Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78451
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para entender en las presentes actuaciones (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.451 “MUNICIPALIDAD DE SALADILLO C/ VAZQUEZ EDUARDO HORACIO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La Municipalidad de Saladillo promueve demanda contencioso administrativa contra Horacio Eduardo Vázquez, con la finalidad de hacer efectivo el cobro de la suma de $50.000, con más intereses, costos y costas, en virtud de un contrato celebrado entre ambas partes en el cual se pactó la compraventa de residuos sólidos urbanos.
Relata que en fecha 1-XI-2018 el demandado, quien ya se encontraba inscripto en el Registro de Compradores de Residuos Sólidos Urbanos del municipio, presentó una oferta de compra de residuos por el total de $137.687.
Afirma que, una vez realizada la apertura de sobres, se adjudicó la venta del material acopiado al señor Vázquez, por considerarse su propuesta la más conveniente a los intereses de la comuna.
Aduce que el adjudicatario retiró la totalidad de los residuos adquiridos de la planta de clasificación municipal. Sin embargo, abonó parcialmente el monto adeudado mediante dos depósitos bancarios, uno de $37.687, efectuado el 28-I-2019, y el otro de $50.000, correspondiente al 1-II-2019.
Resalta que la Subsecretaría de Servicios Sanitarios y Gestión Ambiental, en su carácter de dependencia a cargo de llevar adelante las transacciones que tienen por objeto la disposición de los residuos locales, requirió al demandado por vía telefónica -en numerosas oportunidades- que cumpliera con el pago de los restantes cincuenta mil pesos.
Ante la persistencia del incumplimiento, la autoridad municipal, en fecha 25-X-2019, procedió a intimar fehacientemente al deudor mediante carta documento. No obstante ello, el demandado continuó sin pagar lo adeudado.
II. La pretensión fue entablada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata.
Sin embargo, su titular se declaró incompetente para entender en el asunto en la inteligencia de que el acuerdo que vinculaba a las partes en la presente controversia no era un contrato administrativo, sino uno regido exclusivamente por el derecho privado (art. 4 inc. 1, CCA). Al así decidir, remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que procediera a su sorteo entre los juzgados del fuero civil y comercial (v. resol. de 10-XI-2020).
De este modo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 de aquel departamento judicial, cuyo magistrado a cargo se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada tras entender que el caso subsumía en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166, Const. prov.; 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA); en particular, ponderó que se trataba de un pleito en el que "la actuación del municipio actor versa en el ejercicio de una función pública propia", razón por la cual debía darse intervención al fuero especializado en derecho público (v. sent. interlocutoria de 16-IV-2021).
En consecuencia, planteó una contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia para que la resuelva con arreglo a la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo.
III. Es competencia del fuero contencioso administrativo, entender y resolver en las controversias suscitadas por la actuación o la omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el artículo 166 de la Constitución provincial. En particular, le competen aquellas relativas a los contratos administrativos (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 6, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Este Tribunal, interpretando ese plexo normativo, ha resuelto que eran casos contencioso administrativos aquellos en los que la pretensión de la demandante se originaba en un convenio de naturaleza administrativa, celebrado en el marco de un régimen de derecho público con la finalidad de la Administración contratante de satisfacer un interés colectivo y dar cumplimiento a un cometido de igual índole (doctr. causas B. 66.654, "Municipalidad de Berazategui", resol. de 23-VI-2004 y sus citas; A. 68.322, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 10-VIII-2005; A. 69.021, "Utilducto S.A.", sent. de 8-VII-2008; B. 73.949, "Ibañez", resol. de 6-IV-2016 y B. 75.260, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 6-VI-2018).
IV. En lo que respecta al pleito en el que se ha planteado la cuestión, es dable aseverar que la petición esgrimida por la comuna emana de un contrato administrativo, pactado por ambas partes según el procedimiento establecido en la ordenanza municipal 46/12 (arts. 28, 29 y 30), cuyo principal propósito es la preservación del ambiente y el bienestar de los habitantes mediante la venta -para su futuro tratamiento o uso- de los residuos sólidos generados a nivel local.
Por consiguiente, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que siga interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para entender en las presentes actuaciones (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:08:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2023 12:29:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:51:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:19 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:43 hs. bajo el número RR-722-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia