Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78987
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.987, "Pobliti, Mónica Fernanda c/ Municipalidad de Pergamino y otro/a s/ pretensión indemnizatoria-Empl. Público-RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, rechazó el recurso deducido por la actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda promovida.
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido.
Dictada la providencia de autos para resolver, presentado el memorial por la demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Mónica Fernanda Pobliti entabló una pretensión indemnizatoria contra la Municipalidad de Pergamino y la Asociación Cooperadora Centros de Atención Educativos Sanitarios, a fin de obtener el reconocimiento y pago de diferencias monetarias e indemnizaciones, fundamentando su derecho en su calidad de proveedora independiente que presuntamente debía percibir el 15% del total de la facturación que la Cooperadora ingresaba por el "Seguro Materno Infantil Provincial" (Plan Nacer/Programa Sumar), alegando que el municipio omitió el pago de dicho porcentaje y otros montos adeudados por los servicios prestados durante el período en disputa.
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Pergamino, al momento de sentenciar, efectuó una compulsa de la prueba producida. Aclaró preliminarmente que la magistratura no se encuentra obligada a tratar la totalidad de los argumentos de las partes, sino únicamente aquellos pertinentes para la resolución del litigio, bastando con ponderar los elementos probatorios conducentes para fundar sus conclusiones.
Asimismo, recordó la vigencia del principio iura novit curia , por el cual los jueces no están atados a la calificación jurídica que los litigantes asignen a sus pretensiones, poseyendo la facultad de suplir el derecho erróneamente invocado o aplicar el que mejor se ajuste a la plataforma fáctica, siempre que ello no altere los hechos de la demanda.
I.2. Al analizar las pretensiones de la actora, específicamente respecto al reclamo del 15% de la facturación del "Seguro Materno Infantil Provincial", consideró dirimente determinar el régimen jurídico del vínculo.
Señaló que la relación entre la comuna y sus dependientes —al momento de los hechos— se regía por el derecho público, concretamente, por la ley 11.757 (actualmente por la ley 14.656).
Remitió a los arts. 12 inc. "d" —personal contratado— y 92, que define al personal temporario mensualizado o jornalizado, así como al art. 97, delimitando así el plexo normativo aplicable. Explicó que la Administración goza de la facultad legal de contratar personal temporario.
I.3. Eso establecido y sobre la base del informe técnico contable, el magistrado concluyó que no existía documentación que acreditara un acuerdo de partes que fijara el 15% del total facturado como pauta remunerativa a favor de la señora Pobliti.
En cuanto al reclamo por las tareas presuntamente cumplidas entre septiembre de 2015 y marzo de 2017, el juez destacó que la factura emitida y remitida constituye prueba fundamental en juicio. Sin embargo, constató la inexistencia de facturas emitidas por la actora o recepcionadas por la demandada que avalaran los trabajos en dicho período.
Descartó la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, al entender que la demandada no se hallaba en mejores condiciones que la actora para probar la emisión de tales comprobantes.
El sentenciante de grado subrayó que tal omisión probatoria limitaba el alcance de la decisión, pues pesaba sobre quien dedujo la pretensión la carga de demostrar los hechos invocados.
Consecuentemente, al desestimarse el derecho a la percepción del porcentaje reclamado, rechazó también el pedido de resarcimiento por supuestas diferencias, por encontrarse dicha pretensión supeditada a la principal.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás confirmó el fallo de primera instancia al declarar desierto el recurso de apelación de la actora.
Para así decidir, el Tribunal juzgó que la pieza recursiva no satisfacía la exigencia de una crítica concreta y razonada del fallo impugnado.
En tal sentido, advirtió que la apelación se limitaba a reiterar lo expuesto en la demanda y a manifestar un mero disenso con la valoración probatoria, sin aportar argumentos suficientes para rebatir la sentencia.
El Tribunal de Alzada señaló que, si bien la recurrente se agraviaba de la valoración de la prueba pericial y testimonial, el juez de grado había fundado su decisión en que no se acreditaron los extremos invocados, ni se había demostrado el contrato en los términos afirmados, como tampoco se hallaron las facturas reclamadas.
Destacó que el desacuerdo subjetivo de la recurrente con la apreciación probatoria del iudex no bastaba para desvirtuar el razonamiento judicial.
Recordó la amplia libertad de los jueces en la valoración de la prueba, siempre que no incurran en absurdo, vicio que no se verificó en autos dado el análisis pormenorizado de pericias, documentos y testimonios efectuado en la instancia de origen.
Por tales fundamentos, declaró desierto el recurso conforme al art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo e impuso las costas a la actora vencida.
III. Frente a este pronunciamiento adverso, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Se agravia, en primer término, de la declaración de deserción del recurso de apelación, alegando que la Cámara omitió analizar su escrito, en el cual afirma haber señalado pormenorizadamente los errores de valoración fáctica, probatoria y de aplicación del derecho del juez de primera instancia. Sostiene que tal decisión vulnera su derecho de defensa (art. 18, Const. nac.), al privarla de una doble instancia de revisión.
La recurrente insiste en el "principio de congruencia", aduciendo que ambas partes reconocieron la prestación de servicios independientes y su inscripción como "proveedora".
Afirma haber facturado durante cinco años —hecho que considera no controvertido— y niega haber invocado las normas de empleo público actuadas por el juzgador.
Advierte que la aplicación del principio iura novit curia no habilita a modificar la naturaleza de la relación contractual.
Asimismo, cuestiona el rechazo del monto reclamado, tildando de arbitraria la conclusión del juzgador y exigiendo la aplicación de las normas del Código Civil y Comercial. Argumenta que se omitió valorar el comportamiento histórico de las partes, durante el cual se abonó dicho porcentaje de forma pacífica.
Critica también que se haya desestimado el pago de facturas por falta de colaboración, calificando tal razonamiento de absurdo por apartarse de las constancias de la causa.
Denuncia la violación de la tutela judicial efectiva y del principio in dubio pro actione , citando doctrina de esta Corte sobre el acceso a la jurisdicción.
Finalmente, alega la infracción de los arts. 957, 959, 961 y concordantes del Código Civil y Comercial, insistiendo en que, aun si se calificara el contrato como administrativo, no debe alterarse su derecho de propiedad ni la retribución pactada.
IV. El recurso no prospera, dada su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
IV.1. El fundamento central de la Cámara para confirmar la sentencia de grado fu e la declaración de deserción del recurso de apelación, con sustento en el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo. Esto mismo, al considerar que la expresión de agravios carecía de una crítica concreta y razonada.
El Tribunal de Alzada destacó que la apelante se limitaba a insistir en su propia valoración probatoria y en el encuadre jurídico, sin demostrar el absurdo en el razonamiento del juez de primera instancia.
IV.2. Esta Suprema Corte ha sostenido invariablemente que la valoración sobre la suficiencia del escrito de expresión de agravios es una cuestión de hecho, propia de los jueces de grado y ajena a la instancia extraordinaria, salvo supuesto de absurdo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado (doctr. causas A. 70.126, "Trillo", sent. de 21-V-2010; A. 71.558, "Gónzález", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodríguez", sent. de 17-V-2017; A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018; A. 75.051, "Goycochea", sent. de 23-II-2021; e.o.).
En el sub lite , la impugnante no logra acreditar tal vicio lógico. Si bien denuncia el absurdo y cuestiona la decisión de la Cámara de declarar desierto su recurso, su argumentación se limita a reiterar los mismos fundamentos vertidos en la instancia ordinaria.
No consigue rebatir el argumento dirimente del fallo de Alzada: la insuficiencia técnica de su apelación. Lejos de demostrar dónde reside el desvío lógico del Tribunal al juzgar su memorial como insuficiente, la recurrente vuelve sobre la calificación jurídica del vínculo y la valoración de la prueba de origen.
Las alegaciones sobre la violación de la garantía de acceso a la jurisdicción y la doctrina legal resultan por demás ineficaces, pues no explican de qué manera concreta se habría vulnerado dicho derecho, quedando en meras enunciaciones que no conmueven el fundamento del rechazo. Del mismo modo, deviene fútil la invocación de normas del Código Civil y Comercial y la insistencia en un encuadramiento contractual determinado.
En definitiva, si bien la actora afirma haber confrontado los argumentos del fallo, en realidad solo manifiesta su disenso, tanto con la calificación jurídica como con la apreciación de la prueba, ambos aspectos reservados a la instancia y que aquí no hacen estrictamente al contenido del pronunciamiento apelado.
IV.3. Reiteradamente ha establecido este Tribunal que si el Tribunal de Alzada, en uso de sus facultades privativas, considera que la expresión de agravios no reúne los requisitos legales, el recurso extraordinario que no demuestre el absurdo de esa conclusión específica deviene ineficaz (doctr. causa A. 74.934, "Super Merced S.A.", sent. de 29-V-2019).
La ausencia de una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo impugnado deja incólume la decisión.
Por ende, con independencia del acierto o error de lo resuelto sobre el fondo, la falta de una impugnación idónea contra la declaración de insuficiencia de la expresión de agravios sella la suerte del recurso en esta instancia extraordinaria (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 20-VI-2001; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; C. 106.831, "Rodríguez", sent. de 9-XI-2011; A. 75.499, "Falabella", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
V. Lo expuesto evidencia la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que impone su rechazo (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:27:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:40:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 17:52:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:03:12 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 12:37:57 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 12:42:22 hs. bajo el número RS-65-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia