Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75828
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de San Nicolás para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA).
B.75.828 "DISTRIBUIDORA LEO-SAN S.R.L. C/ MULE CARLOS ANTONIO Y OT. S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 10 de julio de 2019.
I. La sociedad Distribuidora Leo San S.R.L., a través de su apoderado, promovió demanda de daños y perjuicios contra Ingeniero José María Casas S.A. y Carlos Antonio Mule, con el objeto de obtener una indemnización por el daño que habría sufrido como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 9 de abril de 2015 a la altura del kilómetro 151 de la Ruta Nacional N°9. Asimismo, citó en garantía a Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. y Federación Patronal Seguros S.A.
La parte actora refiere que ese día su chofer, Juan Ignacio Cejas, se encontraba manejando un camión de su propiedad, marca Mercedes Benz 1114 dominio RVW14, en el cual transportaba mercadería, cuando fue embestido en la parte trasera por dos camiones: uno marca Mercedes Benz 712 dominio DDZ979, de titularidad de Carlos Antonio Mule, y otro marca Iveco dominio IGB143, de propiedad del otro codemandado.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de San Nicolás y su titular se inhibió de intervenir. Para decidir así, sostuvo que los hechos narrados guardaban suficiente identidad con los controvertidos en los autos caratulados "Good, Leticia Noemí y otros c/ Pruyas, Maximiliano Javier y otros s/ daños y perjuicios", donde había declarado su incompetencia en la inteligencia de que encontrándose demandada la Municipalidad de Baradero, por la eventual responsabilidad que podía caberle por la quema de basura que habría provocado condiciones de baja visibilidad en la zona del accidente, el asunto era propio del conocimiento del fuero contencioso administrativo. Asimismo, adunó que no era óbice para la acumulación de los procesos la falta de identidad absoluta de las partes y, respecto a la competencia ratione materiae , que la propia normativa que regula el fuero especializado prevé la posibilidad de invocar o aplicar analógicamente normas de derecho común, por lo que no constituía un impedimento su invocación (cfr. arts. 1 inc. 2 in fine , 2 inc. 4 y 77 inc. 1, CCA).
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular no aceptó la competencia que se le atribuyó por considerar que no se accionaba contra ninguno de los sujetos públicos previstos en el art. 166, último párrafo, de la Constitución provincial y que la cuestión se encontraba expresamente excluida de la materia contencioso administrativa, al regirse por el derecho privado (cfr. arts. 4, CCA y 87 inc. 2 y 188, CPCC). En consecuencia, concluyó que las pretensiones podían resolverse separadamente sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias.
En virtud de ello, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a lo previsto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Ahora bien, hallándose comprometida la competencia contencioso administrativa (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, 2 y 6, CCA), esta Corte ha sido particularmente estricta a la hora de escrutar la concurrencia de los recaudos a los que alude el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial, que hacen a la procedencia de la acumulación de acciones.
En autos el conflicto se origina por la vinculación alegada por el magistrado que previno entre un proceso radicado ante la justicia contencioso administrativa -en el que se acciona contra una municipalidad- y otro en el que se demanda a dos particulares en virtud de una relación regida por normas del derecho privado, pretendiendo una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el siniestro presuntamente acaecido.
La exclusión de este tipo de controversias del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo, conforme lo dispuesto por los arts. 166 de la CP y 1 y conc. del CCA y lo establecido en el art. 188 inc. 2, CPCC, obsta a la acumulación de procesos pretendida, en tanto no concurre el recaudo de la competencia ratione materiae para entender en todos ellos (doctr. causa B. 73.756, "Victoria", resol. del 28-X-2015).
Sobre el punto cabe señalar que el art. 2 inc. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto contempla la aplicación analógica de las normas del derecho privado en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, no altera la regla referida pues allí la competencia contencioso administrativa se apuntala en la necesaria verificación de una actuación u omisión de la Provincia, los municipios, entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funciones administrativas (cfr. art. 166 in fine , Const. prov.). Al respecto, no puede soslayarse que en la presente causa no se encuentra controvertido el actuar de ninguno de los sujetos públicos mencionados, en tanto la actora ha dirigido deliberadamente su acción contra dos particulares.
Aun existiendo cierta comunidad fáctica entre ambos juicios, tampoco se advierte la necesidad de acumular los procesos en cuestión por aplicación del supuesto que refiere al peligro del dictado de sentencias contradictorias (doctr. causa B. 72.444, "Enosur", resol. del 10-VII-2013).
Los hechos descriptos en la demanda deducida en este expediente y su pretensión (v. fs. 17/24) circunscriben la contienda a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva (conf. arts. 1757, 1769 y concs., Cód. Civ. y Com.) cuyos efectos bien pueden resultar indiferentes a la definición final del otro proceso, y viceversa (doctr. causa B. 72.723, "Municipalidad de Baradero", resol. del 21-V-2014 y sus citas).
IV. Sobre la base de lo expuesto, debe declararse que en el caso no se encuentra comprometida la competencia del fuero contencioso administrativo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de San Nicolás para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA).
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.
Regístrese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 325
Fin de la sentencia