Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 34220
Expte. Nº 34220 .-
Autos:"DEPAOLI ISMAEL FELIX C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AC
Estos autos caratulados "DEPAOLI ISMAEL FELIX C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", expediente N.º 34220, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.39/43 se presenta el Sr. Ismael Félix DEPAOLI, junto al patrocinio letrado del Dr. Daniel A. PRIERI BELMONTE, promoviendo demanda indemnizatoria contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se condene a la demandada al pago de doce (12) sueldos al valor del haber que le correspondía percibir a la fecha de la concesión de la jubilación, que data desde el 07/12/2010, todo ello con más sus intereses y costas.
Relata que ingresó a trabajar para la entidad demandada el 13/08/1975, habiendo realizado la carrera bancaria, hasta ser designado con el cargo de Gerente de la Sucursal de Lujan, el cual ocupó hasta la fecha de su "ilegitima" cesantía. -
En relación a dicha sanción comenta que, a partir de inspecciones realizadas en la Sucursal a su cargo, la demandada procedió a sustanciar un sumario administrativo n° 10453, el cual culminó con su cesantía, dispuesta con fecha 29/03/2001.-
Expone que contra tal acto administrativo interpuso el recurso administrativo correspondiente y ante el rechazo por la demandada, de tal vía recursiva, inició la correspondiente demanda contencioso administrativa ante la SCBA con fecha 01/11/2001.
Refiere que el Tribunal Provincial Superior con fecha 16/08/2017, sentenció haciendo lugar a su reclamo, anulando las resoluciones dictadas por el BPBA, dejando sin efecto la sanción expulsiva oportunamente aplicada.
Comenta que durante la tramitación de la acción por ante la SCBA, inició el trámite a los fines de contar con el beneficio jubilatorio, el que le fue concedido con fecha 19/10/2011, a partir del 07/12/2010.-
Expone que como consecuencia de la cesantía dispuesta "ilegítimamente" se vio impedido de percibir la indemnización prevista en los arts. 1 y 2 del Módulo 10, Recursos Humanos, Parte V, Liquidaciones, Capítulo 12: Indemnizaciones, Subsidios y Distinciones al Personal. Punto 1- Indemnización especial al Personal que se desvincula de la Institución, equivalente a 12 sueldos a valores de la fecha 07/12/2010.
Aclara que dicho impedimento resultó en razón de que la misma no se abona, en los casos en que el agente haya sido dejado cesante. -
Luego entiende, que al haberse dejado sin efecto la cesantía, tal como resolvió la SCBA, nació su derecho a reclamar el pago de dicha indemnización con más los intereses desde que fue debida (07/12/2010) hasta el efectivo pago. -
Hace saber que, una vez dictada la sentencia por parte de la SCBA, remitió CD al Banco demandado, alegando que la misma nunca fue respondida. -
En capítulo aparte, plantea la inconstitucionalidad de los artículos 4° de la ley 25.561, 7° y 10° de la ley 23.928, 5° del decreto n°214/2002 y de todas las normas y disposiciones que se dicten en su consecuencia, en cuanto prohíben la actualización monetaria. Sostiene en fundamento de ello que las citadas normas cercenan el derecho de propiedad garantizado por los artículos 17 y cctes de la CN.
Conforme a ello solicita que se condene a la demandada a abonar la depreciación monetaria de las sumas reclamadas, desde el momento en que cada suma resulta adeudada y hasta el día del efectivo pago, conforme la variación que experimente el índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o cualquier otro de similares características.
En capítulo aparte solicita que, con independencia de la actualización monetaria de los rubros reclamados, se condene a la demandada a abonar los intereses compensatorios y punitorios. -
Por último, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona. -
II. Con fecha 19/10/2018 se requiere a la demandada - previo a efectuar el examen de admisibilidad - remita los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida. -
III. Luego y conforme lo ordenado con fecha 18/02/2019, se reciben las actuaciones administrativas requeridas (Expte n°63.382 correspondiente al sumario N° 10453) provenientes de la SCBA y se procede a su reserva (v. nota de fecha 08/04/2019). -
IV. Con fecha 09/04/2019, se le solicita al interesado que denuncie el expediente administrativo en el que tramitó su reclamo y en su caso, acredite la configuración del silencio de la administración (arts. 12 inc.1°, 14 inc. 1° y 16 del CPCA).-
V. Con fecha 11/04/2019 el actor contesta y concluye diciendo que en el caso de autos, resultaba innecesario haber solicitado un pronto despacho (art. 16 CCA) atento la propia conducta desarrollada por la demandada en el sentido de no proceder a abonar el premio reclamado en la presente. _
VI. Con fecha 15/04/2019 en orden a los principios imperantes en la materia de demandabilidad directa e in dubio pro actione, se resuelve conferir traslado de la demanda, todo ello, sin que implique menoscabo alguno a los derechos procesales de la contraria.-
VII. Con fecha 03/07/2019 se presenta el Dr. Sebastián A. Ricca en su carácter de letrado apoderado de la demandada, junto al patrocinio letrado del Dr. Fabio A. Bandoni, contestando demanda. -
Como primer argumento plantea que la demanda resulta prematura por no haberse agotado la vía administrativa, en los términos del. 14 inc 1, 16 y cctes del C.C.A y art. 166 de la Constitución Provincial. -
Luego por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos alegados por la actora, que no sean objeto de expreso reconocimiento en su responde.-
Alega que su mandante acreditó en el expediente judicial tramitado ante la SCBA el cumplimiento de la condena, y que tal circunstancia demuestra que el actor percibió “íntegramente” en concepto de indemnización los montos reclamados a través de dicha acción judicial. -
Por otra parte, expone que en cuanto a la indemnización que el actor pretende en esta causa, se trata -conforme la resolución que cita- de una “gratificación” que el Banco, en su caso, otorgará a aquellas personas que, durante el desarrollo de la vida laboral en la Institución resulten merecedoras.
Ante tal solución expone que solamente la percibirán –en la proporción que se determine- aquellos empleados que cumplan con determinados recaudos, que son aquellos que precisa la norma y que a continuación transcribe. -
Comenta que precisamente al ser una “gratificación” y/o “indemnización” solamente se concede por “méritos” y que en “en todos los casos” se realizará un estudio de antecedentes personales referidos a la actuación laboral, a fin de determinar si existen méritos para su otorgamiento.-
Expone que en el caso del Sr. Depaoli, dicho estudio de antecedentes personales referidos a su actuación en el Banco aún no ha concluido, es decir, que a la fecha, no se ha determinado si dicha indemnización le será abonada y en su caso, en qué proporción. -
En cuanto a la procedencia del reclamo en función a los “méritos”, alega que no resulta posible que sea fijada judicialmente. -
En tal sentido expone, que, en el caso de autos, no se está frente a una indemnización “legal”, sino que se trata de una indemnización “voluntaria” que se abona al trabajador -cuando se produce la culminación de la relación laboral- por años de servicios cumplidos, como una liberalidad, sin existir obligación legal o contractual de parte de su mandante. -
Continúa diciendo que, por tratarse de una liberalidad de su representada que solamente se concede por “méritos”, resulta imprescindible para su otorgamiento que se lleve a cabo determinada actividad. -
En ese orden y conforme determina la norma, en todos los casos, se realizará un estudio de antecedentes personales referidos a la actuación laboral, a fin de determinar si existen méritos para su otorgamiento, en este sentido explica que dicho estudio debe ser llevado a cabo por el empleador a los fines de determinar si corresponde su concesión, total o parcial o en su caso denegarla. -
Continúa diciendo que se trata de un análisis de la “vida laboral” del reclamante -analizar años se servicios; calificaciones; sanciones; funciones; lealtad, etc.- que solamente puede llevar a cabo el Banco como otorgante de tal liberalidad, y que ello resulta motivo suficiente para el rechazo de la acción. -
En capítulo aparte se opone al monto reclamado por la actora.
Expone que conforme surge de la documentación acompañada por la actora, con fecha 5 de noviembre de 2011 se lo notifica de la concesión del beneficio jubilatorio a partir del 7 de diciembre de 2010 de conformidad a las previsiones de la Ley 13.364.
En tal sentido expone que a los fines del otorgamiento de la jubilación - para alcanzar los años de servicio- se le computaron al actor los años prestados en la Administración Nacional de Seguridad Social, computándose más de 9 años de servicios prestados en la ANSES, y solamente 25 años de servicios fueron los prestados en el Banco. -
Sostiene que de acuerdo a la normativa aplicable, a los fines del otorgamiento de la indemnización, la misma podrá alcanzar los montos máximos conforme a la escala que se establece. A su vez agrega, que los años de servicio a los que se refiere, son aquellos prestados íntegramente al Banco. -
Por todo ello, concluye que para el caso de que la Gerencia General del Banco decidiera que le corresponde percibir la gratificación reclamada, la misma conforme la normativa, no podrá ser mayor a 7 sueldos, toda vez que el actor ha prestado servicios en el Banco por un plazo no superior a los 25 años. -
Luego continúa su conteste y sostiene que resulta improcedente el pago de los intereses, pues alega que la normativa no contempla el pago de intereses, por lo que tal pedimento no puede prosperar.
En capítulo aparte y en referencia a la procedencia de la indemnización, se pronuncia sobre quien decide el otorgamiento de la indemnización en cuestión y conforme dispone la norma expone que: “Cuando en la trayectoria del agente no se registren situaciones que obsten a la percepción del beneficio completo, el pago será resuelto en forma directa por Gestión de las Personas, quedando a cargo de Gerencia General el análisis de aquellos casos en que quepa considerar quitas parciales o la no concesión del premio”.
Ante ello sostiene que no existen dudas, que el estudio de antecedentes personales referidos a la actuación laboral del Sr. Depaoli, a fin de determinar si existen méritos para su otorgamiento, corresponde a la “Gerencia General” del Banco y que a la fecha dicho acto no ha sido dictado y por ello, no se ha cumplido con el requisito de agotamiento de la vía administrativa, resultando la acción prematura. -
En ese sentido expone que, para la procedencia de la acción, resultaría prima facie necesario que la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final, en este caso el Directorio del Banco, se expida al respecto, lo cual no ha acontecido, así como tampoco se ha expedido la Gerencia General del Banco, encargada de resolver la concesión de la gratificación al Sr. Depaoli.-
Sostiene que la actora inicia la acción ante la falta de respuesta a una carta documento de fecha 15/06/2018 y que ello a su entender, implica una denegatoria de la “gratificación” reclamada, pretendiendo de tal modo tener por agotada la vía administrativa. -
Manifiesta que nada le ha impedido al actor agotar la vía administrativa, y que, por otra parte la pretensión del accionante aún no ha sido resuelta en sede administrativa, alegando que cuando ello acontezca, le será notificada en forma fehaciente. -
En capítulo aparte opone en forma subsidiaria la prescripción de los intereses reclamados.
Sostiene que la Suprema Corte tiene decidido que la prescripción del art. 847, inc. 2 del CCyCN comprende los intereses de cualquier deuda, sea cual fuere su origen y cita antecedentes.
Plantea que en aplicación de la citada norma que establece la prescripción cuatrienal de los intereses del capital, y tomando como fecha de inicio para el computo el día 19 de octubre de 2011 –fecha que se le acordara la jubilación, al momento de promoverse la presente ejecución (octubre de 2018) ya había expirado el plazo antes aludido solicitándose que así se declare. -
Luego dice que resulta improcedente la actualización de capital requerida por la actora.-
Que el art.10 de la ley 25.561 mantiene vigente el art. 7 de la ley 23.928 cuanto establece que en ningún caso, se admitirá actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor. -
Consecuentemente, este rubro tampoco puede tener acogida.-
Finalmente plantea como defensa de fondo, la excepción de prescripción prevista en el art.4037 del C.C.-
Luego de definir el instituto de la prescripción y de su aplicación en el derecho del trabajo, conforme los antecedentes citados, sostiene que se ha entendido adecuada la existencia de un plazo de prescripción liberatoria aplicable en materia de derechos laborales. -
Argumenta que las disposiciones del CCyCN sobre prescripción, así como anteriormente las del Código Civil, son plenamente aplicables a la materia laboral, salvo en lo que el Derecho del Trabajo regule especialmente.-
En razón de ello expresa que el plazo de prescripción del derecho del trabajo es de 2 años (art. 256 LCT) y ese resulta ser el plazo dentro del cual el trabajador tiene la posibilidad de interponer la acción. -
En cuanto al inicio del cómputo del plazo, expone que la prescripción comienza su curso desde que el crédito puede ser exigido y no corre mientras no puede ejercerse la acción correspondiente, tal es la regla general que impone el art. 2554 del CCyCN.-
En la materia, el principio general establece que el plazo de prescripción para los créditos laborales opera desde que cada suma es debida o desde la fecha en la que se generó el derecho a cobrar una indemnización, en función de los plazos o términos establecidos por la ley.-
De este modo, si un trabajador es despedido sin causa (art. 245 LCT), se torna exigible su derecho de cobro de las indemnizaciones de ley al cuarto día hábil contado desde el día siguiente a aquel en el que le fuera notificado dicho despido sin causa (arts. 128, 149 y 255 bis LCT). A partir de ese día, y si no le fueran abonadas las indemnizaciones, comenzará a correr el plazo de 2 años de prescripción (art. 256 LCT). -
Concluye diciendo que a partir del rechazo de la vía recursiva administrativa con fecha 06/09/2001, comenzó a correr el plazo prescriptivo previsto por el art. 256 de la LCT, motivo por el cual, el planteo hoy en conteste se encuentra prescripto. -
Plantea que aun cuando se considere como plazo más beneficioso, tomando como fecha de inicio para el cómputo, el otorgamiento del beneficio jubilatorio, el cual fue concedido por resolución de fecha 19/10/2011, también se encuentra vencido.-
Entonces concluye diciendo que al promoverse la acción el día 8 de octubre de 2018 el plazo de dos años ya había expirado, solicitándose se declare la prescripción de la presente acción.-
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
VIII.-Con fecha 14/08/2019 luego de tener por contestada la demanda, se confiere traslado de la excepción de prescripción opuesta como defensa de fondo. -
Responde el actor que corresponde rechazar lo expuesto por la demandada acerca de que la indemnización que pretende se trate de una liberalidad y/o gratificación voluntaria, sino que sostiene que conforme el texto de la norma, que el término "le será otorgada una indemnización especial" impone que debe otorgarse. -
Expone que no le quita el carácter de tal obligación el hecho que el banco previo al pago, analice la conducta laboral del empleado, a los fines de justificar el no otorgamiento o reducción de la indemnización. -
Luego niega que el banco demandado tenga en estudio el pedido formulado a través de la CD de fecha 15/06/2018, recibida por el banco el 21/06/2018, pues sostiene que, dado el tiempo transcurrido desde la recepción del reclamo formulado a través de la CD, mal puede manifestar el banco que tiene el reclamo “en estudio”, no habiendo realizado actividad alguna desde esa fecha hasta la presente. -
En cuanto a la necesidad de tener que agotar una vía administrativa, reitera que previo al inicio de la presente acción remitió la CD del 15/06/2018 intimando el pago, con resultado negativo hasta esta fecha y que la demandada no respondió y/o no realizó acto alguno hasta la fecha presente. -
Alega que el beneficio jubilatorio fue concedido por resolución de fecha 19/10/2011, a partir del 07/12/2010; y que desde esta fecha se le adeuda el premio de los doce sueldos, el cual afirma le debió ser ordenado su pago conjuntamente con la resolución concedente del beneficio jubilatorio o en su caso, debió el banco manifestar las razones por las cuales no daba cumplimiento a la obligación de otorgar la indemnización especial.
Refiere que, no cabe duda alguna que la conducta de la demandada a través del no pago de la indemnización especial, luego de serle concedida la jubilación, para luego guardar silencio, ante la intimación cursada a tales fines, hace presumir la ineficacia cierta de realizar el reclamo administrativo previo.
Sostiene que el presente caso no se trata de una pretensión indemnizatoria, accesoria a un acto ilegítimo en la cual deba existir previo pronunciamiento sobre tal ilegitimidad, sino que encuentra fundamento en la obligación normativa, como lo es la que obliga al pago de la indemnización especial.
Continua con el responde y se opone al pedido de prescripción de los intereses, diciendo que la fecha en la cual pudo tener certeza de la procedencia del pago de la indemnización, fue recién a partir del dictado de la sentencia por la SCBA en agosto 2017 y que desde allí, debe comenzar el computo. -
Asimismo, contesta la excepción de prescripción opuesta como defensa de fondo, alegando que el nacimiento de su derecho y la obligatoriedad del pago de la indemnización especial recién fue reconocido con el dictado de la sentencia de parte de la SCBA (agosto/2017).
En efecto, sostiene que de ninguna manera puede sostenerse –como lo hace la demandada- que el plazo ha de correr desde la fecha del otorgamiento de la jubilación, pues expone que en esa fecha, se encontraba vigente la cesantía dispuesta por el Banco en fecha 29/03/2001 y que, de conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable, no tenía derecho al cobro de la indemnización especial, lo que quedó removido con el dictado de la sentencia de la SCBA de fecha agosto/17, que deja sin efecto la cesantía que hace nacer el derecho de reclamar el pago de dicha indemnización especial.
X. Transitada la etapa de prueba y vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad ambas partes (ver certificación de fecha 03/05/2022) se llama autos para sentencia con fecha 03/05/2022 y;
1. La pretensión del actor se dirige a obtener el pago de la indemnización especial para el personal que se desvincula de la Institución, por propia decisión, prevista en el Digesto Administrativo del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Modulo 10 Recursos Humanos, parte V (Liquidaciones) Capítulo 12 (Indemnizaciones, Subsidio y Distinción al Personal). Solicita por ello, se condene a la demandada al pago de doce (12) sueldos al valor del haber que le correspondía percibir a la fecha de la concesión de la jubilación (07/12/2010). -
Sostiene que la sanción de cesantía dispuesta por l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.