Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75902
B.75.902 “RODRIGUEZ DAVID C/ RODRIGUEZ SERGIO Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres dijeron:
I. David Rodríguez promovió una pretensión indemnizatoria contra la Provincia de Buenos Aires, Sergio Rodríguez, Guillermno Cepparro, Miguel Alberto Roitman, Vanina Noelia Esther García Domene y Pamela Vanesa Protto, con el objeto de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que estima ocasionados por la venta efectuada sin su consentimiento de un inmueble que componía el acervo hereditario de la causante Elsa Grassi, quien en vida fuera su madre.
Alega que dicha transacción se produjo en el marco de los autos caratulados "Grassi, Elsa s/ Sucesión Ab-Instestato", (expte. n° 70281), en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, órgano que por entonces se encontraba a cargo del doctor Miguel Alberto Roitman.
Señala que el día 27 de febrero de 2007 se dictó declaratoria de herederos, por la cual se proclamó como único heredero al señor Sergio Rodríguez –su hermano-, omitiéndose incluir al aquí accionante, pese a haber sido denunciado como descendiente de la causante.
Luego, relata que mediante escritura pública el señor Rodríguez cedió a favor de la señora Vanina Noelia Esther García Domene el bien en cuestión; hecho que denuncia acaecido el 2 de noviembre de 2007 ante el Escribano Luis Edmundo Tiscornia. Es así que la señora García Domene comparece al sucesorio y, ante la petición por ella presentada, se ordena la inscripción de la declaratoria de herederos conjuntamente con la cesión de las acciones y derechos hereditarios relativos al bien registrado bajo la matrícula N° 43514.
Finalmente, explica que por encontrarse internado al momento de los hechos narrados, tomó conocimiento tardíamente de lo acontecido, razón por la cual recién el 24 de junio de 2011 pudo tomar intervención en el trámite sucesorio. En dicha oportunidad, solicitó la ampliación de la declaratoria primigeniamente efectuada, lo que se dispuso con fecha 29 de junio de 2011.
En consecuencia, peticiona que se le entregue la suma correspondiente al 50% del valor del inmueble transferido y se lo indemnice por los padecimientos sufridos, tanto por la conducta de los codemandados como por la omisión incurrida por el titular del juzgado departamental donde tramitó el sucesorio.
II. En lo que aquí respecta, la causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en virtud del requerimiento formulado por el actor en su escrito postulatorio (v. fs. 9). Sin embargo, su titular entendió que en la especie no se configuraba un supuesto habilitante del fuero de atracción conforme lo previsto en el art. 2.336 del Código Civil y Comercial, dado que la acción no se dirigía contra el causante (fs. 11/12).
En virtud de ello, las actuaciones pasaron al Juzgado N°1 departamental. No obstante, el juez subrogante se inhibió de intervenir en el asunto por considerar que correspondía al fuero especializado el conocimiento de las causas en donde se pretende hacer efectiva la responsabilidad, solidaria, del Estado y la de sus agentes. Por consiguiente, ordenó la remisión a los juzgados del fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 14).
Contra dichos pronunciamientos, el actor interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y siendo el primer de ellos denegado por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 –atento la excusación formulada por el doctor Carlos Mario Casás a fs. 18-, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial revocó parcialmente el resolutorio atacado. Al así decidir, confirmó lo dispuesto en torno a la competencia material del fuero especializado pero ordenó que el correspondiente sorteo se efectuara entre los juzgados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (fs. 25/26).
De este modo, la causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, cuya titular se rehusó a intervenir en el asunto por considerar que en autos se pretendía hacer efectiva la responsabilidad del Estado por la actuación desplegada en un proceso judicial por quien y en consecuencia, la conducta reprochada no poseería connotación administrativa, sino que constituiría el ejercicio de una actividad jurisdiccional, lo que se hallaría excluido de su ámbito de conocimiento (v. resol. de 30-IV-2019).
Al así decidir, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. A los fines de establecer el tribunal que deberá conocer y decidir en el caso salvaguardando la competencia ratione materiae (cfr. art. 6, CCA), cuadra señalar que en la especie gravita el impedimento contenido en el art. 87 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial.
Esto, en la medida en que las pretensiones dirigidas contra Sergio Rodríguez, Guillermo Cepparro, Vanina Noelia Esther García Domene y Pamela Vanesa Protto no pueden ser sustanciadas en el fuero especializado en razón de lo normado por el art. 4 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que sustrae de su ámbito de conocimiento a los casos regidos por el derecho privado, lo que significa que el complejo de pretensiones deducidas carecen de virtualidad para integrar una única acción y ser resueltas por un mismo juez (arg. art. 87 inc. 2, CPCC; doctr. causa B. 75.549, "Navarro", resol. de 20-III-2019).
Es dable apuntar que de las constancias del expediente no se aprecia un riesgo cierto de que con ello a la postre convivan pronunciamientos contradictorios, dado que existe una clara divergencia en razón de la materia entre ambos pleitos (doctr. causa B. 73.756, "Victoria", resol. de 28-X-2015 y B 76.149, "Gomila", resol. de 6-XI-2019).
III.2. En lo tocante a la pretensión enderezada contra el Estado provincial y Miguel Alberto Roitman, en su carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cabe señalar que es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y resolver las controversias suscitadas por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial y en particular, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los municipios y los entes públicos estatales previstos en el art. 1, regidas por el derecho público, aún si se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (cfr. arts. 166, in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 64.533, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; B. 65.489, "Mazzei", resol. de 4-VI-2003; B. 67.408, "Mancuso", resol. de 19-V-2004; B. 68.001, "Mozcuzza" y B. 68.005, "Carrizo", ambas resol. de 8-IX-2004; B. 68.052, "Echaire", resol. de 20-X-2004 y B. 74.397 "Z., S. E. y otros", resol. de 26-X-2016 y B. 75.078, "Pastor", resol. de 11-IV-2018).
IV. Esta Corte, aplicando el plexo normativo anterior (Constitución provincial de 1934 y ley 2961), había considerado que los litigios por daños derivados de la actividad judicial eran ajenos a aquella jurisdicción (doctr. causas B. 64.674, "Ramos", resol. de 30-X-2002; B. 64.846, "Fragnul", resol. de 27-XII-2002; B. 65.353, "Faster", resol. de 19-III-2003 y B. 65.974, "Olivera", resol. de 1-X-2003, entre otras).
No obstante, la aplicabilidad de la codificación aprobada por la ley 12.008, con sus reformas, incorporó un elemento normativo fundamental y no considerado en las causas arriba citadas, que impone replantear el enfoque hasta ahora seguido.
Es que, en lo tocante al conocimiento y decisión de las pretensiones resarcitorias, los arts. 1, 2 inc. 4, 12 inc. 3, 50 inc. 6 y concordantes del Código vigente en la materia (ley 12.008, con sus reformas), han expandido el ámbito anterior de la jurisdicción contencioso administrativa, para abarcar toda la gama de casos relativos a la responsabilidad patrimonial de la Provincia así como de los restantes entes estatales y locales -por su actuar o su omitir, mediando una conducta lícita o por razón de su ilicitud-.
Esa determinación legislativa, que reposa en el amplio arbitrio que surge del art. 166, primer párrafo, de la Constitución, en modo alguno supone una alteración irrazonable del sentido que ha guiado el enunciado del último párrafo del mismo precepto, toda vez que esta norma propugna la especialización del fuero allí instituido para el conocimiento de las contiendas emergentes del actuar público.
Por otra parte, debe tenerse presente que el codificador de la ley 12.008 sustituyó el art. 3 de la ley 8132 –incorporado al art. 477 del Código Procesal Penal (texto según ley 11.922)- que asignaba al fuero civil el conocimiento de las pretensiones indemnizatorias que tuvieran por causa el obrar judicial del Estado provincial, cuando, previa condena firme por error a una pena privativa de la libertad, el condenado obtuviera una sentencia favorable a raíz de una acción de revisión. Pues bien, en lugar de aquel fuero, la norma determinó expresamente la competencia de los tribunales contencioso administrativos (cfr. art. 83, CCA), sin perjuicio de que el precepto casi idéntico del art. 477 del Código Procesal Penal -texto según ley 11.922- quedó inalterado. Con todo, la modificación descripta más arriba por la ley 12.008 es la ley posterior que debe primar ante el potencial conflicto normativo.
Lo expresado revela una evidente intención de confiar la decisión de los litigios centrados en el denominado “error judicial” -situación analogable al caso debatido en el presente- a la justicia administrativa.
V. Por lo demás, hay que destacar que la solución propiciada se torna imperativa tras la sanción y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994), cuya política legislativa se ha inclinado por la doctrina publicista en lo que al instituto de la responsabilidad del Estado atañe (cfr. CSJN Fallos: 329:759). En efecto, sus arts. 1764 a 1766 preceptuaron que: (i) las disposiciones sobre responsabilidad civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria; (ii) la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda y (iii) los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.
Esta posición fue acompañada por el criterio sentado por este Tribunal, cuya jurisprudencia sistemáticamente resolvió contiendas de competencia a favor del fuero contencioso administrativo para conocer en pretensiones que, no obstante hallarse fundadas en normas de derecho privado, tenían por objeto un resarcimiento a cargo del Estado con sostén en la falta de servicio o en el alegado desempeño irregular de sus órganos (cfr. causas B. 73.750, “Villalta”, resol. de 2-IX-2015; B. 73.820, “Vargas”, resol. de 21-X-2015; B. 73.921, “Casella”, resol. de 22-XII-2015; B. 74.544, “Villanueva”, resol. de 7-VI-2017; B. 74.768, “De Almeida”, resol. de 28-VI-2017; B. 74.782, “Troche”, resol. de 12-VII-2017; B. 75.761, “Piedrabuena”, resol. de 13-III-2019 y B. 75.549, cit.).
En semejante contexto, independientemente de cualquier distingo teórico en punto a la índole de la función estatal en que se origina el conflicto, tratándose de asuntos regidos por el derecho administrativo, los jueces que deben entender en ellos son aquellos a los cuales la Constitución de la Provincia les ha otorgado una jurisdicción exclusiva para dirimirlos en virtud de su especialización material (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov. y 6, CCA).
VI. En razón de todo lo dicho y dado que, según se desprende de los términos en que ha sido formulada la pretensión en esta parcela, se busca hacer efectiva la responsabilidad del Estado –y uno de sus agentes- por el alegado obrar disfuncional de órganos jurisdiccionales, corresponde declarar que la litis pertenece a la competencia contencioso administrativa (arts. 166, in fine, Const. prov; 1, 12 inc. 3, y, fundamentalmente, 2 inc. 4, CCA; doctr. causa B. 75.663, "Morera", resol. de 23-XI-2020).
VII. Consecuentemente, es menester recurrir al resorte de la escisión a fin de preservar la competencia material (cfr. art. 6, CCA), debiendo desdoblarse el juicio para que la demanda incoada contra Sergio Rodríguez, Guillermo Cepparro, Vanina Noelia Esther García Domene y Pamela Vanesa Protto tramite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (conf. art. 31, CPCC), a la par de que la promovida contra el Estado provincial y el señor Miguel Alberto Roitman –por entonces magistrado-lo haga ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, previa extracción de copias a cargo del reclamante (doctr. causas B. 72.435, "Farías", resol. de 8-V-2013; B. 72.536, "López de Belba" y B. 72.924 "Fran Constructora SA", ambas resol. de 12-III-2014; B. 73.583, "Martínez", resol. de 15-VII-2015; B. 73.921, cit. y B. 74.544, cit., entre otras).
Así lo votamos.
La señora Jueza doctora Kogan, dijo:
Disiento de la solución propiciada por mis colegas en relación a la acción incoada contra el Estado provincial y el señor Miguel Alberto Roitman, quien fuera por entonces titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Como he señalado en numerosos precedentes, en casos como el presente no está comprometida la competencia asignada al fuero contencioso administrativo por mandato constitucional (art. 166, in fine, Const. prov.) dado que, como se ha resuelto, la mentada atribución no comprende los casos en los que pretende hacerse efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación u omisión de funcionarios o magistrados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales (doctr. causas B. 64.674 "Ramos", res. de 30-X-2002; B. 64.846 "Fragnul", res. de 27-XII-2002; B. 65.353 "Faster", res. de 19-III-2003; B. 65.974 "Olivera", res. de 1-X-2003; B.65.991 "Ginzo", res. de 19-IV-2006; B. 68.311 "Calderón", res. de 31-V-2006; B. 71.657 "Loyola", res. de 30-V-2012; B. 72.698 "Olivera", res. de 5-III-2014; B. 73.338 "Borio", res. de 5-XI-2014, entre otras).
Por lo tanto, corresponde declarar competente para conocer y decidir en el asunto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (cfr. art. 7 inc. 1, CPCA).
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari, dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria y a los fundamentos expuestos por la doctora Kogan.
Me permito precisar que el art. 166, última parte, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 1 del Código Contencioso Administrativo establecen la competencia del fuero en relación a las pretensiones que se deduzcan por la actuación u omisión de entes oficiales, supeditando esa premisa a un claro enunciado: cuando tal actuación lo haya sido en el ejercicio de funciones administrativas.
En el caso, la conducta que se reprocha a la Provincia, no posee connotación administrativa sino que constituye el ejercicio liso y llano de su actividad jurisdiccional. Los actores adujeron haber sido dañados por un acto propio de la función pública de uno de los poderes del Estado, el Judicial, habiendo intervenido el órgano competente, con las formas requeridas por la ley.
Tal como lo sostuve anteriormente (ver mi voto en la causa B. 65.991 "Ginzo", res. de 19-IV-2006), esto es típica función jurisdiccional que nada tiene de administrativa. En este sentido, la presunción del art. 1 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo es solamente juris tantum, inaplicable por tanto en el caso ante la claridad que reviste el supuesto en examen, cuya intrínseca naturaleza desplaza todo matiz de tinte administrativo (doctr. causa B. 68.311 "Calderón", res. de 31-V-2006 y B. 74.397 "Z., S. E. y otros", res. de 26-X-2016, entre otras).
Así lo voto.
El señor juez doctor Genoud dijo:
En numerosos precedentes, algunos de los cuales cita en el voto aquí vertido, he acompañado la postura de mi distinguida colega Hilda Kogan.
No haré lo propio en esta ocasión, dada la necesidad de dirimir oportunamente las cuestiones de competencia como la aquí planteada y de sentar una doctrina sobre el punto, tal como expuse recientemente en la causa B 76.663, "Morera" (resol. de 21-XI-2020).
Me explico: desde que esta Corte quedara desintegrada ante la renuncia del dr. Hitters, la cuestión relativa a la competencia para resolver los casos de responsabilidad patrimonial del Estado derivados del ejercicio de la función jurisdiccional fue resuelta de distinta manera, según el criterio del Presidente del Tribunal de Casación Penal llamado a integrar la Suprema Corte ante la falta de mayoría en alguna de las posiciones. Así, por ejemplo, en las causas B 75.342, ("A.L.A.", res. del 29-VIII-2018) y B 75.120, ("B.R.G." res. del 26-IX-2018), se decidió que estos asuntos debían ser resueltos en el Fuero Civil y Comercial; mientras que en B 74.000, ("Valle", res. del 28-VI-2017) y B 74.988, ("Segura", res. del 11-IV-2018), se resolvió que eran casos propios del Fuero Contencioso Administrativo.
Frente a tal estado de cosas, que sin duda provoca incertidumbre no solo en los justiciables sino también en los órganos jurisdiccionales inferiores, al tiempo que genera una demora irrazonable para dirimir una cuestión de competencia, con afectación de la tutela judicial continua y efectiva que garantiza el art. 15 de la Constitución de la Provincia, entiendo necesario rever mi postura sobre este tema en pos de lograr una mayoría decisoria entre los miembros titulares de esta Corte.
Sobre la base de tales consideraciones y la nuevas argumentaciones que aparecen expuestas en el voto de los doctores Soria, Pettigiani y Torres, al que adhiero, considero que en el caso corresponde recurrir al resorte de la escisión a fin de preservar la competencia material (cfr. art. 6, CCA), debiendo desdoblarse el juicio para que la demanda incoada contra Sergio Rodríguez, Guillermo Cepparro, Vanina Noelia Esther García Domene y Pamela Vanesa Protto tramite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (conf. art. 31, CPCC), a la par de que la promovida contra el Estado provincial y el señor Miguel Alberto Roitman, quien fuera por entonces magistrado, lo haga ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, previa extracción de copias a cargo del reclamante (doctr. causas B. 72.435, "Farías", resol. de 8-V-2013; B. 72.536, "López de Belba" y B. 72.924 "Fran Constructora SA", ambas resol. de 12-III-2014; B. 73.583, "Martínez", resol. de 15-VII-2015; B. 73.921, cit. y B. 74.544, cit., entre otras).
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para entender en la pretensión seguida contra Sergio Rodríguez, Guillermo Cepparro, Vanina Noelia Esther García Domene y Pamela Vanesa Protto (art. 4 inc. 1 y 7 inc. 1, CCA).
II. Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial, para conocer en la pretensió
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