Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Matanza (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.978 “RUEDA RUBEN MARTIN C/ GONZALEZ DANIEL OSCAR Y OTROS S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL. PUBLICO - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Rubén Martín Rueda, promueve demanda contra el señor Daniel Oscar González, la señora Ana María Reyes, la Asociación Cooperadora del Hospital Interzonal General de Agudos “Doctor Pedro Fiorito” y la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener una indemnización por despido injustificado, preaviso, salarios adeudados, aguinaldos, vacaciones y aportes, como así también el resarcimiento previsto en las leyes 24.013 y 25.323, más intereses y costas.
Al respecto, relata que en agosto del año 2011 comenzó a realizar tareas de carpintería, construcción, refacción y reparación bajo relación de dependencia laboral con el primero de los codemandados. En este contexto, explica que el señor González fue contratado para llevar a cabo ciertos trabajos en el inmueble donde funciona el Hospital Interzonal General de Agudos “Doctor Pedro Fiorito”, donde se instalaron distintos elementos bajo la supervisión técnica de la Arquitecta Ana María Reyes, quien se desempeñaba en el cargo de Tesorera en la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora demandada.
En dicha oportunidad, refiere haber sufrido un accidente al caer de una altura superior a los 4 o 5 metros mientras colocaba unos ventanales en altura sin la debida protección, lo que le provocó lesiones graves y la consecuente culminación del vínculo laboral que lo unía con el señor González.
II. La causa se inició ante el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Matanza. En lo que aquí concierne, corrido el pertinente traslado de la demanda incoada, se presentó el apoderado del señor Fiscal de Estado y opuso excepción de falta de legitimación pasiva (v. fs. 96/101).
No obstante ello, sin abocarse al tratamiento de la defensa articulada por la Provincia, se citó a una audiencia conciliatoria y, no habiendo las partes arribado a un acuerdo, se dio vista al agente fiscal a fin de que se expida sobre la competencia para entender en el caso (v. fs. 136/137).
Emitido el dictamen, los miembros del Tribunal se inhibieron de conocer en el asunto, por considerar que se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado en lo contencioso administrativo, en tanto el actor procuraba hacer efectiva la responsabilidad de la Provincia, “la cual se encuentra regida por principios y normas de derecho público” (v. fs. 145/146).
En consecuencia, el expediente fue remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, cuyo titular optó por recurrir al resorte de la escisión de las pretensiones a fin de preservar la competencia material involucrada en la materia. De esta manera, se rehusó a intervenir en el marco de la acción enderezada contra el señor Daniel Oscar González, la señora Ana Maria Reyes y la Asociación Cooperadora del Hospital “Fiorito”, más asumió su jurisdicción en relación a la demanda incoada contra la Provincia de Buenos Aires (v. resol. de 25-X-2021).
Contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio. Sin embargo, luego desistió tanto del remedio impetrado como del litigio entablado contra la Provincia (v. presentación electrónica de fecha 20-XII-2021).
Frente a esto, el magistrado actuante planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; e.o.).
Como quedó relatado, en la especie el Tribunal de Trabajo asignado a la causa no sólo recibió las actuaciones y corrió traslado de la demanda (v. fs. 43), sino que convocó y celebró una audiencia conciliatoria entre las partes (v. fs. 115 y 136, pese a la oposición formulada por el apoderado del señor Fiscal de Estado (v. fs. 125), para luego declararse incompetente de forma oficiosa, sin siquiera adentrarse en el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Provincia demandada (v. 96/101). En tales circunstancias, se advierte que lo actuado por el referido órgano luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas, razón por la cual cabe concluir que su declaración de fecha 14 de septiembre de 2017 fue intempestiva (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 75.169, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.396, "Lupacchini", resol. de 7-XI-2018 y B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018).
IV. Ahora bien, sin perjuicio de que los fundamentos hasta aquí esbozados resuelven el conflicto, corresponde precisar que igual solución se arribaría en cuanto a la determinación de la competencia ratione materiae , dada la forma en la que ha quedado circunscripta la controversia.
Esto pues, en el sub lite el actor persigue el cobro de una indemnización por despido injustificado, basando su reclamo en la existencia de un contrato de trabajo no registrado y en el presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo de su empleador, desistiendo expresamente de la acción articulada contra la Provincia de Buenos Aires. Así las cosas, luce evidente que la cuestión aquí planteada deberá ser resuelta acudiendo a normas y principios de derecho laboral y que, de acuerdo al estado actual del pleito, no existen motivos plausibles por los cuales este proceso deba ventilarse en el fuero especializado en lo contencioso administrativo (art. 4 inc. 1, CCA).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Matanza el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de La Matanza (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:22:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:38:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:53 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:29 hs. bajo el número RR-614-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia