Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75402
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de General San Martín para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Asimismo, líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.75.402 “CASCO MARCELINA VIDALIA C/ CASCO FELIX ROLANDO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 21 de noviembre de 2018.
I. Marcelina Vidalia Casco demandó a su hermano, Félix Rolando Casco, con el objeto de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que le habría ocasionado el actuar fraudulento de este último, quien supuestamente inició en el año 2015 el trámite de escrituración en los términos de la ley 24.374 de un lote de terreno que presuntamente fuera comprado por ambas partes.
Adicionalmente, solicitó la nulidad de la anotación realizada -la cual habría permitido al demandado obtener la titularidad sobre la totalidad de dicho predio- y de la inscripción efectuada en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Requirió que se cite en calidad de terceros, con arreglo al art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, al escribano Fernando Julio Guillot y al titular de la Dirección General de Tierras de la Municipalidad de San Miguel.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de General San Martín, cuyo titular -luego de ordenar el traslado de la demanda a fs. 119 y vta.- declinó su competencia. Ello, tras advertir que en autos se pretendía integrar la controversia con una autoridad pública municipal, a lo que cabía agregar la naturaleza de los hechos y el derecho en el que se fundaba la pretensión, todo lo cual recomendaba que el asunto fuera ventilado ante el fuero contencioso administrativo (fs. 125 y vta.).
De este modo tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. No obstante, el juez a su cargo también se negó a conocer en el pleito tras considerar que del relato de los hechos y los requerimientos efectuados por la parte actora se estaba en presencia de una acción fundada en el Código Procesal Civil y Comercial y, consecuentemente, alcanzada por la regla de exclusión prevista en el art. 4 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Para más, afirmó que los daños que alegaban haber sufrido la actora no se habrían razonablemente originado por la actuación u omisión de la Municipalidad de San Miguel, en el ejercicio de funciones administrativas (fs. 130/131 y vta.).
Por tales motivos, se declaró incompetente y planteó formalmente la contienda negativa, ordenando la elevación de los obrados a este Tribunal a fin de que la dirima (cfr. art. 7 inc. 1, CPCA).
III. Esta Corte ya se ha expedido sobre la oportunidad para declarar la incompetencia de oficio. En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714 "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444 "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077 "Arrúa González", res. de 24-XI-2004; B. 68.282 "Montiel", res. de 10-VIII-2005; B. 69.063 "Porcel de Peralta", res. de 11-IV-2007; B. 70.084 "García y Lantaño", res. de 6-V-2009; B. 71.336 "Agüero", res. de 15-VI-2011; B. 72.279 "Reficco", res. de 13-III-2013; B. 73.004 "Martínez", res. de 12-III-2014; B. 73.681 "Azorín", res. de 23-IX-2015; B. 74.503 "Prieto", res. de 22-II-2017; B. 74.717 "Municipalidad de San Vicente", res. de 14-IV-2017; B. 74.806 "Lewin", res. de 6-IX-2017 y B. 75.025 "Barreryro", res. de 29-VIII-2018).
En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando el juez de primera instancia en lo civil y comercial aceptó su competencia -ordenando el traslado de la demanda a fs. 119 y vta.-, conspira contra la observancia de los aludidos principios y de normas procesales específicas (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causa B. 75.169 "Municipalidad de Malvinas Argentinas", res. de 15-VIII-2018), por lo que cabe concluir que su resolución de fs. 125 y vta. fue intempestiva.
IV. Sin perjuicio de la apuntada observación de índole procesal, no es ocioso señalar que aun cuando potencialmente pueda ser traído al proceso uno de los sujetos a los que alude el art. 166 in fine de la Constitución provincial, el presente caso -en el cual se persigue una indemnización contra un particular y la rectificación registral del lote litigioso- se encuentra regido primariamente por el derecho privado y, por tal razón, resulta extraño al ámbito de conocimiento asignado a los jueces del fuero especializado (art. 4 inc. 1, CPCA; doctr. causas B. 73.390 "Rodríguez", res. de 5-XI-2014 y B. 74.484 "Esteves", res. de 22-VIII-2018)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de General San Martín para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Asimismo, líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 585
Fin de la sentencia