Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 74891
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, a quien deberán devolverse las actuaciones para la prosecución de su trámite (arts. 166, CP; 1, 7 y conc., ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 59 inc. b y 60 inc. c, decreto ley 6769/1958).
Por Secretaría, líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del mencionado Departamento Judicial a efectos de comunicarle lo resuelto.
B.74.891 "ROBALDO HORACIO PEDRO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008--"
La Plata, 21 de junio de 2018.
I. El señor Horacio Pedro Robaldo, de profesión maestro mayor de obras, dedujo demanda de daños y perjuicios contra varias cooperativas de viviendas y la Municipalidad de San Nicolás, ante el incumplimiento del contrato que afirma se produjo en el marco de una obra financiada con fondos públicos, cuyo objeto era la construcción de 62 viviendas sociales destinadas a empleados de la Municipalidad.
Relata que las cooperativas de trabajo demandadas le encomendaron la realización del proyecto y dirección de un complejo de 62 viviendas sociales para ser construidas en el denominado "Barrio Irigoyen", de la localidad de San Nicolás, en un predio de la Municipalidad homónima, para ser destinadas a los afiliados del Sindicato de Empleados Municipales de San Nicolás que carezcan de vivienda propia y resulten adjudicatarios.
Explica que la ejecución del proyecto se llevó a cabo a través del convenio específico llamado "Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Viviendas Nuevas", suscripto entre la Municipalidad de San Nicolás y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que fue ratificado por el Concejo Deliberante de San Nicolás mediante Ordenanza N° 8335/2012. Por medio de este convenio -dice-, se acordó que la mencionada Subsecretaría financiaría la construcción de las 62 viviendas, específicamente el costo de los materiales, la mano de obra y los gastos de ejecución y otorgaría subsidios para la compra de equipos, herramientas, útiles de trabajo y libros contables, asumiendo la Municipalidad el compromiso de controlar el cumplimiento de ese objetivo.
Así, sostiene, la comuna asumió una serie de obligaciones entre las cuales estaba, además de la de crear una unidad ejecutora, la de firmar contratos con las cooperativas en iniciar las obras en un plazo determinado.
Aduce que las cooperativas, a través del Sindicato de Empleados Municipales, lo contrataron para la realización del proyecto y ejecución de las obras en cuestión y que, si bien no se formalizó por escrito el contrato de locación de servicios, su intervención en la obra surge largamente acreditada con los planos por él firmados y presentados para su visación ante el municipio, circunstancia que dio lugar a la formación de un expediente administrativo, que individualiza.
Afirma que sus honorarios jamás fueron abonados, por lo que, con fundamento en disposiciones del Código Civil hoy derogado, pero que entiende aplicables porque los hechos se consumaron durante su vigencia, demanda su pago a las cooperativas intervinientes y a la Municipalidad de San Nicolás, en este último caso por no haber dado efectivo cumplimiento a su deber de fiscalización del uso, aplicación y destino de los fondos públicos girados por la Administración nacional (fs36/56).
II. La demanda se dedujo ante el Fuero Contencioso Administrativo (fs. 2) y resultó adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás (fs. 56 vta.).
II.1. La titular de ese órgano se declaró incompetente sobre la base de considerar que en el caso no mediaba, por parte de la Municipalidad demandada respecto del actor, ejercicio de funciones administrativas en tanto, como el propio demandante afirma, fue contratado verbalmente por las cooperativas codemandadas y no mantuvo relación jurídica alguna con el municipio, no advirtiendo, por tanto, la existencia de alguna relación causal entre el incumplimiento denunciado y la comuna accionada.
Concluyó que, no mediando ejercicio de la función administrativa, por un lado y tratándose de un caso que debe resolverse por aplicación de normas de derecho privado, por otro, no corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo.
Por tales fundamentos, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Receptoría General para que las radique ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que corresponda (fs. 57/63).
II.2. Así, tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 departamental.
Su titular no aceptó lo resuelto por la magistrada previniente, pues entendió que la pretensión dirigida contra el municipio sí se basaba en una omisión en el ejercicio de la función administrativa, razón por la cual se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general contenida en el artículo 166 de la CP y regulado por la ley 12.008. Destacó que si bien el actor denominó la acción como de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, de la lectura de los hechos expuestos en la demanda se desprende que la responsabilidad endilgada a la comuna no surge del acuerdo por el que se contrataron sus servicios, sino de normas de derecho público.
Quedó, de tal modo, planteada la cuestión de competencia (fs.65/68).
III.1. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1°, CPCA). En particular, resultan de su incumbencia aquellas relativas a los contratos administrativos (art. 2 inc. 6°, CPCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2° y 2 inc. 4°, CPCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CPCA).
III.2. Los antecedentes reseñados, aun en el preliminar estadío de la presente causa, permiten inferir que la vinculación entre el actor y las accionadas se ha dado en el marco de una contratación pública; a la ejecución de un plan estatal de viviendas. Las actuaciones administrativas iniciadas por el señor Robaldo con la finalidad de que se visen los respectivos planos darían cuenta de su participación en la obra, cuya naturaleza claramente se inscribe en la actividad de fomento propia de la Administración -art. 59 inc. b, decreto ley 6769/1958- (fs. 25/35).
Por otra parte, se encuentra agregada al expediente la ordenanza municipal que ratifica el convenio suscripto por la comuna con autoridades nacionales, cuyo objeto, claramente, es la financiación de las obras en cuestión, a emplazarse en un predio de propiedad de la municipalidad (fs. 20/23).
Siendo así, cabe adelantar que las singulares circunstancias del litigio demandan que éste sea resuelto por el juez en lo contencioso administrativo.
En efecto, este cuerpo ha entendido que el art. 166 de la Constitución provincial no reconoce límites a la configuración de la materia por la naturaleza pública o privada del sujeto demandado que ejerce funciones administrativas, habiéndose determinado que eran propios de la competencia contencioso administrativa ciertos casos originados por la actuación u omisión de personas privadas en el marco de un contrato administrativo (doctr. causas B. 64.745 "Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca", res. del 23-X-2002 y B 74.317, "Carta Serrana S.A.", res. el 21-IX-2016).
Sobre bases semejantes, se reputó que debía ser calificado como contratación administrativa el conflicto derivado de un convenio celebrado entre una empresa privada prestadora del servicio público de agua potable y desagües cloacales con otra empresa para el reemplazo de una cañería, toda vez que por su objeto y finalidad era evidente que dicho convenio subsumía en las reglas de competencia que informan la materia administrativa (art. 2 inc. 6°, CPCA y doctr. causa A. 69.021 "Utilducto SA", sent. del 8-VII-2008).
Cabe destacar además, que en el ámbito local rigen normas sobre política habitacional que prevén la suscripción de convenios por parte de su autoridad de aplicación con entidades privadas para la realización de sus fines (cfr. arts. 4 incs. "a", "b" y "h", ley 5396; 2, 3 incs. "c" y "f", dec. ley 9573/80), hallándose expresamente contemplado en la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6769/1958- la realización de obras públicas -entre las que se enumera a la construcción de viviendas- por parte de cooperativas (arts. 59 inc.b y 60 inc. c).
De lo dicho hasta este punto y sin abrir juicio sobre los detalles o pormenores de la relación entre el actor y las cooperativas codemandadas, cabe entender que en autos se está en presencia de una situación subjetiva en torno a una contratación en la que se vinculan personas y fines públicos.
III.3. Si bien lo dicho anteriormente no deja dudas en torno a que la presente cuestión debe ser radicada en el fuero contencioso, cabe señalar que existe otra circunstancia que –al igual que lo señalado en el punto anterior- determina este resultado. Así, en la demanda se le endilga a la comuna, también accionada, la omisión del ejercicio de funciones administrativas (v. fs. 42 vta.).
En efecto, al demandar, el actor atribuye responsabilidad a la Municipalidad de San Nicolás por la falta de contralor en el pago que la cooperativa le debía realizar, considerando que la comuna es responsable por "...no haber ejercido el razonable control, o poder de policía, que la actividad desplegada por las Cooperativas exigía para el correcto desarrollo del barrio... (fs. 43). De modo tal que, desde tal óptica, se trata de un caso originado en la omisión, por parte de un municipio, del ejercicio de la función administrativa, supuesto expresamente aprehendido por la cláusula constitucional del último párrafo del artículo 166 de la CP y por el artículo 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Siendo ello así, la cuestión deberá ser ventilada en el Fuero Contencioso Administrativo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, a quien deberán devolverse las actuaciones para la prosecución de su trámite (arts. 166, CP; 1, 7 y conc., ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 59 inc. b y 60 inc. c, decreto ley 6769/1958).
Por Secretaría, líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del mencionado Departamento Judicial a efectos de comunicarle lo resuelto.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 232
Fin de la sentencia