Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.76.509 “BUIATTI MARIA LAURA Y OTRO/A C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari dijeron:
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno desestimó la pretensión anulatoria deducida por María Laura Buiatti y Fernando Damián Nazar contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se deje sin efecto la exoneración dispuesta, pretendiendo también la reincorporación al cuerpo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el pago de los salarios retenidos, más los daños y perjuicios ocasionados.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, la Cámara interviniente adelantó que respecto de la pretensión anulatoria, el decisorio de grado debía ser confirmado.
Ello por cuanto, frente al primer argumento de la apelación por el cual los actores alegaron una errónea interpretación de las probanzas, una actitud desequilibrada en su ponderación y una serie de planteos vinculados con las constancias del procedimiento sumarial, el Tribunal de Alzada advirtió que aquellos embates no habían sido articulados oportunamente ante la Administración, no obstante haber los agentes, participado del sumario.
Resaltó asimismo que no habían desplegado actividad probatoria propia dirigida a desacreditar las constancias tenidas en consideración por el auditor sumarial en el auto de imputación y que culminaron con los actos administrativos segregativos cuya nulidad invocan.
Por otra parte recordó, en ánimo de destacarlo frente al planteo de los apelantes, que la acusación enrostrada en el sumario, no fue la comisión de un ilícito (el que fuera objeto de la IPP 4372/10, Causa n° 269/2012) sino de la falta que prevén los artículos 205 inciso "o" y 208 inciso "h" del Decreto n° 1050/09, esto es, la comisión -por acción u omisión- todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al personal policial por las normas que rigen su actuación.
Consideró asimismo, frente al agravio de los actores en cuanto alegaban la falta de valoración del testimonio de otro agente policial, que coincidía con el razonamiento brindado por el magistrado de primera instancia, por cuanto los elementos que fueron ponderados para ello tenían suficiente sustento respaldatorio, siendo a la vez los que tuvo en cuenta la Administración en el procedimiento sumarial sin que, en vista al carácter de "juicio pleno" del presente, se hubieren agregado otros que, desvirtuándolos, pusieran en crisis la racionalidad y razonabilidad que muestran.
Con similar argumento el Tribunal de Alzada rebatió la otra arista abordada por los recurrentes al plantear su disconformidad a lo resuelto por señor el juez de grado en cuanto había estimado que los actos administrativos impugnados en autos se ajustaban a un estándar de razonabilidad, fundando nuevamente sus embates en que no se encontraban probados los hechos que los anteceden.
Por último, en virtud de la solución arribada la a quo aclaró que no correspondía abordar el planteo de los recurrentes respecto a las pretensiones indemnizatorias en tanto no se encontraba configurada la actividad ilícita estatal.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. sent. de fecha 2-IV-2020).
II. Frente a ello, los actores vencidos, mediante presentación electrónica de fecha 20-V-2020 a las 11:44:25 a.m., interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal por el que básicamente cuestionan la valoración de algunos elementos de prueba producidos en la causa y alegan en consecuencia violación de la normativa imperante en la materia.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
Al respecto cabe señalar que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el inmpugnante se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante dejando sin réplica los fundamentos del fallo atacado (doctr. causas A. 73.477, "Basualdo", resol. de 22-IV-2015, A. 74.269, "Zamparolo", resol. de 10-VIII-2016, entre otras).
En tal sentido se evidencia que el remedio traído a este Tribunal, no pasa de constituir una enumeración de algunas medidas probatorias cuya valoración se cuestiona, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras). Tal agravio se configura cuando se acredita la existencia de un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019; A. 74.664, "Jose", resol. de 22-V-2019).
IV. 3. No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada respecto de la violación de los arts. 384, 385, 456, 474 de C.P.C.C., art. 108 primer párrafo de la ley 7647/70 y art. 7 inc. 2 de la ley 19.549.
Sobre el particular debe recodarse que este Tribunal tiene dicho que quien denuncia la violación de preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor.
Dicha carga no es adecuadamente satisfecha por el recurrente si sus agravios, en este sentido, no pasan del mero enunciado y una escueta exposición discrepante, sin lograr demostrar las trasgresiones que denuncia (doctr. causas A. 71.561; A. 73.265; A. 73.545, cits., entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:13:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:07:17 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:22:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 14:57:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2020 07:56:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia