Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77486
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.486, "Gaggero, Jorge Alejandro contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión indemnizatoria - Empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Maidana, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado que a su turno admitió la acción promovida y condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor una suma de dinero en concepto de indemnización, a determinarse de conformidad con el régimen establecido en los arts. 11 y 30 inc. "b" de la ley 10.430, con más intereses; y a su vez desestimó, por mayoría, la apelación deducida por la parte demandada (sent. de 10-VIII-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento el apoderado del Banco demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido con fecha 26 de octubre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver el 15 de junio de 2022 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La jueza de primera instancia admitió la pretensión indemnizatoria promovida por Jorge Alejandro Gaggero, condenando a pagar al Banco de la Provincia de Buenos Aires una suma de dinero, más sus intereses -conforme al régimen establecido en los arts. 11 y 30 inc. "b" de la ley 10.430-, en concepto de indemnización por los daños ocasionados a partir del cese comunicado en forma unilateral por la entidad bancaria demandada, de la relación de empleo público como Personal de Gabinete que cumplía el actor, en razón de la disolución del Directorio que dispuso su designación.
Para así decidir, ponderó que el Banco extendió por casi quince años el vínculo laboral con el demandante mediante la celebración de sucesivos contratos por tiempo determinado, en forma ininterrumpida, y que al disponerse el cese en forma unilateral, y sin ningún tipo de resarcimiento pecuniario, denotó una actuación carente de razonabilidad, generando una expectativa de estabilidad laboral. Citó como fundamento de su decisión el precedente de esta Suprema Corte A. 69.913, "Villafañe", de 13 de noviembre de 2012.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, desestimó los recursos deducidos por ambas partes, y confirmó la sentencia de grado.
Entendió que las particulares circunstancias del caso, expuestas en una continuidad laboral del actor por más de quince (15) años -del 14 de marzo de 2000 al 12 de diciembre de 2015- (dictamen pericial de fs. 397/398), junto a la doctrina legal de esta Suprema Corte, a partir del precedente "Villafañe" (SCBA A 69.913), según el Tribunal de Alzada análogo al presente, fueron el fundamento para decidir en ese sentido.
Estimó que de las constancias agregadas a la causa surgía el marco normativo aplicado a los contratos conforme los arts. 2, 6 inc. "a" y "b", 7 y 9 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Agregó que las sucesivas designaciones reconocían a dichos convenios como fuente continua de sostén. Específicamente, por el período transcurrido entre el 16 de marzo de 2000 y el 20 de junio de 2002 en los términos de la resolución 2.503/99 (régimen para el personal de gabinete, fs. 128/130 y 131); a partir del 20 de junio de 2002 y hasta el 12 de enero de 2012, con el encuadre en los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y un último periodo, del 12 de enero de 2012, hasta el cese, conforme los arts. 6 inc. "a" y 7 del mencionado cuerpo legal.
Consideró que en ese contexto no puede sostenerse que el régimen aplicable al actor, durante los periodos mencionados, haya sido el de los arts. 6 inc. "a" y 7 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Ponderó que la prestación laboral fue requerida con continuidad por la institución financiera y que los testimonios corroboran una habitualidad que resultaba de la misma situación de revista del señor Gaggero (v. fs. 200/202 del cuaderno de prueba y 375/378 del principal).
Señaló, al igual que la jueza de primera instancia, que resulta de aplicación la doctrina legal de esta Corte en el caso "Villafañe", causa A. 69.913, sentencia de 13-XI-2012, cuyos argumentos transcribió, y en ese orden de ideas, estimó que más allá de las diferencias relativas a las labores desempeñadas por el aquí actor respecto de las del demandante en aquel precedente, en ambos casos, la continuidad laboral por tiempos tan prolongados resulta reveladora de una necesidad continua por parte del principal, lo cual sería suficiente para otorgarle una indemnización en los términos señalados.
Destacó, con relación al planteo de prescripción que rechazara la sentencia, que el hecho generador de la responsabilidad patrimonial atribuida a la demandada, mostraba una continuidad laboral con fecha de inicio al tiempo de la primera designación y con fin al momento en que se le comunicó su resolución (12-XII-2015). Así estableció el inicio del plazo de prescripción en esa última fecha, motivo por el cual correspondía desestimar dicha defensa.
En punto a la procedencia y cuantía del daño moral, el Tribunal actuante ponderó que la afección a la tranquilidad y a los sentimientos que alegó la actora, no resultaba excluida por el daño material sufrido, de cuya privación pudieron legítimamente derivarse secuelas que afecten o perturben la intimidad del ser que los padece. En consecuencia, por mayoría, confirmó lo decidido por la magistrada de primera instancia en cuanto hizo lugar a la pretensión.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la Cámara aplicó erróneamente los arts. 2, 3, 6 inc. "a", 7, 8 y concordantes del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y las resoluciones del Directorio 2.503/99, 767/02 y 1.670/08, relacionadas con el "Régimen para el Personal de Gabinete".
Agrega que, en función de tal régimen, el actor no gozó de estabilidad durante todo el período en que se vinculó con el Banco, ello en atención a la especificidad de las tareas cumplidas -de asesoramiento o asistencia a funcionarios elegidos por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires con acuerdo del Senado-, por un período determinado por la ley orgánica de dicha institución (dec. ley 9.434/79).
Sostiene que, al ser designado como personal de gabinete, a raíz de su cese como tal, tampoco le asistió derecho a reclamar suma alguna ni indemnización por pretensos daños, ya que ello no estaba previsto en la normativa aplicable al caso, ni en consecuencia en los actos administrativos y contratos celebrados en los términos de aquel marco normativo.
Considera que no hubo sucesivas renovaciones de contratos, ni es cierto que el régimen aplicado al actor durante toda su relación con el organismo demandado haya sido el de los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto. Y que el Tribunal de Alzada ponderó sólo la duración del vínculo -en forma prácticamente excluyente de su decisión-, sin considerar todas las particularidades fácticas y jurídicas de la relación laboral (entiende que no se probó que el actor cumpliera funciones, ni que tuviera la obligación de cumplir con el horario de personal de planta permanente, que fuera evaluado semestralmente, y que estuviera sujeto al control de asistencias e inasistencias a cargo de la gerencia de recursos humanos).
Remarca que el demandante, conforme los términos de los actos de designación y contratos suscriptos -los cuales se concertaron conforme lo previsto en los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto del Banco- nunca fueron renovados automáticamente habiendo previsto en ellos que el señor Gaggero cumpliría funciones de personal de gabinete, continuando como tal, resultándole aplicable la previsión del art. 7 del Estatuto citado.
Esgrime asimismo errónea aplicación de la ley, respecto de los arts. 1.737, 1.738, 1.740, 1.741 y concordantes del Código Civil y Comercial; y 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, a la par de violación de la doctrina legal de la Suprema Corte y absurdo, en tanto la sentencia recurrida confirmó la condena al pago de reparación por daño moral.
En tal sentido, reitera lo señalado respecto de la inexistencia de elementos fácticos, jurídicos y pruebas que en el caso justifiquen la imposición de condena a su parte al pago de indemnización a raíz del cese del señor Gaggero como personal de gabinete en la entidad bancaria. Alega que mal puede un proceder legítimo y valido como el seguido en este caso, ser generador de responsabilidad por daño moral.
Resalta la total orfandad probatoria del padecimiento y cuantía de ese rubro que el actor alega haber sufrido -aclara que sólo se limitó a reclamar tal concepto-, y solicita se tenga en cuenta que este daño no se presume, correspondiendo la carga de acreditarlo al demandante.
Afirma que los argumentos que sustentan la sentencia de la Cámara -que confirma una condena a su parte al pago de una indemnización por daño material (capital e intereses), daño moral y al pago de las costas-, sólo pueden justificarse si se incurre en violación e incorrecta y errónea aplicación del derecho.
Por otra parte, la recurrente invoca absurdo en el pronunciamiento del tribunal, por haber omitido la consideración de elementos fácticos y pruebas, que según alega, resultan esenciales y decisivos.
En atención a las circunstancias del caso, sostiene que su parte no ha actuado en forma ilegítima, indebida ni ilícita; no incurrió en desvío de poder, en actuación fraudulenta por uso indebido de figuras jurídicas temporarias, ni tampoco medió despido alguno.
En concreto, entiende que el Tribunal de Alzada no consideró que de la documental arrimada por el Banco surge que las tareas desarrolladas por el señor Gaggero fueron exclusivamente las de personal de gabinete y que nunca, durante todo el vínculo laboral, se modificó la naturaleza de tales funciones.
Estima, asimismo, que aun cuando el actor hubiere tratado o interactuado con personal de planta permanente en contacto cotidiano, el objeto de su desempeño siempre fue asesorar en forma directa al Directorio de la institución, no habiendo valorado el tribunal la prueba testimonial ni pericial rendida en autos sobre este punto.
Controvierte, a su vez, la aplicación que en el caso concreto hizo la Cámara de la doctrina legal de este Tribunal, emanada del precedente "Villafañe", causa A. 69.913, sentencia de 13-XI-2012, en tanto esgrime que tanto la plataforma fáctica como jurídica de ambos casos es disímil.
Argumenta que el fallo cuestionado también viola la doctrina legal de esta Corte que resulta de los precedentes "Ubertalli", causa B. 62.488, sentencia de 18-V-2016; "Cabrera", causa C. 119.176, sentencia de 15-VI-2016; "Trofe", causa L. 118.587, sentencia de 15-VI-2016; y "Calabro", causa B. 60.456, sentencia de 7-IX-2016; en razón de no concurrir los presupuestos fácticos y jurídicos que habiliten su aplicación al caso.
Puntualiza, por último, que el pronunciamiento impugnado violenta el principio de enriquecimiento sin causa, por imponerle una condena al pago de sumas dinerarias, carente de todo asidero.
Formula reserva del caso federal.
IV. El recurso prospera. Veamos:
IV.1. Tal como fuera relatado anteriormente, el Tribunal de Alzada refirió que el actor estuvo vinculado con la institución bancaria durante los siguientes periodos: entre el 16 de marzo de 2000 al 20 de junio de 2002 en los términos de la resolución 2.503/99 (régimen para el personal de gabinete, fs. 128/130 y 131); desde el 20 de junio de 2002 y hasta el 12 de enero de 2012, contratado de acuerdo a los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; finalmente desde el 12 de enero de 2012 y hasta el cese, conforme los arts. 6 inc. "a" y 7 del mencionado cuerpo legal.
En ese contexto, señaló que no puede sostenerse que el régimen aplicable al actor, durante los quince años de relación contractual, haya sido el de los arts. 6 inc. "a" y 7 del Estatuto para el Personal del Banco. Para fortalecer esa argumentación remarcó que las funciones de asesoramiento en cuestiones fiscales por el extenso tiempo transcurrido implicaban actividades más ligadas a un concepto de permanencia, y que ello se corrobora con los testimonios aportados en la causa.
Ahora bien, por resolución 391/00 el actor fue designado a partir del 14 de marzo de 2000, para desempeñarse como Asesor del Directorio en temas fiscales y de relación con el sector público, de acuerdo con lo establecido por la resolución 2.503/99 -norma que establecía el régimen para el personal de gabinete - (v. fs. 128/130). Posteriormente, en mayo del 2002, la regulación última mencionada fue derogada y se determinó que el personal de gabinete que estaba sujeto a dicha disposición quede vinculado bajo las condiciones contractuales que establecían los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia (resol. 767/02, fs. 131).
En ese marco, el demandante se vinculó con la institución bancaria -a partir del 20 de junio de 2002- a través de sucesivos contratos por tiempo determinado para desempeñar funciones de colaborador del Directorio en áreas y/o temas específicos -en el caso, en el ámbito de la Unidad Administrativa- , conforme las resoluciones citadas en cada uno de los contratos que justificaron su concertación (resols. 859/02; 1.858/02; 21/04; 284/04; 773/04; 968/05; 1.757/05; 924/06; 41/07; 960/07 y 176/08; v. fs. 132/159).
En diciembre de 2008, el Directorio del Banco aprobó un nuevo régimen para el personal de gabinete. Así en los considerandos de la resolución 1.670/08 especificó que "...en la actualidad, el personal de gabinete no posee una regulación propia, razón por la cual, se encuentra comprendida en la normativa aplicable al personal contratado en los términos de los artículos 6 inc.) b y 9 del Estatuto aludido y que en atención a la especial naturaleza del servicio prestado, se estima aconsejable implementar un régimen diferenciado para el personal de gabinete ..." (fs. 170).
De este modo ante la instauración del nuevo régimen para el personal de gabinete, por resolución 12/09 -y efectuando las mismas consideraciones que prescribe el régimen general para ese tipo de personal- se designó al actor como Asesor del Directorio, renovándose sucesivamente su nombramiento en los mismos términos que la anterior, hasta el cese de sus funciones por haber operado el vencimiento de los mandatos del Presidente y Directorio de dicha institución (v. fs. 161/169).
Lo descripto deja en evidencia que durante todo el tiempo que el señor Gaggero se vinculó con el Banco fue como Asesor del Directorio en temas fiscales y de relación con el sector público, sin modificarse, en ningún momento, la naturaleza de la función para la cual fue designado. Las diferentes formas de relacionarse con la institución bancaria -por un periodo, a través del régimen general que existía para el personal de gabinete, y por el otro, a través de sucesivos contratos por haberse derogado dicho régimen-, fueron solo diferentes modos de instrumentar dicho vínculo que mantuvo con la institución con el fin de asesorar al Directorio.
Ello también lo corrobora la manera en la cual se llevó a cabo la desvinculación del actor.
En efecto, el art. 6 de la resolución 1.670/08 expresamente establece que en todos los casos, el cese del personal de gabinete se producirá en forma automática y simultánea a la finalización del desempeño del Presidente o Director correspondiente, conforme lo establece el art. 8 del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (art. 6 in fine , resol. cit.).
En ese marco, la resolución 1.672/15, de 10 de diciembre, estableció que cuando operara el vencimiento de los mandatos del Presidente y Directores del Banco se produciría el cese del personal de gabinete designado en calidad de asesores, dejando constancia que la desvinculación se haría efectiva a partir del 12 de diciembre de 2015. En virtud de ello, le comunicaron al demandante que conforme los términos de dicha norma, se produciría su cese a partir de la fecha antes señalada, en razón del vencimiento del mandato del Director que dispuso su designación.
En conclusión, observo que ha existido, en el pronunciamiento recurrido, errónea aplicación del plexo normativo aplicable.
IV.2. Este Tribunal, en reiteradas oportunidades, ha resuelto -por mayoría- que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista.
En suma, el mero transcurso del tiempo, no es idóneo para trastocar por sí la situación de revista del agente (conf. doctr. causas B. 57.107, "Taglia", sent. de 2-V-2007; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 66.727, D'Anunzio sent. de 16-IX-2009; B. 58.153, "Nuñez", sent. de 30-V-2012; B. 65.203, "Pérez", sent. de 21-VIII-2021; e.o.).
Aplicados esos lineamientos a la situación particular del actor, no resulta controvertido que se desempeñó como personal de gabinete durante todo el tiempo que duró el vínculo, más allá de la extensión de la prestación.
Ello así, entiendo que el tribunal actuante desatendió la real naturaleza de la relación laboral acreditada en autos y que el actor no ha logrado demostrar que existiera una asignación de tareas o funciones distintas a las de Asesor del Directorio en temas fiscales y de relación con el sector público.
Por otra parte, el Tribunal de Alzada no consideró que de la documental arrimada por el Banco surgía que las tareas desarrolladas por el señor Gaggero fueron exclusivamente las de personal de gabinete, siendo que nunca durante todo el vínculo laboral, se modificó la naturaleza de tales funciones.
Es la propia Cámara quien consigna el inicio y la finalización de la relación laboral bajo tal modalidad; por tanto, el encuadre como personal contratado dispuesto en el marco de contratos celebrados por tiempo determinado, se efectuó sin modificar la naturaleza del vínculo ni las funciones asignadas, en tanto los mismos fueron concertados -como ya lo mencionara- conforme las resoluciones expresamente citadas en cada uno de los contratos citados.
El acto de designación es -conforme la doctrina mayoritaria de esta Corte a la que antes se hiciera referencia- el que imprime el régimen aplicable a la relación sin que, en el caso, esa situación se hubiera modificado.
IV.3. Además, observo que la relación de la demandada con el actor no pretendió encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado (conf. CSJN "Ramos", sent. de 6-IV-2010, (Fallos: 333:311), cons. 5°; y "Cerigliano", sent. de 19-IV-2011, (Fallos: 334:398), cons. 5°, última parte).
La aplicación que en el caso hizo la Cámara de la doctrina legal de este Tribunal, emanada en el precedente "Villafañe", no deviene ajustada a las circunstancias del caso, en tanto la plataforma fáctica como jurídica de ambos casos resulta diferente, y en tal sentido, asiste razón al recurrente en su planteo.
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