Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80229
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata para entender en la pretensión seguida contra AUBASA (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA).
B.80.229 "BARRIOS FLORENCIA KAREN Y OTRO/A C/ AUTOPISTA DE BUENOS AIRES S.A. Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC.1 LEY 12.008"
I. En autos, los apoderados de Karen Florencia Barrios y Sergio Leonel Flores Lugo deducen pretensión indemnizatoria contra la Fiscalía de Estado, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA), Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), Autovía del Mar SA (AUMAR SA), así también contra Juan Manuel Luder y/o contra todo aquel civilmente responsable. Ello, con miras a obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del siniestro ocurrido el día 20 de noviembre de 2020, a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Provincial N°56, cuando el automotor en el que su representada se trasladaba junto a sus tres amigas en dirección La Plata-Pinamar impactó con el Volkswagen Fox FWH-643 conducido por Juan Manuel Luder, quien circulaba en sentido contrario, en dirección Pinamar-San Isidro.
Manifiestan que, a raíz del accidente, su representada sufrió graves lesiones que pusieron en riesgo su vida -incluida la pérdida del embarazo a término que esperaba junto con su pareja, Sergio Lugo-, y en el cual fallecieron sus tres amigas, Sofía Duró, Charo Álvarez Amado y Micaela Crino Pacher.
Al respecto, consideran que la colisión tuvo su origen tanto en una serie de irregularidades vinculadas a la "falta de mantenimiento y conservación de las banquinas y de la calzada" por parte de las concesionarias demandadas, como en la conducta imprudente de Juan Manuel Luder, quien -según alegan- circulaba a una velocidad excesiva. Asimismo, refieren que tales hechos motivaron al inicio de las actuaciones penales en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial de Dolores, bajo la IPP N°03-00-003825/20.
Fundan su reclamo en los arts. 1.737, 1.738, 1.740, 1.745 y concordantes del Código Civil y Comercial, como así también en la Ley de Defensa del Consumidor (v. escritos electrónicos de fecha 3-IV-2023 y 11-IV-2023).
II.1. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata, cuya por entonces titular confirió traslado de la demanda.
En oportunidad de responderla, la firma AUMAR SA articuló una excepción de falta de legitimación pasiva, dado que la concesión que explotaba sobre la ruta donde se produjo el evento dañoso había finalizado cuatro años antes del accidente, en el año 2016 (v. presentaciones electrónicas de fecha 21-VI-2023).
En ese marco, luego de que compareciera Provincia Seguros SA al proceso, se presentó Juan Manuel Luder y contestó el traslado de la demanda oportunamente conferido, peticionando -al igual que lo había hecho la Fiscalía de Estado- la citación como terceros de los padres de Sofía Duró, así como la citación en garantía de las aseguradoras Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., respecto del Renault Clío dominio AA594WG, y Mercantil Andina SA, respecto del Volkswagen Fox FWH-643 (v. escrito electrónico de fecha 7-III-2024).
Más tarde, en fecha 22-III-2024, la parte actora realizó una presentación denunciando la conexidad que existiría entre las presentes actuaciones y la causa "Álvarez, Gusto Enrique y Otros s/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Otros s/ Pretensión indemnizatoria" (expdte. N°76.397/2023), en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 departamental, planteo al que hizo lugar la por entonces jueza interviniente, tras la comparecencia en autos del señor Duró y la señora Herrera -oportunidad en la que ambos dedujeron las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción-.
Para decidir de esa forma, la magistrada consideró que en ambos pleitos "...se discute la probable responsabilidad estatal [...] en el siniestro automovilístico ocurrido el día 20 de noviembre de 2020", siendo que, además -agregó-, los juicios "...se encuentran en similares estadios procesales" (v. providencia electrónica de fecha 15-IV-2024).
De allí que se rehusó a intervenir en el marco de la acción enderezada contra Juan Manuel Luder, Gustavo Edgardo Duró y María Cristina Herrera, así como contra las respectivas compañías aseguradoras citadas en el juicio, pues estimó que el conocimiento de la pretensión respecto de tales sujetos correspondía al Juzgado en lo Civil y Comercial N°20 departamental, dada su "...intervención preventiva en el conflicto civil entablado respecto al hecho objeto de autos". No obstante ello, asumió su jurisdicción en relación a la pretensión dirigida contra AUBASA, así como contra Provincia Seguros SA, en su carácter de aseguradora de la empresa concesionaria (v. resol. electrónica de fecha 28-IV-2025).
Arribadas las actuaciones al mentado órgano, su magistrado se negó a intervenir, poniendo de relieve la intempestividad de la declaración formulada por su par remitente, que se había desprendido de la causa cuando tal conducta se le hallaba vedada por el ordenamiento, en virtud de la preclusión que había operado según lo normado en los arts. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y 8 del Código Contencioso Administrativo. A esto, añadió que "...las partes interesadas en el proceso, no han planteado cuestión de competencia alguna".
De este modo, tuvo por configurada una contienda negativa que, habiendo sido elevada en primer término a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, quedó radicada finalmente en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (art. 7 inc. 1, CCA) -sent. interlocutoria de fecha 15-VII-2025-.
III. Asiste razón a la jueza del fuero especializado.
Si bien se presenta un grado de vinculación entre los procesos referidos anteriormente, tal cosa no justifica la reunión de todas las pretensiones ante un único juez -en el caso, el del fuero contencioso administrativo-, ello por cuanto se trata de reclamos de distinta naturaleza.
a) Por un lado, aquel dirigido contra Juan Manuel Luder, en su carácter de conductor y titular del automotor que habría originado la colisión en cuestión, haciéndose extensiva la pretensión -en estos autos y en los expedientes que se pretende acumular- a los señores Duró, ya sea en carácter de demandados o de terceros citados, así como a las respectivas compañías aseguradoras de los vehículos involucrados en el siniestro. Todo ello en virtud del régimen de responsabilidad previsto en el Código Civil y Comercial.
De modo que, en lo concerniente a esta pretensión, cabe afirmar que se encuentra sustraída de la jurisdicción especializada por hallarse regida, primariamente, por normas de derecho privado (art. 4 inc. 1, CCA; arg. doctr. causa B. 76.644, "Fernández", resol. de 26-XI-2020).
b) Del otro, aquel que se endereza -esencialmente- contra AUBASA, en su carácter de concesionaria vial, a través de la cual se persigue hacer efectiva su responsabilidad patrimonial con fundamento en el incumplimiento de los deberes de seguridad vial, en relación con el hecho dañoso referido.
En este caso, por el contrario, tratándose de una concesionaria de obra pública que explota una autopista provincial en virtud de un contrato suscripto con las autoridades locales, el reclamo sí se ve alcanzado por la competencia contencioso administrativa, en los términos de los arts. 166 in fine de la Constitución provincial, 1 inc. 1 y 2 incs. 2 y 4 del código que rige el ordenamiento, así como en razón del art. 30, según párrafo, ley 13.133 -texto según ley 14.154- (conf. doctr. causas B. 72.422, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013; B. 75.824, "Pestrin", resol. de 21-VIII-2019; B. 76.962, "Rosso", resol. de 27-V-2021; B. 78.936, "Coronado", resol. de 6-IX-2023; B. 79.169, "Alonso", resol. de 19-IV-2024; B. 79.603, "Calbo", resol. de 13-II-2025 y B. 79.994, "Molinos Balcarce SA", resol. de 18-XI-2025, entre otras). Por consiguiente, corresponde que el asunto -en lo que respecta a esta parcela, que también alcanza a Provincia Seguros SA, en su carácter de compañía aseguradora de AUBASA- siga tramitando en el mentado juzgado del fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata.
IV. Dicho esto, queda claro entonces que las pretensiones esgrimidas carecen de virtualidad para integrar una única demanda y ser resueltas por un mismo juez (arts. 87 inc. 2 y 188 inc. 2, CPCC).
Para más, tampoco se advierte un riesgo cierto de que, a la postre, se dicten sentencias contradictorias, aun cuando todos los reclamos reconocen un mismo hecho generador -el siniestro vial ocurrido el 20 de noviembre de 2020, a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Provincial N°5-.
V. Siendo así, de acuerdo a lo arriba señalado e independientemente de la oportunidad en que se produjo la primigenia declinatoria, es menester recurrir al resorte de la escisión de pretensiones, debiendo desdoblarse el juicio para que la demanda incoada contra AUBASA tramite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata (art. 6, CCA; arg. doctr. causa B. 73.584, "Martínez", resol. de 15-VII-2017).
Lo anterior, teniendo en cuenta la conexidad jurídica existente entre los presentes autos y los demás procesos referidos precedentemente -incluido el que se encuentra tramitando ante dicho juzgado-, siendo que todos ellos, además, se encuentran en análogo estado procesal (arts. 188, 189 y 194, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata para entender en la pretensión seguida contra AUBASA (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 incs. 2 y 4, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:33:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 13:36:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2026 17:18:16 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 22/05/2026 11:15:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2026 14:19:14 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/05/2026 14:47:42 hs. bajo el número RR-380-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia