Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79689
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza, ante el cual, por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.79.689 "SANTIESTEBAN JOSE ANTONIO Y OTROS C/ NOWYDWOR BENJAMIN Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. José Antonio Santiesteban, Carla Marilena Santiesteban Adrián, Marcos Antonio Santiesteban Adrián y Dylan Mauricio Santiesteban Adrián, por derecho propio, promueven demanda contra los señores Benjamín Nowydwor, Alice Susana León Estévez, Juan Facundo Pastor, Bella Lucía Ramírez Arráez, Joel Roberto Ezequiel Burgos, Mauro Amadeo Giacobbo, Tamara Rocío Antonozzi Cruz, Marcelo Roberto Espósito, Carlos Mariano Bernasconi y Myriam Fernanda Cassi, así como también contra la clínica privada Cruz Celeste, el Hospital de Morón y el Hospital Interzonal de Agudos "Vicente López y Planes" de General Rodríguez -este último, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires-, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que les ocasionó el fallecimiento de la señora Norma Adrián Vásquez -esposa y madre de los coactores, respectivamente-, el cual se habría producido como consecuencia de una mala praxis médica (v. escrito de demanda de fecha 31-V-2024, en el trámite bajo denominación “demanda-amplía”).
En cuanto a los hechos que fundamentan la presente acción, los actores aseveran que el 27 de abril de 2020 la señora Norma Adrián Vásquez fue internada de urgencia en la clínica Cruz Celeste, sita en Villa Luzuriaga -Partido de La Matanza-, a raíz de un fuerte dolor abdominal acompañado de fiebre. Sostienen que, diagnosticado un cuadro de inflamación vesicular, el médico Benjamín Nowydwor dispuso la realización de una intervención quirúrgica que, ante las dificultades surgidas para aplicar la técnica laparoscópica, debió practicarse mediante el método tradicional.
Puntualizan que, una vez otorgada el alta médica y frente a la persistencia del dolor abdominal, se le practicó una ecografía que reveló una perforación intestinal presuntamente ocasionada durante la operación de vesícula. Ante tal situación, el mismo profesional le efectuó una colostomía en el Hospital de Morón, establecimiento en el cual también prestaba servicios. Relatan que, luego de dicha intervención, el estado de salud de la paciente se agravó como consecuencia de un shock séptico, lo que motivó su internación durante aproximadamente dos meses, al cabo de los cuales recibió nuevamente el alta y retornó a su domicilio.
Exponen que, en marzo de 2021, la causante prosiguió con su tratamiento en el Hospital Interzonal de Agudos “Vicente López y Planes”, del Partido de General Rodríguez. En dicho establecimiento, los cirujanos Cayetano y Espósito llevaron adelante la intervención reconstructiva posterior a la colostomía, la cual resultó exitosa.
Manifiestan que, no obstante el buen resultado de la cirugía, el cuadro posoperatorio se complicó debido a las dificultades en la cicatrización de las heridas, sumadas al estado de debilidad derivado del coma farmacológico al que había sido inducida. Afirman que, como consecuencia de esas circunstancias, el 17 de junio de 2021 la señora Norma Adrián Vásquez falleció.
Finalmente, en relación con los restantes codemandados, destacan que todos ellos habrían intervenido en el tratamiento de la paciente en tanto profesionales de la salud dependientes de los dos hospitales públicos demandados.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de La Matanza.
Sin embargo, su titular, luego de disponer el traslado de la demanda, resolvió declararse incompetente para conocer en el asunto. Para así decidir, consideró que en la causa no solo se demandaba a particulares, sino también a hospitales públicos pertenecientes a distintas jurisdicciones.
En consecuencia, al estimar primordialmente comprometida la responsabilidad patrimonial de la Municipalidad de Morón y la Provincia de Buenos Aires, dispuso la radicación del expediente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, a fin de que allí prosiguiera su tramitación (conf. arts. 166, Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA; v. resol. del 10-IX-2024).
De este modo, los autos fueron adjudicados al mencionado órgano jurisdiccional. Empero, su titular rechazó la competencia que se le endilgara con fundamento en que la inhibitoria de su colega resultaba extemporánea, al no haberse formulado dentro de las oportunidades preclusivas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial para su declaración (conf. arts. 4 y 8, CPCC).
En virtud de ello, planteó la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte, a los fines de que la dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 27-IX-2024).
III. El artículo 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov., y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones administrativas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Bajo tales premisas, cabe concluir que la de autos es una de esas controversias, en tanto el planteo de los actores gira en torno -en lo esencial- a una irregular prestación del servicio de salud por parte de dos establecimientos hospitalarios de carácter público -uno, municipal; el otro, provincial-, fundada en la mala praxis en la que habrían incurrido sus dependientes en el marco del tratamiento que recibiera la señora Adrián Vásquez desde su primera internación en una clínica privada -esta última, también demandada-.
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse al centro médico Cruz Celeste y a su dependiente -el médico Nowydwor, quien también actuó como agente del Hospital de Morón-, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA y doctr. causas B. 73.994, "Maldonado", resol. de 6-IV-2016; B. 74.768, "De Almeida", resol. de 28-VI-2017; B. 75.701, "Olivo", resol. de 13-II-2019 y B. 77.208, "Campuzano Cáceres", resol. de 22-IX-2021), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (v. causa B. 75.495, "Aguirre", resol. de 12-XII-2018).
V. Siendo así, dadas las características de los sucesos enjuiciados y no obstante lo señalado respecto de la oportunidad en que se produjo la primigenia declinatoria, incumbe a la jurisdicción contencioso administrativa dirimir la presente controversia (art. 166, in fine , Const. prov.; arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA; doctr. causa B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza, ante el cual, por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/10/2025 09:18:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2025 10:35:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 15:55:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:12:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2025 15:21:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/10/2025 15:24:04 hs. bajo el número RR-759-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia