Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77208
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Tribunal de Trabajo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.77.208 "CAMPUZANO CACERES MIGUEL ANGEL C/ FUNDACION CIENTIFICA DE VICENTE LOPEZ Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008"
I. El señor Miguel Ángel Campuzano Cáceres deduce una pretensión indemnizatoria contra la Fundación Científica de Vicente López (Sanatorio "La Florida"), la compañía "Galeno ART SA" -en su carácter de parte contratante con el primero de los demandados- y la Municipalidad de Vicente López (Hospital Municipal "Dr. Bernardo A. Houssay"), con la finalidad de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que habría sufrido debido al tratamiento supuestamente negligente al que fue sometido en dichos establecimientos en el año 2011, como consecuencia del accidente laboral que tuvo en un restaurante de esa localidad donde prestaba servicios como cocinero.
Relata que, a raíz de ese episodio, dio curso a las actuaciones "Campuzano, Cáceres Miguel Ángel c/ Fundación Científica de Vicente López y Otros s/ Prueba anticipada" (expdte. nº107.593/11) y "Campuzano, Cáceres Miguel Ángel c/ Fundación Científica de Vicente López y Otros s/ Daños y perjuicios" (expdte. nº60.604/14) tramitadas en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº59 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, según detalla, en el año 2015 el mencionado órgano jurisdiccional, haciendo lugar a la excepción de incompetencia que en esos últimos obrados articulara la comuna de Vicente López, decidió que el caso debía ventilarse en la jurisdicción provincial por los jueces en lo contencioso administrativo, lo cual fuera confirmado, un año después, por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Afirma que, frente a ese panorama, "...no quedó otra vía que promover nuevamente la presente demanda, pero esta vez ante el fuero contencioso administrativo correspondiente a San Isidro" (fs. 48/65).
II. Así, conforme a lo expuesto en la presentación inicial, la causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro, cuya magistrada suplente ordenó correr traslado de la demanda.
En oportunidad de responderla, la aseguradora codemandada opuso, juntamente con la de pago total y la de prescripción, una excepción de incompetencia por considerar que, de acuerdo al régimen especial de infortunios laborales (leyes 24.577 y 26.773), la materia sobre la que versaba el reclamo de autos era propia del conocimiento de los tribunales del trabajo (fs. 102/157 y vta.).
En lo que respecta al conflicto cuya configuración suscita la intervención de esta Corte, es menester señalar que la jueza interviniente, luego de que la parte actora contestara dichas excepciones, aduciendo, en lo que concierne a la de incompetencia, que la compañía había consentido lo resuelto en la jurisdicción nacional, acogió plenamente la defensa incoada y, por tal motivo -añadiendo que en el caso no se encontraba comprometida la función administrativa pese a estar demandado el municipio de Vicente López- se inhibió de seguir entendiendo en el asunto (cfr. resol. electrónica de fecha 9-III-2020).
Al así resolver, las actuaciones recayeron en el Tribunal de Trabajo Nº1 departamental, cuyos integrantes, una vez que la magistrada especializada notificara su decisorio a las partes y remitiera el expediente en soporte físico, se pronunciaron, declarando su incompetencia.
Unánimemente sustentaron su decisorio en el hecho de que, de acuerdo a lo relatado en su escrito inicial, el demandante promueve la presente pretensión con el objeto de ser resarcido por los daños y perjuicios que habría sufrido como resultado de una supuesta mala praxis originada en un nosocomio del municipio de Vicente López, no tratándose, por lo tanto, de una "...indemnización laboral por el daño físico" prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo.
De ahí que, al reputar que en el sub examine no se activaba la regla de exclusión contenida en el artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo puesto que se encontraba en juego el ejercicio de la función administrativa comunal, sus miembros no aceptaron la competencia que les fuera endilgada, planteando de ese modo un conflicto de competencia que, tras remitirse en primer orden a la Secretaría Laboral de este Tribunal, quedó -finalmente- radicado para su resolución en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
III. El artículo 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov., y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones administrativas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Bajo tales premisas, cabe concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto el actor alega una irregular prestación del servicio de salud pública por parte de un establecimiento hospitalario municipal, fundada en la mala praxis en la que habría incurrido uno de sus dependientes el día 7 de febrero de 2011, siendo que su responsabilidad residiría en la demora frente a "...un tratamiento que debía ser de emergencia", cuyas consecuencias derivaron en que el demandante debiera ser intervenido quirúrgicamente en otra clínica privada (conf. se desprende de los apdos. III y V del escrito postulatorio).
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse a los restantes codemandados (centro médico y aseguradora), en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA y doctr. causas B. 73.994, "Maldonado", resol. de 6-IV-2016; B. 74.768, "De Almeida", resol. de 28-VI-2017 y B. 75.701, "Olivo", resol. de 13-II-2019), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (véase causa B. 75.495, "Aguirre", resol. de 12-XII-2018).
V. Siendo así, dadas las características de los sucesos enjuiciados, lo dispuesto en el art. 166, último párrafo, de la Constitución provincial así como en los artículos 1 inciso 2 y 2 inciso 4 de la ley 12.008 antes referidos, incumbe a la jurisdicción contencioso administrativa dirimir la presente controversia (doctr. causa B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de San Isidro, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Tribunal de Trabajo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2021 15:56:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2021 18:14:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 23:44:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 08:32:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 11:55:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia