Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 14211 2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia condenar a la Sra. Liliana Beatriz Álvarez a abonar a la Municipalidad de Bragado la suma de pesos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y seis con cuarenta y tres centavos ($43.246,43), con más sus intereses liquidados de acuerdo a las pautas indicadas en el considerando 5.).
La suma resultante deberá abonarse dentro de los 10 días desde que quede firme el auto de aprobación de la liquidación respectiva, bajo apercibimiento de ejecución (art.66 CPCA; arts.163 inc.7º, 497 y cctes. CPCC).
2Imponer las costas a la demandada en su calidad de vencida conforme lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A. (Ley 14.437).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art.51 ley14.967).
Expte. Nº 14211.-
Autos: MUNICIPALIDAD DE BRAGADOC/ ALVAREZ LILIANA BEATRIZ S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Marzo de 2019.CS
Estos autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE BRAGADOC/ ALVAREZ LILIANA BEATRIZ S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 14211, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 5/9 se presenta el Dr. Jorge Esteban López Harburu, en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de Bragado, promoviendo demanda indemnizatoria contra la Sra. Liliana Beatriz Álvarez, quien resultaba ser empleada de dicho Municipio.
II. Para ello, refiere que, la demandada era un Agente Municipal que prestó servicios en la caja de la Municipalidad de Bragado y que como consecuencia de un faltante que se produjo en las cajas se decidió, por medio de quien era el Tesorero Municipal, el inicio del correspondiente sumario administrativo a fin de realizar una investigación.
Asimismo, por parte de quien era el Intendente, se realizó la denuncia penal correspondiente.
Manifiesta que, a raíz del expediente administrativo, se procedió a recabar información y a tomar declaración testimonial a distintos empleados y funcionarios municipales, apreciándose particularmente la declaración testimonial del Tesorero del Municipio -Sr. Héctor R. Raverta- quien manifestó, que había sido vulnerado el sistema de ingresos de fondos por medio de la caja existente en la Tesorería Municipal, hecho del que habría tomado conocimiento a raíz del pase de las Cajas al sistema informático.
Refiere, que esta situación, generó la consulta ante la Oficina de Sistemas y desde allí se hicieron consultas al proveedor de sistema (DICE SA), quien manifestó "que estaban frente a una manipulación del sistema que permitía acreditar recibos sin que hubiera necesidad de incluir un pago en el listado de caja"(sic).
Agrega que, a raíz de la investigación impulsada, surge el caso de un contribuyente, que había efectuado pagos sin que los mismos fueran denunciados como cobrados en caja.
Expone, que frente a ello, se realizan gestiones ante el mencionado contribuyente, a fin de que arribara copias de los recibos de pago siendo entonces cuando se advierte que los mismos tenían el sello N°1 que corresponde a la Cajera titular -Sra. Liliana B. Álvarez-.
Agrega a lo expuesto que, de un listado que se le pidió a la Directora de Sistemas, se comprobó que este tipo de irregularidades se remontaban al 2005.
A continuación, hace referencia a distintos testimonios que obran en el sumario administrativo, que se le instruyó a la demandada, referidos a la responsabilidad de la Sra. Liliana B Álvarez en el caso que se ventila, y en el cual, refiere, se demostró que la agente sumariada se apropió de la suma de $43.246,43.
Asimismo y en lo que respecta a la denuncia penal iniciada contra la demandada, refiere que la misma fue condenada, por el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial Mercedes y con fecha 16/02/2010, como autora penalmente responsable del delito de Peculado a la pena de tres años de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, inhabilitación absoluta perpetua y costas.
Refiere que con fecha 06/07/2011, la Municipalidad de Bragado, intimó a la demandada de autos, a reintegrar las sumas faltantes y que se detectaran mediante Sumario Administrativo N° 4014-4407/06, suma que al momento de inicio de estas actuaciones no se había reintegrado.
Finalmente, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
III. A fs.10, el Juzgado de Paz Letrado de Bragado se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones, las que son enviadas a este Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Dpto. Judicial de Mercedes y recibidas con fecha 16/09/2011.
IV. Que, habiéndose corrido el traslado de rigor y no habiéndose presentado la demandada a estar en derecho, con fecha 20/12/2016 se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el art. 59 CPCC, el cual le fue notificado a la Sra. Liliana B. Álvarez con fecha 08/02/2017 (v. fs. 32) adquiriendo absoluta firmeza.
V. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.34, y agregado el alegato presentado electrónicamente por la parte actora con fecha 12/09/2018, se llama autos para sentencia, y
1.) Que en estas actuaciones, se demanda la restitución de la suma de $43.246,43, la cual ha sido indebidamente apropiada por la Sra. Liliana Beatriz Álvarez, ello con más sus intereses y costas.
2.) Que la demandada, al no hacerse parte en esta litis, tornó operativa la manda de las normas contenidas en el Art. 60 del Código Procesal Civil y Comercial (Art. 77 CPCA) y Art. 37 inc. 2 CPCA, y más aún, dicho estado de rebeldía -firme- se mantuvo a lo largo de todo el proceso.
Así, y sobre este tópico, he de iniciar el presente análisis, con la finalidad de determinar si dicho estado de rebeldía, activó plenamente la presunción en contra de la demandada al encontrarse abastecida por la restante prueba agregada a estos actuados.
En tal senda, no resulta un hecho controvertido la relación laboral existente entre el Municipio de Bragado y la Sra. Liliana B. Álvarez, relación que operó como causa fuente del hecho dañoso por el cual se reclama.
Ahora bien, en virtud del mencionado estado de rebeldía de la demandada, la recepción de las misivas dirigidas a la misma (v. fs.3/4 y 30), así como su contenido, adquieren a mi juicio plena autenticidad, ello por cuanto "Frente al silencio de la demandada corresponde tener por acreditada la recepción de los telegramas dirigidos a ella y la autenticidad de los documentos que se le atribuyen acompañados en el escrito de demanda" (SCBA L. 40.364, sent. del 29-XI-1988).
Es decir que, tal como establece el art 37 inc. 2 del Código Procesal Administrativo, el incumplimiento a la carga del demandado de contestar la demanda, trae aparejado el tener por reconocida la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados por el actor, como por reconocida la autenticidad y recepción de los instrumentos exhibidos.
No obstante, la rebeldía del demandado, no exime al actor de evidenciar la justicia de su reclamo, aportando a la causa los elementos de convicción que justifiquen su legitimidad.
En otras palabras, "La falta de contestación de la demanda faculta al juez para dar por reconocidos los hechos establecidos en ella, facultad que es de pertinente ejercicio en tanto las constancias de los autos no desvirtúen las afirmaciones del actor" (CSJN, "Provincia de Chaco c/ Consorcio de Propietarios de Callao 322 al 28. El trébol, S.R.L. c/ Nación", Fallos: 262:458).
".Valga la aclaración de que, si bien el silencio autoriza a tener por auténtica la documentación presentada, el juzgador al sentenciar debe hacer una evaluación crítica a fin de determinar su verdadero valor probatorio (Novellino-González, "El silencio y sus efectos en los procesos judiciales", Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 65). Y, por otra parte, el silencio de una de las partes frente a las afirmaciones fácticas de la otra adquiere un valor peculiar ... cuya consecuencia es que dicha conducta omisiva genera efectos de naturaleza instructora, que deben ser evaluados por el juez al sentenciar de acuerdo a las reglas de la sana crítica o sana lógica y según las particularidades de cada caso (Novellino,..., p. 47, ob. cit.).
En el rumbo señalado, me encuentro convencido de que la prueba arrimada por el actor, tal como es la causa Penal N°4114/502/08, en la cual se reproduce el sumario Administrativo N°4014-4407/06 que le fuera iniciado a la demandada, ratifica y robustece la presunción que se desprenden de la falta de contestación de la demanda, más aún, tomando en cuenta que la acción penal culmina con la condena a la Sra. Liliana B Álvarez, por encontrarla penalmente responsable del delito de "peculado", entendido este como el abuso a la función pública, y por el cual se la condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua.
En suma, no encuentro razón para apartarme y/o disentir con dicho veredicto por lo que entiendo que también en este fuero la demanda debe prosperar; y es que "Partimos de la base de que todo el que es citado a juicio tiene la obligación (rectius carga) de comparecer y que todo el que es intimado a hacer una manifestación debe hacerla; si rehúsa prestar acatamiento y se coloca en rebeldía debe cargar con las consecuencias. No entendemos por ello que el contumaz sea un infractor o un inobediente al mandato judicial, pero sí pensamos que la incomparecencia o el silencio tienen un sentido, un significado en el proceso. Y ese significado no puede ser otro que el reconocimiento de la verdad de los hechos invocados en la demanda, porque nadie que se considere molestado por una demanda injusta o fundada en hechos falsos, permanece inerte o sin defenderse; pero como de todas maneras el reconocimiento no es expreso, el artículo sólo crea la presunción, que el juez, en cada caso, debe apreciar según las circunstancias (Morello-Sosa-Berizonce; Códigos..., t.II-B, p. 8)".
3.) A mayor abundamiento, haré hincapié, en que el presente caso, se encuadra en una de las materias que regula el Derecho Administrativo, como es la responsabilidad del agente municipal.
Dicha responsabilidad, se deriva de la lesión patrimonial que le produjo al municipio la conducta de la aquí demandada en el ejercicio de su función, en el caso como Cajera titular; responsabilidad patrimonial que quedó acreditada en el sumario administrativo nº 4014-4407/06, determinando el monto del perjuicio en la suma de $ 43.246,43, y como consecuencia, surge el deber de restituir a la comuna dicho monto, siendo este el objeto de autos.-
Desde una perspectiva general, el sistema de responsabilidad administrativa funcionarial, tiene su fundamento en la idea de "lesión" (de lesión antijurídica) entendida como aquella que el Estado no tiene -en ausencia de causas de justificación- el deber jurídico de soportar sin indemnización. Ello significa que cuando un daño no es antijurídico no debe repararse por el agente, pues este solo debe responder cuando ha habido una conducta ilegítima.
Así es que, este tipo de responsabilidad, se deriva del hecho de la inobservancia de las disposiciones legales o del incumplimiento de los deberes que competen a cada servidor por razón de sus específicas funciones, el que debe ir acompañado de la lesión económica (Revista de Derecho Publico 2005-01, Derecho Municipal - Segunda parte "La Responsabilidad del Agente Municipal" por Tomás Hutchinson, Pág. 273 y ss. Rubinzal Culzoni).
Véase, que el bien jurídico protegido pasa a ser además del patrimonio del estado, el regular y legal cumplimiento de la función pública y siendo que en estos autos, es el municipio, el titular de un patrimonio, que la ley ha puesto en sus manos para el cumplimiento de las funciones y servicios públicos, resulta claro que quien haya causado lesión quede vinculado por la necesidad jurídica de reparar ese daño.
De allí, la necesidad jurídica de realizar una prestación económica a favor del ente público, como indemnización de los perjuicios causados por parte de uno de sus agentes, a causa de una acción o una omisión.
En consonancia, la prueba aportada por la actora, tal como es la causa penal Nº N°4114/502/08 caratulada: "Álvarez Liliana s/ Peculado" en trámite por ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de este Departamento Judicial y la copia del expediente administrativo contenida en ella, resulta relevante para la solución del caso, a tenor de que en virtud de ellos, ha quedado determinada la responsabilidad patrimonial de la aquí demandada por apropiación de la suma de $43.246,43.
4.) En definitiva, de las constancias y pruebas de la causa surge sin hesitación alguna, que la aquí demandada ha lesionado a la comuna accionante, debiendo ahora como consecuencia, restituir la suma reclamada.
Por todo lo expuesto y en atención a los citados antecedentes, que constituyen la prueba documental que avala los dichos de la actora en su demanda, sumado al estado de rebeldía de la demandada, me conducen a presumir la verdad de los hechos que se ventilan y en consecuencia a hacer lugar al reclamo por el daño causado al erario municipal.
5.) Respecto a los intereses, corresponde que se fijen a partir del dia 11/07/2011 (v. fs. 3) y hasta su efectivo pago, los que han de liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos de aplicación (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7, 768, inc. "c" y 886 Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif... Conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios").-
A tales fines, deberá elaborarse -dicha liquidación- con los coeficientes que surgen del sitio web de la SCBA: www.scba.gov.ar/servicios/ContieneMontos.asp, correspondiente al índice de tasa pasiva digital -Plazo Fijo en pesos a 30 días.-
Por ello, en merito a las consideraciones precedentemente expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los arts. 163, 166 y 171 de la Const. Pcial, arts 1, 12 inc. 3, 50 inc. 6, 51 y 77 CPCA.; arts. 60, 163, 165, 384 y ccftes. CPCC; art.1112 y su doctrina del Código Civil -vigente al momento del hecho- art. 7 Cód. Civ. y Com. -Ley 26.994- (cfme. causas CCASM Expte. N°MER-4872-2015 "Malinovsky Erica Gisele c/ Municipalidad de Moreno s/ Pretensión Indemnizatoria"; CCASM Expte. N°MER-4682-2015 "Raía Eva Aida c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Pretensión Indemnizatoria" entre otras) arts. 241, 242 y cctes. D. ley 6769/58 y modif. (LOM) y demas citas legales dadas;
1. Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia condenar a la Sra. Liliana Beatriz Álvarez a abonar a la Municipalidad de Bragado la suma de pesos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y seis con cuarenta y tres centavos ($43.246,43), con más sus intereses liquidados de acuerdo a las pautas indicadas en el considerando 5.).
La suma resultante deberá abonarse dentro de los 10 días desde que quede firme el auto de aprobación de la liquidación respectiva, bajo apercibimiento de ejecución (art.66 CPCA; arts.163 inc.7º, 497 y cctes. CPCC).
2. Imponer las costas a la demandada en su calidad de vencida conforme lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A. (Ley 14.437).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art.51 ley14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
Luis Oscar Laserna
Juez
SENTENCIA Definitiva. Registrada bajo el n° ................/2019.-
Fin de la sentencia