Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75782
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.75.782 "COSENTINO GRACIELA ADRIANA C/ ANDRADE FURRER NORMA EDITH Y OT. S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 22 de mayo de 2019.
I. Graciela Adriana Cosentino demandó por daños y perjuicios a Norma Edith Andrade Furrer y Norma Saporiti ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La actora busca hacerse de una indemnización en virtud de que estas dos, en sus respectivas funciones de Directora Suplente de la Escuela Especial N°502 de Almirante Brown e Inspectora Jefa de la Región 5 de la Dirección General de Cultura y Educación, habrían llevado a cabo una serie de actos que describe como difamatorios que derivaron su apartamiento del cargo de Directora de dicha institución, en el cual fue finalmente repuesta tras ser sobreseída en la causa penal que la primera le inició por defraudación ligada al manejo de fondos de la cooperativa escolar.
II. Luego de mandar a que se aclaren ciertos puntos aparentemente contradictorios del relato de los hechos, el juez interviniente se declaró incompetente con fundamento en lo normado en los arts. 166, último párrafo, de la Constitución provincial y 1 y 2 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, reputando que la controversia debía ventilarse ante el fuero especializado (fs. 131/132).
De ese modo, la causa quedó radicada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Por su lado, el titular de este organismo se rehusó a conocer en el asunto tras notar que la actora insistió con que la demanda se hacía a título de falta personal contra Andrade Furrer y Saporiti mas no involucraba a la Provincia de Buenos Aires, máxime cuando había sido la Subsecretaría de Educación la autoridad que la reintegró al cargo de Directora (v. fs. 127 vta./128). Frente a ello, sostuvo que el caso no se originaba en el ejercicio de la función administrativa, dado que los daños alegados se vinculaban a "actitudes de hostigamiento y violencia personales" y no a actos estatales.
Al resolver así, planteó formalmente la contienda negativa, elevando las actuaciones a esta Suprema Corte para que ejerza la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Como se ha afirmado, los órganos estatales se manifiestan jurídicamente por medio de los individuos que los componen (CSJN Fallos: 306:2030). Por ende, la determinación del límite entre la falta de servicio y la falta personal, atribuible al funcionario, es materia propia del derecho administrativo. Siguiendo esta línea, el Tribunal tiene dicho que resulta razonable que las consecuencias patrimoniales de los actos realizados con ocasión del desempeño de la función, aun cuando puedan encuadrarse en la última de las categorías indicadas, se consideren englobados en la atribución de competencias que deriva de los arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo y ajenos a la regla de exclusión enunciada en el art. 4 inc. 1 de dicho ordenamiento (doctr. causas B. 72.467, "Pilone", resol. de 5-III-2014; B. 73.534, "Valdéz", resol. de 15-VII-2015; B. 74.305, "Llamosas", resol. de 26-X-2016; B. 74.344, "Aguiar", resol. de 21-XII-2016; B. 74.520, "Correa", resol. de 29-III-2017 y B. 74.544, "Villanueva", resol. de 7-VI-2017).
Bajo ese reiterado criterio y al margen de que la actora no dirige su pretensión contra el Estado provincial lato sensu , en la medida en que las acciones que se le endilgan personalmente a las codemandadas fueron cometidas mientras ambas ejercían cargos directivos o de control en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación -lo que podría llevar a presumir que algunas de ellas derivaron del ejercicio de sus deberes funcionales-, el deslinde de los posibles ámbitos de responsabilidad es una tarea que, por su especialidad, corresponde asignarle al juez en lo contencioso administrativo (art. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 in fine , CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 departamental, lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 230
Fin de la sentencia