Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Junín, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Tribunal de Trabajo departamental, con asiento en Chacabuco, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.77.138 “IGNACIO MONICA ROSANA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Mónica Rosana Ignacio deduce una pretensión indemnizatoria contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), con el fin de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios que asegura haber sufrido (angustia, agorafobia, trastorno adaptativo laboral, e.o.) ante la falta de servicio de la entidad bancaria que se habría visto configurado como consecuencia del acoso laboral del cual alega fue víctima.
Según refiere, tras prestar óptimamente labores en diversas sucursales de la entidad, fue trasladada, en el año 2014, a una de las dependencias del BAPRO localizada en la ciudad de General Pinto, donde se desempeñó como subgerenta operativa. Destaca, en ese sentido, que una de sus funciones consistía en velar por la supervisión diaria de todo el personal en dicho establecimiento (v.gr., a través del señalamiento de errores o advertencias).
Asegura que en el ejercicio de esas facultades se suscitaron determinados episodios conflictivos con catorce empleados a su cargo, quienes se habrían resistido al cumplimiento de las órdenes por ella impartidas. Entiende que este incidente, además de develar la falta de apoyo por parte de sus superiores jerárquicos, dejaría entrever el proceder irregular de éstos sobre el asunto.
En vista de ese panorama que la habría motivado a peticionar anticipadamente su jubilación y luego de que formulara el descargo administrativo frente a distintas acusaciones recaídas sobre su persona, decidió promover la presente acción en tanto advierte que es el último resorte con el que cuenta para hacer valer sus derechos (cfr. primer documento adunado a su escrito electrónico de fecha 21-V-2019).
II.1. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Junín.
Ello así, habida cuenta de las alegaciones esgrimidas por la actora en su escrito inicial que hablan de la existencia de distintos daños que habría sufrido (psíquico y moral) en el marco de la relación de empleo público que la unía con el BAPRO.
El titular de esa dependencia jurisdiccional, tras intimar a la actora para que procediera a digitalizar tanto su escrito inicial como la documentación acompañada y del requerimiento de esta última para que mantenga su competencia por la materia "...típicamente administrativa" en juego, se inhibió de entender en el asunto.
Para así decidir, contempló el tratamiento dado por los tribunales del trabajo a la figura del acoso laboral ( "mobbing" ), poniendo especial énfasis en el hecho de que "...no es la naturaleza del órgano actuante lo que determina la competencia contencioso administrativa, sino la índole del derecho que se denuncia vulnerado". Por consiguiente, remitió las actuaciones al tribunal de aquel fuero departamental (v. resol. electrónica de fecha 17-II-2020).
II.2. Una vez recaídos los autos en el órgano colegiado y con posterioridad a la solicitud efectuada por la demandante para que el tribunal se expidiera en torno a su competencia debido al tiempo transcurrido desde la recepción del expediente, sus integrantes se pronunciaron, declarando su incompetencia.
En lo sustancial, y de forma unánime, merituaron la vinculación de empleo público existente entre las partes derivada de la naturaleza pública que así le confiere su Ley Orgánica a la entidad bancaria provincial, la responsabilidad administrativa y/o disciplinaria que le es endilgada a esta última y "...los principios y normas de derecho administrativo desarrollados de manera pretoriana por la jurisprudencia" en materia de responsabilidad del Estado (cfr. sentencia interlocutoria de fecha 23-III-2021).
Tales razones condujeron a que sus miembros plantearan la contienda negativa de competencia que, habiendo sido elevada en primer término a la Secretaría Laboral de este Tribunal, quedó radicada -finalmente- en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para que sea resuelta (art. 7 inc. 1, CCA) (v. despacho electrónico de fecha 17-V-2021).
III. Esta Corte tiene dicho que es competencia del fuero en lo contencioso administrativo entender y resolver en las controversias originadas por la actuación o la omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el artículo 166 de la Constitución provincial. En particular, les corresponde decidir los litigios suscitados en el marco de la relación de empleo que liga a la administración con sus agentes (arts. 166, in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. causas B. 64.686, "Bracone", resol. de 23-X-2002; B. 67.466, "Crowe De De Paez", resol. de 9-II-2005; B. 69.469, "Pizarro", resol. de 2-VII-2008 y B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021).
De ahí y sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión, se advierte la configuración de un caso administrativo (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020 y B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
IV. En efecto, de la pretensión deducida (daños y perjuicios por la supuesta falta de servicio de la entidad bancaria provincial) y de los hechos expuestos en su escrito postulatorio (la actora habría prestado, por más de 32 años, diferentes labores en varias sucursales de la entidad provincial) surge que la relación que unió a las partes es de empleo público. Así es que, en su presentación del 3 de enero del año 2020, la reclamante insiste con que la competencia corresponde al juez primigenio en atención a que la responsabilidad se habría generado por el ejercicio irregular de la función administrativa.
Para más, cabe señalar el convenio de jubilación anticipada celebrado entre el presidente de la entidad financiera demandada y la actora, el cual se circunscribió al régimen previsional para el personal de del ente provincial que contempla el artículo 78 de la ley 13.873 -actual art. 58 de la ley 15.008- (véase tercer documento adjunto al escrito electrónico de fecha 21-V-2019).
V. Bajo esos lineamientos, siendo que la acción de resarcimiento se dirige contra uno de los sujetos a los que mienta la cláusula general del contencioso administrativo (arts. 166, in fine , Const. prov. y 1, CPCA) y, además, se promueve en el marco de una relación de empleo público, la controversia subsume en la regla del artículo 2 inciso 4 de la ley 12.008.
Según ella, corresponden al conocimiento de la justicia especializada las controversias que versen sobre la responsabilidad de entes públicos estatales previstos en el artículo 1 de dicha ley, regidas por el derecho público, aunque se invocaren o aplicaren por analogía normas de derecho privado (doctr. causa B. 74.869, "Costas", resol. de 21-II-2018 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Junín, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Tribunal de Trabajo departamental, con asiento en Chacabuco, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2021 18:44:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2021 09:48:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2021 13:32:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 09:56:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 14:08:27 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia