Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79224
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia del fuero contencioso administrativo, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir conociendo en el proceso (arts. 166 in fine, Const. prov.; 1, 2 inc. 4, 6 y 7, CCA; 1, CPCC).
B.79.224 "ARAPI FABIO MANUEL Y OTRO C/ HOSPITAL ZONAL GRAL DE AGUDOS LUCIO MELENDEZ S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. Fabio Manuel Arapi y Laura Amanda Rodríguez dedujeron una pretensión indemnizatoria contra el Hospital Zonal General de Agudos "Lucio Meléndez" de la localidad de Adrogué, la Provincia de Buenos Aires, Jorge Garay -en su carácter de director del aludido nosocomio-, Adriana Beatriz Pavone -médica neonatóloga-, Adrián Marcelo Tofe -médico neonátologo- y Jorge Santiago Yaconis -por ser, al tiempo de deducida la demanda, médico jefe de ginecología-, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la supuesta mala praxis practicada durante la cesárea que derivó en el posterior fallecimiento de su hijo.
En tal sentido, entienden que hubo abandono de persona seguida de muerte por parte de dichos profesionales, razón por la cual decidieron dar curso a las actuaciones penales que tramitaron por ante la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la IPP N°606.074 (fs. 21/35 y vta.).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 de aquella jurisdicción territorial.
Luego de tener por presentados a los actores, por constituido su domicilio legal y de imprimirle al proceso las reglas del juicio ordinario, el por entonces juez a cargo de la dependencia confirió traslado de la demanda (v. proveído electrónico de fecha 1-VI-2007).
En lo que estrictamente interesa al conflicto de competencia que se suscitó, es necesario señalar que dicho magistrado estimó atendible la excepción de incompetencia planteada por la Fiscalía de Estado, quien adujo que el caso debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo, toda vez que se pretendía hacer valer la responsabilidad patrimonial estatal (arts. 1, 2 inc. 4, CCA) -fs. 98/104-.
De esta manera y luego de la presentación efectuada por el señor Yaconis, en cuya oportunidad articulara, juntamente con la de falta de legitimación pasiva, una excepción de incompetencia (fs. 136/139), el juez interviniente -atento a las excepciones opuestas por ambos demandados- ordenó la remisión de los actuados a los órganos del fuero especializado en derecho público (v. resol. electrónica de fecha 16-XII-2009).
Contra ese pronunciamiento, el señor Yaconis interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, afirmando que dicho magistrado había dado acogida a la excepción de incompetencia por él planteada de un modo relativo, en cuanto había peticionado la remisión del caso a los "...tribunales ordinarios de la ciudad de La Plata". Rechazado que fuere el primero y concedido el segundo, recayó en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
No obstante, la Sala II, en el entendimiento de que "...el hecho generador de la responsabilidad reviste -en principio- la apariencia de haberse producido con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa", rechazó la pretensión recursiva (arts. 1, 2 incs. 4 y 6, CCA) -v. sent. interlocutoria de fecha 4-VI-2013-.
Es así como tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial.
Pero más tarde, después de diversos actos procesales (i.e., fijación de audiencia de fecha 29-IX-2014, auto de apertura a prueba de fecha 28-X-2014, impugnación del dictamen pericial de fechas 26-V-2015 y 25-II-2022, denuncia de fallecimiento de los señores Arapi -respecto del cual no se había iniciado el proceso sucesorio- y Yaconis de fechas 7-III-2022 y 26-VIII-2022), su titular, haciendo especial hincapié en la existencia de los autos caratulados "Yaconis, Jorge Santiago s/ sucesión ab intestato " (expdte. Nº 8.320), que tramitaban por ante el Juzgado de Paz de General Alvear, se declaró incompetente en virtud de los efectos que, de acuerdo con el art. 2.336 del Código Civil y Comercial, a su modo de ver surtía el fuero de atracción de dicho juicio sucesorio.
En consecuencia, poniendo de resalto que el mentado instituto procesal podía ser dispuesto "...de oficio y sin importar la etapa procesal en que se encuentre el compulsorio", giró el expediente al juzgado de paz donde se encontraba tramitando aquel proceso universal (v. despacho electrónico de fecha 11-IX-2023).
Por su parte, el titular de este último organismo también declinó la competencia que le estaba siendo atribuida por entender -en lo medular- que el objeto de la litis (daños y perjuicios) excedía el ámbito de su competencia material que, en su apartado II, le asigna el art. 61 de la ley 5.827 -texto según ley 13.645-.
Así entonces, reputando que tanto el conocimiento del sub examine como del juicio sucesorio le correspondía al fuero en lo civil y comercial, planteó la contienda negativa y la sometió ante a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-) -v. resols. electrónicas de fechas 8-II-2024 y 14-II-2024-.
III. Este Tribunal ha señalado que la finalidad del proceso sucesorio radica en la determinación objetiva -de los bienes dejados por el causante- y subjetiva -de las personas que habrán de recibirlos- de las circunstancias atinentes a la sucesión mortis causa de que se trate (doctr. causa B. 73.982, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 7-VI-2017).
El propósito del fuero de atracción, en lo que respecta a los procesos universales, es la concentración ante un mismo magistrado que entiende en el principal, en principio, de todas las causas que involucren al patrimonio como universalidad. Ello, en cuanto esas acciones posean virtualidad potencial de incidir sobre la meta de transmisión (doctr. causas Ac. 98.308l, "Hettel", resol. de 9-VIII-2006; Ac. 99.470, "Britos", resol. de 11-IV-2007; C. 116.628, "Benítez", resol. de 9-V-2012; C. 118.041, "Revol", resol. de 26-VI-2013; C. 119.376, "Sconza", resol. de 30-IX-2014; C. 119.806, "Estallo Sánchez", resol. de 6-V-2015; C. 120.000, "Beltramino", resol. de 26-VIII-2015; C. 120.614, "Ríos", resol. de 19-X-2016 y B. 76.921, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 27-V-2021).
Además, se ha sostenido que el fuero de atracción de los juicios sucesorios tiene efecto cuando el causante o la sucesión son demandados (doctr. causas B. 70.107, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 26-VIII-2009; C. 116.854, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 19-XII-2012 y C. 117.454, "Corso", resol. de 31-VII-2013, entre muchas) y, en lo tocante a su subsistencia, se tiene resuelto que en caso de pluralidad de sucesores, este perdura hasta el momento de la partición o división de la herencia (doctr. art. 3.284 incs. 1 y 4, Cód. Civ. y doctr. causas Ac. 37.923, resol. de 1-IX-1987; B. 68.287, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-VIII-2005; Ac. 98.581, "Navarro", resol. de 13-IX-2006; Ac. 97.445, "Millán", resol. de 20-IX-2006; Ac. 99.392, "Fedele", resol. de 9-V-2007; Ac. 104.741, "Gallo de Casanova", resol. de 1-X-2008; B. 73.787, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 26-VIII-2015 y B. 76.921, cit., e.o.).
Frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y en orden al principio de aplicación inmediata de las leyes modificatorias de competencia, tanto este Tribunal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han señalado que las reglas que informan los precedentes citados -basadas en el texto del antiguo art. 3284- se ajustan a lo dispuesto en el nuevo cuerpo normativo (art. 2336, Cód. Civ. y Com.; doctr. causas C. 121.185, "Roldán", resol. de 28-XII-2016 y B. 74.980, "Peralta", resol. de 7-III-2018; CSJN causas CIV 12515/2006/CS1 "Vilchi de March", sent. de 8-IX-2015 y CSJ 4820/2015/CS1 "OSECAC", sent. de 5-VII-2016).
En tales condiciones, siendo que el señor Yaconis fue personalmente codemandado y en tanto se mantenga el estado de indivisión hereditaria, en abstracto se presentarían las condiciones para que surta efectos el fuero de atracción de su sucesión.
IV. Sin embargo, no puede escaparse que la demanda incoada es de aquellas específicamente confiadas a la jurisdicción contencioso administrativa, ya sea por pretenderse hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Provincia de Buenos Aires de manera directa (art. 2 inc. 4, CCA); o por la falta personal que se les endilga a distintos médicos que, al momento de los hechos, se desempeñaban en el Hospital Zonal General de Agudos "Lucio Meléndez" como dependientes estatales, debiendo delimitarse su actuación a título individual de la falta de servicio (doctr. causa B. 72.467, "Pilone", resol. de 5-III-2014).
Como advirtió esta Corte en un supuesto parangonable al presente, las ventajas prácticas que en situaciones ordinarias podría reportar la reunión de acciones ante un mismo juez con motivo de lo previsto en el art. 2336 del Código Civil y Comercial a los fines de resolver concentradamente acerca del destino del patrimonio contra el cual se acomete, se ven desplazadas aquí por toda otra serie de reglas, principios, circunstancias y valores con gravitación en la especie (doctr. causa B. 78.705, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Clínica y Maternidad del Sagrado Corazón", resol. de 29-XI-2023).
IV.1. Ante todo, la competencia reservada constitucionalmente a los jueces del fuero contencioso administrativo para conocer, con exclusividad, en litigios como el de autos (art. 166 in fine , Const. prov.). Razón por la cual, el legislador ha afirmado que aquella, de carácter material, es de orden público (art. 6, CCA) y, por ende, improrrogable (art. 1, CPCC).
IV.2. Aunque, asimismo, el derecho de defensa que asiste a los restantes codemandados particulares (art. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.), potencialmente afectados por cambios transitorios de jurisdicción territorial fundados en circunstancias sobrevinientes que atañen a solo una parte del litisconsorcio pasivo.
Por lo demás, es de notar que aquí no están implicados criterios de privilegio o prelación, como aquellos que bien pueden informar dispositivos similares en otros campos del derecho (conf. arts. 132, 239 sigs. y concs., LCQ).
V. Lo antedicho colabora a leer restrictivamente un mecanismo de marcado carácter excepcional, inadecuado para las circunstancias del caso, pues supone alterar las reglas básicas -materiales y territoriales- de la competencia.
VI. Por lo expuesto, corresponde declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir conociendo en las actuaciones, sin perjuicio de lo que la parte actora pueda peticionar mientras se desarrolla este juicio ante el proceso sucesorio abierto como consecuencia del fallecimiento de uno de los codemandados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia del fuero contencioso administrativo, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir conociendo en el proceso (arts. 166 in fine, Const. prov.; 1, 2 inc. 4, 6 y 7, CCA; 1, CPCC).
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Paz Letrado de General Alvear, así como al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2025 10:58:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 15:21:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:07:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:29:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:59:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:02:41 hs. bajo el número RR-81-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia