Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 34696
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art.103 y 110 y su doctrina del Dec. ley 7647/70; arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
Estos autos caratulados: "GARCIA MIGUEL ANGEL C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO", expte Nº 34696, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y de los que
I. Que a fs. 8/23 se presenta el Sr. Miguel Angel Garcia, con el patrocinio letrado del Dr. Julio César Mariano, solicitando como pretensión de fondo la anulación de la resolución Nº709/18 dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 21/06/2018, por el cual se decreta su Cesantía, en el marco del Sumario Administrativo Nº 13.289.-
Asimismo, solicita la reparación de los daños y perjuicios que ha padecido, como consecuencia del acto que se impugna, sueldos no percibidos y categorización.-
II. Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer, al planteo que efectúa.-
Manifiesta que ingresó a trabajar al Banco de la Provincia de Buenos Aires el día 17 de Agosto de 1988, mediante el legajo Nº 31807/8, teniendo más de 29 años de empleado del Banco y su puesto actual era el de cajero efectivo desde el año 2010, manifestando ser un buen empleado, sin sanciones, sin sumarios, sin multas ni apercibimientos.-
Indica que tuvo dos incidentes menores: uno con el Sr. Salinardi y otro con el Sr. Balducci. Ambos, clientes del Banco que fueron -a su criterio- superados inmediatamente sin complicaciones y de común acuerdo con la superioridad.-
Relata, que a pedido del Gerente de la sucursal, hace una presentación explicando los motivos que circundaron los casos (anteriormente mencionados) lo que ha realizado -afirma- sin asesoramiento letrado, pero con la venia de su superior Sr. Ruben José Martin (Gerente de Sumarios).-
Alega que, no existía en el banco queja de clientes que exteriorizaran un hecho ni que alegaran perjuicio. Solo comunicaron un problema de caja en sus cuentas bancarias.-
Tal es así -continúa- que tanto el gerente de la sucursal, el tesorero y la subgerente operativa en conjunto con los clientes, coincidieron todos, en que se trató de un error y en ese contexto, entregó el dinero a cada uno de los clientes, que por error involuntario, había alterado entre su cuenta bancaria y la de los mismos.-
Consecuentemente, aclara, que ambos clientes firmaron de conformidad las extracciones propias que luego fueron incorporadas al sumario.-
Considera que se trató, de una actitud maliciosa y arbitraria de sus superiores, especialmente del Jefe de sumarios Gte. Rubén Martín, y ello se ve reflejado en el correo electrónico que envía a la Gerencia de Chivilcoy, conforme constancia agregada a fs. 19 del sumario administrativo Nº 13.289.-
Allí el Gte. Rubén Martin hace un pedido de preservar la nota del Sr. García a los fines de exhibirla ante el tesorero y la subgerente operativa para que confirmen o nieguen, ampliando lo que consideren, siendo profesionales y asépticos. Como así también, solicitó los comprobantes del día 25/07/16 sobre la extracción de la cuenta del Sr. Salinardi, la planilla de caja de Garcia, la constancia de $1.000,45 y las notas de los reclamos de Salinardi y Balducci, planilla de caja del día 29/07/16 y comprobantes de Balducci.-
Afirma que el sumario fue armado para perjudicarlo.-
Que en términos procesales, no existió un hecho como tampoco, un sospechoso. Solo incidentes menores que -a su criterio- fueron superados, pero con la maledicencia humana, le iniciaron ilegalmente un sumario.-
Destaca que, desde el inicio del sumario, no se glosaron al mismo las correspondientes declaraciones por escrito de los clientes, ni tampoco de la superioridad, la Sra. Clara O. Gaete -Subgerente Operativo de la sucursal.-
Pone de relieve, que a fs. 55 del sumario, luce la otra nota sin fecha y también a todas luces pre-hecha por parte del personal del banco, donde el cliente Sr. Salinardi solo se remite a firmar, constando un agregado manuscrito antes de la firma y sin que sea salvado por el mismo cliente, que solo hace referencia al error que la Sra. Clara O. Gaete como Subgerente Operativo, marcaba como imputable al empleado García, cuando refiere que suscribió el ticket recién devuelto el dinero, siendo inexacto, ya que el ticket del pago estuvo en todo momento suscripto por el cliente.-
Continua manifestado que todo aquello que exhibe el procedimiento administrativo en este sumario, no hace más que poner de resalto -a su criterio- el armado a medida de salvar torpezas propias de la superioridad y endilgarle hechos inexistentes con maniobras ilegales a su persona.-
Refiere que, el sumario en crisis, incurre en una clara violación al principio de razonabilidad y justicia (vulnerando así el art. 28 de la CN), dando cuenta de supuestos hechos a todas luces alterados a fin de arribar a conclusiones sin explicar siquiera cómo se conformaron las mismas, lo cual torna infundado y por tanto irrazonable lo actuado.-
Al mismo tiempo, señala que no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el Reglamento para el Empleado del Banco de la Provincia, por haberse simulado el procedimiento y las situaciones fácticas expresadas en el acto administrativo atacado, máxime al estar en juego derechos subjetivos de raigambre constitucional de un agente de la administración, como: el derecho a la estabilidad (art. 14 bis de la CN), derecho a trabajar (art. 14 CN), derecho a la igualdad (art. 16 CN), derecho a la propiedad (art.17 CN).-
Sostiene que la instrucción del sumario, obró en violación total al CAPITULO XV del Reglamento de Disciplina para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Concretamente, en referencia a la conclusión del período instructorio expresada en los art. 125 y siguientes de ese cuerpo normativo, pues los funcionarios actuantes, en su afán incriminador, omiten formular un dictamen conforme al art. 125 de la norma citada.-
Entiende que esa circunstancia, no puede ser suplida por una simple Carta Documento CD817823475 que fuera recibida por su parte, que indudablemente convirtió al sumario en su contexto sustancial y formal, a que adolezca de nulidad por carecer de un acto trascendental que le entregaría la síntesis de lo actuado y a su vez, el camino a seguir en orden jurídico, específicamente, determinar cual es el hecho ilícito, su encuadre y el eventual responsable del mismo.-
De igual modo cuestiona el exiguo plazo que se le ha conferido -5 días- para ejercer su derecho de defensa, el cual considera inconstitucional.-
Por otro lado, pone de relieve que los miembros del Directorio no encuadraron en ninguna de las figuras descriptas como tampoco coinciden las mismas con todo lo investigado a lo largo del sumario, con el accionar correcto del empleado. Y agrega que el sumariante, al equivocar el enfoque, no puede sino que ajustar el accionar del empleado bancario en una figura que le dé, de alguna manera, la razón. Con ese ánimo incriminador, lo tipifica en el art. 25 que se refiere a las causas para sancionar con exoneración y elige el inc. c) Haber cometido falta grave en perjuicio material o moral del Banco.-
Hace hincapié en que el art. 24 del mismo cuerpo legal, describe todas y cada una de las causales de aplicación de la sanción de cesantía.-
En este orden de cosas, considera que le aplican una cesantía cuando ninguna figura le encuadra en su correcto desenvolvimiento, pero el sumariante inquisidor, busca respaldo en la exoneración y en un inciso, que tampoco se le puede enrostrar al agente, porque expresamente es reconocido como que no existió perjuicio material como extremo indispensable que exige la norma, refiriendo en la misma misiva de notificación, que: "El perjuicio patrimonial fue potencial".-
Destaca que desde un principio fue sancionado con la suspensión y cese del cobro de su salario, entendiendo que se encuentra en presencia de una exorbitancia de la pena, siendo una sanción absolutamente excesiva y completamente injustificada e inconstitucional.-
Concluye, en que el sumario administrativo, carece de respaldo jurídico por adolecer de vicios sustanciales que tornan nulo de nulidad absoluta, tanto a la Carta Documento como asimismo, al propio sumario, por carecer de la conclusión propia de la culminación de cualquier investigación seria.-
III. Que, conjuntamente solicita el dictado de una medida cautelar a fin de ordenar al Banco de la Provincia de Buenos Aires el restablecimiento de la situación legal existente removiéndose todos los obstáculos y las normas que cercenen el derecho del actor a obtener la continuidad en sus aportes jubilatorios y también su Obra Social.-
En particular la medida cautelar solicitada la que nomina "Medida cautelar genérica" conforme art.232 del C.P.C.C. la funda en el peligro que dice sufrir ante un perjuicio inminente o irreparable durante este proceso (conf. fs.21 in fine).-
Comienza por indicar que la pretensión cautelar no es distinta de la pretensión o petición que se actúa en el proceso, sino que nos encontramos frente un requerimiento de naturaleza alimentaria y cobertura médica, ambas personales y familiares.-
Requiere en particular que se libren los correspondientes despachos ordenando al Banco de la Provincia de Buenos Aires el restablecimiento de la situación legal existente, removiéndose todos los obstáculos y las normas que cercenen su derecho a obtener la continuidad en sus aportes jubilatorios y también su Obra Social.-
En cuanto al peligro en la demora, refiere que la natural e inevitable lentitud de los procedimientos, puede provocar el cierto riesgo de que la resolución del conflicto resulte tardía, con una sentencia que quizás sea absolutamente justa pero paradójicamente ineficaz, o puede suceder que mientras se aguarda el normal desenlace del proceso común, se alteren deliberada o involuntariamente las circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento en que se procuró la puesta en marcha del órgano jurisdiccional, tornando de esta manera en ilusorias o ineficaces las decisiones jurisdiccionales destinadas a restablecer la plena vigencia del derecho sometido a debate. -
En relación a la verosimilitud del derecho, expresa que es "la posibilidad de que éste exista en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza de ese derecho". Cita doctrina.-
Pone de relieve que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad. Cita jurisprudencia.-
Finalmente sostiene que la imposibilidad de gozar de sus haberes con sus respectivos aportes, le provocan un grave perjuicio a sus derechos fundamentales, especialmente agravado por su edad (56 años) y su compleja situación económica.-
Que mientras se sustancia el proceso, se impide a su parte usar y disponer de los dineros provenientes de su haber mensual de manera correcta, que son necesarios para su subsistencia actual e inmediata y, el carácter alimentario del mismo y la dilación en el tiempo del cumplimiento de la pretensión lo haría devenir en una mera abstracción en relación a las necesidades presentes y actuales, lo que causaría un daño irreparable a su persona.-
Ofrece como contracautela la caución juratoria, en los términos y con el alcance previsto por el artículo 199 del CPCCN.-
IV. Con fecha 28/03/2022 se ordena a la autoridad administrativa accionada, a presentar el informe sobre todo lo relacionado con la cautelar solicitada -art.23 inc. 1° del CPCA- como asimismo, que acompañe las actuaciones administrativas que diera origen al presente reclamo.-
V. Que mediante la nota de fecha 01/04/2022, se procedió a adjuntar como archivo PDF el Sumario Administrativo N° 13.28, el cual fue acercado por la entidad bancaria en fecha 30/03/2022.-
VI. Atento el estado de autos, teniendo en consideración que la presentación electrónica de fecha 08/04/2022 del Dr. Sebastián A. Ricca -en representación del Banco de la Provincia de Buenos Aires- en responde a la medida cautelar devino extemporánea, pasan las actuaciones a despacho para resolver (conforme lo resuelto en fecha 13/04/2022) y;
1. El Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante debe cumplir para la obtención de las medidas cautelares, a saber: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (periculum in mora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfr. art.22 C.P.C.A.).-
Que a su vez, aun cuando los presupuestos de admisibilidad apuntados -como premisa general y básica- han de hallarse reunidos siempre para el otorgamiento del despacho cautelar, en su ponderación, juegan ciertas relaciones de los presupuestos entre sí: Así cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado y a la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez (Cfr. Logar, Ana Cristina, "Las medidas cautelares en el nuevo Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" L.L.B.A., 1998, pag 1163).-
2. Ahora bien, abordando el examen de la petición cautelar bajos tales coordenadas interpretativas, no encuentro -en este estado preliminar del proceso y sin que lo resuelto cautelarmente signifique un adelanto negativo de la petición de fondo- configurados los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida peticionada.-
Con referencia al "fumus bonis iuris" o verosimilitud del derecho invocado por la actora, no se advierte, en este estrecho marco cognoscitivo, que la probabilidad de verdad sobre el derecho subjetivo que alega adquiera la entidad suficiente para tenerlo por acreditado "prima facie", tal lo exigido por la normativa procesal administrativa (art. 22º inciso 1º a, C.P.C.A.).-
Por el contrario, examinadas las constancias de autos allegadas, se evidencia -prima facie- que los hechos alegados por el Banco Provincia y que dieran motivo al dictado del acto de cesantía -Decreto N°709/18- resultan verosímiles, no solo por la documental aportada, sino por la ausencia, por parte del actor de la alegación de hechos que se le opongan.-
En efecto, el sumario administrativo allegado -N°13.289- denota -prima facie- la existencia de aquellos incidentes que involucraron a los clientes Salinardi y Balducci con el Sr. Miguel Angel García -no desconocidos por el actor- no existiendo ninguna otra prueba producida en esa sede, ni ahora en esta instancia cautelar, que desvirtúe aquel extremo.-
En atención a lo expuesto, las alegaciones vertidas por el accionante no tienen en los elementos agregados respaldo suficiente, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad.-
3. En cuanto al cuestionamiento dirigido al procedimiento administrativo, y sin perjuicio de que el debate sobre este extremo encontrará territorio de decisión en la instancia de la sentencia definitiva, lo cierto es que los vicios que alega no resultan de una magnitud tal que permitan sortear el valladar de la presunción de legitimidad de que goza el acto administrativo, presunción que se mantiene inalterable, en la medida que el peticionante no cumpla con su carga de demostrar la verosimilitud del derecho que alega.-
Y en cuanto a la vulneración al derecho de defensa que denuncia el actor, al menos en esta instancia preliminar, luce huérfano al no explicar cuál ha sido aquella verdad material que se ha dejado de oír, y que en el caso hubiese impactado de un modo tal, que evidencie un error en la decisión final de la administración.-
Todo ello, sin perjuicio de lo que pueda decidirse respecto del defecto legal denunciado -irregularidad del procedimiento administrativo-, una vez transitada la etapa ordinaria de debate y prueba.-
De esta manera, no se verifica con las constancias probatorias arrimadas a la causa, con el título de verosimilitud que se requiere en esta oportunidad -en el conocimiento periférico que permite, reitero, esta instancia preliminar- de una forma manifiesta y notoria, una demostración que evidencie, al menos en grado mínimo, vicios de irrazonabilidad o ilicitud que afecten al acto cuestionado.-
4. Que al no hallarse configurado uno de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar solicitada (Cfr. art.22 del C.P.C.A.) ello, es suficiente para denegarla (Cfr. doc. CCALP, causa N°2, "Fracchia", res. Del 29-7-04; Cfr. doc. CCASM, causa N°, "ESBA Florida S.A.", res. del 15-02 05) y en consecuencia no cabe sino rechazar la medida cautelar solicitada.-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Art.103 y 110 y su doctrina del Dec. ley 7647/70; arts. 22, 23 y concordantes de la Ley 12.008 y sus modificatorias; Arts.161 y concordantes del C.P.C.C.;
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inciso 2° C.P.C.A).-
NOTIFÍQUESE.-
REGISTRESE.-
Fin de la sentencia