Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40357 2022
Expte. Nº 40357 .-
Autos:"KING ALICIA SUSANA C/ MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "KING ALICIA SUSANA C/ MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 40357, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. En fecha 20/08/2021 se presenta la Sra. Alicia Susana King, por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Horacio García Tanus, a fin de promover formal demanda por pretensión indemnizatoria contra la Municipalidad de 25 de Mayo.-
Que a tal fin refiere que, comenzó a trabajar bajo las órdenes del municipio de 25 de Mayo en fecha 20/11/2008, como médica de guardia del Ente Descentralizado Hospital Saturnino E. Unzue perteneciente al Hospital San Roque de N. de la Riestra (Sic), realizando las tareas que como profesional de la salud y dependiente de la Municipalidad del Partido 25 de Mayo se le asignaran, señalando que fue contratada por el mencionado municipio para la cobertura como galeno en la asistencia a las guardias hospitalarias.-
Manifiesta que, en una primera etapa desde su ingreso y hasta el 31/12/2015, realizaba jornadas de 36 horas corridas una vez por semana, primero como asistente y luego de esa fecha como médica encargada del servicio de guardia, indicando que la carga horaria consistía en una guardia semanal de 24 horas corridas y las doce horas restantes se destinaban a eventuales reemplazos o coberturas, que en muchas ocasiones -o bien la mayoría de las veces- se extendían de dicha cantidad, de acuerdo a la afluencia de pacientes y a las necesidades hospitalarias.
Agrega que, en esa primera etapa la contratación era directa del municipio y luego del 31/12/2010 fue designada por decreto en dicho ente, sin perjuicio de designaciones preexistentes, que "extienden razonablemente" (Sic) el plazo para considerar a la trabajadora como "personal temporario".
Continua su relato apuntando que, la relación de trabajo se cumplió siempre con normalidad, gozando del reconocimiento tanto de colegas, como de la totalidad del personal de la salud y de los pacientes, adunando a ello que la contracción a las tareas, se vio incrementada con la situación generada por la pandemia de Covid-19.
Refiere que, ante tan extrema situación, comenzó a sufrir un retraso en el pago de sus remuneraciones por las coberturas de guardias y que de forma contemporánea, el Poder Ejecutivo de la Nación extendió dicha emergencia decretando la "prohibición de despidos" y la protección del personal de salud en todas las áreas como "personal esencial" para afrontar la pandemia.-
Aduna a lo expuesto que, en medio de las jornadas más cruciales y estando plenamente vigente el "Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio", se dispuso a tomar su guardia con normalidad en la jornada del 27/05/2020, pero al ingresar, personal de jerarquía del hospital -de manera telefónica- le comunica que estaba desafectada de las tareas que venía realizando, ya que las mismas las realizaría otro colega y que debía permanecer aislada para realizar una guardia pasiva.
Denuncia que, horas más tarde, directivos del Hospital le acercaron una nota que se correspondía con lo comunicado telefónicamente en cuanto a la desafectación e idéntica en la redacción, a la carta documento recibida por la actora el 29/5/2020 en su domicilio.
Señala que, ese fue el comienzo de un derrotero tendiente a esclarecer la situación, intimando a una de las Directoras del Hospital firmante a esclarecer el suceso y acceder a la resolución que disponía su desafectación y a la Municipalidad de 25 de Mayo a los fines de instar y/o acceder a las constancias de un sumario (conforme lo prevé el art. 10 Ley 13.168).
Indica que, también dirigió una epístola al Hospital, pretendiendo acceder a las constancias de su legajo y describiendo la situación en el marco de una "violencia laboral", siendo todo ello en vano y llamándose las autoridades del hospital y del Municipio al total y absoluto silencio.
A continuación transcribe el intercambio telegráfico mantenido con los directivos del Hospital.
Fundamenta su reclamo en que, la extinción del vínculo laboral con el ente municipal, ha sido en clara violación a los principios de legalidad y razonabilidad vigentes en la normativa consagrada por las normas constitucionales nacionales y provinciales protectorias del trabajador, las que tuvieron una tutela especial por la pandemia ocasionada por el virus Covid 19, agregando que dicho principio protectorio tiene jerarquía constitucional y se extiende al marco del empleo público, ya que contradecir dichos preceptos confronta de manera directa con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto a la protección del trabajo "en sus diversas formas" y la protección contra el "despido arbitrario".
Agrega que, su pretensión indemnizatoria encontraba expresamente su fundamento en el art. 24, inciso 2 de la Ley 11.757, aún vigente al momento de la contratación y si bien la citada norma ha sido derogada por la Ley 14.656, no se ha establecido un nuevo parámetro legal para las pretensiones indemnizatorias de los empleados públicos, aunque sí regímenes de especial tutela y la exigencia de actuaciones sumariales tendientes a garantizar el derecho de defensa del agente estatal.
Asimismo señala que, la mera calificación formal de "personal temporario" no puede excluir al agente de la especial tutela y a la vez privarlo de acceder a una pretensión indemnizatoria, ya que admitir ello, confrontaría con normas de jerarquía constitucional a nivel nacional y provincial, además de numerosos tratados internacionales que con igual jerarquía protegen al trabajador.-
A continuación, practica liquidación, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
II. Corrido el traslado correspondiente, en fecha 03/11/2021, se presenta la Municipalidad de 25 de Mayo con su apoderado, Dr. Rodrigo Tosto, a contestar demanda y solicitar el rechazo de la misma.-
En tal sentido y luego de realizar la negativa de rigor, indica que, efectivamente la actora, se desempeñó como Personal Temporario Destajista en el Hospital Municipal "San Roque" de Norberto de la Riestra, revistiendo la categoría de Personal Temporario, mediante sucesivos decretos en los cuales se le renovaba dicha condición, no integrando nunca el personal que goza de estabilidad plena, entendida ésta como el derecho a conservar el empleo hasta que se encuentre en condiciones de jubilarse (Planta Permanente).-
Agrega que la Sra. King, estaba al tanto de dicha circunstancia, toda vez, que en los respectivos Decretos de designación como personal de Planta Temporaria, dicen expresamente el plazo de duración del respectivo nombramiento, tal como se visualiza en el decreto Nº 923/2017 (en el cual se designa a la Sra. King como Personal Temporario Destajista, desde 01/01/2017 al 21/12/2017), por lo cual, al caducar el plazo establecido en el respectivo acto administrativo, se debe renegociar dicha situación periódicamente, es decir, que todos los años cada organismo debe renovar o no sus contratos o su designación.
Refiere que, la administración Municipal actuó conforme a derecho, toda vez, que la Sra. King revestía la calidad de Personal Temporario a Destajo, por ende una vez finalizado el plazo estipulado en el acto administrativo respectivo, la administración queda facultada a no renovar el mismo, de acuerdo a razones de servicio.-
Manifiesta que, en relación al Decreto 329/2020, del cual hace mención la Sra. King, si bien en su Artículo 2° establece: "Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.", el mismo hace referencia expresamente a los despidos, entendiéndose a este, como el acto por el cual el empleador decide unilateralmente extinguir el contrato laboral de un trabajador o relación laboral, situación no aplicable al caso en cuestión, toda vez que la designación como Personal Temporario a destajo de la Sra. King finalizó, conforme el plazo estipulado en dicha contratación, siendo notificada fehacientemente la actora de tal decisión.-
Concluye en que, no es dable indemnización alguna, resultando la misma improcedente, toda vez que el municipio actuó conforme a derecho y en pleno uso de sus facultades frente a un contrato de carácter temporario.-
A continuación, ofrece prueba y peticiona
III. Transcurrida la etapa probatoria y agregados los alegatos presentados por ambas partes, se llama autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer, que la actora pretende obtener una indemnización por despido arbitrario, por la ruptura del vínculo laboral que la unía a la Municipalidad de 25 de Mayo.-
Por su parte, la comuna accionada manifiesta que nunca existió despido por parte de la administración municipal sino la finalización del plazo estipulado en el acto administrativo respectivo por lo que no corresponde indemnización alguna.-
2. De las constancias de las presentes actuaciones se desprende que, ambas partes reconocen en sus escritos que la actora trabajaba para el Municipio demandado, como agente contratado en planta temporaria.-
Tampoco media controversia entre las partes, en cuanto a que la accionante se desempeñó como empleada del municipio hasta el mes de junio del año 2020.-
Ambas, reconocen la finalización de la relación laboral, sin que resulte eje principal de la controversia sujeta a conocimiento de esta instancia, la legitimidad de la decisión de la administración municipal, véase que la accionante, no cuestiona la ilegitimidad del acto, ni cual fue el motivo que puso fin a la relación laboral, si es que el contrato se extinguió por el vencimiento temporal del mismo, o cual fue la causa o razón, por el cual la accionante se consideró en situación de despedida; siendo que la misma solo refiere que el 27/05/2020, "al presentarse a trabajar, personal de jerarquía del hospital le comunica que estaba desafectada de las tareas que venía realizando ya que las mismas las realizaría otro colega y que debía permanecer aislada para realizar una guardia pasiva"; señalando que horas mas tarde, directivos del Hospital le acercaron una nota que se correspondía con lo comunicado en cuanto a la desafectación e idéntica en la redacción, a la carta documento recibida por la actora el 29/5/2020 en su domicilio.
Ahora bien, lo cierto es que la actora, no argumenta, ni prueba con precisión y claridad los cuestionamientos de los que sería acreedora frente a la decisión por parte de la comuna de poner fin al contrato de empleo temporario, sino que por el contrario plantea por un lado, la aplicación al caso de autos del Decreto 329/2020, el cual en su Art. 2° establece: "Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial."; resultando éste, el primer dilema a resolver en cuanto a establecer si el mentado decreto, resulta extensivo a los agentes públicos y mas concretamente, a los de planta temporaria.-
En tal sentido, he de adelantar que en rigor de verdad, el personal de planta temporaria, configura un estatus de excepción, por cuanto, no poseen más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo, de modo tal que, operado el vencimiento del plazo de su contratación, no se estaría en presencia de un despido incausado o arbitrario y por consiguiente, de un acto ineficaz por la ilicitud de su objeto.
Considero propicio agregar que, de todas formas, el Decreto de Emergencia en cuestión, deviene de aplicación inocua o innecesaria, frente a la protección que "per se" se desprende de los regímenes comunes de Empleo Público, ya sea que se trate de un empleado de planta permanente, cuya protección la encuentra en la garantía de estabilidad del cargo; como si se tratare de un empleado de planta temporaria en cuyo caso, la protección emana de los propios términos del contrato temporal de trabajo.
Por lo demás, de los fines propios del mentado decreto de emergencia 329/20 surge inequívocamente que, la tutela está exclusivamente enfocada a proteger el empleo privado -que no cuenta con la misma estabilidad que el empleado publico- en las excepcionales circunstancias que impuso la pandemia del Covid 19.
De tal modo que, frente a esta forma de contratación a la que estaba sujeta la actora, no puede hablarse válidamente de una expectativa de continuidad, que a la postre pudo haberse visto frustrada, a pesar de haber sido dictada la normativa de emergencia sanitaria.
3. Descartada la aplicación del mentado decreto de emergencia, puede apreciarse que en otro apartado de su demanda la actora textualmente refiere: "...ha sido en clara violación a los principios de legalidad y razonabilidad vigentes en la normativa consagrada por las normas constitucionales nacionales y provinciales protectorias del trabajador, las que tuvieron una tutela especial por la pandemia ocasionada por el virus Covid 19, agregando que dicho principio protectorio tiene jerarquía constitucional y se extiende al marco del empleo público, ya que contradecir dichos preceptos confronta de manera directa con el art. 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto a la protección del trabajo "en sus diversas formas" y la protección contra el "despido arbitrario".
Es decir que, a fin de interpretar el objeto de su reclamo y tal como he adelantado al inicio de estos considerandos, la actora encuadra su desvinculación en un despido arbitrario.
Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto y de las constancias acumuladas en autos, no se desprende que la accionante haya llevado adelante actividad probatoria alguna, que conduzca a acreditar la ilegitimidad de la actuación municipal que desencadene la posibilidad de ser indemnizada, máxime cuando esa pretensión indemnizatoria, se efectúa en base a derechos que corresponden a un régimen de empleo que no le resulta aplicable -planta permanente-.-
Recordemos asimismo que, en la materia rige la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de fundamento" (art.20 inc.2 CPCA) y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.-
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo, respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Diaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos.
". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).-
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria, está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
Por otra parte, la Corte ha establecido en cuanto al personal de planta temporaria, que los agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados, se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Iori", sent. del 18II2004)., expidiéndose en modo coincidente, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín (causa N° 2353/10, caratulada "Maidana Victor c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria").-
Ha dicho también que, el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causa B. 62.513, "Gundín", sent. del 22/10/2008).
Bajo ese escenario, la escasa prueba producida en autos, no habilita a arribar a una solución contraria, en el sentido de reconocer una reparación económica a la actora, pues el tiempo que duro el vinculo entre las partes, por sí solo, no conduce a reconocer una indemnización, como en aquellos casos en que así se ha decidido cuando el vínculo temporal se exhibe prolongado en el tiempo, pero se han acreditado extremos configuradores de una desviación de poder en el actuar de la administración, lo que lejos esta de verificarse en autos (vgr. CSN " Ramos", " Sanchez" , "Cerigliano" y SCBA "Maza Vergara").-
Por ello, es que entiendo que la indemnización peticionada, no puede ser atendible, razón por lo cual, no cabe más que rechazar la presente demanda.-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).-
Reafirmando el Máximo Tribunal Provincial que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).-
Por lo tanto, no sin dejar de recordar que conforme al art. 375 del CPCC es el demandante quien tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su derecho, he de concluir que el accionante no ha probado, la existencia de una actuación u omisión ilegitima, resultando tal carencia suficiente, para frustrar irremediablemente la pretensión de reparabilidad que aquí se enarbola (art. 375 del C.P.C.C.).-
4.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.