Ley 955/80, T.O. 1068/95; art. 85 del Decreto 1675/80, art. 69 de la Ley 13.982 y art.77 del Decreto Reglamentario 1050/09 por aplicación del art. 14 Bis de la Constitución Nacional.-
Explica que conforme surge de Nuestra Carta Magna, la que reafirma la vigencia y plena operatividad de la estabilidad propia del empleado público, garantizada en el art. 14 bis de la misma, fulmina toda posibilidad de despedir empleados sin causa y con el solo requisito de una indemnización sustitutiva, por atentar contra la garantía de la estabilidad del empleado público.-
Hace hincapié, en que esta solución concuerda con los principios y pautas de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que han sido expresamente incorporados en la Constitución Nacional por vía del art. 75 inc. 22, al dar jerarquía constitucional a los mayores instrumentos internacionales en la materia.-
Sostiene que "la remoción de un agente público queda dentro del resorte del presidente de la Nación o del gobernador de la provincia -en su caso- pero no se trata de una atribución que pueda ser ejercitada con prescindencia de toda legalidad" y el respeto por el derecho a la estabilidad del empleo público expresado por el art. 14 bis, impide la ruptura discrecional del vínculo laboral ya que de lo contrario ese derecho carecería de contenido.-
Considera que la estabilidad es un derecho subjetivo para el agente, dado en virtud del interés público, ya que garantiza la juridicidad de la actuación de la administración y con ello, se quiere garantizar la imparcialidad e independencia del funcionario público y favorecer el principio de especialización en el servicio y evitar la arbitrariedad del Estado. -
Continúa diciendo, que es muy importante este pronunciamiento, puesto que la misma Corte Nacional había resuelto que las leyes de prescindibilidad constituyen un régimen de excepción que suspende temporariamente las normas que sé le opongan, que asignan al Poder Ejecutivo un instrumento ágil para llevar a cabo la reestructuración que limita el derecho a la estabilidad de los empleados, lo que se trata de compensar a través de la indemnización que prevén.-
Refiere que si se analizan y comparan los términos constitucionales con los que la propia Corte se maneja, se tendrá que para el empleado público la cláusula pertinente habla en forma clara de "estabilidad", en tanto que, para el empleo privado, la fórmula es la de "protección contra el despido arbitrario".
El art. 14 bis de la Constitución Nacional es claro al respecto y de él se desprende que el empleado público goza de "estabilidad propia" mientras que el trabajador privado de la "impropia".-
Por ello, solicita la inconstitucionalidad planteada, por ser contrario a lo estatuido en Nuestra Carta Magna, y que según los fundamentos expresados y tal se transcribe textualmente dice... El personal dado de baja por cesantía o exoneración no podrá ser reincorporado a la fuerza policial, ni aun mediando rehabilitación... Es decir, y conforme surge de la presente Ley se desconocen aquellos elementos probatorios esenciales (Fallo absolutorio), apartándose de los principios generales del derecho, considerando irrazonable el acto administrativo de cesantía.-
Afirma que la motivación del decreto es sólo aparente, y los antecedentes tenidos en cuenta por la Administración al momento de imponer la sanción han sido parciales, producto de una interpretación formalista y distorsionada de las circunstancias del caso, lo que conlleva a la nulidad de aquella medida.-
Luego se avoca a detallar los rubros reclamados.-
Peticiona en primer lugar el daño moral: Explica, que en este caso concreto la medida impuesta por la administración produjo un gravamen irreparable, por la magnitud del hecho en sí mismo, por la lesión espiritual que ha ocasionado, infiriéndose del mismo, la afectación y el padecimiento que han sido de profunda intensidad, e incluso teniendo en cuenta la prolongación en el tiempo desde la cesantía hasta la obtención del veredicto absolutorio.-
Menciona que la medida atacada lo ha privado de cobertura de Obra Social, dejándolo en una situación de indefensión a él y a su familia, a lo que se suma la imposibilidad de poder costear a sus hijos una educación superior, perdiendo estos los mejores años de su vida.-
Afirma que lo sucedido ha hecho surgir la intranquilidad e inseguridad en su vida, entendiendo que de ese modo aparecen entonces como indiscutibles las consecuencias dañosas tuteladas por el art..1078 del C. Civil.-
Peticiona por éste rubro indemnizatorio la cantidad de $ 1.250.000 o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más los intereses.-
Reclama también el daño psicológico: Dice que, por los hechos sucedidos, se vio afectada su vida de relación y de pareja al punto de no poder mantener relaciones íntimas con su mujer, afirmando que posee una incapacidad en función de este rubro, superior al 60 %. Estima peticionar por el mismo, la cantidad de $500.000, o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos más sus intereses.-
Solicita asimismo el costo médico apropiado, mediante la atención de un especialista en la materia, pues el daño psíquico sufrido es importante y requiere la inmediata atención de un especialista, a los fines de tratar paulatinamente el trauma padecido.-
Estima que no será inferior a los dos años, con una frecuencia de dos sesiones semanales de $300 cada una, estimando este rubro en la suma de $ 57.600, o lo que más o menos surja de la prueba a producirse.-
Apartado seguido reclama el daño material, el que se compone de los salarios caídos.-
Dice que la proyección pecuniaria incide de modo directo en el ámbito administrativo de la relación de empleo a reconstituir, pues así lo dispone la jurisprudencia, que establece, que en los supuestos en los que el agente público es suspendido preventivamente por la autoridad y luego reincorporado, como en aquellos en que la medida segregativa resulta declarada ilegítima por el órgano judicial, el ordenamiento jurídico admite la posibilidad de acordar una indemnización equivalente a los salarios caídos en concepto de la reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente.-
Reclama por este rubro: a) en concepto de salarios caídos propiamente dichos, tomando como base el mes 12 del año 2005 al mes 6 del año 2014 - cantidad de meses 102- al valor de $12.000 por mes, un total de $1.224.000; b) en concepto de aguinaldo por el igual periodo. 8 aguinaldos y medio $102.000; c) vacaciones $102.000.-
Arrojando un total por este rubro de $1.428.000, o lo que más o menos resulte de las probanzas a producirse en autos, suma que se solicita sea tenida en cuenta para la aplicación de intereses y hasta el momento de su efectivo pago.-
Finalmente ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.-
II. En vista de las actuaciones administrativas relacionadas a la presente causa -requeridas en los términos del art. 30 del C.P.C.A.- se resuelve en fecha 29 de abril de 2015 (fs.42/43) en cuanto a la pretensión impugnatoria, la inadmisibilidad de la misma, toda vez que el acto administrativo que agotó la vía -Resolución N°12.424 que rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor- confirmando la cesantía, no fue impugnado ante la justicia dentro de los plazos legales previstos por el art.18 del C.P.C.A.-
Y en cuanto al pedido de levantamiento de la disponibilidad y reincorporación a la fuerza, se resolvió que la vía administrativa no había sido agotada con el acto dictado a fs. 21 del Expte. Adm. N° 21100/980656/2013 -agregado por cuerda al expediente 21100/376256/15- el cual resolvía que "el personal dado de baja por cesantía o exoneración, no podrá ser reincorporado a la fuerza policial, aun mediando rehabilitación" y por lo tanto, el actor debía transitar por la misma vía a tales fines.-
III. En fecha 6 de octubre de 2015, y habiéndose remitido nuevamente desde la administración los expedientes relacionados a la pretensión del levantamiento de la disponibilidad, se resuelve finalmente tener por agotada la vía administrativa, declarando admisible esta parcela de la pretensión -pedido de reincorporación- y ordenando correr traslado de la demanda.-
IV. A fs. 73/77 se presenta a contestar demanda el Dr. Ricardo Gerónimo Uncal, en carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado.-
En primer lugar pone de resalto que la demanda intentada resulta infundada.-
En tal sentido, señala que un tramo esencial de la pretensión del actor, cual es la anulación del acto que lo dejara cesante, ha quedado vacío de contenido, en tanto por Resolución N°1224 del Ministerio de Seguridad de fecha 15/07/2015, resolvió hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por los agentes De Caro y Peralta, restableciendo la situación de disponibilidad a la espera de destino de aquellos y del actor.-
Por ello entiende, que cualquier pronunciamiento respecto al planteo de nulidad del actor resultaría ocioso y un simple dispendio de actividad jurisdiccional, en tanto lo perseguido por aquél -el fin de los efectos de la cesantía y su reincorporación a la Fuerza- ya ha acontecido mediante la Resolución mencionada.-
En esa línea, hace hincapié en que resulta crucial considerar que todo lo aquí perseguido por el accionante encuentra su raíz en el cuestionamiento de su cesantía.-
Dice que la pretensión del actor se apoya en criticar la decisión administrativa que lo dejara cesante atento a su absolución en sede penal. No obstante, tal cuestión fue posteriormente ponderada por la Administración, "anulando el acto original y reincorporando al agente".-
En ese marco, destaca que la potestad disciplinaria de la administración ha sido puesta en práctica correcta y legítimamente. Esto así al momento de sancionar, los elementos de convicción existentes eran suficientes, siendo recién ante la sentencia penal y su absolución (nacida de un proceso judicial de conocimiento pleno capaz de ahondar en las probanzas existentes y arribar a la verdad material), que las circunstancias se modificaron a punto de resultar probada, en sede administrativa, la inocencia del actor.-
De este modo, sobre la base de todas las pruebas debidamente consideradas, y de conformidad con el sistema de las libres convicciones razonadas previsto en el art. 155 del DR. 3326/04, la autoridad demandada concluyó válidamente que existían suficientes elementos de juicio a los fines de acreditar la responsabilidad administrativa del actor, y por ello aplicó correctamente la sanción de cesantía prevista por el ordenamiento.
Y la posterior revisión a raíz del resultado del juicio penal, si bien implica la asunción de un juicio errado en primer término, no implica per se, un obrar ilegítimo de la Administración, pues ésta valoró correctamente las circunstancias del caso.-
Luego, deja planteada la improcedencia de las indemnizaciones reclamadas. Relata que, ante todo, debe tenerse presente que el pretendido hecho dañoso, es decir, la cesantía del actor, ha sido revisada administrativamente y cesado en sus efectos. Así las cosas, al haber vuelto a considerar un acto que se encontraba plenamente firme, a raíz de un recurso de revisión, la Administración obró justamente, reincorporando al actor desde ese momento.-
Agrega, que no resulta un dato menor el hecho de que el acto en cuestión se encontrara firme y consentido, pues ello hace que la revisión posterior no pueda tener sino efectos ex nunc. Ello así, en primer término, porque de no haberse abocado la Administración al tratamiento del recurso (que a su respecto resulta facultativo), el actor habría carecido por completo de acción alguna en sede judicial.-
En ese panorama, la suerte de liberalidad que implicó el obrar administrativo, no podría extenderse más allá de los efectos que la propia autoridad le confirió, abonándose salarios caídos o daños extramatrimoniales anteriores al momento de la revisión.-
Destaca que el accionar de la Administración no surge exagerado, por cuanto, si bien responde a cuestiones de justicia, no es menos cierto que el actor había abandonado el procedimiento administrativo y consentido la decisión de cesantearlo, y la buena fe de la demandada hizo posible la reincorporación del actor, pero tal situación no puede extenderse más allá de eso, permitiendo que una liberalidad acotada supla la cabal negligencia del accionante.-
Señala que la eventual revisión de un acto firme, no genera derecho para recomponer una situación jurídica que adquirió firmeza por el trascurso de los plazos establecidos para impugnar. Cita jurisprudencia.-
En virtud de lo antedicho, sostiene la improcedencia del pago de salarios caídos.-
Refiere que al margen de corresponder el rechazo de la demanda por todo lo anteriormente expuesto, resulta infundado e improcedente el reclamo del actor, en lo referido al cobro de salarios caídos, en primer lugar, porque el tratamiento brindado por la Administración en materia remunerativa ha sido ajustado a derecho y a la situación del actor. Ello así porque no puede invocarse la pérdida del sueldo por la cesantía dado que la sanción fue correctamente impuesta.-
Agrega, que no tiene andamiaje la referida pretensión de lograr dicho pago, pues al no haber mediado ejercicio efectivo del cargo, mal pudo existir salario susceptible de ser perjudicado. Aclara que el actor no cumplió efectivamente tareas por haber sido cesanteado. Cita jurisprudencia.-
De igual modo, sostiene la improcedencia del pretendido daño extrapatrimonial, bajo los títulos de daño moral y daño psicológico, pues sostiene que existe una indebida subdivisión y superposición de rubros indemnizatorios que en sustancia resultan ser un único agravio revestido de distinta denominación, y tal circunstancia, impide objetivamente su tratamiento por separado.-
Asimismo, niega que se haya configurado por el caso de autos un daño extrapatrimonial que resulte reprochable a la administración y que sea susceptible de ser indemnizado, pues no existió acción antijurídica que habilite el reproche de la conducta administrativa.-
Respecto al reclamo del actor de una indemnización de $1.250.000 por daño moral y $500.000 por daño psicológico, recuerda que, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales, aun en aquellos casos de empleo público en que se consideró procedente otorgar una indemnización por el daño moral efectivamente acreditado, las sumas indemnizadas nunca ascendieron a montos tan elevados. Cita jurisprudencia.-
Continúa diciendo, que la mera alegación del daño material o moral, sin que se halle acreditado con otra prueba que no surja de los actos dictados, resulta una presunción carente de relevancia dentro del derecho positivo para obtener una reparación patrimonial. Ello por cuanto el daño cuya existencia no está acreditada de un modo cierto, no es un daño jurídico y por lo tanto no es resarcible. Cita jurisprudencia.-
Suma a lo expuesto, que el rubro indemnizatorio en análisis resulta inatendible, en tanto el actor sólo se ha limitado a invocar un supuesto daño psicológico, sin demostrar su existencia concreta, ni mucho menos el nexo causal de dicha patología con la cesantía cuestionada en autos, ni su carácter transitorio o permanente. Y recuerda al respecto, que la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso, aspectos estos que afirma, no configuran en el caso de autos.-
Señala que, para el s
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.