Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80828
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría, se le remitirá electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 departamental, al cual se librará oficio electrónico.
B.80.828 "G. M. B. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La señora M. B. G. promueve demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Coronel Suárez, la provincia de Buenos Aires y/o quien resulte civilmente responsable, por los daños que habría padecido como consecuencia de la actuación y omisión de organismos estatales, en particular del Hospital Municipal "Dr. Raúl Caccavo" y del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, a los que atribuye responsabilidad por la consignación de una filiación falsa en el acta registral correspondiente a su nacimiento, así como por el ulterior ocultamiento institucional y la omisión de brindar información y preservar documentación vinculada con su identidad biológica (v. apartado III, puntos 1, 2 y 3 del escrito de demanda).
En sustento de su pretensión acompaña prueba documental, entre ella, un estudio de filiación genética mediante análisis de ADN que —según afirma— daría cuenta de la falta de correspondencia entre la filiación consignada en el acta de nacimiento y su identidad biológica.
II. La causa se inició en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular ordenó el traslado de la demanda (v. resol. de 9-IX-2025).
Al presentarse en autos, la Municipalidad de Coronel Suárez opuso excepciones de incompetencia en razón del territorio y de la materia, de falta de legitimación pasiva y de prescripción (v. presentación del 7-X-2025).
Sustanciadas las defensas articuladas, el magistrado interviniente se abocó a su tratamiento. En tal cometido, resolvió rechazar la excepción de incompetencia territorial —en tanto la demanda no solo se dirige contra la Municipalidad de Coronel Suárez sino también contra la Provincia de Buenos Aires— y hacer lugar a la incompetencia en razón de la materia, por considerar aplicable lo dispuesto en el art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101—. Para así decidir, ponderó que "…el objeto principal de la presente acción se endereza a la obtención de una compensación patrimonial, la cual necesariamente debe derivar de una declaración previa de ilegitimidad de un instrumento público emitido por el Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires -a saber, un acta de nacimiento-".
Finalmente, estimó inoficioso pronunciarse respecto de las restantes defensas opuestas en virtud de la declaración de incompetencia material efectuada y dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que por turno corresponda (v. resol. de 23-II-2026).
Radicadas las actuaciones en el Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de La Plata, su titular sostuvo —en lo sustancial— que el magistrado del fuero contencioso administrativo había exteriorizado actos jurisdiccionales incompatibles con una ulterior declaración oficiosa de incompetencia, al haber impreso inicialmente a la causa el trámite propio del proceso contencioso administrativo y ordenado el traslado de la demanda.
Añadió que la excepción de incompetencia articulada por la Municipalidad de Coronel Suárez se fundó en la eventual intervención de los fueros de familia y penal, mas no del fuero civil y comercial, por lo que la remisión dispuesta importó apartarse de los términos en que había quedado trabada la cuestión.
Asimismo, señaló que, aun desde una perspectiva subsidiaria, la pretensión deducida posee naturaleza eminentemente resarcitoria, en tanto persigue la reparación de daños que la actora atribuye a la actuación y omisión de organismos estatales en ejercicio de funciones administrativas, sin que la demanda contenga una acción autónoma de impugnación de filiación ni de redargución de falsedad. En ese marco, concluyó que la controversia queda alcanzada por la competencia del fuero contencioso administrativo.
Sobre tales bases, rechazó la competencia atribuida y devolvió las actuaciones al órgano remitente, invitándolo a promover la contienda ante el superior común (v. resol. de 8-IV-2026).
Devueltas las actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata, su titular reiteró el criterio expuesto en la resolución de fecha 23-II-2026, en cuanto consideró que la pretensión articulada presupone la previa promoción de una acción de redargución de falsedad respecto del acta de nacimiento acompañada en autos, cuestión que estimó ajena a la competencia material del fuero contencioso administrativo. En ese marco, y frente al rechazo de competencia formulado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 departamental, dispuso la elevación de las actuaciones a esta Suprema Corte a fin de dirimir la contienda suscitada (v. resol. de 15-IV-2026).
III.1. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
III.2. Sobre la base de lo expuesto, cabe ponderar que en el sub examine la pretensión deducida se dirige a obtener la reparación de los daños que la actora atribuye a la actuación estatal desplegada en torno a la registración de su nacimiento y a las ulteriores conductas vinculadas con la preservación y suministro de información relativa a su identidad biológica, cuestión que — prima facie — determina la competencia del fuero contencioso administrativo para entender en la controversia.
En ese contexto, la circunstancia de que la actora cuestione la autenticidad o veracidad de los datos consignados en el acta de nacimiento acompañada en autos no resulta suficiente, por sí sola, para desplazar la competencia material del fuero especializado.
Ello así, toda vez que, conforme lo previsto en el art. 393 del Código Procesal Civil y Comercial, la redargución de falsedad de un instrumento público tramita por incidente dentro del proceso en el que la cuestión es introducida, sin alterar por ello la naturaleza principal de la pretensión deducida ni el régimen jurídico sustancial aplicable al caso.
En sentido concordante, esta Suprema Corte ha destacado que la competencia para conocer en planteos de redargución de falsedad promovidos en el marco de un proceso principal corresponde al órgano que interviene en este último, ello en razón del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal y por razones de conexidad y economía procesal (cfr. causa B. 79.602, “Ochoaizpuro”, resol. de 12-III-2025).
IV. Por las razones expuestas, corresponde que sea el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe interviniendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría, se le remitirá electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 departamental, al cual se librará oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:28:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 11:53:43 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:40:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 17:52:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 12:38:28 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 12:43:23 hs. bajo el número RR-525-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia