Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 15426 19
Expte. Nº 15426.-
Autos: LEGUIZAMON VELIA MARIEL C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Marzo de 2019.CS
Estos autos caratulados "LEGUIZAMON VELIA MARIEL C/ MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 15426, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 44/58, se presenta la Sra. Velia Mariel Leguizamón, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Arturo Pertosa, solicitando indemnización por despido sin causa (art. 245 LCT) contra la Municipalidad de Chivilcoy.
Refiere que, comenzó a trabajar como enfermera, en el Hospital Municipal de Chivilcoy, el día 4 de Marzo de 1989.
Manifiesta que, en ese contexto, comenzó a relacionarse con un paciente -Gustavo Cardozo- conocido dentro de la Institución debido al tiempo que llevaba internado y a su delicado estado de salud.
Expone, que al ser, Gustavo Cardozo, amigo de un periodista, en una oportunidad fue entrevistado para dar a conocer su situación y procurar conseguir una silla de ruedas que permitiera su traslado a un centro especializado. Refiere que en la entrevista el Sr. Gustavo Cardozo, la nombra a fin de agradecerle su especial cuidado y atención, lo cual generó que también la entrevistaran a ella.
Manifiesta que en dicha entrevista hizo saber que a su entender, Gustavo Cardoso, necesitaba mayor rehabilitación.
Advierte, que ese comentario bastó para que consideraran que estaba yendo contra el Hospital y sus autoridades, y comenzaran con la persecución y los malos tratos.
Refiere que, en la primer semana de Marzo de 2009, la enviaron a trabajar a un dispensario barrial y que al presentarse, no la dejaron entrar, manifestando que no necesitaban a nadie, con lo cual regresó al hospital, hasta que el 25/03/2009, le ordenaron trasladarse al Hogar Geriátrico Municipal en el cual debía realizar tareas de mucama y no de enfermera.
Que todo ello motivó, que enviara un telegrama, solicitando la revisión de su situación y la devolución de su puesto de trabajo; obteniendo como respuesta la CD N°841690871 en la cual le referían la necesidad de una enfermera en el Geriátrico.
Sostiene que, contestó a dicha misiva con el telegrama N° 005943491, ratificando que sus tareas no eran propias de una enfermera sino de una mucama.
Menciona que, pidió de manera verbal su traslado al dispensario zonal, atento la violencia laboral que sufría, y la respuesta a dicho pedido, fue enviada por CD N°013059027, en la cual se le negaba todo lo alegado, y se le ofrecía el uso del gabinete psicológico.
Refiere que, a través del telegrama N°294466515, reiteró y ratificó su telegrama anterior, recibiendo como respuesta, la CD N°013078922, que ratificaba las cartas anteriores y que, alegando inasistencias de su parte, la intimaban a presentarse a trabajar bajo apercibimiento de considerarla despedida.
Finalmente, manifiesta haber recibido la CD N°013053055, por la cual le reiteraban que se incorporara a trabajar, recordándole que debía cumplir las tareas asignadas y obedecer a sus superiores jerárquicos.
Que, en respuesta a ello, envió el telegrama N°CD032414180AR, en el cual además de reiterar lo sostenido anteriormente, rechazó las supuestas inasistencias y al no habérsele resuelto su situación laboral se consideró despedida por exclusiva culpa del empleador, e intimó al pago de la correspondiente indemnización.
Indica que en Septiembre de 2009, presentó reclamo formal al Director del Hospital de Chivilcoy, y que en marzo del año 2011 recibió carta documento N°CD137617641, por la cual la despedían alegando abandono de trabajo.
Sostiene que, a dicha carta respondió mediante telegrama N°CD137617235, rechazando la misma y aclarando que resultaba improcedente el procedimiento implementado para despedirla, debido a que su situación de empleada pública requería tramitar el mismo mediante el correspondiente expediente administrativo, y los intimó a enmarcar la conducta dentro de la regulación para el caso.
Concluye manifestando que, dada la intransigencia de la demandada, no fue posible que se le repare el daño ocasionado por lo cual mediante la presente, reclama el resarcimiento de sus derechos.
En otro apartado, denuncia por Mobbing - acoso moral en el trabajo, limitándose a referir material doctrinario.
Asimismo, en el apartado 5 de su escrito de demanda, refiere al ejercicio del Ius Variandi en el empleo público, fundamentando dichos términos en doctrina y jurisprudencia.
Practica liquidación, en base a una indemnización que se reclama por la ruptura contractual sufrida, en la que incluye, daño emergente al que estima en la suma de $235.999,12, daño psicológico por el cual reclama la suma de $90.000, y un tratamiento psicológico el que estima en la suma de $14.400. Asimismo incluye reclamo por daño moral en la suma de $150.000.
Ello con más intereses, para lo cual deja planteada la inconstitucionalidad de la resolución 419/99, solicitando la aplicación de tasa activa del Banco de la Pcia. De Bs. As..
Practica liquidación de la cuantía de la acción, atendiéndose a las prescripciones tabuladas por la Ley 11.757, en la cual incluye, indemnización por antigüedad, Sac por antigüedad, preaviso, Sac sobre preaviso, vacaciones no gozadas, Sac, Sac proporcional, vacaciones y Sac sobre vacaciones, lo cual hace un total de $ 542.548,15.
Que, asimismo, y conforme ley 23.592, reclama se condene a la demandada al pago de los salarios caídos, siendo estos de imposible estimación por lo cual solicita sean agregados al daño moral.
Punto aparte, solicita la aplicación del art. 45 CPCC.
Ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
II. A fs. 85/87, se presenta por la Municipalidad de Chivilcoy, su apoderado, Dr. Juan Andrés Salinardi, quien opone excepción de previo y especial pronunciamiento, la que fuera resuelta a fs. 98/100.
A fs. 106/110, la Municipalidad de Chivilcoy, contesta demanda, y solicita el rechazo de la pretensión.
Realiza las negativas generales y particulares respecto a los hechos expuestos en la demanda, y nuevamente plantea excepción de prescripción en el marco del art. 35 inc.2 CPA.
Reconoce que el distracto laboral, no es una cuestión controvertida y que conforme surge del escrito de demanda proviene de la propia voluntad de la actora, por lo cual entiende que no habiéndose puesto en marcha el procedimiento administrativo adecuado para enmarcar su reclamo, la indemnización pretendida, carece de causa.
A continuación, se refiere a la pretensión de la actora, a que se la indemnice por el supuesto acoso laboral y por exceso en el uso del ius variandi, oponiéndose a la misma por entender que son pretensiones injustificadas.
Sostiene que, continuando con la línea de la propia actora, y en relación a la nota periodística en cuestión, que sería la que originó la persecución aludida, dicha nota data de febrero de 2009, y conforme obra en el legajo de la actora, ésta se toma licencia anual desde el 09/03 al 16/03 y a partir del 13/04 del mismo año comienza a ausentarse de su trabajo sin aviso.
Refiere que el 3 de abril de 2009, con el propósito de considerarse despedida y solicitar una suma por indemnización, envía su primer telegrama el cual fue contestado en tiempo y forma, informándosele que no le asistía derecho a retener tareas y que debía regresar a prestar debito laboral; lo cual no hace y continua enviando telegramas, hasta finalmente con fecha 13/07/2009 se considera despedida sin causa.
Refiere que más allá de lo expuesto, la actora no ha podido demostrar el acoso laboral que alega, poniéndose ella misma de manera adrede en la situación por la que ahora reclama.
Asimismo, indica que conforme surge de fs. 219, del mencionado legajo, por decreto N°936 de re encasillamiento, la actora fue ascendida, y advierte, que esto ocurrió al mismo tiempo en el cual la actora se estaba negando a prestar debito laboral, motivo por el cual mal puede hablarse de persecución laboral y de cambio de funciones cuando se la designa enfermera auxiliar clase 1.
Finalmente, impugna la liquidación practicada, toda vez que la misma se ha realizado de índole laboral, no aplicable al caso en examen.
Indica que respecto a la liquidación por daños, la misma resulta improcedente atento que los ítems reclamados, no se encuentran ni siquiera planteados de forma indirecta en el escrito de demanda, tal es el caso del daño emergente que provendría de supuestas lesiones físicas en incapacidad sobreviniente.
Así continua rechazando cada uno de los rubros reclamados, para luego ofrecer prueba y peticionar.
III. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, conforme audiencia obrante a fs. 137/138, y presentados los correspondientes alegatos, se encuentran los autos en estado de dictar sentencia; y
1. Que la presente acción tiene como finalidad, obtener un resarcimiento económico, por lo que sería un despido discriminatorio, conforme escrito de demanda.
Ahora bien, dicha pretensión indemnizatoria, se efectúa en base a derechos (LCT) que corresponden a un régimen de empleo que no le resulta aplicable.
Es decir que, atento que la presente acción se promueve contra la Municipalidad de Chivilcoy, a raíz de que la actora resulta ser empleada municipal y siendo que dicho extremo no fue controvertido, corresponde el encuadre normativo específico, en virtud de que el régimen normativo aplicable a esta especial vinculación, consagra ciertas prerrogativas especiales delimitando el universo de derechos y deberes contenidos en la relación jurídica, que ligaba a las partes.
2. Liminarmente, he de advertir, que es la propia actora, la que en su relato, reconoce que se dio por despedida, más allá de las causales invocadas, lo cual, queda acreditado, con la copia del telegrama agregado a fs.35.
Que dicho extremo, conduce a un panorama adverso a su pretensión, atento que dentro del régimen administrativo, la accionante, debió, ante lo que consideraba injurioso, realizar -en su caso-, el reclamo administrativo y/o judicial, tendiente a solucionar el mismo; en cambio optó por considerarse despedida, lo cual solo es propio del régimen laboral común respecto del cual no resulta acreedora de ningun derecho.
En efecto, no resulta controvertido que medió una relación de empleo público incluida dentro del universo previsto en el art.1 de la Ley 11.757 (oportunamente vigente), mucho menos, la actota alegó, ni acreditó encontrarse excluída de ese universo de trabajadores en los términos del Art. 2 inc. B del mismo estatuto, tornándose operativo a partir de allí la manda que rige el art. 2 inc. a) de la LCT.
Sobre este punto, el Alto Tribunal Provincial ha resuelto: ".Al respecto, esta Corte tiene dicho que el art. 2° inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo sólo abre la posibilidad, frente al carácter estatutario tradicional de la relación de empleo público, de la aplicación de sus normas a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, cuando por acto expreso se los incluyera en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (conf. causas L. 90.779, "Alzaga", sent. del 11-II-2009; L. 80.133, "Paoletti", sent. del 8-XI-2006). De suyo entonces, tratándose de una relación de empleo público debe probarse el acto de inclusión del vínculo laboral en el ámbito de aplicación de la convención colectiva que se entienda aplicable (art. 2° inc. "a", L.C.T.; conf. causa B. 58.938, "Oliveira de Giuffrida", sent. del 30-V-2012), circunstancia ésta no alegada ni probada por el promotor del pleito.." (SCBA LP L 112835 S 14/05/2014. Carátula: Paiva, Miguel Angel c/Municipalidad de Avellaneda s/Despido)
En consecuencia, la actora, por un lado, centró su pretensión, sobre la base de un régimen jurídico que ningun derecho le otorgaba, y por el otro, no activó ningun carril procedimental (Art. 88 Ley 11.757) en vias de resolver su situacion laboral, sino que canalizó unicamente -ya en esta sede judicial- el reclamo de una indemnización.
De allí, que el encuadre jurídico del caso, lo da, el art. 20 de la ley 12008 establece: "... Inc.2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.".
Nótese, que es el propio código que rige la materia, el que ha establecido expresamente, la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de sustento" y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.-
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo, respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Diaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos.
". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).-
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria, está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
Derivando lo expuesto al caso de autos, y conforme surge del relato de la actora, el acto administrativo de cese, llega consentido a este estadio procesal, siendo la propia actora, la que sella la suerte de su reclamo, al optar por una vía inadecuada con el régimen de empleo público vigente y al que se hallaba sujeta.
Sentados estos parámetros y del examen de los hechos expuestos en la demanda, puede concluirse, que la pretensión de una reparación económica, importa de manera indubitable el cuestionamiento de la validez del acto administrativo que pusiera fin a la relación laboral que unía a la actora con la comuna demandada; acto que como antes expuse se encuentra consentido en sede administrativa, por la falta de impugnación.
Concretamente, ante el Telegrama enviado por la actora en el que se consideraba despedida (supuesto no admitido sobre el régimen en que se desarrollaba la relación laboral), y frente a la falta de cumplimiento por parte de la actora de sus labores, el Municipio demandado, le remite CD N°137617641, por la cual notifican el despido por abandono de trabajo, es decir, le informan la extinción de la relación laboral, conforme, acá sí, lo regido por la ley 11.757 (art.65). Insisto, sin que haya habido por parte de la agente cuestionamiento formal alguno.
Digo esto pues, sin perjuicio de haber sorteado con éxito la admisibilidad, por el tipo de pretensión elegida, ello no puede ir en desmedro de la necesidad de realizar un cuestionamiento directo del acto, pues más allá de lo plasmado en el art. 15 de la Const. Provincial, su anulación es el pilar fundamental de acceso a un reclamo indemnizatorio.
Es por ello que la demanda no puede prosperar.
3. Se tiene dicho que, si no se resuelve la ilegitimidad del accionar administrativo, la pretendida reparación pecuniaria queda carente de sustento legal.
No encontrando ilicitud en el acto administrativo, y siendo en principio presupuesto necesario para ello, corresponde no hacer lugar al pedido de resarcimiento del daño.
Así lo ha resuelto la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, al exponer que: "Es que, la pretensión resarcitoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria y se encuentra subordinada a la previa declaración de su invalidez (conf. arg. CCASM in re "Mena Néstor Omar c/ Municipalidad de San Nicolás s/ pretensión indemnizatoria", expte. nº 455 del 6-IV-06, y "Di Blasi, Juan Carlos c/ Municipalidad de Gral. San Martín s/ Despido", expte. 1005 del 20-IX-06, entre otras.)...En efecto, cuando se demanda el pago de daños y perjuicios cuyo origen se encuentra en un acto administrativo ilegítimo, es preciso que previamente se declare esa ilegitimidad, ya que si esta última constituye la causa de la obligación de reparar los daños ocasionados por aquél, cabe concluir que el carácter firme e irrevisable de dicho acto configura un obstáculo insalvable para la procedencia de la aludida pretensión (SCBA, B del 7-2-2007 "Terminales Río de La Plata c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Demanda contencioso administrativa"; arg SCBA Ac 33275 del 26-2-1985 "Oasis S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios y daño moral"; C.S.J.N., "Fallos", 319:1476 y 319:1532)...(Conf.
CCASM, causa Nº 2.190/10, caratulada "Guaimas, José Manuel c/ Municipalidad de San Miguel s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos", sent. del 14/12/10)". El mismo Superior Tribunal Provincial citado, dejo en claro que "... siendo que la pretensión resarcitoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria y se encuentra subordinada a la previa declaración de su invalidez, corresponde rechazar el reclamo indemnizatorio fundado en la responsabilidad extracontractual por actividad ilícita de la Municipalidad de ...Pues, cuando se demanda el pago de daños y perjuicios cuyo origen se encuentra en un acto administrativo ilegítimo, es preciso que previamente se declare esa ilegitimidad.
Ya que si se advierte que esta última constituye la causa de la obligación de reparar los daños ocasionados por aquél, cabe concluir que el carácter firme e irrevisable de dicho acto configura un obstáculo insalvable para la procedencia de la aludida pretensión (conf. doc. causa Ac. 33.275, "Oasis S.R.L.", sent. del 26-II-1985; C.S.J.N., "Fallos", 319:1476 y 319:1532 )...Por las razones indicadas, cuando se reclama una reparación cuya causa se encuentra en el obrar ilegítimo de la Administración, el art. 20 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 en su texto de la ley 13.101) habilita al interesado a deducir, a su opción, la pretensión en forma simultánea y juntamente con la impugnatoria o a hacerlo en forma autónoma luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de sustento (SCBA LP B 58147 Sent.del 07/02/2007).
Que por lo demás, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional que, si la decisión administrativa deviene firme debido a su falta de impugnación, no es admisible el reclamo de daños y perjuicios basados en la ilegitimidad de aquella (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6).-
Es que conforme se desprende de la pretensión actora, se desliza una disconformidad con la decisión administrativa de haberle modificado las tareas de enfermera a tareas de mucama, sometiéndola a un supuesto acoso laboral que no pudo ser demostrado, todo lo cual, no se dedujo en la impugnación concreta de las actuaciones formales o materiales que la afectaron, circunstancia que veda su tratamiento conforme expuse, e impide avanzar sobre el pedido -eventual- de declarar arbitraria la decisión, presupuesto necesario para el tratamiento de los rubros indemnizatorios tal cual lo propone la actora.
4. No obstante, que con el análisis propuesto, resulta suficiente para promover el rechazo de la acción incoada
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.