Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79035
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°21 departamental.
B.79.035 "GONZALEZ MIGUEL ANGEL C/ CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. EMPL. PUBLICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. Migue Ángel González, a través de su apoderado y de conformidad con el art. 12 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, promueve acción indemnizatoria contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -Servicio Penitenciario- y la Caja de Seguros SA, a fin de que de que se haga cumplir el contrato de seguro colectivo que celebraren las codemandadas destinado a beneficiarlo a él y a otros tantos empleados públicos. Paralelamente, en el caso de no llevarse a cabo lo mencionado, solicita el pago, en concepto de daños y perjuicios, de la suma que estima corresponderle con motivo de la incapacidad total y permanente funcional que dice padecer, la cual no habría sido reconocida por la aseguradora tras su cese como Suboficial mayor.
Al respecto, entiende que en la especie se habrían violado, entre otras cosas, los deberes de información que surgen de la Ley de Defensa del Consumidor -ordenamiento que considera aplicable al sub lite- , así como también un supuesto recaudo que mandaba la concurrencia de al menos tres oferentes para llevar adelante la licitación. Finalmente, en ese orden, alega la falta de servicio genérico por parte del Estado de acuerdo a lo establecido por el art. 1112 del hoy derogado Código Civil (fs. 17/35).
II. La causa, dado los términos en los que se había planteado la demanda (v. apdos. II y III), fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata, cuya magistrada subrogante, luego de la aclaración formulada por el reclamante y de recibidas las actuaciones administrativas, confirió traslado de la demanda (cfr. despacho electrónico de fecha 28-X-2016).
En oportunidad de responderla, la compañía aseguradora opuso, juntamente con la de prescripción, una excepción de falta de legitimación pasiva y activa (v. escrito electrónico de fecha 2-V-2017).
Por su parte, al tiempo de comparecer al proceso, la apoderada fiscal también hizo lo propio, articulando, además de una defensa de falta de legitimación pasiva y de prescripción, una excepción de incompetencia sustentada en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, pues entendió que el reclamante contaba con dos vías judiciales para hacer valer sus pretensiones, como lo eran: 1) la justicia civil y comercial en cuanto a lo principal (cumplimiento de un contrato de seguro); y 2) la laboral respecto a la subsidiaria (indemnización por incapacidad laboral) -v. presentación electrónica de fecha 21-III-2018-.
Interesa reseñar que, después de dar curso a distintas diligencias procesales (p.ej., correr traslado de las defensas articuladas de fecha 22-III-2018, desparalizar las actuaciones de fecha 6-II-2019, tener por presentada a la Agente Fiscal titular de la Fiscalía de Transición y Ejecución Penal departamental con fecha 14-II-2019 y de tener por contestados los respectivos remedios impetrados de fecha 6-III-2020 -oportunidad en la que la parte actora también solicitó la remisión de los actuados al fuero civil y comercial-)-, la jueza interviniente decidió rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva del Estado provincial en cuanto no resultaba manifiesta -al menos en la etapa liminar del proceso en la que estaba siendo planteada- y, a renglón seguido, declaró su incompetencia.
Para resolver de esa manera, consideró -con cita en precedentes de este Tribunal que estimó aplicables al caso por analogía- que la acción tenía por objeto el cobro de una suma de dinero en concepto de indemnización por incumplimiento contractual y que, por tal virtud, el pleito estaba regido por la exclusión del art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Agregó, además, que el temperamento adoptado no podía verse alterado por un eventual incumplimiento por parte del Estado provincial en relación al decreto 785/04, en tanto "....éste, en el contexto de autos, no regula las relaciones entre el administrado y la administración, sino que posee un carácter intra administrativo al establecer ciertas reglas a seguir por parte de sus funcionarios en la contratación de seguros de cuyo incumplimiento no podría derivarse el daño alegado por quien demanda" ( sic ) -v. resol. electrónica de fecha 29-VII-2020-.
De ahí que, pese al recurso de apelación interpuesto por la representante fiscal cuestionando el decisorio de la magistrada actuante -pero solo en lo relativo a la excepción que había sido rechazada, no obstante el posterior pronunciamiento declinatorio- (v. escrito electrónico de fecha X-VIII-2020) y de que esta última concediera el requerimiento recursivo (v. despacho electrónico de fecha 13-VIII-2020), los obrados recayeron -atento a las presentaciones efectuadas por el demandante (cfr. escritos electrónicos de fecha 24-X-2022 y 23-VI-2023) y con el pase previo de la Receptoría General- en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº21 departamental.
Al recibirlos y advirtiendo " prima facie " su incompetencia para entender en el asunto, el titular del órgano giró el expediente a su tribunal de alzada a los efectos de que se diera tratamiento al recurso interpuesto en fecha 10-VIII-2020 (v. proveído electrónico de fecha 14-VII-2023).
Habiendo salido sorteada la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental, sus integrantes, afirmando que en autos se había trabado un conflicto de competencia entre los órganos previnientes, remitieron los actuados a esta Suprema Corta para que lo dirima, los cuales, tras ser elevados a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia, quedaron radicados en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 7 inc. 1, CCA) -v. proveído electrónico de fecha 20-X-2023-.
III. Preliminarmente, es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte en virtud de la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, toda vez que no hubo un pronunciamiento formal por parte del juez en lo civil y comercial declinando su competencia y tampoco ha tomado intervención la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata para expedirse sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado con fecha X-VIII-2020, el cual fuera concedido por la jueza de aquel fuero, razones de economía y celeridad procesal recomiendan una decisión definitiva sobre el órgano competente para conocer y decidir en el asunto.
IV. Cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia de la magistrada pertenciente al fuero contencioso administrativo.
IV.1. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV.2. Sobre la base de lo expuesto, cabe ponderar que en el sub examine el actor persigue que se dé cumplimiento con un contrato de seguro por incapacidad total y permanente que tomase a través de su entonces empleadora, el Servicio Penitenciario bonaerense, cuyo beneficio a la postre no habría sido abonado por la co-contratante Caja de Ahorro y Seguro SA. Entre otras cosas, se aduce que dicho contrato -tildado por el reclamante de "administrativo"- fue gestado en violación al ordenamiento legal vigente, a la par de haberse obviado el deber de información que venía impuesto por la LDC, en su relación con los términos específicos del seguro.
Así planteados, los hechos del caso se asemejan -ya sea por las partes involucradas como por la cuestión debatida- al precedente "Clauser" (causa B. 75.904, resol. de 11-IX-2019), en el cual se concluyó que, por las singularidades que presentaba dicho litigio vinculadas a la supuesta inobservancia del decreto 785/04, al rol que esa normativa le asigna a Provincia Seguros SA para intermediar en distintas clases de coberturas en el marco de las relaciones de empleo público provincial, como también, a los vicios que se denunciaban con relación al procedimiento de contratación del Estado con la Caja, debía ser la justicia contencioso administrativa la que conociera y decidiera en el asunto (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CCA).
Frente a todo esto, sin que quepa expedirse acerca de la naturaleza jurídica del contrato de referencia, es evidente que dichas particularidades se replican en la especie (véanse apdos. "B.1" y "B.6" del escrito electrónico de fecha 6-III-2020 y apdo. II, párr. VI, de la demanda).
Ello distingue al presente caso de la línea jurisprudencial en virtud de la cual la jueza en lo contencioso administrativo fundó su declinatoria, en la medida en que en ellos se declaró la competencia a favor del fuero civil y comercial por tratarse -lisa y llanamente- de incumplimientos contractuales relacionados a un seguro de vida colectivo que, por tanto, al estar regidos primariamente por el derecho privado -en particular, por la ley 17.418-, resultaban ajenos - ratione materiae - al ámbito de competencia asignado al fuero contencioso administrativo (cfr. art. 4 inc. 1, CCA).
V. Por las razones expuestas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe interviniendo en el asunto, el cual, una vez recibido el expediente, lo deberá elevar a su tribunal de alzada para tratar el recurso de fecha X-VIII-2020.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría se radicará allí el expediente electrónico para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°21 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:58:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 14:18:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 08:49:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 09:16:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/04/2024 09:20:17 hs. bajo el número RR-287-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia