Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75866
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para conocer en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirán ambos expedientes, para la prosecución del trámite.
B.75.866 "HAASE EMANUEL ALEJANDRO C/ VELASCO JULIO OSCAR Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 10 de julio de 2019.
I. El 30 de marzo de 2012, un vehículo marca Volkswagen Voyage, dominio JXQ-703 –móvil policial, patrullero 11836-, circulaba por la intersección de las calles Portela y Manuel Castro, de la localidad de Lomas de Zamora, cuando aparentemente fue embestido por un rodado marca Fiat Siena Fire, dominio KPD-844, de titularidad de Carmen Nora Varela y conducido por Julio Oscar Velasco, que llevaba a bordo a Marcela Liliana Vargas y Daiana Michelle Martínez. Este hecho, dio lugar a dos procesos judiciales diversos.
I.1. En uno, las pasajeras Marcela Liliana Vargas y Daiana Michelle Martínez demandaron a Julio Oscar Velasco y Carmen Nora Varela, Emanuel Alejandro Haase –conductor del móvil policial- y a la Municipalidad de Lomas de Zamora, por los daños y perjuicios sufridos en el accidente (causa "Vargas, Marcela Liliana y otros c/Velasco Julio Oscar s/ daños y perjuicios").
I.2. El otro proceso fue iniciado por Emanuel Alejandro Haase contra Julio Oscar Velasco, por considerar que éste revestía la calidad de embistente y Carmen Nora Varela, por ser la titular registral del vehículo involucrado en el siniestro (causa "Haase, Emanuel Alejandro c/ Velasco, Julio Oscar y otros s/ daños y perjuicios").
Cabe señalar que, en el primer juicio, tras las manifestaciones vertidas por Provincia de Seguros S.A. –citada en garantía- respecto a que era el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el tomador de la póliza del móvil asegurado por ella, las coactoras ampliaron su demanda contra este último. Como consecuencia de ello, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora decidió inhibirse de seguir entendiendo en el asunto, por considerar que el caso era propio del fuero especializado y remitió las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental, cuyo magistrado declinó la competencia que le fuera atribuida por estimar que ésta era extemporánea, planteando una contienda negativa en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
En dicha oportunidad este Tribunal resolvió que incumbía a la jurisdicción contencioso administrativa conocer y dirimir la controversia, toda vez que se encontraba involucrado el accionar de un sujeto público, cuya actividad se presume realizada en el ejercicio de la función pública y regida por el derecho administrativo (causa B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015).
II. En lo que a los presentes autos respecta, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora entendió que procedía la solicitud de acumulación de los procesos efectuada por la Caja de Seguros S.A. –citada en garantía- (v. fs. 33/38), a fin de evitar el posible dictado de sentencias contradictorias, atento la identidad de causa y de objeto alegada. En consecuencia, remitió las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental, donde había quedado radicado el otro proceso.
Sin embargo, su titular no aceptó la competencia que se le endilgó por considerar que quien accionaba lo hacía en carácter personal (pese a aludir a su calidad de agente policial al momento del siniestro) y que la cuestión se encontraba expresamente excluida de la materia contencioso administrativa al regirse por el derecho privado (conf. arts. 4, CCA y 87 inc. 2 y 188, CPCC).
En virtud de ello, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a lo previsto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Ahora bien, ante la posibilidad de hallarse comprometida la competencia contencioso administrativa (arts. 166 in fine, Const. prov. y 1, 2 y 6, CPCA), esta Corte ha sido particularmente estricta a la hora de inspeccionar la concurrencia de los recaudos a los que alude el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial, que hacen a la procedencia de la acumulación de acciones.
En esa línea, se ha resuelto en sentido negativo allí donde no se advertía un peligro cierto respecto al dictado de pronunciamientos contradictorios: por ejemplo, cuando en una de las causas conexas se discutía la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva basado en la teoría del riesgo (doctr. causa B. 72.444, "Enosur", res. de 10-VII-2013); o existía una clara divergencia ratione materiae entre ambos pleitos (doctr. causa B. 73.756, "Victoria", res. de 28-X-2015) o, también, cuando el desenlace anticipado de cualesquiera de los procesos vinculados no tendría consecuencias irreversibles, insusceptibles de reparación ulterior (doctr. causa B. 72.723, "Municipalidad de Baradero", resol. de 21-V-2014 y sus citas).
Con todo, sin perjuicio del mentado criterio restrictivo, en casos donde se apreciaba una marcada e ineludible conexidad se dio curso a la acumulación -bien que entre órganos pertenecientes a un mismo fuero-, a la luz de la excepción contenida en el texto del art. 188, proemio, del referido digesto adjetivo (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", res. del 21-IX-2016).
Es que, como también se ha dispuesto con reiteración, la acumulación de procesos es imprescindible cuando las pretensiones expuestas no pueden decidirse separadamente sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas), de modo tal que debe soslayarse en tales supuestos cualquier interpretación de las reglas en juego que la impida.
IV. Sobre la base de lo desarrollado, es necesario que esta causa "Haase" sea acumulada a "Vargas", que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Ello no sólo por la evidente comunidad fáctica existente entre los dos pleitos, sino también porque compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de dichas funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
V. Bajo tales premisas, y a tenor de las manifestaciones vertidas por la parte actora en su escrito inicial (v. fs. 6/20), es posible concluir que el móvil policial presuntamente involucrado en el siniestro se encontraba afectado a la realización de los cometidos específicos de seguridad pública establecidos en el art. 20 de la ley 13.482, dando cuenta de un hecho que, llegado el momento, puede ser considerado como generador de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa por parte de uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (doctr. causas B. 68.372, “Ramírez”, resol. de 1-II-2006; B. 69.330, "Herrera", resol. de 5-III-2008; B. 70.181, "Selan", resol. de 2-IX-2009; B. 70.708, "López", resol. de 24-II-2010; B. 73.750, "Villalta", resol. de 2-IX-2015; B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015; B. 74.936, "Barrios", resol. de 28-II-2018 y B. 75.561, "Piedrabuena", resol. de 13-III-2019).
Atento a ello, dadas las características de los sucesos enjuiciados, lo dispuesto en la cláusula del art. 166, último párrafo, de la Constitución así como en los arts. 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo y lo anteriormente resuelto por este Tribunal en los autos "Vargas", incumbe a la jurisdicción contencioso administrativa dirimir la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para conocer en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirán ambos expedientes, para la prosecución del trámite.
Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 departamental lo que aquí se decidió.
Regístrese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 323
Fin de la sentencia