Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40394 2023
Expte. Nº 40394 .-
Autos:"AZCONA JONATHAN NAHUEL C/ MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-ES
Estos autos caratulados "AZCONA JONATHAN NAHUEL C/ MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO", Expediente Nº 40394, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 30/08/2021 se presenta el señor Jonathan Nahuel Azcona por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Nicasio Scarlassa, promoviendo demanda contra la MUNICIPALIDAD DE SUIPACHA, solicitando la declaración de nulidad del acto administrativo comunicado mediante CD38121012 de fecha 08/04/2021 mediante el cual "se dispuso su cesantía" (sic), solicitando también se declare la nulidad del decreto municipal 116/2021 de fecha 26/02/2021.-
Por otra parte, solicita indemnización por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 04/100 ($1.407.909,04) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más intereses a la tasa activa. Finalmente, requiere que las costas sean impuestas a la demandada.-
Luego, inicia un capítulo referido a los hechos. Así comienza reseñando que en 01/01/2013 ingresa a laborar bajo las órdenes de la Municipalidad de Suipacha y que desde su ingreso hasta la actualidad, la relación laboral fue "fraudulentamente registrada" (textual), pues la Municipalidad, abusivamente fue modificando la denominación y registración del vínculo laboral, pretendiendo disfrazar la verdadera naturaleza de empleado municipal permanente bajo ropajes de figuras ficticias y ajenas al régimen de empleo municipal, colocándolo en desigualdad respecto de otros trabajadores que prestan servicios idénticos y que están comprendidos dentro de la nómina de empleados de planta permanente.
Dice que, al momento de su ingreso, se lo registro inicialmente a través de la "Cooperativa de Trabajo Entre Todos", para luego en el mes de junio del 2013 modificar la registración e ingresarlo a través del "Plan de Entrenamiento Ocupacional" - PEO - y finalmente, para el mes de mayo del 2017, pasarlo a personal con carácter de "mensualizado en la planta temporaria municipal", figura que mantuvieron impuesta hasta la actualidad.
Refiere que ese accionar, únicamente tiene la finalidad de ocultar la verdadera relación laboral, para producir una situación jurídica aparente, con el objeto de privarlo de sus derechos y eludir el cumplimiento de las obligaciones y garantías establecidas en la Ley 14.656 de la Provincia de Buenos Aires.
Resalta que, independientemente del nombre que se le haya dado a la relación laboral, ya sea, mediante la cooperativa de trabajo, el plan "PEO" o siendo Empleado Temporario, siempre quienes le impartían las ordenes que debía acatar, como así también, quien era el único beneficiario del fruto de su trabajo y para quien efectivamente estaba a disposición, fue en todo momento e ininterrumpidamente la Municipalidad de Suipacha.
Arguye que desde el inicio del vínculo laboral y hasta su extinción, cumplió funciones como empleado del corralón municipal, siendo sus tareas diversas y sujetas a las órdenes impartidas por el encargado del sector, pero principalmente desarrollaba tareas en el área de limpieza y mantenimiento urbano, por ejemplo: manejando el regador o el camión compactador de basura; la recolección de residuos sólidos urbanos o recolección de ramas y desechos de poda urbana; poda de árboles y corte de pasto en los espacios públicos, tareas todas que realizaba conjuntamente con el resto de los empleados permanentes de la Municipalidad de Suipacha.
Concretizando, expone que durante más de 8 años realizó en forma ininterrumpida tareas comunes y ordinarias de limpieza y mantenimiento urbano, siendo todas sus tareas propias y habituales del personal municipal permanente, careciendo de carácter excepcional o transitorio. En consecuencia, aduce que la Municipalidad de Suipacha utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, burlando así la garantía contenida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Refiere que los días y horarios de trabajo desde su ingreso a trabajar eran de lunes a sábados de 06:00hs a 12:00hs, siendo esta jornada la misma que para el personal de planta permanente del Municipio de Suipacha, siendo su mejor remuneración percibida en el último año de la relación laboral la suma de $ 47.320,64 -al mes de noviembre del 2020-.
Así las cosas, relata que de manera arbitraria y despótica, el día 05 de abril del año 2021 se le impide el ingreso a su puesto de trabajo y en forma verbal el encargado del Corralón le manifiesta que ya no pertenecía a la planta de empleados de la Municipalidad de Suipacha, razón por la cual se inicia un intercambio telegráfico, el que transcribe cronológicamente.-
Releva que en 05/04/2021 remite telegrama TCL-CD092865102 intimando a la Comuna, para que en el plazo de 24hs aclare su situación laboral bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales, el que es contestado en fecha 08/04/2021, donde se le consigna que el día 26/02/2021 fue nombrado por decreto municipal n°116/2021, como personal con carácter de mensualizado en la planta temporaria municipal desde el 1° de marzo 2021 al 31/03/2021, razón por la cual, habiendo sido el periodo de contratación determinado, no se produce despido alguno.-
Continúa diciendo que con fecha 26/04/2021 remite TCL-CD092869775, donde rechaza el despido sin causa comunicado mediante CD381310122 de fecha 08/04/2021 por improcedente, falaz y temerario, en tanto el mismo resultaba -según refiere- ilegal, arbitrario y violatorio de la estabilidad absoluta del trabajador municipal/estatal reconocida constitucionalmente (art. 14 bis de la Constitución Nacional), y expone que laboró en forma permanente e ininterrumpida para la Municipalidad de Suipacha (Bs.As.) desde 01/01/2013 e íntima por el plazo 48 hs. para que se lo reinstale en su puesto de trabajo y regularice el vínculo laboral que lo unía a la Comuna, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.
Dice que con fecha 29/04/2021 la demandada lo contesta, rechazándolo en todos sus términos. Ese telegrama, es contestado por su parte mediante nuevo telegrama (TCL CD 092870102), en los mismos términos que el anterior. En consecuencia, intima por plazo perentorio de 48hs a que se lo reinstale, regularizando el vínculo y reinstalándolo a su puesto de trabajo, para lo que cita el art. 70 inc. 2 de la Ley 14.656.-
Luego de culminar con el relevo del intercambio epistolar, inicia un capítulo denominado "fundamentos". Al respecto, primeramente, plantea la inexistencia de carácter transitorio o eventual o estacional de las tareas desempeñadas, refiriendo que por aplicación del principio de realidad y progresividad, ostenta la calidad de empleado municipal de planta permanente y no como de planta transitoria como indica la Municipalidad de Suipacha.
Dice que a la fecha, la Municipalidad de Suipacha cuenta con el Convenio Colectivo, convalidado por el Honorable Concejo Deliberante de Suipacha mediante la ordenanza 2270/16, que reglamenta las relaciones de empleo, siendo de aplicación supletoria la sección III de la ley 14.656 (art. 65).-
Ahora bien, aduce que el CCT de empleados municipales de la localidad de Suipacha, se encuentra en sintonía a lo normado en la Ley 14.656 en su Art.7 inc. 2°, pero resalta que el mencionado párrafo es idéntico al primer párrafo del Art. 70 inc. 2 Ley 14.656, aunque a diferencia de este último no refiera a la posibilidad de infracción por parte de la administración en materia de planta temporaria, por ello y de acuerdo al principio indubio pro operario y al principio de la norma más favorable, es que resulta de aplicación la totalidad del inc.2° del art. 70 de la ley 14.656. Ello, en atención a que el convenio colectivo se ubica en un rango jerárquico inmediatamente inferior a la ley y no puede regular las relaciones laborales por debajo de los derechos y obligaciones establecidos por la mencionada Ley Provincial.
Resalta que las exigencias a la cual supedita la ley a la contratación de personal temporal, no fueron cumplidas por la demandada, toda vez que, la relación laboral que lo vínculo con la Municipalidad de Suipacha se encuentra fraudulentamente instrumentada, en tanto durante más de 8 años ininterrumpidos ha realizado tareas propias, normales, habituales y regulares de la planta permanente del organismo, careciendo de la transitoriedad exigida por el plexo normativo invocado.
Refiere entonces, que tanto el convenio colectivo en cuestión como la ley 14.656, son determinantes al establecer que las tareas deben revestir las características de ser transitorias o eventuales o estacionales, siendo desatinado argumentar que las tareas que desempeñaba como empleado de corralón municipal, sean consideradas como actividades transitorias dentro de las obligaciones que posee la administración municipal para con su ciudad.-
Luego de ello, se refiere a la renovación sucesiva y permanente de los contratos realizada por la demandada, exponiendo que esta obedece a una desviación de poder por parte del Estado, por cuanto por ese medio, pretende encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, disminuyendo la responsabilidad estatal, incurriendo con esta práctica en fraude laboral.
Luego de citar doctrina y jurisprudencia al respecto, aduce que la Municipalidad de Suipacha ha recurrido a figuras no permanentes para reclutar personal, de modo que este se ha ido transformando -en total contradicción al Art.70 inc. 2° de la ley 14.656- en el mecanismo de ingreso a la Municipalidad.
Por último, se pronuncia respecto del Decreto 266/2021, que en su artículo segundo establece hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, el que se ha dictado en orden a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, para proteger las fuentes de trabajo, evitando suspensiones sin goce de salarios y desvinculaciones que generen la destrucción de puestos concretos de trabajo.
Ingresando ahora en el capítulo titulado "indemnización", solicitado la aplicación de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Cerigliano", por el cual estableció que la relación de empleo público de un trabajador que laboro en forma transitoria por siete años -uno menos, según dice, que en el caso de marras- fue ajena "a toda noción de transitoriedad y, que, por el contrario, se muestran aptos para generar razonables expectativas de permanencia", y que "hay una evidente desviación de poder si se contratan servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter permanente, aplicando una indemnización laboral por ruptura del vínculo, que consistía en un mes por cada año de servicio prestado, dejando la propia corte asentado otro principio aplicable digno de resaltar y que establece que "la finalidad reparadora de la indemnización dentro de ese marco específico exigirá un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia".
Requiere obtener una indemnización "suficiente", a lo que dice que se debe sumar a la indemnización básica de un mes por cada año de servicio, SAC al rubro anterior, preaviso, SAC s/ preaviso, liquidación que el actor hubiese obtenido si su despido se realizaba en el ámbito privado.
Luego de ello, practica liquidación, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que en fecha 04/07/2022 se presenta la Dra. María Carla Parada, en su carácter de apoderada de la Municipalidad de Suipacha y contesta demanda.-
Luego de efectuar una negativa pormenorizada de los hechos, comienza con su versión de los mismos.-
Así, dice que el actor efectúa su relato manifestando que comenzó a trabajar bajo las órdenes de la Municipalidad de Suipacha en el año 2013, y como prueba de eso presenta recibos que él mismo suscribía a una Cooperativa de Trabajo de la que era aparentemente parte, siendo que ese recibo lo "da y recibe" él mismo.
Resalta así, que en ese recibo que el actor acompaña, no aparece mencionada en ningún momento la Municipalidad que representa, es decir, no se emite el recibo a nombre de la Comuna ni se menciona en su contenido que se trate de tareas desarrolladas para la misma.
Sin perjuicio de lo expuesto, dice que en el año 2013 la Municipalidad mediante convenios firmados con el Gobierno Nacional (Ministerio de Desarrollo Social) se comprometía a brindar tareas a Cooperativas y el Estado Nacional solventaba tales erogaciones, interactuando la Municipalidad con las Cooperativas, desconociendo quiénes eran los asociados de las mismas en forma particular.
Luego de ello, dice que el actor comienza a tener vinculación con la Municipalidad de Suipacha a mediados del año 2013 cuando participa del Plan de Entrenamiento Ocupacional establecido por la Ordenanza Municipal N°1749/2007 y sus modificatorias. Dice que el artículo 6 de la Ordenanza, obliga a la Municipalidad a contratar seguros con motivo de las actividades a desarrollar, motivo por el cual la Carta documento que trae el Sr. Azcona a juicio y por la cual un tercero (la ART) expone al Municipio como empleador, lo es solo por el hecho de ser quien contrata la ART indicada.-
Refiere que en el año 2017, mediante decreto Municipal N°166/2017 se lo designa en la planta temporaria a efectos de desarrollarse en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, desde el 1°de Mayo 2017 hasta el 31 de Mayo 2017. En el año 2020, se lo designa en otra de las secretarias de la comuna -de Servicios Municipales- pero también para desarrollar tareas propias de la planta transitoria, resaltando que no todos los meses las necesidades Municipales son iguales.
Arguye que es el actor mismo quien manifiesta que se ha desarrollado en diferentes ámbitos dentro de la esfera municipal, ello así justamente porque las tareas asignadas varían en cuanto a su cantidad, según la época y/o periodo del año o en los supuestos, por ejemplo, de algún evento o situación especial, lo que lleva a que personal de planta permanente se vea superado de trabajo y resulte necesaria la contratación de empleados en forma transitoria.
Dicha contratación, dice que lejos de ser fraudulenta e ilegal como lo califica el actor, resulta ser un mecanismo legal amparado por la legislación provincial (ley 14.656) y el CCT que rige en el ámbito local el empleo Municipal.
Pone de manifiesto que las tareas realizadas por el Sr. Azcona eran variadas, se daban en diferentes épocas y las realizaba conjuntamente con empleados permanentes de la Municipalidad que se encuentran en planta permanente, los que deben de realizar las tareas en forma ininterrumpida durante el resto del año.
Expone que el hecho de que se disponga la contratación del Sr. Azcona en diferentes oportunidades se da porque: 1) existían tareas a asignar; 2) el Sr. Azcona aceptaba la designación en la tarea que se le asignaba; 3) la legislación lo permite y no limita el hecho de haberlo ya contratado en otras oportunidades. A lo que continúa manifestando que es desatinado argumentar que las tareas que desempeñaba fueran consideradas como actividades transitorias dentro de las obligaciones que posee la administración municipal para con su ciudad, siendo ese un error conceptual puesto que en ningún momento, su parte expuso que las tareas indicadas sean transitorias o no esenciales, lo transitorio es la necesidad de contratar personal extra para realizarlas.
Plantea que resulta totalmente descabellado pretender encuadrar el cese del actor como violatorio del DNU Nacional por el que se dispone la prohibición de los despidos incausados durante la emergencia sanitaria, puesto que el actor es designado por tiempo determinado durante la vigencia de la mencionada normativa nacional, y que al actor no se lo despide, sino que se culmina una contratación que establecía un plazo cierto -el actor fue nombrado mediante Decreto Municipal N°116/2021 para desarrollar tareas en el área de la Secretaria de Servicios Municipales desde el 1 de marzo 2021 hasta el 31 de Marzo 2021-, finalizado el nombramiento, y no existiendo tareas a asignarle no se produjo su designación para el mes de abril 2021.
Resalta que nunca se lo despidió, por lo que no existe violación alguna a lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 329/2020 y concordantes.
Por otra parte, se pronuncia en cuanto a la normativa aplicable por parte de la Comuna, diciendo que en la Municipalidad de Suipacha rige desde el año 2016 el Convenio Colectivo aplicable a las relaciones laborales municipales, el que se encuentra convalidado por Ordenanza y registrado ante el Ministerio de Trabajo desde ese mismo año. Dice que lo aclara porque el actor parece desconocer que el articulado de la Sección III de la ley 14.656 se aplicará solo en el caso de no existir CCT, resaltando que el régimen supletorio de Empleo Municipal establecida en la ley 14656, dispone en su artículo 65 que las relaciones de empleo público de los trabajadores municipales se rigen supletoriamente siempre que dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la ley no se hubiera sancionado ordenanza municipal reglamentando un régimen de empleo municipaló no se hubiese suscripto un Convenio Colectivo de Trabajo.
Afirma que el Municipio suscribe el CCT, con fecha 05/01/2016, siendo convalidado desde el 06/01/2016, por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 2270/2016 que fue promulgada por el Decreto 22/2016.
Finalmente, impugna la liquidación efectuada por el Sr. Azcona, diciendo que sin perjuicio de la inexistencia que refiere en cuanto al despido, ante el improbable caso de que se haga lugar a lo solicitado, se impugna la misma por la supuesta fecha de ingreso denunciada por el actor en la liquidación en 1/1/2013, lo que le generaría una antigüedad de 8 años y 3 meses. Justo -afirma la Comuna-se encuadra la posibilidad de reclamar 9 años de antigüedad al pasar (según sus cálculos) el periodo de 3 meses para exigir un año más de indemnización, no aportando prueba alguna que determine ese supuesto ingreso
En lo que respecta al daño moral reclamado, dice que el actor se limita a reclamar arbitraria, desprolija y "por si pasa" (textual) la suma de $250.000, sin que se pueda contraatacar (en el caso de no ser correctos) sus argumentos porque no los expone.
Por último, ofrece prueba y peticiona.-
III. Transitada la etapa de prueba conforme lo dispuesto en la audiencia realizada conforme el art. 41 del CPCA, en fecha 9 de agosto de 2022 se llama autos para alegar, presentando su alegato la actora en fecha 23/01/2023 y la demandada en fecha 1°/02/2023. Finalmente, en fecha 16 de febrero de 2023, se llama autos para sentencia, y
1. Que el actor, solicita la declaración de nulidad del acto administrativo comunicado mediante CD38121012 de fecha 08/04/2021, mediante el cual "se dispuso su cesantía" (sic), solicitando también se declare la nulidad del decreto municipal 116/2021 de fecha 26/02/2021.-
De los términos de la pretensión articulada, es posible extraer que el accionante, alega que las tareas desarrolladas ante la comuna de Suipacha no eran aquellas propias del trabajo temporario y que, al no darse cabal cumplimiento con lo dispuesto por el 70 inc. 2 de la Ley 14.656 -el que se aplica subsidiariamente al no prever el CCT del Municipio accionado la mentada situación-, corresponde la reincorporación en su cargo, en carácter de planta permanente.
Asimismo, peticiona una indemnización por dañ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.