Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 38057 2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión indemnizatoria contenida en la demanda contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
2Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).
3Atento el resultado del pleito, corresponde proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, correspondiendo al solo efecto regulatorio fijar el monto del asunto (art. 23 de la ley 14.967) el que asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC)- a la suma de $ 154.844,37, la que se consigna sin intereses por cuanto no han formado parte de la pretensión.
Conforme ello, teniendo en cuenta el resultado obtenido y el monto determinado en el apartado que antecede, conduce en el caso a activar el mínimo arancelario previsto en el art. 22 de la Ley 14967 (arts. 10, 16, 21, 23 tercer párrafo, 26, 54 y ccts. Ley 14.967) y regular los honorarios del letrado patrocinante de la actora, Dr. FRANCO DI LALLO, Tº II Fº 5 del C.A.Z.C, en la suma de 7 JUS, (Ac. 4065/22), ello con más los aportes que fija el art.12 de la ley 6716 y el I.V.A. que correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios y al obligado a su pago, con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en los domicilios que en cada caso corresponda.- …
Expte. Nº 38057 .-
Autos:"ROCHA DIANA BEATRIZ C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-NG
Estos autos caratulados "ROCHA DIANA BEATRIZ C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 38057, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que habiendo sido iniciadas las presentes ante el Tribunal Laboral N° 1 de Moreno-Gral. Rodríguez, allí se presenta la Sra. Diana Beatriz Rocha, con el patrocinio letrado del Dr. Franco Di Lallo, interponiendo demanda por despido en los términos del art. 212 -4° párrafo- de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744) contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
En su relato de los hechos expone que siempre laboro y desarrolló sus tareas como una excelente trabajadora y que durante la relación laboral nunca se ausento de su trabajo.
Asegura que contaba con una antigüedad de 9 años -hasta el día en que se produjo el distracto- prestando servicios en la categoría de Auxiliar Suplente, bajo el Convenio Colectivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cumpliendo una jornada laboral de lunes a viernes, de 12.00 am. a 18.00 pm. horas.
Relata que con fecha 09/09/2015, fue operada de la columna lumbar por un accidente de trabajo, cirugía en la cual le colocaron una prótesis y luego de la licencia médica respectiva, se le otorgó el alta el día 26/01/2016, con indicación de tareas livianas
Comenta que se presentó a laborar a las 12:00 pm. hs., en la Escuela N° 23, sita en la calle República de Venezuela del Barrio Cortejarena, de la localidad de La Reja -Moreno-, para tomar su puesto como Auxiliar Suplente, en el turno de 12:00 am. a 18 pm. hs. como habitualmente lo hacía.
Indica que con fecha 28 de junio de 2016 y sin previo aviso, recibe el cese, el que transcribe textualmente: "Por medio de la presente se notifica a ud. que la Sra. ROCHA DIANA BEATRIZ, DNI: 17.063.778, a partir del día de la fecha deberá cesar el cargo de auxiliar reemplazante según los artículos 2 y 121 de la ley 10.430; por haber sido reasignada con tareas livianas, que según su situación de revista no le corresponde".
Prosigue su relato y transcribe textualmente el telegrama remitido por su parte, el que reza: "Hallándome en uso de licencia art. 208 LCT, habiéndome sometido a estudios médicos y complementarios y cirugía de columna lumbar en la Clínica Alcorta de la ciudad de Moreno Pcia. de Bs. As. se ha detectado que padezco las siguientes afecciones: hernias discales en la cervical y columna lumbo - sacra y tumor en la columna lumbo-sacra, lo cual me incapacita en forma absoluta en los términos del art. 212 LCT. Certificados médicos a su disposición, consecuentemente intímole plazo de dos días hábiles pague indemnización por extinción del vinculo art. 212, 4° párrafo LCT, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en procura de su cobro. Queda usted legalmente notificado".
Asegura que de acuerdo al mencionado telegrama, se le adeuda la indemnización del art. 245, según la intimación que fue oportunamente cursada y a la cual la demandada contesto y se negó a pagar dicha indemnización, conforme el expediente administrativo que -según refiere- acompaña con el presente como prueba.
Narra que la accionada, contestó la misiva remitida mediante expediente administrativo de fecha 18/11/2016, desconociendo la misma y negándose rotundamente a pagar las indemnizaciones de ley, así como desconociendo el derecho reclamado y las indemnizaciones de ley peticionadas.
Achaca que la arbitraria medida tomada por la empleadora de negarse a pagar las indemnizaciones de ley, la ha obligado a entablar la presente demanda en reclamo del cobro de las mismas.
Funda su reclamo en el carácter alimentario de la indemnización pretendida y en el art. 14 bis de la LCT, en tanto éste garantiza la protección contra el despido arbitrario.
Alega que la demandada, en base a su conducta, violo otra premisa fundamental, tanto en la LCT como en el derecho en general, que es el principio de buena fe lo cual se encuentra plasmado en el intercambio epistolar.
En los apartados siguientes, practica liquidación de los rubros pretendidos, ofrece la prueba que hace a su derecho y peticiona.-
II. Que con fecha 04/09/2019, el Tribunal previniente, se declara incompetente para intervenir en la causa, disponiendo la remisión de las actuaciones a este Juzgado.
III. Que radicadas las actuaciones en este fuero y admitida la competencia, con fecha 26/08/2021, se presenta el Dr. Pablo Guidi en su carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda instaurada.
En primer lugar alega la improcedencia de la demanda. En ese orden, analiza la situación de revista de la actora y asegura que conforme lo manifestado en su propio escrito de inicio, surge que ingresó a laborar en la Administración Pública como personal transitorio.
Menciona que la situación de revista de la accionante se encuadra dentro de la Planta Temporaria de la Administración Pública Provincial, como personal transitorio en los términos de los artículos 15, 117, 121 y concordantes de la Ley de Empleo Público, la cual en modo alguno brinda cobertura normativa a los pedidos formulados en la demanda.
Reseña que el personal transitorio está destinado exclusivamente a la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional que no pueden ser realizadas por personal permanente no debiendo cumplir tareas distintas a las asignadas.
Apunta que al personal de planta temporaria, se le aplica un régimen de excepción, por lo cual quedan apartados de las normas que rige al personal de planta permanente, no poseyendo más derechos que los que surgen del acto de designación y, obviamente, de los preceptos específicos (cfr. SCBA, doctrina causa B-62.905, "Blanco", s. 30/05/07).
Conforme ello, concluye que, en el contexto jurídico de marras y por la condición jurídicaínsita en el agente que presta servicios en la planta temporaria, la actora no ha podido consolidar una relación de empleo estable, ni aspirar a desprender derechos de ella, en la medida que la autoridad administrativa, en uso de sus facultades privativas y mediante acto expreso, no lo transfiera a un cargo estable, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos para ingresar a la planta permanente, situación que la actora no acreditó se hubiere producido en la especie.
En otro orden, defiende la legitimidad del cese, por resultar ello producto del ejercicio que la ley le acuerda a la administración de desvincularse de un agente en planta transitoria, con invocación de razones de servicio.
Argumenta que el vínculo laboral que unió a la actora con la administración fue de naturaleza temporaria, siendo por tanto aplicable a su respecto las reglas propias de este tipo de vínculo, entre las cuales se encuentra que el mismo sea disuelto cuando razones de servicio así lo aconsejen.
En esa inteligencia, destaca tres cuestiones, i- que la actora se encontraba desde siempre sometida a designaciones temporarias, sin haber adquirido estabilidad en el empleo; ii- que la interesada consintió voluntariamente prestar sus servicios bajo tales condiciones, sin haber planteado objeción alguna a ese respecto; iii- que no cayó en una situación temporaria a consecuencia de un cambio normativo sino que ya se encontraba designada en esos términos, circunstancia que se mantuvo hasta que se dispuso su cese por razones de servicio.
Achaca que de la lectura de la Carta Documento por la cual se dispuso la finalización del vínculo laboral, surgen claramente las razones de servicio tenidas en cuenta para ello.
Al respecto, menciona que el artículo 2 de la ley 10.430, expresamente exige entre otros requisitos aptitud psicofísica adecuada al cargo. El personal reemplazante no tiene estabilidad en el cargo y por lo tanto, mal podría intentar preservar su trabajo si no es apto para el mismo. El reemplazante es designado justamente para realizar las tareas que no puede cumplir un agente titular.
Advierte la existencia de elementos más que suficientes para respaldar la decisión de la administración, con base en la prerrogativa que la propia normativa le confiere, de disponer el cese de la actora por razones de servicio en función de los hechos detallados.
En definitiva y sin perjuicio de la disconformidad puesta de manifiesto por la actora a la voluntad manifestada de la administración, lo cierto es que dicho proceder fue legítimo, conteste a la normativa que regula el vínculo entre partes conforme su naturaleza temporaria, por lo que no puede cuestionarse ni endilgarse a esta parte actuar ilegítimo alguno.
En el apartado contiguo, se ocupa de la improcedencia del reclamo indemnizatorio formulado por la actora con apoyo en la legislación laboral.
Recuerda que -en el caso de la actora- su vínculo con la DGCE era de empleo público, ajeno por tanto a la normativa laboral, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 2° inciso "a" de la LCT, y con fundamento en jurisprudencia de la SCBA, asegura que tal condición impide el reclamo que enarbola.
También afirma que no existe en el caso, antijuridicidad administrativa de ningún tipo como para que se abra la discusión acerca de la obligación de responder e indemnizar, en tanto la autoridad demandada procedió conforme a derecho, contratando a la actora bajo una modalidad determinada. La finalización del vínculo por razones de servicio -agrega- no tiene legalmente previsto el pago de indemnización alguna.
Por último, ofrece prueba y peticiona.
IV. Transcurrida la etapa probatoria y agregados los alegatos presentados por ambas partes, se llama autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer que la actora pretende obtener una indemnización por despido arbitrario -en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo-, por la ruptura del vínculo laboral que la unía con la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
Por su parte, la accionada manifiesta que la actora se desempeñó como empleada de planta temporaria de la Administración Pública Provincial, como personal transitorio en los términos de los artículos 15, 117, 121 y concordantes de la Ley de Empleo Público, la cual en modo alguno brinda cobertura normativa a los pedidos formulados en la demanda.
2. De las constancias de las presentes actuaciones se desprende que ambas partes reconocen en sus escritos que la actora trabajaba para la Dirección General de Cultura y Educación, como Auxiliar Suplente.
Ambas, reconocen la finalización de la relación laboral, sin que resulte eje principal de la controversia sujeta a conocimiento de esta instancia, el tiempo durante el cual la misma transcurrió, así como tampoco -en sentido estricto- la legitimidad de la decisión de la administración; véase que la accionante, no cuestiona en forma concreta y particularizada la ilegitimidad del acto, ni cual fue el motivo que puso fin a la relación laboral, dirigiéndose el reclamo, al pago de la indemnización que considera le es debida.
Que conforme se desprende del testimonio prestado en esta sede -con fecha 29/10/2021- por la Sra. Natalia Andrea Silva Salas, la actora se desempeñaba como portera en la escuela N° 23 de la localidad de La Reja.
Es por ello que, en vista de lo expuesto, considero que asiste razón a la demandada en el punto relacionado al ordenamiento legal que debe aplicarse al caso, toda vez que la ley que rige la cuestión sometida a juzgamiento es exclusivamente el Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública -Ley 10430-, por tratarse la actora de una dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
El Superior Tribunal Nacional, en el caso "Gil c/U.T.N." (Fallos: 312:245) sostuvo que frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes sean de carácter permanente o no, y a la disposición del art. 2° inc. a) de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo (la "LCT"), dicha ley no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública, salvo que por acto expreso se los incluya en su régimen o en el de las convenciones colectivas de trabajo, es inatendible la pretensión del actor de que su situación se excluya del régimen del derecho público, para regirse por el derecho laboral, al no existir el acto de inclusión que exige el citado inc. a) del art. 2°.
3. En esa línea, la Ley 10.430 -Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública- en su art. 15 clasifica al personal de la Administración, en dos categorías; el personal de planta permanente -con y sin estabilidad- y, el personal de planta temporaria, estando comprendido dentro de estos últimos, el personal transitorio.
Conforme el art. 117 de la ley citada "El personal transitorio será destinado exclusivamente a la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados por personal permanente, no debiendo cumplir tareas distintas a las asignadas".
A su tiempo el art. 121, establece que "El personal temporario podrá ser dado de baja cuando razones de servicios así lo aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo".
En tal sentido, he de adelantar que en rigor de verdad, el personal de planta temporaria, configura un estatus de excepción, por cuanto, no poseen más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo, de modo tal que, ante la decisión de la administración de culminar el vínculo laboral, no se estaría en presencia de un despido incausado o arbitrario y por consiguiente, de un acto ineficaz, a menos que el mismo haya sido así declarado.
4. Ahora bien, de lo hasta aquí expuesto, cabe destacar que por un lado, la actora (quien se encontraba sujeta a un régimen de empleo público) centró su pretensión, sobre la base de un régimen jurídico (LCT) que ningún derecho le otorgaba y por el otro, no ha cuestionado la legitimidad del acto de cese, sino que canalizó unicamente -ya en esta sede judicial- un reclamo de neto corte indemnizatorio.-
De allí, que el encuadre jurídico del caso, lo da, el art. 20 de la ley 12008 que establece: "... Inc.2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.".
Recordemos asimismo que, en la materia rige la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de fundamento" (art.20 inc.2 CPCA) y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.-
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo, respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Diaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos.
Se afirma entonces que ". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).-
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria, está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
Derivando lo expuesto al caso de autos y conforme surge del relato de la actora, el acto administrativo de cese, llega consentido a este estadio procesal, siendo la propia actora la que sella la suerte de su reclamo, al optar por una vía inadecuada con el régimen de empleo público vigente y al que se hallaba sujeta.
Por lo demás, la escasa prueba producida en autos, no habilita a arribar a una solución contraria, en el sentido de reconocer una reparación económica a la actora, pues el tiempo que duro el vinculo entre las partes, por sí solo, no conduce a reconocer una indemnización, como en aquellos casos en que así se ha decidido cuando el vínculo temporal se exhibe prolongado en el tiempo, pero se han acreditado extremos configuradores de una desviación de poder en el actuar de la administración, lo que lejos esta de verificarse en autos (vgr. CSN " Ramos", " Sanchez" , "Cerigliano" y SCBA "Maza Vergara").-
Bajo ese escenario, entiendo que la indemnización peticionada, no puede ser atendible, razón por lo cual, no cabe más que rechazar la presente demanda.-
4. Respecto a las costas del proceso, tratándose de un reclamo en materia de empleo público, conforme al art 51 inc. 2º del C.P.C.A. (texto según ley 14.437), corresponde se impongan por el orden causado. Lo que así también decido.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 12 inc. 2° y 3°, 51, 77 y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art.163, 384 y cctes. CPCC, y demás citas legales dadas;
1. Rechazar la pretensión indemnizatoria contenida en la demanda contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).
3. Atento el resultado del pleito, corresponde proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, correspondiendo al solo efecto regulatorio fijar el monto del asunto (art. 23 de la ley 14.967) el que asciende -conforme informa el Actuario en este acto (art.116 del CPCC)- a la suma de $ 154.844,37, la que se consigna sin intereses por cuanto no han formado parte de la pretensión.
Conforme ello, teniendo en cuenta el resultado obtenido y el monto determinado en el apartado que antecede, conduce en el caso a activar el mínimo arancelario previsto en el art. 22 de la Ley 14967 (arts. 10, 16, 21, 23 tercer párrafo, 26, 54 y ccts. Ley 14.967) y REGULAR los honorarios del letrado patrocinante de la actora, Dr. FRANCO DI LALLO, Tº II Fº 5 del C.A.Z.C, en la suma de 7 JUS, (Ac. 4065/22), ello con más los aportes que fija el art.12 de la ley 6716 y el I.V.A. que correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Conforme lo dispuesto en el art. 54 de la ley arancelaria, notifíquese personalmente o por cédula a sus beneficiarios y al obligado a su pago, con los recaudos y transcripción del art. 54 de la misma ley, en los domicilios que en cada caso corresponda.-
En relación al letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, atento a lo dispuesto en el art. 18 del Dec. Ley 7543, no corresponde regular sus honorarios.
NOTIFIQUESE
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.